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BOC-A-2012-210-5297.
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La Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales, garantiza en su artº. 1.1 el derecho de todos los ciudadanos a los servicios sociales, facilitando su acceso a los mismos, orientados a evitar y superar conjuntamente con otros elementos del régimen público de Bienestar Social, las situaciones de necesidad y marginación social que presenten individuos, grupos y comunidades en el territorio canario, favoreciendo el pleno y libre desarrollo de estos.
El Gobierno de Canarias, en su propósito de racionalización del sistema de servicios sociales, y de imprimir una mayor eficacia en su gestión, conforme a los principios inspiradores de la Ley de Servicios Sociales y considerando el ámbito territorial de desarrollo de la referida actividad, considera conveniente encomendar al Cabildo Insular de La Palma la gestión de la actividad consistente en la elaboración de informes médicos, psicológicos y sociales que sirvan de base para el dictamen del reconocimiento del grado de discapacidad en base a lo establecido en los artículos 22.1.2.3 de la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Canarias, reformada por la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre y 15.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Y de acuerdo con lo previsto en el artº. 15, apartado 3, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se resuelve ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Canarias del Convenio de Colaboración para la Encomienda de Gestión de la actividad consistente en la elaboración de informes médicos, psicológicos y sociales que sirvan de base para el dictamen del reconocimiento del grado de discapacidad que figura como anexo a la presente Resolución.
Santa Cruz de Tenerife, a 5 de octubre de 2012.- La Directora General de Políticas Sociales, Ángeles Fernández Acosta.
"Convenio de Colaboración entre la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda y el Cabildo Insular de La Palma para la encomienda de gestión de la actividad consistente en la elaboración de informes médicos, psicológicos y sociales que sirvan de base para el dictamen del reconocimiento del grado de discapacidad.
En Canarias, a 9 de agosto de 2012.
REUNIDOS
De una parte la Excma. Sra. Dña. Inés Nieves Rojas de León, en su calidad de Consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, en nombre y representación del Gobierno de Canarias, actuando en virtud de las competencias que le otorga el artículo 29.1.k) de la Ley Territorial 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, modificada por la Ley 4/1996, de 5 de noviembre, en relación con el Decreto 88/2011, de 8 de julio del Presidente (BOC nº 135, de 11.7.11) por el que se le nombra Consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, y facultada expresamente para la firma del presente Convenio por Acuerdo de Gobierno, en sesión celebrada el día 2 de agosto de 2012.
Y de otra parte, la Excma. Sra. Dña. María Guadalupe González Taño, en su calidad de Presidenta del Cabildo de La Palma, en representación que del mismo tiene atribuida en virtud del artículo 124, en relación con la Disposición Adicional décimo cuarta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y facultada por acuerdo del Cabildo Insular de La Palma, en Sesión Plenaria Extraordinaria celebrada el día 13 de julio de 2012.
Las partes, reconociéndose mutua capacidad para la suscripción del presente Convenio de colaboración,
MANIFIESTAN
Primero.- Conforme a la Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales, correspondía a la entonces Consejería de Empleo y Asuntos Sociales, ahora de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, a través de los órganos y unidades administrativas que determine su Reglamento Orgánico, la suscripción de los convenios de colaboración relativos a planes, programas, servicios, actividades y medios de atención para la promoción y atención social y sociosanitaria a las personas con discapacidad.
Segundo.- La Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda precisa, para la consecución de una determinada parte de los objetivos atribuidos a los Servicios Sociales, acudir a la utilización de la figura del convenio de colaboración para llevar a cabo la elaboración de informes médicos, psicológicos y sociales que sirvan de base para el dictamen del grado de discapacidad de las personas que así lo precisen, con residencia en la isla de La Palma.
Tercero.- El Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía, establece la regulación del reconocimiento del grado de minusvalía, el establecimiento de nuevos baremos aplicables, la determinación de los órganos competentes par realizar dicho reconocimiento y el procedimiento a seguir, todo ello con la finalidad de que la valoración y calificación del grado de minusvalía que afecte a la persona sea uniforme en todo el territorio del estado, garantizando con ello la igualdad de condiciones para el acceso del ciudadano a los beneficios, derechos económicos y servicios que los órganos públicos otorguen.
Cuarto.- El artículo 9, apartado E).1, del Decreto 167/2008, de 22 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, hoy de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, en correlación con los artículos 7 y 8 del citado Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, señala que corresponde a la entonces Dirección General de Bienestar Social, hoy de Políticas Sociales, el reconocimiento del grado de discapacidad y de la necesidad de concurso de otra persona para realizar los actos esenciales de la vida diaria y de la dificultad de utilizar transportes públicos colectivos, así como los referentes a diagnosis, valoración y orientación de las personas con discapacidad.
Quinto.- El Cabildo de La Palma, con el espíritu de colaboración que ha de presidir las relaciones entre las Administraciones Públicas, según prevén las Leyes de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y la reguladora de las Bases del Régimen Local, tiene interés en cooperar con la Comunidad Autónoma de Canarias en el ámbito de mejorar las políticas sociales a favor del colectivo de personas con discapacidad.
Por todo ello, en virtud del marco legal que determina el artículo 30.13 del Estatuto de Autonomía de Canarias los artículos 10.7 y 13.1.f) de la Ley 9/1987, de 28 de abril de Servicios Sociales; los artículos 3, apartados 1, 2 y 4, y 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero y teniendo las partes interés en cooperar en la prestación de la actividad consistente en la elaboración de informes médicos, psicológicos y sociales que sirvan de base para el dictamen del reconocimiento del grado de discapacidad
ACUERDAN:
La suscripción del presente Convenio, conforme a las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.- Es objeto del presente Convenio de Encomienda de Gestión articular la colaboración entre la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda y el Cabildo de La Palma para llevar a cabo una actividad técnica consistente en la elaboración de informes médicos, psicológicos y sociales que sirvan de base para el dictamen técnico facultativo del reconocimiento del grado de discapacidad de aquellas personas que así lo precisen y que residan en la isla de La Palma.
Dicha encomienda se llevará a cabo en coordinación con el Equipo de Valoración y Orientación encuadrado orgánica y funcionalmente en el Centro Base de Atención a Personas con Discapacidad de Santa Cruz de Tenerife dependiente de la Dirección General de Políticas Sociales en la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, centro competente para llevar a cabo la elaboración de informes y dictamen del reconocimiento del grado de discapacidad.
Segunda.- La gestión a realizar por el Cabildo de La Palma abarcará la elaboración de informes médicos, psicológicos y sociales que sirvan de base para el dictamen del reconocimiento del grado de discapacidad conforme a la normativa vigente que le afecta y a la reglamentaria que por el Gobierno de Canarias pudiera dictarse; entendiéndose que dichas actividades han de ser de carácter material, técnico o de servicios no suponiendo cesión de la titularidad de la competencia, no traduciéndose en actos jurídicos con sustantividad propia, ni pudiendo tampoco ejercer potestades públicas.
Las actividades que comprenden la encomienda de gestión deberán realizarse acorde con lo dispuesto en el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía (BOE nº 22, de 26.1.00, corrección de errores en BOE nº 62, de 13.3.00) y en la Resolución de la Dirección General de Bienestar Social, de fecha 19 de marzo de 2009, por la que se dicta el Protocolo de actuación de los Centros de Base de Atención a las Personas con Discapacidad.
Asimismo se deberá contemplar lo dispuesto en la Orden Ministerial de 2 de noviembre de 2000, por la que se determina la composición, organización y funcionamiento de los Equipos de Valoración y Orientación (EVO) dependientes del IMSERSO y se desarrolla el procedimiento de actuación para la valoración del grado de minusvalía dentro del ámbito de la Administración General del Estado y en la Orden Ministerial de 12 de junio de 2001, sobre creación, composición y funciones de la Comisión Estatal de coordinación y seguimiento de la valoración del grado de minusvalía.
En todo caso, las actividades técnicas que se realicen deberán contemplar con carácter general las funciones descritas en el anexo al presente Convenio.
Tercera.- Para el desarrollo de las actividades que comprende el presente Convenio, la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, a través de su Dirección General de Políticas Sociales, dispone de un crédito por importe de 9.000,00 euros, con cargo a la partida presupuestaria 23 07 231N 2270900 y que irá destinado a sufragar los gastos que origine la actividad desarrollada por el personal con la categoría de médico, entendiéndose comprendida en la misma los gastos de desplazamiento para su formación.
Este importe abarcará el período de vigencia fijado en la cláusula novena del presente Convenio; no obstante dicho importe podrá verse minorado en función de la fecha de la firma del mismo, dado que esta fecha determinará su inicio y por tanto las actuaciones a realizar.
Para el abono de dicho importe el Cabildo de La Palma remitirá mensualmente a la Dirección General de Políticas Sociales, informe sobre las actuaciones correspondientes al período realizado, adjuntando certificación acreditativa del empleo de los importes transferidos, que será supervisada por el citado centro directivo.
La Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, a través de su Dirección General de Políticas Sociales, tramitará con el mismo carácter mensual el abono del importe consignado en dicha certificación.
Cuarta.- Por su parte el Cabildo de La Palma, para el desarrollo del objeto del presente Convenio, se compromete a desarrollar las actividades que comprenden la presente encomienda de gestión, aplicando el presupuesto asignado por la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda al desarrollo de las mismas, con observación de la normativa vigente en esta materia y la que resultare de aplicación, así como de las directrices y criterios que ambas partes acuerden, bajo supervisión de la Dirección General de Políticas Sociales.
Asimismo pondrá a disposición del desarrollo del presente Convenio las instalaciones y medios materiales que sean precisos para su consecución.
Quinta.- La cesión de personal que realice el Cabildo de La Palma para el desarrollo del objeto del presente Convenio se llevará a cabo como empresa propia, siendo a su solo cargo todas las obligaciones laborales. Dicho personal no tendrá vinculación jurídica alguna, laboral o administrativa, con la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
El personal de que deberá disponer el Cabildo de La Palma para el desempeño de la presente encomienda de gestión se fija, con carácter mínimo, en los siguientes profesionales:
Ver anexo en la página 21757 del documento Descargar
Sexta.- Respecto al personal que se ponga a disposición para el desarrollo del presente Convenio, la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, a través de su Dirección General de Políticas Sociales, se compromete a su formación previa.
Séptima.- El Cabildo de La Palma remitirá a la Dirección General de Políticas Sociales, dentro del plazo de tres meses a partir de la finalización de la vigencia del presente convenio, así como de sus posibles prórrogas, una Memoria que permita el seguimiento de la encomienda de gestión efectuada.
Octava.- La encomienda de gestión realizada en virtud del presente Convenio no produce cambio en la titularidad ni afecta al ejercicio de las competencias del órgano cedente, que dictará cuantos actos o resoluciones estime oportunos para el buen fin de la encomienda rigiéndose por la normativa vigente que en cada momento les sean de aplicación.
Novena.- El presente Convenio tendrá vigencia desde su suscripción hasta el 31 de diciembre de 2012, pudiendo prorrogarse, de forma expresa, previa conformidad de las partes, en el marco que las posibilidades presupuestarias lo permitan. Dicha prórroga deberá plasmarse en la correspondiente Addenda.
Décima.- El presente Convenio se extinguirá:
a) Por mutuo acuerdo de las partes.
b) Por denuncia de las partes con una antelación mínima de 2 meses a la fecha de extinción.
c) Por revocación de la Administración encomendante ante cualquier incumplimiento grave de las obligaciones asumidas por parte de la entidad gestora de la encomienda. La revocación se realizará mediante resolución motivada de la Administración encomendante otorgando previamente trámite de audiencia a la entidad gestora de la encomienda.
d) Por renuncia de la entidad gestora de la encomienda ante cualquier incumplimiento grave de las obligaciones asumidas por parte de la Administración encomendante. La renuncia exigirá la comunicación previa a la Administración encomendante, con un plazo de antelación mínimo de dos meses, de dicha intención.
A la fecha de extinción del presente Convenio, las actuaciones iniciadas al amparo del mismo serán continuadas por la Dirección General de Políticas Sociales.
Decimoprimera.- El Cabildo de La Palma justificará, con certificación expedida por su órgano competente para ello, el haberse destinado los fondos recibidos a la realización del objeto del Convenio, dentro de los tres meses siguientes a la finalización del plazo de vigencia del mismo o de sus posibles prórrogas.
El Cabildo de La Palma se obliga expresamente a someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero de la Intervención General, de conformidad con lo previsto en la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria y en el Decreto 4/2009, de 27 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General.
Decimosegunda.- Al objeto de evaluar los resultados del Convenio y de coordinar la colaboración se creará, dentro de los dos meses siguientes a la formalización del mismo, una Comisión de Seguimiento que estará integrada por un representante de la Dirección General de Políticas Sociales y otro del Cabildo de La Palma, designados al efecto por los respectivos organismos.
La Comisión Mixta de Seguimiento del Convenio establecerá los protocolos de funcionamiento y velará por el correcto cumplimiento del objeto del presente Convenio, debiéndose reunir cuanto se considere necesario a petición de cualquiera de las partes firmantes, cuya convocatoria será efectuada con al menos siete días naturales de antelación a la celebración de la sesión. Asimismo, la Comisión será el órgano encargado de dar respuesta a consultas o dirimir cuantos desacuerdos entre las partes se produzcan en el transcurso de la ejecución del presente convenio, así como de poner en conocimiento de las partes la existencia de alguna causa de resolución del Convenio.
Decimotercera.- Reserva de datos.
Para el caso de utilización de medios informáticos u otros medios de tratamiento automatizados de datos de carácter personal de las personas con discapacidad que sean valoradas, el Cabildo de La Palma se compromete a dar cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, así como el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, que aprueba el Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal, y demás disposiciones concordantes.
Asimismo, el Cabildo de La Palma se compromete a:
- Respetar, en lo que le pueda atañer, lo preceptuado en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, respecto al acceso limitado a los propios interesados con relación a los documentos que contengan información referente a la intimidad de las personas; de igual forma habrá de mantener el debido respeto de los derechos reconocidos en la Constitución y en la normativa de aplicación.
- Observar lo preceptuado en el artículo 7.4 de la Ley Orgánica 1/1982, de Protección del Derecho Fundamental al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y la Propia Imagen.
Decimocuarta.- El presente convenio tiene naturaleza administrativa, y se regirá por lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, quedando excluido del ámbito de aplicación de Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4.1.c) de la misma, si bien podrán aplicarse con carácter supletorio los principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.
Decimoquinta.- Respecto a la competencia jurisdiccional se establece que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias es competente para conocer de los recursos que se deduzcan en relación con el presente Convenio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Y en prueba de conformidad y aceptación de las estipulaciones precedentes se firma el presente Convenio de Colaboración en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento.- La Consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, Inés Nieves Rojas de León.- La Presidenta del Cabildo de La Palma, María Guadalupe González Taño.
Anexo al Convenio de Colaboración entre la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda y el Cabildo de La Palma para la encomienda de gestión de la actividad consistente en la elaboración de informes médicos, psicológicos y sociales que sirvan de base para el dictamen del reconocimiento del grado de discapacidad.
Descripción de las funciones del personal técnico:
FUNCIONES DEL MÉDICO/A:
- Aplicación del Real Decreto 1971/1991, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado total de discapacidad.
- Recogida de datos del historial clínico del solicitante.
- Exploración médica dirigida a obtener los datos más objetivos posibles para la valoración.
- Recabar de profesionales de otros organismos los informes médicos pertinentes para la formulación del dictamen.
- Cálculo del porcentaje de discapacidad según baremo vigente.
- Aplicación del baremo de movilidad y 3ª persona.
- Codificación de discapacidad.
- Participación en la junta de valoración.
- Emitir baremos para centros CRMF, CAMF, etc.
- Emitir informes técnicos para vivienda, Ayuntamientos (Plan de Ayudas) ...
- Valoración de las capacidades residuales para la integración laboral y social.
- Informes para la instrucción de procedimiento de ayuda de invalidez para víctimas de delitos violentos (Real Decreto 738/1997).
- Revisión de los expedientes que lo requieran.
- Prestar asistencia técnica y asesoramiento en los procedimientos contenciosos en materia del Real Decreto 1971/1999.
FUNCIONES DEL PSICÓLOGO/A:
- Explorar, diagnosticar y valorar los aspectos de la personalidad, inteligencia y aptitudes de las personas requeridas y aplicación de pruebas diagnósticas.
-Valoración y la discapacidad según procedimientos y tablas vigentes en Real Decreto 1971/1999 y aplicar códigos diagnósticos siguiendo criterios de Manuales clínicos DSM-IV y/o CIE-10.
- Solicitar de otros profesionales los informes que estime necesarios para la valoración de la deficiencia y su porcentaje de discapacidad.
- Cálculo del porcentaje de discapacidad según baremo y vigente.
- Aplicación del baremo de movilidad y 3ª persona.
- Codificación de discapacidad.
- Participación en la junta de valoración.
- Emitir baremos para centros CRM, CAMF, etc.
- Emitir informes técnicos para vivienda, Ayuntamientos (Plan de Ayudas) ...
- Valoración de las capacidades residuales para la integración laboral y social.
- Informes para la instrucción del procedimiento de ayuda de invalidez para víctimas de delitos violentos (Real Decreto 738/1997).
- Revisión de los expedientes que lo requieran.
- Prestar asistencia técnica y asesoramiento en los procedimientos contenciosos en materia del Real Decreto 1971/1999.
FUNCIONES DEL TRABAJADOR/A SOCIAL:
- Estudio y valoración de la situación personal y del entorno sociofamiliar aplicando el baremo de los factores sociales complementarios.
- Entrevistas con el usuario y/o familia.
- Elaboración del informe o dictamen social.
- Aplicación de baremos para CAMF, CRME y Residencia de Adultos.
- Participación en la junta de valoración.
- Transmitir las decisiones del EVO a la persona con discapacidad y/o familia.
- Realizar un seguimiento individual de aquellos casos que lo precisen en coordinación con otros Trabajadores Sociales de zona o diferentes instituciones y asociaciones.
- Prestar asistencia técnica y asesoramiento en los procedimientos contenciosos en materia del Real Decreto 1971/1999."
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