Habiéndose intentado la notificación a D. Juan Pedro González Brito, en la forma prevista en el artº. 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE nº 285, de 27.11.92), del trámite de vista y audiencia del correspondiente expediente de subvención prevista en el Decreto 12/1996, de 26 de enero, para la adquisición de vivienda de protección oficial de promoción pública perteneciente al Grupo "Francisco Afonso Carrillo", cuenta nº 130, del término municipal de Güímar, resultando la misma infructuosa, y siendo necesario notificarle dicho trámite, al ser parte interesada, conforme a lo previsto en el apartado 5 del citado artículo y en virtud de lo establecido en el artículo 11.1.B).f) del Decreto 152/2008, de 7 de julio, por el que se aprueban los Estatutos del Instituto Canario de la Vivienda, por medio del presente anuncio se hace pública dicha notificación en los siguientes términos:
Notificar, mediante la oportuna publicación en el Boletín Oficial de Canarias y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, a D. Juan Pedro González Brito, el trámite de vista y audiencia de fecha 16 de febrero de 2012, correspondiente al expediente de subvención que le ha sido instruido, que dice textualmente:
"Es de referencia el escrito de fecha 3 de junio de 1997 por el que solicita la subvención que establece el Decreto 12/1996, de 26 de enero, modificado por el Decreto 289/1996, de 22 de noviembre, para la adquisición de la vivienda del Grupo "Francisco Afonso Carrillo" en Güímar, cuenta nº 130.
El citado Decreto 289/1996, de 22 de noviembre, modifica el artículo 3 del Decreto 12/1996, de 26 de enero, indicando que los adjudicatarios de viviendas que desearan optar por el reconocimiento de la subvención, deberían solicitarlo a la Dirección General de Vivienda antes del día 31 de mayo de 1997.
Conforme a lo indicado, D. Juan Pedro González Brito ha presentado la solicitud fuera de plazo puesto que lo ha hecho el 3 de junio de 1997, siendo la fecha límite el 31 de mayo de 1997.
Visto lo anterior, en virtud de lo establecido en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dispone de un plazo de quince días, contado a partir del día siguiente al de su notificación, para que alegue lo que estime pertinente, presentando, en su caso, los documentos o justificaciones correspondientes."
Santa Cruz de Tenerife, a 22 de mayo de 2012.- La Secretaria, Pilar Herrera Rodríguez.
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