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BOC Nº 133. Lunes 9 de Julio de 2012 - 3513

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II. AUTORIDADES Y PERSONAL - Oposiciones y concursos - Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad

3513 ORDEN de 2 de julio de 2012, de desestimación de los recursos de reposición interpuestos por D. Antonio Trujillo Díaz, en representación del Sindicato Independiente Canario (SIC); D. Rafael N. Medina Santos, en representación del Sindicato de Comisiones de Bases de Canarias (CO. BAS) y D. Miguel Redondo Barber, en nombre de Intersindical Canaria, contra la Orden de 29 de marzo de 2012, por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo adscritos al Grupo C, Subgrupo C1, Cuerpo de Agentes de Inspección Pesquera, de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 69, de 9.4.12).

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BOC-A-2012-133-3513. Firma electrónica-Descargar

Vistos los recursos potestativos de reposición interpuestos por D. Antonio Trujillo Díaz, en representación del Sindicato Independiente Canario (SIC); D. Rafael N. Medina Santos, en representación del Sindicato de Comisiones de Bases de Canarias (CO. BAS) y D. Miguel Redondo Barber, en nombre de Intersindical Canaria, contra la Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, de 29 de marzo de 2012, por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo adscritos al Grupo C, Subgrupo C1, Cuerpo de Agentes de Inspección Pesquera, de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 69, de 9.4.12).

Vista la propuesta formulada por la Dirección General de la Función Pública.

Teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, de 29 de marzo de 2012 (BOC nº 69, de 9.4.12), convocó concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo adscritos al Grupo C, Subgrupo C1, Cuerpo de Agentes de Inspección Pesquera, de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Segundo.- Mediante escritos registrados de entrada en la Dirección General de la Función Pública los días 9, 2 y 15 de mayo de 2012, D. Antonio Trujillo Díaz, en representación del Sindicato Independiente Canario (SIC); D. Rafael N. Medina Santos, en representación del Sindicato de Comisiones de Bases de Canarias (CO. BAS) y D. Miguel Redondo Barber, en nombre de Intersindical Canaria, respectivamente, interponen recursos de reposición contra la Orden citada en el antecedente de hecho anterior.

Tercero.- En los distintos recursos presentados, de prácticamente idéntico contenido y relativos al anexo IV de la Orden de convocatoria impugnada, rubricado "Méritos específicos adecuados a las características del puesto (vacantes)", los recurrentes alegan, en síntesis, que:

- Para los puestos de trabajo nº RPT 10536110 y 10536510, ambos denominados "Subinspector de zona" se señalan méritos relativos a Experiencia, Formación y otros y, sin embargo, no aparece ningún mérito preferente en la vigente relación de puestos de trabajo de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, aprobada por Decreto 174/2008, de 29 de julio, lo que contradice el artículo 30 de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, que garantiza el derecho de los funcionarios de carrera de la Comunidad Autónoma de Canarias a ocupar los puestos de trabajo de acuerdo con las condiciones que se determinen en las relaciones de puestos de trabajo.

- En los mismos puestos de trabajo, dentro del mérito referido a la formación, se establece la asistencia a cursos no impartidos por centros de formación de funcionarios públicos sobre una serie de materias que enumera. Frente a ello, aducen que el Decreto 48/1998, de 17 de abril, por el que se regula la provisión de puestos de trabajo del personal funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, establece en su artículo 10 relativo a los méritos, en su letra a) que figurarán como méritos específicos adecuados a las características de los puestos aquellos que estén previstos como tales en las relaciones de puestos de trabajo, y en su letra d) que sólo se valorarán los cursos de formación y perfeccionamiento que versen sobre materias directamente relacionadas con las funciones propias del Cuerpo o Escala a los que estén adscritos los puestos a los que se concurse, y que además se hayan superado en el Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), otros organismos oficiales de formación de funcionarios y por las Universidades públicas, siempre que se hayan recibido con posterioridad a la fecha en la que el concursante ingresó por vez primera en la función pública. Añaden, además, que algunas de las materias objeto de tales cursos no están relacionadas con las funciones propias del Cuerpo.

- En el apartado "Otros" de esos puestos se determina como mérito la posesión de titulación que acredite la formación para el ejercicio de funciones de nivel superior en materia de Prevención de Riesgos Laborales, materia que nada tiene que ver con las funciones asignadas a los mencionados puestos de trabajo, a juicio de los distintos recurrentes.

- Por otra parte, el representante de Intersindical Canaria alega, además, que aparece como mérito en ambos puestos de trabajo la experiencia en dirección y/o coordinación de personal en las Administraciones Públicas, Organismos o empresas participadas mayoritariamente por aquellas, señalando que "... no procede considerar el tiempo previo ocupando el puesto de Subinspector de Zona como experiencia en dirección y/o coordinación de personal a quien lo haya ocupado por libre designación debido a la clara desigualdad con respecto al resto de los agentes del Cuerpo."

Como consecuencia de todo lo anterior solicitan la anulación del anexo IV de la Orden de convocatoria por no estar ajustada a Derecho, al establecer méritos específicos para esos dos puestos cuando en la relación de puestos de trabajo no se prevén y por ello consideran que no pueden valorarse y porque se valoran cursos no impartidos por centros de formación de funcionarios, algunos de los cuales, además, no tienen relación con las funciones del Cuerpo al que pertenecen los aspirantes y de esos concretos puestos de trabajo.

Cuarto.- El Servicio de Selección y Provisión de Personal Funcionario de este Centro Directivo emitió informes sobre los recursos interpuestos.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El Consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad es competente para conocer y resolver los presentes recursos de reposición, interpuestos de conformidad con lo previsto en el artículo 116.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al ser el órgano que dictó el acto objeto de impugnación.

Segunda.- Los recursos interpuestos reúnen los requisitos determinantes de su admisión a trámite, en cuanto a capacidad, legitimación e interposición dentro de plazo de acuerdo con lo previsto en los artículos 30, 31, 107.1, 116 y 117, respectivamente, de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Tercera.- Los presentes recursos se resuelven en función de la obligación que tiene la Administración de dictar resolución expresa en todos los procedimientos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 42 de la misma Ley.

Cuarta.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que establece que: "El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión. Contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno", procede la acumulación de los recursos potestativos de reposición interpuestos por D. Antonio Trujillo Díaz, en representación del Sindicato Independiente Canario (SIC); D. Rafael N. Medina Santos, en representación del Sindicato de Comisiones de Bases de Canarias (CO. BAS) y D. Miguel Redondo Barber, en nombre de Intersindical Canaria.

Quinta.- En el segundo de los informes elaborados en el Servicio de Selección y Provisión de Personal Funcionario, a los que se ha hecho referencia, se recoge lo siguiente:

"Primero.- Se plantea en primer lugar en los referidos recursos que en el anexo IV de la convocatoria denominada "Méritos específicos adecuados a las características del puesto" se establecen unos méritos para los puestos 10536110 y 1053615 cuando en la relación de puestos de trabajo no figura para dichos puestos mérito preferente alguno, lo que a juicio del demandante contradice lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 2/1987 y el párrafo a) del apartado 1 del artículo 10 del Decreto 48/1998, de 17 de abril, por el que se regula la provisión de puestos de trabajo del personal funcionario de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Respecto al primer precepto citado, este únicamente establece de una manera genérica que "se garantiza el derecho de los funcionarios de carrera de la Comunidad Autónoma de Canarias a ocupar los puestos de trabajo de acuerdo con las condiciones que se determinen en las relaciones de puestos de trabajo y mediante los sistemas de provisión de estos regulados en el Capítulo III del Título IV de esta Ley".

Por lo que se refiere a las Relaciones de Puestos de Trabajo, nos encontramos con que, según dispone el apartado 1 del artículo 16 de la citada Ley 2/1987, las circunstancias mínimas que deberán contener son: la denominación de cada uno de los puestos, la descripción de las características y funciones esenciales de los mismos, la determinación de los requisitos exigidos para su desempeño, la determinación, cuando proceda, de los méritos preferentes para el acceso a los puestos, el nivel y el complemento específico; a ello añade el apartado 2 que deberán determinar los puestos que puedan ser cubiertos por funcionarios de otras Administraciones Públicas y también el sistema de provisión.

Por lo tanto, esas son las condiciones a las que puede referirse el apartado 1 del artículo 30 al hablar del derecho de los funcionarios a ocupar los puestos de trabajo y en donde a efectos del acceso a los mismos, tiene especial relevancia el cumplimiento de los requisitos y el sistema de provisión que figure en la RPT sobre cada puesto en concreto, siendo en un primer término menos relevante los méritos preferentes, ya que según se desprende del citado artículo 16, no es obligatoria su precisión para cada uno de los puestos.

Por otro lado, nos aclara el reiterado artículo 10 de la Ley 2/1987, que el derecho a ocupar los puestos de trabajo se materializará mediante los sistemas de provisión de estos regulados en el Capítulo III del Título VI, donde únicamente se habla de los procedimientos de concurso y de libre designación, procedimientos que además han sido desarrollados mediante el Decreto 48/1998, de provisión de puestos de trabajo del personal funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Con carácter previo al análisis del cumplimiento del párrafo a) del apartado 1 del artículo 10 del citado Decreto 48/1998, debe aclararse que dicho Decreto regula en el Capítulo II del Título Primero, Capítulo que denomina "Provisión de puestos de trabajo mediante concurso", un subtipo de concurso con determinadas particularidades. A este subtipo lo denomina "Concursos específicos" y figuran regulados en el artículo 11 del Decreto.

Pues bien, de acuerdo con lo que figura en la Relación de Puestos de Trabajo vigentes, en el anexo II de la convocatoria del concurso figuran las características de los puestos vacantes convocados en donde con referencia a los puestos 10536110 y 10536510 se señala que la forma de provisión es CE, es decir Concurso Específico.

Respecto a los concursos específicos, el citado artículo 11 establece que "podrán constar de dos fases. En la primera se valorarán los méritos enunciados en los párrafos b), c), d), e) y f) del apartado 1º y en su caso, los enunciados en los apartados 2º y 3º del artículo anterior". Es decir, no se valorará en esta fase el mérito recogido en el párrafo a) del apartado 1, ya que el mismo no se menciona, por lo que difícilmente podrá concluirse que se está incumpliendo un párrafo el cual no es de aplicación a los méritos que son objeto de recurso, tal como pretende el demandante.

Segundo.- Se alega en segundo lugar por los recurrentes que además respecto a los cursos a valorar que figuran en el anexo IV, no se exige que hayan sido impartidos por centros oficiales de formación de funcionarios, lo que incumple lo previsto en el párrafo d) del apartado 1, del artículo 10 del Decreto 48/1998.

No obstante, tal como se señaló, respecto a los puestos cuya forma de provisión es la de Concurso Específico, el mérito curso de formación impartido por centro de formación, que es el que se describe en el párrafo d) apartado 1 del artículo 10 será valorado en la primera fase, por lo que no tiene nada que ver con los méritos que figuran en el anexo IV de la convocatoria, que se refieren a la segunda fase.

Por otro lado, respecto a esta segunda fase, continúa el apartado 1 del artículo 11 del Decreto 48/1998, definiendo en qué consiste la misma y establece a tal efecto que "la segunda fase consistirá en la comprobación de los méritos específicos adecuados a las características de cada puesto ..." y añade en el apartado 2 que la convocatoria "deberá fijar los méritos específicos adecuados a las características de cada puesto mediante la delimitación de los conocimientos profesionales, estudios, experiencia necesaria y demás condiciones que garanticen la adecuación para el desempeño del puesto".

La concreción de los méritos a valorar en cada una de las fases viene asimismo recogida en el apartado 2 de la base novena del concurso de méritos en donde se explica que los méritos que figuran en el anexo IV son los referidos a la 2ª fase y figuran especificados para cada uno de los puestos cuya forma de provisión es la del concurso específico.

Por otra parte, hay que añadir que estos méritos del anexo IV se han fijado de acuerdo con lo señalado en el citado apartado 2 del artículo 11 del Decreto 48/1998, donde se habla de la posibilidad de valorar los conocimientos profesionales, estudios, etc. y donde no resultan de aplicación los requisitos de carácter formal que establece el párrafo d) del apartado 1 del artículo 10 para que los cursos puedan ser valorados. En este caso la convocatoria ha concretado la forma en que se constatará la posesión de ese conocimiento diciendo que deberá acreditarse la valoración de cursos sobre determinadas materias; y la posesión de estudios se ha concretado señalando que deberá estarse en posesión de la titulación que acredite la formación para el ejercicio de funciones de nivel superior en materia de Prevención de Riesgos Laborales.

Tercero.- Con independencia de los requisitos formales de los cursos a valorar respecto a los puestos nº 10536110 y 10536510 y de la inexistencia de previsión en la RPT de méritos preferentes, se alega igualmente por los recurrentes que las materias de algunos de los cursos recogidos en el anexo IV "no están relacionadas con las funciones del Cuerpo" y que en la titulación acreditativa de la formación para el ejercicio de funciones de nivel Superior en materia de Prevención de Riesgos Laborales "nada tiene que ver con las funciones asignadas a esas plazas", si bien no se motivan las citadas afirmaciones.

Los puestos nº 10536110 y nº 10536510, denominados Subinspector de Zona, tienen encomendadas las funciones que se detallan en el anexo IV de la Orden de convocatoria. Tales funciones son las de "Dirección y supervisión de los agentes de su zona: organizar los servicios de su zona, distribuyendo entre los agentes las tareas a realizar y proponiendo al superior jerárquico los cuadrantes de servicio y los turnos de trabajo, etcétera". Dichas funciones son acordes con las que establece el artículo 184 del Reglamento de la Ley de Pesca de Canarias, aprobado por Decreto 182/2004, de 21 de diciembre, que señala que el Subinspector de Zona ha de desempeñar los siguientes cometidos:

a) Dirección y supervisión de los agentes de su zona, dando las instrucciones precisas para la buena marcha del servicio.

b) Organizar los servicios de su zona, distribuyendo entre los agentes las tareas a realizar y proponiendo al Inspector-coordinador los cuadrantes de servicio y, en su caso, los turnos de trabajo.

c) Emitir los informes que le sean solicitados por sus superiores, así como sobre aquellas anomalías u otras circunstancias que pudieran acontecer en relación con los servicios prestados en su zona.

d) Remitir diariamente las actas de denuncia propias y las de los agentes, al inspector-coordinador del que dependa.

e) Ejercer, en todo momento, las funciones propias del cuerpo.

f) Cualquier otra que le sea encomendada.

Pues bien, en cuanto a las materias sobre las que pueden versar los cursos a valorar en la segunda fase (hoja de cálculo; tratamiento de textos; comercialización de productos alimenticios; calidad de productos alimenticios; gestión medioambiental; prevención de riesgos laborales y; dirección y/o coordinación de personal) todas ellas están relacionadas con las funciones asignadas a los Subinspectores del Cuerpo de Agentes de Inspección Pesquera. Por ejemplo, los de hoja de cálculo y/o dirección de personal, se han de utilizar para efectuar los cuadrantes de personal y organizar los servicios; el tratamiento de texto, para la emisión de informes; los de comercialización y calidad de productos alimenticios, para constatar la trazabilidad de los productos de la pesca y su calidad; los de gestión mediambiental para seguir un correcto tratamiento de la gestión de los residuos de la pesca y el de prevención de riesgos laborales, para prevenir tales riesgos al tiempo de planificar los servicios a realizar por los Agentes de Inspección Pesquera.

Y por lo que se refiere a la posesión que acredite la formación para el ejercicio de funciones de nivel superior en materia de Prevención de Riesgos Laborales, este estudio se considera de interés en el desempeño de los puestos de Subinspector para prevenir tales riesgos al tiempo de planificar los servicios a realizar por los Agentes de Inspección Pesquera, por cuanto gran parte de su trabajo puede ser realizado en un entorno sometido a fuertes riesgos laborales, máxime si tenemos en cuenta que buena parte de ellos se realiza en un medio adverso como es la mar.

Cuarto.- En el recurso presentado por D. Miguel Redondo Barbar, en nombre de Intersindical Canaria, a las alegaciones anteriores se añade la de que, respecto al mérito que figura en el anexo IV (por error se cita el V) denominado "experiencia en dirección y/o coordinación de personal en las Administraciones Públicas, Organismos o empresas participadas mayoritariamente por aquellas", no procede considerar el tiempo previo ocupando el puesto de Subinspector de Zona a quien lo haya ocupado por libre designación debido a la clara desigualdad con respecto al resto de los agentes del Cuerpo.

A tal efecto, sólo cabe señalar que será la Comisión de Evaluación la que determina los supuestos concretos en que la experiencia será valorada dentro de este concepto.

No obstante, debe añadirse que los puestos de Subinspector de Zona nunca han tenido como procedimiento de provisión la libre designación por lo que resulta imposible que alguien haya accedido a dichos puestos mediante ese procedimiento."

Por la presente,

R E S U E L V O:

Desestimar los recursos de reposición interpuestos por D. Antonio Trujillo Díaz, en representación del Sindicato Independiente Canario (SIC); D. Rafael N. Medina Santos, en representación del Sindicato de Comisiones de Bases de Canarias (CO. BAS) y D. Miguel Redondo Barber, en nombre de Intersindical Canaria, contra la Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, de 29 de marzo de 2012, por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo adscritos al Grupo C, Subgrupo C1, Cuerpo de Agentes de Inspección Pesquera, de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 69, de 9.4.12).

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses a contar a partir del día siguiente al de su notificación.

Santa Cruz de Tenerife, a 2 de julio de 2012.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,

JUSTICIA E IGUALDAD,

Francisco Hernández Spínola.

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