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BOC-A-2012-209-5267.
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No habiéndose podido notificar a D. Jorge Quevedo Sánchez en la forma prevista en el artº. 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE nº 285, de 27.11.92) la Resolución del Director del Instituto Canario de la Vivienda de fecha 6 de septiembre de 2012 sobre expediente sancionador S-038/12, tramitado en este Instituto, y siendo necesario notificar dicho trámite, al ser partes interesadas, conforme a lo previsto en el apartado 5º del citado artículo,
ANUNCIO
Notificar a D. Jorge Quevedo Sánchez la Resolución de fecha 6 de septiembre de 2012, dictada en el expediente sancionador S-038/12, instruido por infracción del artº. 83.q) de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, y cuya parte dispositiva acuerda textualmente lo siguiente:
"Primero.- Dar por concluido el procedimiento sancionador S-038/12, por haber prescrito la infracción, y ordenar el archivo de las actuaciones.
Segundo.- Imponer como obligación a D. Jorge Quevedo Sánchez al amparo del artículo 90.3.c) de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, la realización en el plazo de treinta días, prorrogable por quince días si existe causa justificada para ello, de las obras necesarias para devolver la vivienda a su estado originario y adecuarla a las condiciones de habitabilidad, para así restablecer la situación alterada por las obras de ampliación recogidas en las conclusiones del informe de fecha 15 de noviembre de 2011, de la Jefa de Sección de Promoción Privada del Instituto Canario de la Vivienda, al ser consideradas no legalizables.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes ante el mismo órgano que dictó la Resolución o ante el Presidente del Instituto Canario de la Vivienda, órgano competente para resolverlo, todo ello al amparo de los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común."
Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de octubre de 2012.- La Secretaria, Pilar Herrera Rodríguez.
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