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BOC Nº 126. Jueves 28 de Junio de 2012 - 3363

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V. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad

3363 Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 14 de junio de 2012, del Director Ejecutivo, sobre notificación a Barrio García Patrimonial, S.L., de la resolución recaída en el expediente de I.U. 989/03 (I.U. 1716/03).

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BOC-A-2012-126-3363. Firma electrónica-Descargar

No habiéndose podido practicar la notificación a Barrio García Patrimonial, S.L. del oficio de comunicación de resolución final de procedimiento sancionador I.U. 989/03/ (I.U. 1716/03), de fecha 27 de diciembre de 2011, en los términos del apartado primero del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; de conformidad con el apartado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a Barrio García Patrimonial, S.L. del oficio de comunicación de resolución final de procedimiento sancionador I.U. 989/03/ (I.U. 1716/03), de fecha 27 de diciembre de 2011, recaída en el expediente instruido en esta Agencia por infracción a la Ordenación Territorial con referencia I.U. 989/03 (I.U. 1716/03), que dice textualmente:

En expediente tramitado en esta Agencia bajo referencia IU 989/03, frente a D. Ángel Barrio Domínguez y Dña. Pilar García Brugos, por la ejecución no autorizada de obras de aljibe de unos 29 m2, muro de unos 20 m, almacén de unos 18 m2, terraza de unos 22,6 m2, cobertizo-garaje de unos 30 m2 con cubierta de teja, muro de contención de unos 60 ml x 2,5 de h, cuarto de unos 30 m2, cuadras de unos 150 m2, muros de contención de unos 25 ml x 1,5 h, picadero de unos 500 m2, pasillo hormigonado, bodega de unos 30 m2, cerramiento mixto c/muro de hormigón y mampostería, piscina, lavadero de unos 16 m2, terrazas de unos 50 y 20 m2, picadero de unos 60 m2, caseta de unos 4 m2, cobertizo de unos 10 m2 cubierto de teja, explanación de unos 300 m2 c/reconstrucción muros de contención, cobertizo de unos 15 m2, desmonte de unos 150 m2 y cobertizo de unos 10 m2, en el lugar denominado "Los Palmitos", en el término municipal de Arucas, en suelo rústico de protección natural especial, en el que se le ha dado audiencia como interesada en lo que a las medidas de restablecimiento del orden jurídico perturbado se refería, ha recaído resolución final con fecha 27 de diciembre de 2011, en la que se dispone en lo que a sus derechos e intereses afecta en el dispongo segundo de la misma, lo siguiente:

"Segundo.- Ordenar a D. Ángel Barrio Domínguez y Dña. María Pilar García Brugos reponer a su estado originario la realidad física alterada por la totalidad de las obras objeto del presente procedimiento, consistentes en la ejecución de las obras de aljibe de unos 29 m2, muro de unos 20 m, almacén de unos 18 m2, terraza de unos 22,6 m2, cobertizo-garaje de unos 30 m2 con cubierta de teja, muro de contención de unos 60 ml x 2,5 de h, cuarto de unos 30 m2, cuadras de unos 150 m2, muros de contención de unos 25 ml x 1,5 h, picadero de unos 500 m2, pasillo hormigonado, bodega de unos 30 m2, cerramiento mixto c/muro de hormigón y mampostería, piscina, lavadero de unos 16 m2, terrazas de unos 50 y 20 m2, picadero de unos 60 m2, caseta de unos 4 m2, cobertizo de unos 10 m2 cubierto de teja, explanación de unos 300 m2 c/reconstrucción muros de contención, cobertizo de unos 15 m2, desmonte de unos 150 m2 y cobertizo de unos 10 m2, en el lugar denominado "Los Palmitos", en el término municipal de Arucas, en suelo rústico de protección natural especial, procediendo a la demolición de las mismas y restitución de la realidad alterada.

A tal efecto se requiere a los expedientados para que en el plazo de un mes presenten, ante la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, el correspondiente proyecto de demolición-reposición, como primer trámite de ejecución voluntaria de lo ordenado, advirtiéndose que el incumplimiento de tal requerimiento, dará lugar, a que esta Agencia ejecutará subsidiariamente la orden de demolición y reposición, con cargo a los infractores, conforme a lo dispuesto en los artículos 95 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común."

En base a lo dispuesto en los fundamentos de derecho III, IV y VIII, que pasan a reproducirse:

III

En cuanto a las alegaciones aducidas en trámite de alegaciones al acuerdo de incoación, se reitera lo expresamente reseñado en el II fundamento de derecho de la propuesta de resolución formulada por el instructor, al que nos remitimos, con el fin de evitar innecesarias reproducciones, y dándolo así por reproducido por remisión.

Por lo que se refiere a las esbozadas en trámite de audiencia a la propuesta de resolución formulada por el instructor se estima oportuno proceder a un análisis conjunto de las mismas, es decir, tanto de las presentadas por Dña. María Pilar García Brugos a título personal, por D. Ángel Barrio Domínguez a título personal, y de las presentadas por este último en su condición de administrador único y solidario, y en representación de la entidad Barrio García Patrimonial, S.L., en tanto las mismas se encuentran íntimamente conectadas siguiendo un mismo hilo conductor, planteándose las mismas cuestiones en íntima conexión.

1.- Clasificación de la infracción.

1.1.- Entidad de las obras.

Comencemos por señalar que en ningún caso pueden considerarse las obras tratadas como obras menores con escasa repercusión en el medio, y por ende en ningún caso puede calificarse la infracción dada como leve [véase artº. 202.3.b) del TRLOTC y ENC].

Nos encontramos ante obras que comportan una real e importante transformación del suelo afectado por las mismas, con el fin de implementar en el mismo, uso residencial y complementarios. Las obras se encuentran en una unidad de finca, en una finca vallada, delimitada (de acuerdo con la realidad fáctica de los hechos conforme informe técnico de 23.9.11 que obra en el expediente), que conforme a las propias manifestaciones de los interesados y documentación por los mismos aportadas en los expedientes por ellos promovidos para la legalización de las obras (uno, por Dña. Pilar García Brugos a título personal, el expediente CT 44740/04 y otro impulsado, tal y como consta en el expediente -véase documentación aportada al expediente de CT 34480/04, escaneada e incorporada a informe técnico de fecha 23.9.11, que obra en el expediente-, por Ángel Barrio Domínguez como administrador mancomunado de la entidad por los mismos constituida como socios únicos, Barrios García Patrimonial, S.L., otorgando poder de representación a tales efectos a Dña. María Grisela Herrera Hernández), se constituye de la adquisición sucesiva y gradual de varias fincas catastrales (véase del citado informe técnico de 23.9.11, apartados 4 y 5 del mismo). Y las obras se encuentran interconectadas en unidad de uso, de acuerdo con la realidad fáctica de los hechos, y conforme al tan citado informe técnico de 23 de septiembre de 2011, y en todas las resoluciones recaídas en los expedientes promovidos para la legalización de las obras, así se ha considerado, y verificado en inspecciones de campo (véase conclusiones de expedientes de CT 34480/04, y 44740/04), considerándose en las mismas la totalidad de las obras existentes y autorizadas en la finca, tanto a Dña. Pilar García Brugos a título personal, como a la entidad Barrio García Patrimonial, S.L. En este orden de cosas cabe destacar que en expediente CT 34480/04, tramitado a nombre de la entidad Barrio García Patrimonial, S.L., se aporta por los propios interesados orden de suspensión de obras dada en este expediente, frente a D. Ángel Barrio Domínguez y Dña. Pilar García Brugos (véase antecedente de hecho quinto de la correspondiente resolución insular de 17.1.07, que obra en el expediente).

Resulta incongruente la alegación (segunda), formulada por D. Ángel Barrio Domínguez, en representación de Barrio García Patrimonial, S.L. en audiencia, cuando señala que "... todas las actuaciones realizadas en mi propiedad son de escasa entidad y nulo impacto paisajístico o medioambiental ...", para acto seguido decir "... No en vano en el momento en que mi mandante acometió los primeros trabajos realizados en su propiedad allá por el año 2003: muro de contención de 25 ml x 1,5 h, el picadero de 500 m2, el pasillo hormigonado, la bodega; o en el año 2005: las cuadras, el cerramiento mixto de hormigón y mampostería; e incluso la terraza de 50 m2 o el picadero de 60 m2, ejecutados en el año 2006 ... . Así, como cuando Dña. Pilar García Brugos a título personal en escrito de alegaciones formulado en trámite de audiencia señala "aunque en puridad la escasa entidad de los trabajos y el nulo impacto medioambiental que ocasionan aconsejen a calificar la infracción como "leve".

Conviene ya aquí reseñar que las obras objeto de este expediente, denunciadas en el 2003, y que no son las de vivienda para cuya rehabilitación se otorgó licencia en 1998, son obras que se suceden en el tiempo, dando lugar tal y como se ha expuesto, a una importante transformación del suelo, obras que, tal y como consta en el expediente, se suceden y continúan, después de ordenada suspensión (por Resolución de la Agencia de 9.3.04, notificada el 27.4.04), de practicado precinto en el que se advertía de la ejecución de obras en curso (tal y como consta en la oportuna diligencia de 12.7.04 en la que se hace constar expresamente "Se observa además la continuación de una edificación supuestamente destinada a piscina o estanque de 20x2 m2 ver fotos 9 y 10"), después de haber sido sancionada Dña. Pilar García Brugos por el Ayuntamiento correspondiente por la ejecución no autorizada de obras, habiendo alegado en el oportuno expediente instruido al efecto, prescripción de la infracción, y advertirse (en la correspondiente resolución municipal sancionadora -Decreto 2366/02, de 9.9.02- que consta en el expediente), que no procedía apreciar prescripción porque las obras habían continuado y el cómputo del plazo nunca comenzaba a correr antes de la total terminación de las obras, y después de haberse denegado hasta tres veces legalización de las obras (en expedientes de CT 20582/01, CT 44740/04 y CT 34480/04), advirtiéndose en las mismas del especial régimen de protección al que estaba sometido el suelo.

1.2.- Clasificación y categoría del suelo afectado.

Desde el comienzo de las obras objeto de este expediente denunciadas en el 2003 (no se incluyen en el mismo las de la vivienda para cuya rehabilitación se otorgó licencia urbanística, por acuerdo municipal de 10.11.98), el suelo afectado por las mismas, está protegido por razón de sus valores naturales, siendo que conforme a las Normas Subsidiarias de 2001 (NNSS'01), el suelo estaba clasificado categorizado como de protección por valores naturales, rústico de protección especial (véase informe técnico de fecha 17.9.03, que obra en expediente, así como, resolución de calificación territorial nº 20582/01, y el correspondiente y sucesivo acuerdo municipal de denegación de licencia urbanística de 11.10.02, adjuntos al informe), y conforme al Plan General de Ordenación Urbana de 2006 (PGO'06), como suelo rústico de protección natural especial (véase informe técnico de 17.6.11, que obra en expediente y acuerdos de calificaciones territoriales CT 44740/04 y CT 34480/04). Conviene aquí significar que en los expedientes de CT 44740/04 y 34480/04, la clasificación y categorización del suelo que se consideró era la dada por el PGO'06 y no por las de las NNSS'01, véase fundamento de derecho primero de las resoluciones insulares de 17 de enero de 2007, recaídas en sendos expedientes de CT 44740/04 y 34480/04, en lo que se reseña que "El Plan General de Ordenación de Arucas clasifica el suelo en el que se ubica la actuación como Suelo Rústico de Protección Natural Especial (SRPNE), ...", sin que sea por tanto admisible alegato de D. Ángel Barrio en representación de la entidad Barrio García Patrimonial, S.L. de que "... Y es que cuando se resolvieron los expedientes de calificación territorial a los que se alude no debía haber recaído aún la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, de 15 de diciembre de 2006 (recurso nº 1251/2001) -documento nº 8-, que fue confirmada por Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 3ª) de 25 de marzo de 2011 -documento nº 9- en las que se declara la nulidad de pleno derecho de la Revisión de las Normas Subsidiarias de Arucas, aprobadas definitivamente por Acuerdo de la COTMAC de 15 de febrero de 2001 (BOC de 4.6.01) y 12 de marzo de 2001 (BOC de 2.7.01) ...".

Tal clasificación y categorización dada al suelo, hace que la infracción dada merezca la calificación de muy grave en tanto obras no autorizadas con los preceptivos títulos administrativos, que afectan a suelo rústico de protección natural, conforme a lo dispuesto en el artº. 202.4.a) del TRLOTC y ENC, en relación con el artº. 202.3.b) del mismo texto legal.

La infracción dada por otra parte, concurre, sea el suelo afectado rústico común, o rústico de protección natural, porque lo que aquí se sanciona es una infracción al TRLOTC y ENC, en tanto las obras se ejecutaron sin la cobertura formal de las preceptivas autorizaciones administrativas. La mera ejecución de obras sin la previa obtención de las preceptivas autorizaciones administrativas es constitutivo de infracción al TRLOTC y ENC, de acuerdo con lo dispuesto en el artº. 202 del mismo, si bien es verdad que de afectar a uno u otro suelo (rústico común, o rústico protegido por razón de sus valores naturales), determina la calificación de la infracción como grave o muy grave.

Pero sea la infracción grave o muy grave, tampoco eso modificaría en lo sustancial el contenido de la resolución que procede adoptar en el presente procedimiento, pues seguiría procediendo la imposición de la sanción (en un quantum proporcional, atendiendo a la entidad de los hechos y circunstancias que concurren), y ordenar la demolición de las obras. Puesto que tanto en uno o en otro caso (grave o muy grave), no operaría el instituto de la prescripción como eximente de la responsabilidad sancionadora, ni el de la caducidad de la acción administrativa de restablecimiento, estando en uno o en otro caso, en plazo la administración para ordenar la demolición de las obras. En tanto no ha transcurrido el plazo de prescripción aplicable a las infracciones graves (dos años), ni menos a las muy graves (cuatro años), ni el de caducidad aplicable, tanto si estuviéramos en rústico común (4 años desde la total terminación de obras -artº. 180.1 del TRLOTC y ENC-) como rústico de protección natural [en el que la administración no está sujeta a limitación temporal alguna. Artº. 180.2.b).1) del TRLOTC y ENC], dado que tales plazos, al encontrarnos ante una infracción continuada (obras que se suceden y continúan en el tiempo), los plazos no comienzan a computar antes del último acto ilícito detectado en finca, en el 2011, conforme al tan citado informe técnico de 17 de junio de 2011, que obra en expediente.

Pero siguiendo en la coyuntura anterior, ha de resaltarse que la ordenación vigente ha de ser respetada y observada aun cuando no se estuviera de acuerdo con ella, sin perjuicio de sus posibilidades de impugnación, e incluso de su anulación vía administrativa y judicial. Se ha advertido al interesado en las resoluciones insulares de denegación de calificación territorial interesadas para la legalización de las obras del especial régimen de protección a que estaba sometido el suelo (CT 20582/01, CT 44740/04 y CT 34480/04), y se continuaron con posterioridad las obras.

No consta anulación en ejecución de sentencia firme del PGO'06, ni publicación de tal anulación en el diario oficial en que aquel se insertó, precisa para que tal anulación surta efectos generales, al ser el PGO, disposición general (artº. 72 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa -LJCA-) que por otra parte, tratándose el Plan General de una disposición general, la anulación sería sin perjuicio de la subsistencia de actos firmes dictados en aplicación de la misma, de acuerdo con consolidada jurisprudencia [STS 23/02/98 (RJ 1998/1532), Recurso nº 361/1992, STS 10/12/98 (RJ 1992/9753), Recurso 9309/1990, STS 10/12/96 (RJ 1996/9513), Recurso 3218/1993, dictada en unificación de doctrina, STS 03/03/98 (RJ 1998/1885), Recurso nº 326/1992, STS 16/07/99 (RJ 1999/6070), Recurso nº 4186/1993]. Y por tanto, sería sin perjuicio de la firmeza de las resoluciones de denegación de calificación territoriales instadas para la legalización de las obras. Conviene traer y reproducir la doctrina jurisprudencial referida: "... Esta Sala ha venido afirmando, en supuestos sustancialmente análogos al que ahora decidimos, Sentencia de 10 de diciembre 1992 (RJ 1992/9753), Recurso 9309/1990, y en la de 10 de diciembre de 1996 (RJ 1996/9513), Recurso 6218/1993, dictada en unificación de doctrina, que "ha dictado sentencias por las que en recurso directo contra el vigente Plan General de Ordenación Urbana Urbana de Madrid anuló las disposiciones del mismo que autorizaban la determinación de dicho saldo (el resultante a cuenta de la reparcelación económica a efectuar correspondiente a la finca de la actora) y su exigencia como requisito previo a la licencia, y en recurso indirecto contra el propio Plan anuló actos de esta determinación y exigencia con fundamento en la nulidad de tales disposiciones, la reclamación de la demandante de devolución de la cantidad ingresada, en cuanto fundada en el artº. 86.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (RCL 1956/1890 y NDL 18435), forzosamente ha de ser desestimada, estimándose así, la apelación de la Gerencia Municipal de Urbanismo y revocándose en ese punto la sentencia recurrida. Conduce a ello indefectiblemente, por una parte, el que según se desprende de la exégesis del mencionado artº. 86.2, mientras que las sentencias que en estimación de una pretensión de anulación anularen una disposición general producen efectos "erga omnes", quedando la misma sin efectos para todos, las que en estimación de una pretensión de plena jurisdicción anularen un acto por ser nula la disposición en que se fundaba, sólo los producen en cuanto a los que hubieren sido partes de quienes no dedujeron la misma; y por otra parte, el que aunque en puridad de doctrina la declaración de nulidad de una disposición general por ser de pleno derecho conforme a lo dispuesto en los artículos 47.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo (RCL 1958/1258, 1468, 1504; RCL 1959/585 y NDL 24708) y 28 y anteriores de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado (RCL 1957/1058, 1178 y NDL 25852) produzca efectos "ex tunc" y no "ex nunc", es decir, que los mismos no se producen a partir de la declaración, sino que se retrotraen al momento mismo en que se dictó la disposición declarada nula, esta eficacia, por razones de seguridad jurídica y en garantía de las relaciones establecidas, se encuentra atemperada por el artº. 120 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en el que con indudable aplicabilidad tanto a los supuestos de recurso administrativo como a los casos de recurso jurisdiccional, se dispone la subsistencia de los actos firmes dictados en aplicación de la disposición general declarada nula, equiparando la anulación a la derogación, en que los efectos son "ex nunc" y no "ex tunc", si bien sólo respecto de los actos firmes, permaneciendo en cuanto a los no firmes la posibilidad de impugnarlos en función de la ordenación jurídica aplicable una vez declarada nula la disposición general. Razones por las que aún gozando de la condición de disposición general los Planes de Ordenación Urbana por su contenido normativo que integra el Ordenación Jurídico-Urbanístico, según es reiterada doctrina de esta Sala y de la antigua Sala cuarta del Tribunal Supremo, y declarados nulos los preceptos del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid que autorizaban la reparcelación económica y sus consecuencias económicas, así como por este motivo los actos de aplicación correspondientes, en recursos ya directos, ya indirectos, como en estos no fue parte la actora, motivo por el que no pueden extendérsele sus efectos, y respecto de aquellos, si bien en principio le son extensibles por la eficacia "erga omnes" de la cosa juzgada, la anulación correspondiente no produce consecuencia alguna en cuanto al Decreto de la Gerencia Municipal de Urbanismo de origen de este recurso, dada su indudable firmeza anterior al dictado de las sentencias recaídas en los aludidos recursos, resulta procedente la desestimación de la devolución de lo pagado en ejecución del mismo". Esta doctrina, sólidamente establecida, ha de ser mantenida en virtud del principio de unidad de doctrina proclamado por la Ley Jurisdiccional. La actora consintió el Acto de la Gerencia de 14 de julio 1987 requiriéndole al pago de 2.779.830 pesetas, por lo que en aplicación de la doctrina reseñada procede estimar el recurso de apelación que decimos y revocar la sentencia impugnada ...".

Y es que el propio interesado reconoce que la sentencia que anula el PGO'06 (STSJ de Canarias-Sala de lo Contencioso en recurso nº 353/2005) no es firme, pero sostiene que debe ser considerado como nulo por esta administración, en base a criterio sostenido en STSJ de 26 de septiembre de 2009 (RJ 2010/200), Recurso nº 1253/2005, que en ningún caso puede llevar, ni da sostén a la conclusión pretendida. Por dicha sentencia se confirma en casación sentencia del TSJ de Castilla y León en recurso nº 225/2003, por la que en estimación de recurso se anula el Plan Parcial del Sector "Cerámica" ARUP 1/4, aprobado por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Ávila de 27 de junio de 2002, fundándose en que por sentencia firme de 16 de julio de 2008 (RJ 2008/4431) recurso 48/99, se había anulado el Plan General de Ordenación de Ávila, y esto determina la anulación del planeamiento de desarrollo del mismo (del plan parcial), porque queda ayuno de cobertura normativa, y todo ello conforme al principio de jerarquía normativa. Reseñando que aunque la sentencia de anulación del PGO de Ávila es firme, y por tanto era la razón de decidir de esta sentencia, respecto a los efectos de sentencias anulatorias de una disposición general que no es firme, reseña doctrina del TS al respecto fijada en St. de 24 de septiembre de 2008 (RJ 2008/1739), recurso de casación nº 4180/2004, en la que en apretada síntesis se sostiene que en contencioso en el que habían sido parte la correspondiente Administración Autonómica, y la local, Ayuntamiento ..., se anula el DT 26/01, y que en contencioso posterior contra licencia urbanística de construcción de hotel, no se podía admitir alegato de la administración autonómica, de que esta (LU) vulneraba el citado DT 26/01 (anulado por el Tribunal que ahora conocía del contencioso contra la LU), por razones de coherencia, y porque la st de anulación del DT 26/01, aún no firme surtía efectos en la administración autonómica, como parte afectada en contencioso del que había resultado anulación del DT 26/01.

Pero lo aquí pretendido es muy distinto, lo que se pretende es que se considere al caso particular con efectos retroactivos nula la clasificación y categorización dada al suelo por el PGO'06 y antes por las NNSS'01 (lo cual en cualquier caso, tampoco destipificaría los hechos como infracción, en tanto son obras ejecutadas sin las debidas autorizaciones), en virtud de sentencia judicial no firme de anulación del PGO'06 (no consta publicación de anulación del PGO'06 por sentencia judicial firme en el diario oficial en el que aquel se insertó), que en cualquier caso, tampoco implicaría forzosamente que el suelo afectado no merecería la calificación de protección natural (conviene significar que la anulación judicial del PGO'06 no se fundamenta en la inexistencia de valores naturales susceptibles de protección en el suelo dado, la razón de la anulación del PGO'06 por la STSJ de Canarias, de 30 de junio de 2009, en recurso nº 353/05, se base en que si este PGO'06 era la adaptación básica de las NNSS'01 al TRLOTC y ENC, procede su anulación, en tanto se habían anulado tales NNSS'01 -los acuerdos de aprobación definitiva de las NNSS de 2001-. Y la razón de anulación de tales acuerdos de 2001 de aprobación definitiva de la revisión de las NNSS de 2001, por Sentencia del TSJ de Canarias, de 15 de diciembre de 2006, RJCA 2007246, en recurso nº 1251/01, consisten en apretada síntesis, tal y como se expone en Sentencia del Tribunal Supremo, por la que se confirma en casación aquella, STS de 25 de marzo de 2011, en recurso nº 1.100/2007, "... que no es posible -como se hizo- aprobar definitivamente la revisión del planeamiento general relegando a un momento posterior la subsanación de defectos que son sustanciales y que afectan a intereses supramunicipales y a la estructura global del territorio, como son, en particular, los referidos a los sectores UB-14 y UB-15. Señala la sentencia que como consecuencia de ello se ha infringido lo dispuesto en el artículo 43.1 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, aprobatorio del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, de modo que: "aprobando los tres Acuerdos impugnados, la Comunidad Autónoma no ejerció el control de legalidad correctamente pues nunca debió minimizar la trascendencia de su propia apreciación respecto al carácter supralocal y estratégico de los sectores UB 14 y UB 15 limitándose a que se reconsiderara su aprobación. No efectuó la coordinación respecto de los aspectos de oportunidad ante los intereses locales y supralocales en juego, ni garantizó el respecto de los intereses generales distintos a los municipales a la luz de las razones de conveniencia". Y la anulación judicial del PGO'06, en cualquier caso, posterior a la ejecución no autorizada de las obras que nos ocupan, en tanto el PGO'06 es disposición general sería sin perjuicio de los actos firmes dictados en aplicación de la misma.

2.- Responsables de la infracción.

Se insiste en trámite de audiencia en sostener en torno a la responsabilidad la siguiente tesis:

- D. Ángel Barrio Domínguez, ni ha promovido obra alguna ni es propietario de los terrenos afectados por las mismas, por lo que no puede exigírsele responsabilidad alguna.

- Dña. María Pilar García Brugos, ha promovido obras en los terrenos de su propiedad, que expresamente identifica, pero todas han sido ejecutadas antes del mes de julio de 2007, por lo que la infracción que las mismas constituyera está prescrita.

- Barrio García Patrimonial, S.L., ha promovido el resto de las obras, que son todas menores y que pretenden ser legalizadas.

Reseña D. Ángel Barrio en escrito de alegaciones formalizado en trámite de audiencia en nombre propio, que no ha promovido ninguna de las obras tratadas ni es el propietario del suelo afectado, y que los argumentos utilizados por la administración, consistentes, en que no recurrió la orden de suspensión (de 2004) en la que se le identificaba como promotor de las obras, que se identificó como propietario ante el Seprona (en inspección que motivó denuncia de 2003), que disfruta de la propiedad, y está en ella empadronado, no son suficientes para atribuirle la condición de promotor de las obras.

En primer lugar se ha de significar, que D. Ángel Barrios, señala que no instó ningún título para la legalización de las obras, pero sí que propulsó expediente de calificación territorial para la legalización de las obras, no en nombre propio, sino como administrador mancomunado, de la entidad Barrio García Patrimonial, S.L. Así consta en este expediente, que en expediente de CT 34480/04 (para legalización de las obras), D. Ángel Barrio, como administrador mancomunado de la entidad, Barrio García Patrimonial, otorga a Dña. Grisela Herrera Hernández, poder de representación suficiente y bastante para la tramitación de expediente de calificación territorial para la legalización de las obras (véase documentación del expediente de CT 34480/04, escaneada e incorporada en informe técnico de fecha 23.9.11, que obra en el expediente.)

Por supuesto que esta administración ha de considerar que la orden de suspensión de las obras (por Resolución de la Agencia de 9.3.04, notificada el 27.4.04), dada a ambos expedientados como promotores de las obras, no fuera recurrida y sea un acto firme y consentido (no es sino hasta ahora el 2011, que niega D. Ángel Barrio su condición de promotor de obras). Porque tal y como dispone el artº. 110.3 de la LRJAP y PAC "Los vicios y defectos que hagan anulable un acto no podrán ser alegados por quienes los hubieren causado". En el mismo orden ha de considerarse que en la inspección a las obras que efectúa agente del Seprona en el 2003, en orden a comprobar denuncia formulada por particular frente a los aquí expedientados, D. Angel Barrios y Dña. Pilar García, se haga constar que trasladados al lugar de obras, el propietario presente escrito a nombre de Dña. María Pilar García Brugos. Piénsese que incluso de acuerdo con lo dispuesto en el artº. 39.2 de la LRJAP y PAC, "2.- Los interesados en un procedimiento que conozcan datos que permitan identificar a otros interesados que no hayan comparecido en él tienen el deber de proporcionárselos a la Administración actuante".

Así como esta administración ha de considerar para atribuirle su condición de promotor de las obras, que se use y disfrute de la misma, constituyendo domicilio social de la entidad por ambos constituida como socios únicos desde su constitución hasta la fecha, como consta en el expediente, y siendo actualmente, domicilio habitual de los dos. Teniendo en cuenta la definición de promotor de las obras contenida en el anexo de conceptos utilizados del TRLTOC y ENC; en el apartado 3.9 conforme al cual, promotor es "Persona física o jurídica que impulsa la actuación territorial o urbanística mediante la realización de las diligencias precisas para ello. Tendrá el mismo carácter, a todos los efectos, cuando el objeto de la actuación sea para uso propio, incluso identificándose con el titular del terreno o de las instalaciones, construcción o edificaciones, en su caso". Por tanto es promotor el que impulsa la actuación constructiva y/o disfruta de ella.

Queda constatado de la documentación obrante en el expediente, que han sido los dos expedientados D. Ángel Barrio Domínguez, y Dña. Pilar García Brugos, quienes han impulsado, promovido y usado y disfrutado de las obras tratadas, a título personal o a nombre de la entidad por ambos constituida, siendo domicilio habitual de ambos, y domicilio social de la entidad Barrio García Patrimonial, S.L., por los mismos constituida, desde su constitución, entidad que no puede obviarse tiene por objeto social (de acuerdo con escrituras de constitución de la sociedad, y de compraventas que obran en el expediente: "- La compraventa, construcción, promoción, explotación, reparación, mantenimiento, administración y arrendamiento de edificios, viviendas, locales comerciales, bungalows, apartamentos, residencias, hoteles, solares, terrenos, complejos, residencias, hoteles, solares, terrenos, complejos urbanísticos, navíos y toda clase de bienes muebles e inmuebles. - La adquisición y venta de terrenos para la promoción de construcciones y urbanizaciones o el concierto con los propietarios en orden a la explotación o promoción urbana. La compraventa, explotación y arrendamientos de toda clase de viviendas, locales, hoteles, bares, restaurantes, cafeterías y salas de fiestas".

3.- Actividad continuada. Prescripción de la infracción. Caducidad de la acción administrativa de restablecimiento del orden jurídico perturbado.

En cuanto al alegato de que no estamos ante una infracción continuada en el que de forma particular incide Dña. Pilar García Brugos en trámite de audiencia, significando "... debe quedar patente que en el escrito de alegaciones que se formuló ante el inicio del procedimiento quedó ampliamente probado que las distintas infracciones no han sido cometidas por la misma persona, ni tampoco en la misma propiedad, ni obedecen a un proyecto unitario preconcebido, ni los trabajos son de la misma naturaleza y funcionalidad, y ni siquiera todos los terrenos habían sido adquiridos al mismo tiempo en distinta época con muchos años de diferencia, como de distinta época son también las actuaciones que ni perseguían un único resultado ni era común ni conjunto. Y es que para que se pueda entender como una infracción continuada los trabajos deben responder a un proyecto preconcebido, con identidad de propósito y actuaciones de la misma naturaleza ...", destacamos:

Que tal tesis carece totalmente de fundamento, atendiendo a la realidad fáctica de los hechos, y a las propias manifestaciones de los expedientados en los expedientes de calificación territorial por los mismos promovidos (en nombre propio, o en calidad de administradores de la entidad por los mismos constituidas) para la legalización de las obras. Y es que nos encontramos con una finca vallada y delimitada (véase informe técnico de 23.9.11) que conforme con las propias declaraciones y documentos presentados por los interesados en expediente de CT, se ha conformado de la agrupación de fincas que se han ido adquiriendo de forma sucesiva (a nombre de Dña. Pilar García Brugos, o de la entidad Barrio García Brugos), que da cobijo a las obras que son objeto de este expediente, interconectadas entre sí, en unidad de uso, con el fin de implementar en el suelo un uso residencial y complementarios y accesorios. Las obras han sido promovidas, y disfrutan de las mismas, los expedientados, Dña. Pilar García Brugos y D. Ángel Barrio Domínguez, por sí o través de la entidad por los mismos constituida como socios únicos, y por ambos administrada de forma mancomunada hasta el 2005, que pasa a administrarse de forma única y solidaria por D. Ángel Barrio. Siendo la finca el domicilio social de la entidad por los mismos constituida desde de su constitución y en la actualidad y domicilio habitual de ambos.

Conviene significar que obras que reconoce haber ejecutado Dña. Pilar García Brugos hasta el 2007, se simultanean con las que se reconocen promovidas por la entidad Barrio García Patrimonial, S.L.

4.- Demolición. Deber de los propietarios del suelo de soportar demolición. Principio de subrogación real urbanística.

En cuanto al deber de soportar la demolición aquí ordenada por parte de los propietarios del suelo afectado por las obras (ilícitas) objeto del mismo, destacamos, que lo que se sostuvo en la propuesta de resolución formulada por el instructor, y que aquí se reitera, es que en virtud del principio de subrogación real urbanística (tradicionalmente consagrado en nuestro derecho urbanístico, y actualmente recogido en el artº. 19 del Texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio), y doctrina recogida en STS de 8 de noviembre de 1990, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª, las órdenes de demolición de obras ilegales dictadas para la protección de la legalidad urbanística, se convierten, en una especie de oblitgatio propter rem, cargas reales sobre la finca. Y así, los propietarios del suelo, sean o no los promotores y/o ejecutores de las obras ilegales ejecutadas en el mismo, deben soportar la demolición de las mismas ordenadas, y máximo en un suelo como el dado, rústico de protección natural, en el que la administración no tiene límite temporal para ordenar la demolición de las obras ilegales en el mismo detectadas, conforme a lo dispuesto en el artº. 180.2.b).1) del TRLOTC y ENC.

Conviene traer el fundamento de derecho tercero de la referida STS de 8 de noviembre de 1990, "... Tercero.- Nuestro ordenamiento jurídico mantiene la titularidad privada del suelo pero con una determinación pública del contenido del derecho de propiedad, de suerte que las facultades que lo integran las atribuye la ordenación urbanística en los términos que esta establece -artículos 76 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y 2º de la Ley 8/1990, de 25 de julio (RCL 1990/1550 y 1666), sobre Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del Suelo.- Así las cosas y en cuanto a dichas facultades, el cambio de propietario debe resultar intrascendente y el adquirente ha de quedar subrogado en la posición jurídica del transmitente -artº. 88 del Texto Refundido de la Ley del Suelo- , sin que para ello pueda ser obstáculo la protección derivada del Registro de la Propiedad -artículos 13 y 34-, planteando la cuestión en el terreno de la vulneración de la ordenación urbanística será necesario distinguir dos tipos de consecuencias: A) La restauración del orden jurídico perturbado con demolición, en lo que ahora importa, de lo indebidamente construido. En este terreno opera plenamente la subrogación declarada en el artº. 88 del Texto Refundido. B) La imposición de sanciones a los responsables. En este ámbito la virtualidad de los principios propios del Derecho Penal en el campo de las sanciones administrativas -sentencias de 26 de mayo de 1987 (RJ 1987/5850), de 22 de julio de 1988 (RJ 1988/6328), 20 de diciembre de 1989 (RJ 1989/9222), 12 de marzo, 3 de abril, 20 de junio, 3 de julio, 25 de septiembre y 31 de octubre de 1990 (RJ 1990/1959, RJ 1990/3578, RJ 1990/5218), etc., y más concretamente el principio de la personalidad de la pena dan lugar a que la responsabilidad haya de ser una consecuencia de la participación en los hechos constitutivos de la infracción.

Ha de entenderse por tanto que en el terreno sancionador no cabe la subrogación. Pero en el supuesto litigioso el acto administrativo recurrido es una orden de demolición que se encuadra típicamente en el ámbito de la restauración del orden jurídico perturbado y no en el campo de las sanciones de donde deriva la plena virtualidad de la subrogación prevista por el artº. 88 del Texto Refundido".

Por tanto en virtud de ese principio, y considerando la doctrina recogida en la citada sentencia, las órdenes de demolición de obras dictadas para la protección de la legalidad urbanística, deben ser soportadas por los propietarios del suelo, aun cuando no sean los promotores y/o ejecutores de las mismas, y máxime reiteramos, en un suelo como el tratado, rústico de protección natural, donde se fija la imprescriptibilidad de la acción administrativa de restablecimiento del orden jurídico perturbado [artº. 180.2.b).1 del TRLOTC y ENC], pudiendo la administración, en cualquier momento, sin sujeción a limitación temporal alguna, ordenar la demolición de obras ilegales y demás medidas necesarias para reponer a su estado originario la realidad física alterada por las mismas.

Sostiene D. Ángel Barrio Domínguez, en representación de la entidad Barrio García Patrimonial, S.L., que las parcelas que son propiedad de la entidad mandante (respecto de la que actúa como administrador único y solidario, no como mandatario, es decir, no consta actúe por mandato sino como administrador), no han sido transmitidas a la misma por Dña. Pilar García Brugos, reseñando que por este motivo no puede hablarse de subrogación de aquella (la entidad), en la posición jurídica de esta, Dña. Pilar García Brugos. Pero en el presente expediente lo que se viene a sostener, tal y como se ha expuesto, en strictu sensu, no es que queda subrogado en la posición jurídica del anterior propietario del suelo cuya titularidad actualmente ostenta frente a la administración (urbanística), sino, que en virtud de ese principio de subrogación real urbanística, y considerando doctrina expuesta en la mencionada sentencia, la propiedad ha de soportar las órdenes de demolición de las obras ilegales existentes en la misma.

Pero no puede dejar de destacarse que parcelas (que conforman la finca), la 43, 46 y 47 adquiridas por Dña. Pilar García Brugos, a título personal, posteriormente se inscriben en el catastro a nombre de la entidad Barrio García Patrimonial, S.L. (consta en expediente, véase informe técnico de fecha 23.9.11, y documentación en el mismo escaneada), así como que en los expedientes de calificación territorial promovidos por Dña. Pilar García Brugos en nombre propio (CT 20.582/01 y CT 44740/04), y por D. Ángel Barrio Domínguez, como administrador mancomunado de la entidad Barrio García Patrimonial, S.L. (CT 34480/04), conforme a manifestaciones y documentación presentada por los mismos (véase informe técnico de 23.9.11, que obra en el expediente), se identifica la finca objeto de las actuaciones tratadas como una única finca, reseñando, que se conforma de la agrupación de varias parcelas catastrales, unas, adquiridas por Dña. Pilar García Brugos y otras, por Barrio García Patrimonial, S.L. (informe técnico de 23.9.11), por lo que frente a la administración urbanística, por así decirlo, se identifica una sola finca, que se constituye de la agrupación de varias parcelas catastrales que se han ido adquiriendo, y a aquella (administración) a efectos de la ordenación del suelo, le resulta indiferente que la propiedad de las parcelas que constituyen la finca, sean de distintos propietarios, y resuelve los expedientes de calificaciones territoriales en la misma promovidos, considerando la totalidad de las obras en la finca autorizadas, a nombre de unos y otros. Como esta administración, en orden a la protección de la legalidad urbanística, debe ordenar la medida precisa para la protección de tal legalidad con cargo a los infractores, que los propietarios del suelo, unos u otros han de soportar, sin perjuicio de dar la debida audiencia a todos los que constan en el expediente, como propietarios del suelo afectado (finca), y titulares de derechos reales sobre la misma, tal y como se ha obrado. Y también sin perjuicio de las acciones civiles y de derecho privado, que ante la jurisdicción correspondiente, puedan suscitarse entre los propietarios del suelo, en orden a la protección y defensa de su propiedad, e indemnización por daños causados.

Pero en orden a incidir a que la finca es una unidad (vallada, delimitada, con las obras que se hallan en la misma en unidad de uso, véase IT de 23.9.11) destacamos que no solo es que la finca sea una, conforme a la documentación y manifestaciones expuestas por los propios interesados en expedientes de calificación territorial promovidos por los mismos, en nombre de Dña. Pilar García Burgos, o de la entidad Barrio García Patrimonial, S.L., para la legalización de las obras, y así considerada en los mismos, sino que es esa la realidad fáctica de los hechos, la finca está vallada y delimitada, y las obras objeto de este expediente incluidas en la misma están interconectadas en unidad de uso, con fin residencial y complementarios.

5.- Muro perimetral de la parcela.

Con respecto al muro perimetral de la parcela, tal como se reseña en informe técnico de 23 de septiembre de 2011 obrante en el expediente, que viene a corroborar anterior de 17 de junio de 2011, el mismo no tiene cobertura en la licencia urbanística de 1998, en cuanto no se incluye en el proyecto autorizado por la misma, verificada la correspondiente documentación municipal, haciendo constar "el muro de contención y cerramiento ejecutado al Norte de la parcela no se encuentra amparado por licencia para la rehabilitación de vivienda otorgada. No descrito específicamente en la memoria y sin planos de alzado y planta en el proyecto que lo definan, el muro ejecutado formaría parte de los no autorizados acondicionamiento de parcela y cerramiento perimetral, anclándose a él la puerta de acceso".

Y en cuanto a que está conforme con revestir el muro con piedra del lugar si la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural lo considera apropiado para cumplir con la ordenanza de aplicación, destacamos que en todo caso la autorización de tales obras, corresponde al Cabildo y Ayuntamiento correspondientes, que son las administraciones competentes para el otorgamiento de las preceptivas autorizaciones administrativas (calificación territorial y licencia urbanística -artículos 27, y en la actualidad 66 quinquies, 166 y 170 del TRLOTC y ENC-).

6.- Cuarto de unos 30 m2 anexo a la vivienda principal.

Por lo que se refiere al referido cuarto, tal y como se hace constar en el tan citado informe técnico de 23 de septiembre de 2011, no está amparado en la licencia urbanística de 1998 dada para la rehabilitación de la vivienda, y aun habiendo sido solo rehabilitado y no desmantelado y reconstruido (tal y como expone Dña. Pilar García Brugos), aquella rehabilitación debía estar precedida de los preceptivos títulos habilitantes y su ejecución sin contar con los mismos es constitutivo de infracción.

Conviene traer lo expresado en informe técnico de 23 de septiembre de 2011 al respecto: "El cuarto rehabilitado, de unos 30 m2 y cubierta plana, no se encuentra amparado por los títulos otorgados, SR 725/97 y LU 344/97. El proyecto aprobado con la favorable autorización de Suelo Rústico, con el que ineludiblemente debía corresponderse el autorizado con la licencia, confirma la preexistencia de otro cuarto de cubierta a un agua que debió ser desmantelado, como confirma su ausencia en el plano de reformado de cubiertas. Así mismo, ni el proyecto de ejecución de marzo-1998 ni el modificado de abril-2001 incluyen el cuarto rehabilitado ... y los planos del proyecto de julio-2002, presentado para legalización de la terraza de 15,7 m2, confirman la inexistencia del cuarto ... que fue rehabilitado entre enero-2002 y noviembre-2003 sin la cobertura legal ... aportada FA 22.1.02 y 13.11.03).

IV

De la documentación obrante en el presente expediente administrativo, se derivan los siguientes hechos probados:

- La ejecución de las obras de aljibe de unos 29 m2, muro de unos 20 m, almacén de unos 18 m2, terraza de unos 22,6 m2, cobertizo-garaje de unos 30 m2 con cubierta de teja, muro de contención de unos 60 ml x 2,5 de h, cuarto de unos 30 m2, cuadras de unos 150 m2, muros de contención de unos 25 ml x 1,5 h, picadero de unos 500 m2, pasillo hormigonado, bodega de unos 30 m2, cerramiento mixto c/muro de hormigón y mampostería, piscina, lavadero de unos 16 m2, terrazas de unos 50 y 20 m2, picadero de unos 60 m2, caseta de unos 4 m2, cobertizo de unos 10 m2 cubierto de teja, explanación de unos 300 m2 c/reconstrucción muros de contención, cobertizo de unos 15 m2, desmonte de unos 150 m2 y cobertizo de unos 10 m2, en el lugar denominado "Los Palmitos", en el término municipal de Arucas, en suelo rústico de protección natural especial, sin la cobertura formal de los preceptivos títulos habilitantes (calificación territorial y licencia urbanística).

Resultan responsables de tales hechos, en calidad de promotores, D. Ángel Barrio Domínguez y Dña. María Pilar García Brugos, de acuerdo con lo dispuesto en el artº. 189 del TRLOTC y ENC.

VIII

De conformidad con lo dispuesto en el artº. 179 del TRLOTC y ENC, dado que estamos en suelo rústico es necesaria calificación territorial y se carece de la misma, instada legalización para parte de las obras ha sido denegada, procede adoptar la siguiente medida de restablecimiento del orden jurídico perturbado:

- Ordenar a D. Ángel Barrio Domínguez y a Dña. María Pilar García Brugos, demoler y reponer a su estado originario la realidad física alterada por la totalidad de las obras objeto de este expediente, a tal efecto ha de requerirse a los expedientados para que en el plazo de un mes presenten, ante la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, el correspondiente proyecto de demolición-reposición, como primer trámite de ejecución voluntaria de lo ordenado, advirtiéndose que el incumplimiento de tal requerimiento, dará lugar, a que esta Agencia ejecutará subsidiariamente la orden de demolición y reposición, con cargo a los infractores, conforme a lo dispuesto en los artículos 95 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

De acuerdo con lo dispuesto en el artº. 188.2 del TRLOTC y ENC, en ningún caso podrá la Administración dejar de adoptar las medidas dirigidas a reponer los bienes afectados al estado anterior a la comisión de la infracción".

Conforme a la Disposición Adicional Octava de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo (BOC nº 89) "contra las resoluciones sancionadoras de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural que pongan fin a los procedimientos, y sin perjuicio del recurso de reposición ante su director ejecutivo, se podrán interponer recursos de alzada: 1) ante el Consejero del Gobierno competente por razón de la materia, cuando su importe sea inferior a 300.000 euros, 2) ante el Consejo de Gobierno, cuando su importe supere los 300.000 euros.

Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos."

Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de junio de 2012.- El Director Ejecutivo, Emiliano Coello Cabrera.

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