Habiéndose intentado por esta Dirección General sin haberse podido practicar, la notificación de la Orden/Resolución en el expediente incoado con motivo de denuncias o Actas de inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y siendo precisa su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a los titulares de los establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Orden/Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.
2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.
Santa Cruz de Tenerife, a 11 de septiembre de 2012.- La Directora General de Ordenación y Promoción Turística, Rita Enma Hernández Callero.
Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº 401/11 instruido a Sebastián González Villavicencio, titular de la explotación turística del establecimiento denominado "Restaurante Chá Paula".
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido al establecimiento y titular que se cita, iniciado por Resolución de la Directora General de Ordenación y Promoción Turística de 16 de marzo de 2012.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES
1º) Por la Inspección de Turismo se realizaron las siguientes actuaciones: Acta nº 27175, de fecha 12 de septiembre de 2011 con motivo de las siguientes denuncias/reclamaciones formuladas por: Peter Allen y seguido contra la empresa expedientada Sebastián González Villavicencio titular del establecimiento Chá Paula.
2º) El 16 de marzo de 2012 se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el número 401/11, formulándose los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secretario del procedimiento.
Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor del procedimiento con fecha 7 de mayo de 2012, formuló Propuesta de sanción de multa en cuantía de cinco mil doscientos cincuenta (5.250,0) euros.
3º) No consta en el expediente que se haya presentado alegaciones a la Propuesta de Resolución.
HECHOS PROBADOS
Se considera probado, en virtud de las inspecciones y actuaciones referidas en los antecedentes, el siguiente hecho
Estar funcionando como restaurante sin haber comunicado a la Administración Turística el inicio de la actividad, lo que se desprende del acta de inspección nº 21175, de 12 de septiembre de 2011.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE nº 285, de 27 de noviembre de 1992), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14 de enero de 1999), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril de 1995), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (BOC nº 103, de 21 de agosto).
Segunda.- En la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera.- Las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta.- En el momento de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE nº 285, de 27 de noviembre de 1992), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14 de enero de 1999), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, modificada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre (BOC nº 2, de 5 de enero de 2010), que se indicarán.
Quinta.- Debe estimarse la responsabilidad administrativa de la empresa expedientada. En primer lugar, manifestar que examinado el expediente de referencia, no consta, al formular la presente Resolución sancionadora, que el titular consignado haya presentado alegaciones, ni aportado prueba alguna que desvirtúe el hecho imputado en la Resolución de inicio y la Propuesta de Resolución se notificó mediante publicación en el Boletín Oficial de Canarias nº 120, de fecha 20 de junio de 2012, por lo que debe estimarse la responsabilidad por el hecho infractor imputado "estar funcionando como restaurante, sin haber comunicado a la Administración Turística el inicio de la actividad". Por lo siguiente:
Este expediente sancionador nº 401 de 2011, se inicia por la reclamación de D. Peter Allen y al realizar visita al establecimiento "Restaurante Chá Paula", los inspectores actuantes solicitan la documentación correspondiente y no la presenta, hechos recogidos en el acta 27175, de fecha 11 de septiembre de 2011.
El Decreto 90/2010, de 22 de julio, por el que se regula la actividad turística de restauración y los establecimientos donde se desarrolla, dispone que los titulares de establecimientos de restauración, con anterioridad al inicio de la actividad, comunicarán al Cabildo Insular correspondiente este hecho y cumplimentarán la declaración responsable manifestando la observancia de los requisitos previstos en el Decreto 90/2010, de 22 de julio, y que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener dicho cumplimiento durante el tiempo en que desarrolle la actividad.
Así mismo y cumpliendo con estos requisitos, el Cabildo Insular le entregará al declarante las hojas de reclamaciones, el cartel anunciador de las mismas y el libro de inspección. Ya que, la responsabilidad administrativa del expedientado se basa en que el hecho probado constituye el incumplimiento previsto en el artículo 14.1 del Decreto 90/2010, de 22 de julio, en relación con el artículo 13.2.a) de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, modificada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre (BOC nº 2, de 5 de enero de 2010) y con calificación jurídica de grave al estar tipificada en el artículo 75.2 en relación con el artículo 76.18 de la Ley 7/1995.
Y con respecto a la cuantía de la sanción propuesta esta Viceconsejería de Turismo se ratifica en los criterios del artículo 79.2 de la Ley 7/1995, modificada por la Ley 14/2009, teniendo en cuenta la posición del infractor en el mercado, al ser el establecimiento de restauración, la repercusión sobre la imagen turística y las repercusiones para el resto del sector, al estar situado en zona eminentemente turística como es el municipio del Puerto de la Cruz, y ejercer la actividad sin autorización, lo que supone un deterioro para el sector productivo con el consiguiente perjuicio para los que ejercen la actividad cumpliendo con la normativa exigida.
Sexta.- El hecho imputado, infringe lo preceptuado en las siguientes normas, viene tipificado como se indica:
Normas: artículo 14.1 del Decreto 90/2010, de 22 de julio por el que se regula la actividad turística de restauración (BOC nº 149, de 30 de julio), en relación con el artículo 13.2.a) de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril) modificada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre (BOC nº 2, de 5.1.10).
Tipificación: artículo 75.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril), en relación con el artículo 76.18 del mismo cuerpo legal, modificada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre (BOC nº 2, de 5 de enero de 2010).
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con el artº. 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril), y el artº. 16.2.r) del Decreto 27/2012, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Presidencia del Gobierno (BOC nº 75, de 17 de abril),
R E S U E L V O:
Imponer a Sebastián González Villavicencio, con N.I.F. 41966739L, titular del establecimiento denominado Restaurante "Chá Paula" sanción de multa por cuantía total de 5.250,00 euros.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14 de enero de 1999), y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
En el caso de que el recurrente sea un representante y no se haya acreditado dicha representación, deberá aportar Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14 de enero de 1999).
Una vez firme la presente Resolución se procederá, en su caso, a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº. 17.7 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, en relación con el artº. 81.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, referente a la publicación de la sanción y anotación en el Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos.
Con excepción de los supuestos en que concurra el abono anticipado de las sanciones, transcurrido el plazo de interposición del recurso administrativo correspondiente sin que se hubiera interpuesto aquel, o desistido, se emitirá el instrumento cobratorio del importe de la sanción administrativa con mención del lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecho y los recursos procedentes, en razón de lo establecido en la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda, de 12 de julio de 2006, por la que se regulan determinadas actuaciones en relación a la recaudación de los derechos económicos de naturaleza pública exigidos por las diferentes Consejerías integrantes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.- Santa Cruz de Tenerife, a 7 de agosto de 2012.- El Viceconsejero de Turismo, Ricardo Fernández de la Puente Armas.
© Gobierno de Canarias