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BOC-A-2012-101-2634.
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Habiéndose intentado por esta Dirección General sin haberse podido practicar, la notificación de la Orden/Resolución en el expediente incoado con motivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y siendo precisa su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a los titulares de los establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Orden/Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.
2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.
Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de mayo de 2012.- La Directora General de Ordenación y Promoción Turística, Rita Enma Hernández Callero.
Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº 295/11 instruido a Christian Dick, titular de la explotación turística del establecimiento denominado "Escuela de Kitesurfschool Chris Dick".
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido al establecimiento y titular que se cita, iniciado por Resolución de la Directora General de Ordenación y Promoción Turística de 29 de noviembre de 2011.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES
1º) Por la Inspección de Turismo se realizaron las siguientes actuaciones: acta nº 26529, de fecha 26 de enero de 2011 con motivo de las siguientes denuncias/reclamaciones formuladas por: Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas y seguido contra la empresa expedientada Christian Dick titular del establecimiento Escuela de Kitesurfschool "Chris Dick".
2º) El 29 de noviembre de 2011 se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 295/11, formulándose los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secretario del procedimiento.
3º) Examinadas las razones esgrimidas por la representación de la empresa expedientada, el Instructor expuso los siguientes fundamentos:
No se desvirtúa el hecho imputado, ya que según consta en acta de inspección nº 26529, el Inspector actuante el día 9 de noviembre de 2010, comprobó que en la oficina situada en la zona del jardín en la vivienda nº 11 del complejo residencial Árboles Azules, se realiza la actividad de escuela de kitesurf, en este local así como en diferentes locales comerciales y establecimientos alojativos de la zona se ha comprobado que existe abundante publicidad de los cursos organizados por la escuela de kitesurf que dispone igualmente de una página web donde se anuncian y comercializan sus productos, www.chrisdick.de, en la zona ajardinada de la vivienda existe abundante material para la práctica del kite y del surf sin que acredite haber comunicado a la Dirección General competente en materia de Ordenación Turística, el inicio de la actividad de intermediación turística que viene realizando. Lo que constituye la infracción objeto del presente expediente sancionador, hecho que no ha sido desvirtuado por la titular expedientada, por lo que dicha constatación tiene valor probatorio, significándose que no se trata de un juicio subjetivo del propio Inspector, sino una comprobación objetiva, por lo que dicha actuación se ajusta a lo que se establece en el artículo 25 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, de conformidad con lo que se prevé en el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En este sentido, el artículo 2.a) del Decreto 89/2010, de 22 de julio, por el que se regula la actividad de intermediación turística, establece que la actividad de intermediación turística es la actividad empresarial de quienes se dedican comercialmente a la mediación en la venta y organización de servicios turísticos, pudiendo utilizar medios propios en su prestación. Por su parte, el apartado b) del mismo artículo, define al intermediador turístico como la persona física o jurídica cuya gestión empresarial incluye actividades de intermediación turística, en forma exclusiva o concurrente con otras actividades empresariales. Por lo que el titular expedientado incurre en responsabilidad administrativa al no haber comunicado el inicio de su actividad a la Dirección General competente en materia de ordenación turística, tal y como contempla el artículo 4 del citado Decreto 89/2010.
No se aprecia la indefensión alegada, puesto que pues el acta nº 26529, fue entregada el 26 de enero de 2011, día en que se personó en el establecimiento el Inspector actuante del Servicio de Inspección de la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística, habiéndose quedado con una copia D. Sebastian Marek Wlodarczyk, en calidad de amigo del titular, en cumplimiento de lo que se establece en el artº. 28 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo. En cuanto a la denuncia de la Guardia Civil de 2 de marzo de 2010, se recoge en la misma que se notifica verbalmente. En cualquier caso, con el presente acto se le adjunta fotocopia de dicha acta de inspección y denuncia.
No obstante lo anteriormente expuesto, a la hora de considerar la cuantía de la sanción, debe tenerse en cuenta la carencia de antecedentes del titular expedientado, comprobada mediante la consulta efectuada a los archivos correspondientes, la inexistente trascendencia social del hecho y la posición del infractor en el mercado, por lo que procede atenuar la sanción inicial.
A la hora de ponderar la sanción correspondiente al hecho infractor, se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que se regula en el artº. 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, así como los criterios previstos en el artº. 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias: la naturaleza de la infracción, la modalidad de la actividad, el carácter eminentemente turístico del municipio donde se desarrolla la misma, toda vez que la infracción es calificada como grave, fijándose la cuantía de la multa dentro de los intervalos establecidos en la Ley 7/1995, de 6 de abril, para sancionar las infracciones graves.
Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor del procedimiento con fecha 13 de febrero de 2012, formuló propuesta de sanción de multa en cuantía de cinco mil doscientos cincuenta y ocho (5.258,00) euros.
4º) No consta en el expediente que se hayan presentado alegaciones a la Propuesta de Resolución.
HECHOS PROBADOS:
Se considera probado, en virtud de las inspecciones y actuaciones referidas en los antecedentes, el siguiente hecho:
No haber comunicado previamente a la Administración turística competente, el inicio de la actividad de intermediación turística.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14.1.99), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (BOC nº 103, de 21 de agosto).
Segunda.- En la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera.- Las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta.- En el momento de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14.1.99), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, modificada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre (BOC nº 2, de 5.1.10), que se indicarán.
Quinta.- Debe estimarse la responsabilidad administrativa de la empresa expedientada en base al contenido del acta de inspección nº 26529, de 26 de enero de 2011, sin que al órgano Resolutorio, le conste, al dictar la presente Resolución, que el titular de la explotación turística del establecimiento consignado, haya presentado alegaciones ni aportado prueba alguna que desvirtúe la Propuesta de Resolución formulada por la Instructora del procedimiento, por lo que nos ratificamos en dicha Propuesta.
A la hora de ponderar la sanción correspondiente al hecho infractor, se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que se regula en el artº. 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, así como los criterios previstos en el artº. 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias: la naturaleza de la infracción, la modalidad de la actividad, el carácter eminentemente turístico del municipio donde se desarrolla la misma, toda vez que la infracción es calificada como grave, fijándose la cuantía de la multa dentro de los intervalos establecidos en la Ley 7/1995, de 6 de abril, para sancionar las infracciones graves.
Se constata en el presente expediente sancionador un error material, tratándose de una simple equivocación formal, procediendo en la presente Resolución a su subsanación, al amparo de lo dispuesto en el artículo 105.2 de la citada Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En la Propuesta de Resolución se advierte error material al consignar en la fundamentación de la misma como fecha de levantamiento del acta de inspección nº 26529, el 9 de noviembre de 2010, debiendo figurar 26 de enero de 2011.
Sexta.- El hecho imputado infringe lo preceptuado en las siguientes normas, viene tipificado como se indica:
Normas: artículos 4 y 8 del Decreto 89/2010, de 22 de julio, por el que se regula la actividad de intermediación turística (BOE nº 149, de 30 de julio).
Tipificación: artículo 75.2 de la Ley 14/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 2, de 5.1.10), en relación con el artículo 76.18 del mismo cuerpo legal.
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con el artº. 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril), y el artº. 16.2.r) del Decreto 27/2012, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Presidencia del Gobierno (BOC nº 75, de 17 de abril),
R E S U E L V O:
Imponer a "Christian Dick", con N.I.E. X6138306C, titular del establecimiento denominado "Escuela de Kitesurfschool Chris Dick" sanción de multa por cuantía total de 5.258,00 euros.
La presente Resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14.1.99), y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
En el caso de que el recurrente sea un representante y no se haya acreditado dicha representación, deberá aportar Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14.1.99).
Una vez firme la presente Resolución se procederá, en su caso, a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº. 17.7 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, en relación con el artº. 81.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, referente a la publicación de la sanción y anotación en el Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos.
Con excepción de los supuestos en que concurra el abono anticipado de las sanciones, transcurrido el plazo de interposición del recurso administrativo correspondiente sin que se hubiera interpuesto aquel, o desistido, se emitirá el instrumento cobratorio del importe de la sanción administrativa con mención del lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecho y los recursos procedentes, en razón de lo establecido en la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda, de 12 de julio de 2006, por la que se regulan determinadas actuaciones en relación a la recaudación de los derechos económicos de naturaleza pública exigidos por las diferentes Consejerías integrantes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.- Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de abril de 2012.- El Viceconsejero de Turismo, Ricardo Fernández de la Puente Armas.
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