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BOC Nº 200. Jueves 11 de Octubre de 2012 - 5040

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V. ANUNCIOS - Otros anuncios - Presidencia del Gobierno

5040 Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 25 de septiembre de 2012, sobre notificación de Propuesta de Resolución a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado domicilio.

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BOC-A-2012-200-5040. Firma electrónica-Descargar

Habiéndose intentado por esta Dirección General sin haberse podido practicar, la notificación de la Propuesta de Resolución en el expediente incoado con motivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y siendo precisa su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a los titulares de los establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Propuesta de Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.

2.- Se le concede un plazo de 15 días, contados a partir de esta notificación, para que aporte cuantas alegaciones estime convenientes o, en su caso, proponer prueba concretando los medios de que pretende valerse.

3.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de septiembre de 2012.- La Directora General de Ordenación y Promoción Turística, Rita Enma Hernández Callero.

Resolución de publicación de propuesta de expediente sancionador y cargo que se cita.

Con fecha 9 de mayo de 2012 se dictó Resolución de iniciación del procedimiento sancionador nº 379/11, notificada mediante publicación en el Boletín Oficial de Canarias nº 145, de fecha 25 de julio de 2012, seguido contra el titular del establecimiento cuyos datos se refieren a:

TITULAR: Terry Brownlee.

ESTABLECIMIENTO: Apartamento "Parque Santiago 1 (apto. 166-D)".

DIRECCIÓN: Avenida Marítima, Playa de las Américas (Arona), 38640-Arona.

Nº EXPEDIENTE: 379/11.

N.I.E.: X9136929H.

Formulándose los siguientes

HECHOS:

Primero: explotar turísticamente el apartamento nº 166-D del Complejo denominado "Parque Santiago I" careciendo del libro de inspección de turismo.

Segundo: explotar turísticamente el apartamento nº 166-D del Complejo denominado "Parque Santiago I" careciendo de las hojas de reclamaciones.

Los hechos anteriormente reseñados se desprenden de la publicidad e información contenidas en la correspondiente página web y del informe emitido por el Servicio de Inspección de Turismo de fecha 12 de diciembre de 2011.

FECHA DE INFRACCIÓN:

Hecho primero: 26 de abril de 2011.

Hecho segundo: 26 de abril de 2011.

ALEGACIONES:

El expedientado en escrito de fecha 16 de julio de 2012 recibido en esta Consejería con fecha 31 de julio de 2012 y número de registro 797217, en síntesis alega lo siguiente: Primera.- Ausencia de culpabilidad.

El que subscribe, desconocía la obligación que tenía de disponer de hojas de reclamaciones y del correspondiente libro de inspección, por cuanto en ningún momento se le informó de dicha necesidad por parte de sus asesores, motivo por el cual es evidente que en todo momento actuó de buena fe, y no ha tenido culpa en su conducta.

Por tanto, ante la ausencia de uno de los elementos necesarios para la imposición de las sanciones, la culpabilidad, y dado que no se ha producido daños a terceros, procede declarar al que subscribe exento de cualquier tipo de responsabilidad por los hechos imputados, con el archivo del presente expediente sancionador.

Segunda.- Error en la determinación del tipo de infracción que se imputa.

Si bien es cierto que el artº. 76 de la Ley de Turismo de Canarias determina que constituye una infracción grave el carecer de las hojas de reclamaciones y del libro de inspección, también lo es que el artº. 77 del mismo cuerpo legal establece que se considerará como infracción leve "Cualquier otra infracción que, estando tipificada como grave, no mereciera esta consideración por razón de su falta de intencionalidad, naturaleza, ocasión o circunstancia, y, en particular, las infracciones graves cuando se constate que el restablecimiento de la legalidad ha sido inmediato, sin que resulten afectados los derechos de los usuarios o cuando, constatada por la inspección actuante la comisión de las infracciones tipificadas en los números 1 y 3 del artículo 76, se restablezca la legalidad dentro del plazo que determine aquella en función de la entidad y naturaleza de los incumplimientos y del plazo de prescripción de las infracciones".

Por tanto, en base a dicho precepto y a juicio del que subscribe procede, para el supuesto de no estimar la alegación primera del presente escrito, tipificar las infracciones imputadas como leves, por cuanto:

- El que subscribe no tuvo, en ningún momento, la intención de ejercer la actividad infringiendo la normativa que le es de aplicación, y ello por cuanto, su infracción viene dada por el desconocimiento de la normativa específica.

- No ha resultado afectado ningún derecho de los usuarios.

- Se ha restablecido la legalidad de inmediato, es decir, ya se dispone de hojas de reclamaciones y del correspondiente libro de inspección.

Tercera.- Graduación de las sanciones propuestas.

Para el supuesto de no estimar ni la alegación primera ni la segunda del presente escrito, el que suscribe considera que se debería revisar la graduación de la sanción propuesta, por considerarla excesiva.

Según es de ver de la resolución notificada se propone imponer al que suscribe las siguientes sanciones:

- Por la ausencia del libro de inspección, una multa por importe de 9.000 euros.

- Por la ausencia de las hojas de reclamación, una multa por importe de 9.000 euros.

Según el contenido del artº. 79.2 de la Ley de Turismo de Canarias, las infracciones graves van entre los 1.501 euros a los 30.000 euros.

Así mismo, el referido precepto determina que para proceder a su graduación se atenderá a: "los perjuicios causados, la trascendencia social, la reincidencia, la intencionalidad especulativa, el lucro ilícito obtenido, la posición del infractor en el mercado, la repercusión sobre la imagen turística, la modalidad y categoría del establecimiento o características de la actividad de que se trate y las repercusiones para el resto del sector, así como la inmediatez en el restablecimiento de la legalidad siempre que no resulten afectados los derechos de los usuarios turísticos".

A juicio del que suscribe, la sanción propuesta es desproporcionada en relación al hecho que se le imputa, y más teniendo en cuenta que no ha habido intencionalidad, no se ha causado ningún tipo de perjuicio y el que suscribe no es reincidente. Por tanto, se debería imponer la correspondiente sanción en su grado inferior.

Por todo lo expuesto,

Solicita: que habiendo presentado este escrito, se admita, se tengan por efectuadas las alegaciones en él contenidas y, en méritos de las mismas, se acuerde dictar resolución por la que:

- Se declare al que suscribe exento de cualquier tipo de responsabilidad por los hechos imputados, con el archivo del presente expediente sancionador.

- Subsidiariamente, se acuerde tipificar la infracción como leve por los hechos imputados.

- Y, en cualquier caso, se imponga la sanción que corresponda en su grado inferior, de considerar que ha existido culpabilidad.

FUNDAMENTACIÓN:

Examinadas las razones esgrimidas por el expedientado y los documentos aportados se expone lo siguiente:

Respecto a la responsabilidad de los hechos infractores se considera responsable de los mismos al titular de la propiedad del apartamento que se indica, conforme a los argumentos que se exponen a continuación:

Se ha constatado la existencia del anuncio que figura en la página web www.holidaylettings.co.uk (página de vacaciones, como su propio nombre indica), referente al apartamento nº 166-D del Complejo denominado "Parque Santiago I", que constituye una prueba notoria y directa de que dicho apartamento se oferta en alquiler mediante precios de cuatrocientas y seiscientas veinticinco libras esterlinas, según la época del año, y por estancias semanales, indicando su situación geográfica en un entorno turístico, los servicios que ofrece el citado apartamento, las actividades de ocio que pueden realizar sus ocupantes durante su estancia así como las condiciones de reserva, datos todos ellos que revelan que el indicado apartamento se explota turísticamente. En este sentido se pronuncia el artículo 31.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, al recoger que se entenderá prestado un servicio de alojamiento turístico cuando se oferte en libre concurrencia la estancia en el establecimiento de forma temporal, sin constituir cambio de residencia para la persona alojada.

No se trata, por tanto, de una simple publicidad de un producto que se pueda adquirir en tiendas o a través de internet, sino de la puesta en marcha de una actividad turística, cuyo inicio requiere la tenencia de una documentación turística, como es el libro de inspección de turismo y las hojas de reclamaciones, con independencia de que hayan tenido o no clientes.

En cuanto a la responsabilidad del anuncio en las páginas web el artículo 13.1 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (BOE nº 166, de 12.7.02), establece que "Los prestadores de servicios de la sociedad de la información están sujetos a la responsabilidad civil, penal y administrativa establecida con carácter general en el ordenamiento jurídico, sin perjuicio de lo dispuesto en esta Ley". Estos prestadores de servicios están plenamente sujetos a responsabilidades civil, penal o administrativa establecidas en el ordenamiento jurídico con carácter general para quienes realizan actividades ilícitas y, por supuesto, la ilicitud comprende también los actos que lesionan derechos de terceros. Por tanto, y sobre la base de lo fundamentado en la referida normativa, el prestador del servicio que en este supuesto es el titular del establecimiento alojativo, al ofrecer sus servicios a quienes deseen adquirirlos, es el responsable de los datos que se reflejan a través de la página web, que actúa a modo de escaparate o de página publicitaria o de promoción de ventas del servicio, con la posibilidad de que quien acceda a ella a través de la red contrate su adquisición, formulando su pedido por los medios informáticos previstos en la propia página web.

En consonancia con lo anterior, es necesario hacer referencia en este punto a lo establecido en el artículo 2.1.b) de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril), que establece que la citada ley será especialmente aplicable a las empresas que desarrollen actividades o que ofrezcan servicios de alojamiento turístico de cualquier tipo, así como los establecimientos donde los realicen. A tales efectos debe subrayarse lo dispuesto en el artículo 73 del mismo texto legal, referido a las personas responsables, en el que se recoge que "Son responsables de las infracciones turísticas las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, que realicen las acciones u omisiones tipificadas por esta Ley".

Por su parte, se ha comprobado, mediante consulta efectuada en el programa de información turística Turidata, que el apartamento nº 166-D del Complejo denominado "Parque Santiago I" no figura registrado como establecimiento turístico, por lo que carece de la documentación exigida para tal explotación que se requiere de conformidad con las normas sustantivas infringidas, ya indicadas en la Resolución de inicio del presente expediente sancionador, y referida a la tenencia del libro de inspección de turismo y de las hojas de reclamaciones, desprendiéndose de todo ello los hechos infractores concretos y determinados en los artículos 76.9 y 76.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, modificada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre (BOC nº 2, de 5 de enero de 2010).

Respecto a la responsabilidad que puede incurrir en los propietarios de la página web, es necesario señalar lo siguiente: la Ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico en sus artículos 14 a 17 parte de un principio general tomado de la Directiva Comunitaria 2000/31CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, artículos 12 a 15, según el cual no puede haber responsabilidad del prestador de servicios de intermediación operativa que se limita a transmitir o almacenar datos o informaciones facilitados por el tercero que ha contratado con él, o a almacenar de forma automática, provisional o temporal la información con la única finalidad de hacer más eficaz la transmisión ulterior de la información a otros destinatarios, o a facilitar enlaces a contenidos o instrumentos de búsqueda. No puede haber en tales casos responsabilidad del prestador de servicios de intermediación por la ilicitud de las informaciones, que él no ha generado, y que se ha limitado a transmitir, a almacenar o a buscar. Es decir, que los prestadores de servicios de intermediación operativa no tienen una obligación general de supervisar los datos o informaciones que transmitan, almacenen o enlacen, ni una obligación general de realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias que indiquen la existencia de actividades ilícitas a cuya difusión estén contribuyendo.

En referencia a la alegación concerniente a la ausencia de dolo, es preciso reseñar que tampoco desvirtúa los hechos infractores, si bien es cierto que la existencia del mismo no se ha considerado como criterio para graduar las sanciones, al entender que no ha habido intencionalidad en la comisión de las infracciones; sin embargo, esto no viene a significar el eximir de responsabilidad administrativa al titular expedientado, más teniéndose en cuenta la figura jurídica de la culpa o imprudencia, presente en este caso concreto, por omisión de exigencias establecidas por Ley, todo ello de acuerdo al contenido normativo del artículo 73 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias y artículo 2 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (BOC nº 103, de 21 de agosto), el cual dispone que son responsables de las infracciones turísticas, las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, titulares de la autorización correspondiente o quienes ejerzan la actividad turística, que realicen las acciones u omisiones tipificadas en la Ley 7/1995, de 6 de abril.

Con relación al principio de presunción de inocencia, resulta conveniente precisar que tal principio del procedimiento sancionador no ha sido vulnerado a la vista del desarrollo del presente expediente, al quedar probada la responsabilidad administrativa del titular expedientado sobre la base de la documentación obrante en este expediente sancionador, como es la oferta publicitaria que se hace a través de la página web www.holidaylettings.co.uk, en la que además se indicaban los períodos de disponibilidad, figurando como anunciante el Sr. Brownlee, Terry; el Certificado emitido por el Servicio de Inspección de Turismo el 22 de junio de 2011, en el que se constata que "la propiedad que figura en la página web www.holidaylettings.co.uk con referencia 45517, se corresponde con el apartamento 166-D del complejo de apartamentos denominado Parque Santiago I, situado en la Avenida Rafael Puig Lluvina, 34, de Playa las Américas, término municipal de Arona, provincia de Santa Cruz de Tenerife, propiedad de Terry Brownlee, con N.I.E. X9136929H, según información facilitada por la Administración de la Comunidad de Propietarios del citado complejo", señalándose que por error no le fue remitida al titular expedientado copia de dicho Certificado junto a la Resolución de inicio de este procedimiento, adjuntándose ahora la indicada copia en esta fase de Propuesta de Resolución, y como tercer documento probatorio, el informe emitido igualmente por el Servicio de Inspección de Turismo el 12 de diciembre de 2011.

Respecto a las cuantías de las sanciones, las mismas se han ponderado de conformidad con el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE nº 285, de 27 de noviembre), habiéndose tenido en cuenta la calificación de grave de las infracciones y los baremos recogidos en el artículo 79.2.b) de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, tras la modificación efectuada en esta por la ya referida Ley 14/2009, de 30 de diciembre, artículo en el que se establecen para las infracciones graves unas cuantías comprendidas entre 1.501 y 30.000 euros, por lo que el importe de las que se han propuesto no puede considerarse desproporcionado, al estar situado en el tramo medio del baremo establecido que, como se ha señalado, comprende hasta la cantidad de 30.000 euros.

En aplicación del principio de proporcionalidad que se regula en los citados artículos 131 de la Ley 30/1992 y 79.2 de la Ley 7/1995, los criterios aplicados para la imposición de las sanciones, en cuantías superiores a las mínimas establecidas son:

La posición del infractor en el mercado, al tratarse de un establecimiento situado en una zona eminentemente turística del municipio de Arona, que ejerce la actividad turística de alojamiento en la modalidad extrahotelera de apartamento, desarrollándose una actividad con violación de normas relativas a la competencia desleal, por lo que es preciso mencionar el contenido del artículo 15 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal (BOE nº 10, de 11.1.91), modificada por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre (BOE nº 315, de 31.12.09), que señala en cuanto al concepto de desleal el prevalerse en el mercado de una ventaja significativa y competitiva adquirida mediante la infracción de las leyes; por ello, quien compite violando las normas legales que debería cumplir se sitúa en una posición ventajosa frente al resto de los participantes que compiten con él en el mercado, lo que justifica que el incumplimiento de las normas, en especial las que rigen para la actividad económica competitiva en el mercado, constituya un supuesto concreto de competencia desleal; la deslealtad se integra cuando el infractor obtiene provecho efectivo del ahorro de costes que por razones legales ha de satisfacer y a efectos de diferenciarse y hacer frente de esta manera y con ventaja a la competencia, siendo significativa cuando se produce desviación acreditada de la clientela de los competidores a su favor con tal práctica que la Ley sanciona. En consecuencia, se ha atendido al criterio de las repercusiones para el resto del sector, ya que la oferta turística incontrolada de estos establecimientos supone un deterioro del sector productivo, toda vez que el incremento de plazas alojativas en el mercado se traduce en una bajada de los precios del producto turístico, con el consiguiente perjuicio para aquellos que ejercen la actividad cumpliendo la normativa exigida y obteniendo por ello un menor beneficio. Asimismo, al ser una actividad que se comercializa a través de internet, incide sobre una amplia pluralidad de turistas, considerándose el criterio de la repercusión sobre la imagen turística, ya que la zona en la que se ubica el apartamento de referencia no puede permitirse una actividad que se mueva fuera del marco legal que afecte a una industria tan importante para Canarias como es el turismo, puesto que la imagen que de este modo se proyecta fuera del Archipiélago Canario no es sólida y crea incertidumbre, al dejar al usuario turístico desprovisto de las garantías que supone el control en el funcionamiento de la actividad turística por parte de la Administración. En cuanto a los demás criterios recogidos en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, no son de aplicación a los presentes hechos infractores por no tener constatación de los mismos y, concretamente, el que alega el titular expedientado en su escrito de descargos (se ha restablecido la legalidad de inmediato, es decir, ya se dispone de hojas de reclamaciones y del correspondiente libro de inspección), al no aportar prueba fehaciente de la obtención de dicha documentación turística.

No obstante lo expuesto, se ha verificado por el Servicio de Inspección y Sanciones de esta Dirección General de Ordenación y Promoción Turística la carencia de antecedentes, no existiendo constancia de haberse instruido expedientes sancionadores por los mismos hechos que se le imputan, al mismo establecimiento y mismo titular, motivo por el que se propone la minoración de las cuantías de la sanción de multa inicialmente propuestas a las cantidades de 6.900 euros por el primer hecho infractor y 6.900 euros por el segundo, situándose ahora tales importes en el tramo inicial de los baremos establecidos.

Los hechos imputados infringen lo preceptuado en las siguientes normas, vienen tipificados como se indica y están calificados como se recoge seguidamente:

NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS:

Hecho primero: artículo 84 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril). Artículo 41 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (BOC nº 103, de 21 de agosto).

Hecho segundo: artículo 20.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril). Artículo 8 del Decreto 168/1996, de 4 de julio, por el que se regulan las características de las hojas de reclamaciones y el procedimiento de tramitación de las reclamaciones (BOC nº 88, de 22 de julio).

TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN:

Hecho primero: artículo 76.9 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril), modificada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre (BOC nº 2, de 5 de enero de 2010).

Hecho segundo: artículo 76.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril), modificada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre (BOC nº 2, de 5 de enero de 2010).

CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LAS INFRACCIONES:

Hecho primero: grave.

Hecho segundo: grave.

Para las infracciones calificadas como graves es competente para la resolución el Ilmo. Viceconsejero de Turismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril) y el artº. 16.2.r) del Decreto 27/2012, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Presidencia del Gobierno (BOC nº 75, de 17 de abril).

Como consecuencia de todo lo anterior se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Imponer a Terry Brownlee, con N.I.E. X9136929H, titular del establecimiento denominado Apartamento "Parque Santiago 1 (apto. 166-D)", la sanción de trece mil ochocientos (13.800,00) euros. Correspondiendo la cantidad por el:

Hecho primero: seis mil novecientos (6.900,00) euros.

Hecho segundo: seis mil novecientos (6.900,00) euros.

Se le indica la puesta de manifiesto del expediente, así como se le ofrece un plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente a la recepción de la presente Propuesta, como trámite de audiencia según se establece en los artículos 14.3 y 15 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (BOC nº 103, de 21 de agosto de 1996).

En el caso de que Vd. sea representante, deberá acreditar esta representación, aportando Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Podrá hacer efectiva la cuantía de la sanción en la Intervención Insular de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, con la presentación de esta Propuesta de Resolución, debiendo remitir a esta Dirección General, copia del Mandamiento de Ingreso, para acordar la finalización del procedimiento, sin perjuicio del derecho a interponer los recursos procedentes, todo ello, según se prevé en los artículos 7 y 9.2.e) del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (BOC nº 103, de 21 de agosto de 1996).- Santa Cruz de Tenerife, a 20 de agosto de 2012.- La Instructor, María Luisa Bobet Hernández.

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