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BOC-A-2012-168-4347.
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No habiéndose podido notificar a Dña. Olga de la Peña Roger Perera y a D. José Juan Gil León y Dña. María Soledad Álvarez Hernández, en la forma prevista en el artº. 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE nº 285, de 27.11.92), las Resoluciones del Director del Instituto Canario de la Vivienda de fecha 1 de agosto de 2012 sobre los expedientes sancionadores S-034/12, seguido a Dña. Olga de la Peña Roger Perera, y S-037/12, seguido a D. José Juan Gil León y Dña. María Soledad Álvarez Hernández, tramitados en este Instituto, y siendo necesario notificar dicho trámite, al ser partes interesadas, conforme a lo previsto en el apartado 5º del citado artículo,
ANUNCIO
- Notificar a Dña. Olga de la Peña Roger Perera, la Resolución de fecha 1 de agosto de 2012, dictada en el expediente sancionador S-034/12, instruido por infracción del artº. 83.ñ) de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, y cuya parte dispositiva acuerda textualmente lo siguiente:
"Sancionar a Dña. Olga de la Peña Roger Perera, con multa de tres mil un (3.001,00) euros por la comisión de la infracción grave del artículo 83.ñ) de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias."
- Notificar a D. José Juan Gil León y a Dña. María Soledad Álvarez Hernández, la Resolución de fecha 1 de agosto de 2012, dictada en el expediente sancionador S-037/12, instruido por infracción del artº. 83.o) de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, y cuya parte dispositiva acuerda textualmente lo siguiente:
"Sancionar a D. José Juan Gil León y a Dña. María Soledad Álvarez Hernández, con multa de cuatro mil un (4.001,00) euros por la comisión de la infracción grave del artículo 83.o) de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias."
- Por otra parte, en las citadas resoluciones, y en su parte dispositiva, se acuerda lo siguiente:
"Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes ante el mismo órgano que dictó la resolución o ante el Presidente del Instituto Canario de la Vivienda, órgano competente para resolverlo, todo ello al amparo de los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común."
Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de agosto de 2012.- La Secretaria, p.s., el Jefe de Sección (Resolución de 5.7.12), José Antonio Moreno Fernández.
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