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BOC Nº 093. Viernes 11 de Mayo de 2012 - 2433

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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Las Palmas de Gran Canaria

2433 EDICTO de 20 de mayo de 2011, relativo a la sentencia dictada en los autos de juicio ordinario nº 0001143/2009.

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D./Dña. Miguel Losarcos Gutiérrez, Secretario/a Judicial del Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Las Palmas de Gran Canaria y su Partido:

HACE SABER: que en este Juzgado se ha dictado sentencia en los autos que luego se dirá, cuyo encabezamiento y fallo tienen el siguiente tenor literal:

SENTENCIA

En Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de julio de 2010, el Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Las Palmas de Gran Canaria y su partido D. José Ramón García Aragón, habiendo visto los presentes autos de Juicio Ordinario 1143/2009 en el que han sido parte el/la Procurador Dña. Virginia Molina Sarmiento en nombre y representación de D. Antonio de Jesús Domínguez Rodríguez, Dña. Rufina Teresita Domínguez Rodríguez, Dña. Rosa Domínguez Rodríguez, Dña. Josefa Domínguez Rodríguez y Dña. Esther Teresa Domínguez Rodríguez, contra Dña. Virginia de los Dolores Marrero Domínguez, Dña. Dácil Correa Marrero y D. Miguel Correa Marrero, representados por la procuradora Dña. María del Carmen Quintero Hernández, Dña. Virginia Marrero Pulido (menor de edad), Natividad Fabiola Pulido Perdomo, D. Alejandro Marrero Saavedra, Tito Alejandro Marrero Domínguez, Dña. María Saavedra Rodríguez, Dña. Elena Marrero Saavedra (menor de edad) representados por la Procuradora D./Dña. Natalia Quevedo Hernández, Domingo-Juan Marrero Domínguez, representados por la Procuradora Dña. Ana María Melián de las Casas y contra D. Eduardo Domingo Marrero Jiménez en situación de rebeldía procesal.

ANTECEDENTES DE HECHO

Único.- En el curso del presente procedimiento se interpuso demanda por parte de el/la Procurador Dña. Virginia Molina Sarmiento mediante escrito de fecha 24 de julio de 2005 de marzo de 2009 admitido a trámite mediante Auto de fecha 20 de abril de 2009.

Tras la admisión a trámite de la demanda rectora del mismo se fueron presentando diversos escritos de allanamiento de los demandados en la forma y contenido que obra en los autos, salvo respecto del codemandado D. Eduardo Domínguez Marrero Jiménez, procediéndose a emplazar a las partes al acto de Audiencia Previa que se celebró el 13 de julio de 2010 con el contenido que obra en los autos en los que se interesa la aplicación del artº. 429.8 de la LEC quedando los autos vistos para resolver mediante resolución de fecha 22 de julio de 2010 a la vista del estado del procedimiento.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El allanamiento del demandado está previsto en el artº. 21 de la L.E.C. en el mismo la Ley establece que Cuando el demandado se allane a todas las pretensiones del actor, el tribunal dictará sentencia condenatoria de acuerdo con lo solicitado por este, pero si el allanamiento se hiciera en fraude de Ley o supusiera renuncia contra el interés general o perjuicio de tercero, se dictará auto rechazándolo y seguirá el proceso adelante.

De esta forma el Juzgador queda vinculado a dictar sentencia conforme al suplico de la demanda, salvo claro es, que el allanamiento suponga una renuncia contra el interés o el orden público en perjuicio de tercero. En el caso que nos ocupa tales extremos no se aprecian por lo que procede dictar una sentencia estimatoria de las pretensiones esgrimidas por el actor al tener las alegaciones de los demandados entidad suficiente como para entender que la voluntad de allanarse de los mismos supera el juicio de valoración del artº. 21 de la LEC.

Segundo.- En cuanto a la pretensión ejercitada contra el demandado rebelde se centra en la pretensión de la actora de que se condene a los demandados a elevar a escritura pública el documento privado de fecha 7 de junio de 1994 como herederos de D. Julio Nicolás y D. María Domínguez Rodríguez y de división horizontal y adjudicación del edificio sito en la calle Pardilla, número 4 de esta ciudad en la que se hará constar la descripción de la finca y las normas de régimen de propiedad horizontal que se recoge en el hecho quinto de la demanda -división en finca uno local planta primera o baja con cuota de participación de 32,08%, finca número dos vivienda planta segunda de edificio con cuota de 35,15% y finca número tres sita en la segunda planta del edilicio con una cuota de 32,76%- extremos que se desprenden del contenido del documento número 12 de la demanda realizado por el arquitecto D. Javier Alonso Rovira, condenando a realizar cuantos actos sean precisos y necesarios de otorgamiento y comparecencias fueran precisas para llevar a término lo anterior hasta la definitiva inscripción de las tres fincas con las que cuenta el edificio, siendo los gastos e impuestos pagados en proporción a lo que cada uno se adjudique y en caso de no ser así proceder a la ejecución judicial en la forma prevista legalmente respecto del título constitutivo del edifico sito en la calle Pardilla, número 4, finca registral 6505 del Registro número 4 de esta ciudad e inscripción de las nuevas fincas. Así mismo que se establezcan las normas de régimen interno de tal forma que el local no tendrá derecho de uso ni acceso a la azotea o a la caja de escalera, disponiendo del depósito de agua en el propio local sin que este participe en los gastos comunes del edificio salvo los que impliquen refuerzo de cimentación, estructura, redes comunes de las instalaciones, de la fachada e impermeabilización de la cubierta (incluida el patio). Los cuartos y dependencias de la azotea pertenecen a las fincas dos y tres, pudiendo repartirse su uso o propiedad en la forma que convengan, haciéndolos anejos a la propiedad de las viviendas en la proporción que se acuerde, sin que ello implique alterar las cuotas y sin que tenga que intervenir el propietario de la finca número uno en la escritura de modificación del título constitutivo de la propiedad horizontal, pudiendo intervenir sólo los propietarios de las fincas dos y tres, manteniéndose la situación posesoria actual hasta que pueda haber acuerdo en el reparto.

Del contenido de la exhaustiva documentación se constataba el acuerdo privado de los herederos reflejado en el documento privado de fecha 7 de junio de 1994 por parte de los herederos de D. Julio Nicolás y Dña. María Domínguez Rodríguez y más concretamente respecto de la finca sita en la calle Pardilla, número 4, finca registral 6505 del Registro número 4 de esta ciudad que debe de ser objeto de partición y adjudicación previa división horizontal y fijación del régimen interno.

Tercero.- E1 origen de la reclamación se encuentra en la doctrina jurisprudencial consolidada que si bien el artículo 1056 del CC ( LEC; 1889\27), como viene expresamente analizado en las SSTS 22 febrero 1997 (RJ 1997\1191) y 19 junio 1997 (RJ 1997\5424), da prioridad a la partición hecha por el testador y la de los contadores-partidores, sin embargo proclama una decidida libertad jurídica en cuanto autoriza a los herederos mayores de edad, que tuvieren la libre administración de sus bienes, a llevar a cabo la distribución de la herencia de la manera que tengan por conveniente, sin limitaciones ni condiciones, salvo las que hacen ineficaces los negocios jurídicos sucesorios y con los efectos que atribuye el artículo 1069 del CC ( LEG 1889\27) en relación con el artº. 1058 del CC en relación con el 1051 del mismo cuerpo legal.

Esta facultad divisoria es tan amplia que permite a los coherederos realizar actos particionales más allá de los propios divisorios y de lo dispuesto por el causante, con lo que se trata más bien de actos de disposición que de partición. La naturaleza de este hecho -dar ejecución a la distribución del caudal hereditario-, es de relación contractual, al surgir del acuerdo unánime de las voluntades de los interesados, que se perfecciona con la concurrencia de los requisitos del artículo 1261 del CC, al acomodarse a sus intereses [SSTS 3 enero 1962 , 25 febrero y 21 mayo 1966, 18 febrero 1967, y 8 febrero ( RJ 1996\864 y 12 noviembre 1996 (RJ 1996\7920)], sin que sea necesario que afecte a todos los bienes, pues puede proyectarse sobre parte de los mismos subsistiendo una comunidad hereditaria sobre los restantes o llevarse a cabo la definitiva en su momento, que tendrá en cuenta la parcial precedente, y esta tiene acceso al Registro de la Propiedad, conforme al artículo 14 de la LH (RCL 1946\886) y 80 de su Reglamento (RCL 1947\476, 642). La validez de la partición convencional, incluso su primacía, viene reconocida en otras sentencias del TS, como las de 2 marzo 1934 , 7 noviembre 1935, 30 abril 1944, 21 octubre 1958 y 28 enero 1964. El consentimiento que prestan los herederos no necesariamente tiene que ser expreso, sino que puede ser también tácito, como ha precisado el TS en su sentencia de 18 febrero 1987 (RJ 1987\715), entendiéndose que hay consentimiento cuando se realizan ciertos actos llamados concluyentes que incluso puede serlo el silencio, no importando la forma, siempre que sean claros e inequívocos. De acuerdo con esta doctrina jurisprudencial, la partición además de poder ser convencional, teniendo un carácter prevalente, puede ser también parcial, previo acuerdo unánime mediante consentimiento de todos los coherederos de forma expresa o tácita.

En el caso que nos ocupa el documento aportado a los autos y rector de la presente demanda, que no ha sido objeto de impugnación y por ende con plenos efectos probatorios conforme al artº. 326 de la LEC, permite acoger estos extremos de la demanda respecto del demandado rebelde al amparo del artº. 1279 del CC y la obligación de condenar a elevar a escritura pública así como a realizar cuantos actos sean precisos y necesarios de otorgamiento y comparecencias fueran precisas para llevar a término lo anterior hasta la definitiva inscripción de las tres fincas con las que cuenta el edificio lo que también obliga a que se proceda a la práctica de la oportuna división horizontal que ha sido aportada por la demandante conforme al contenido del documento número 12 de la demanda que tampoco ha sido objeto de impugnación y por tanto con efectos del artº. 326 de la LEC así como de las normas de régimen interno que tampoco han sido desvirtuadas de contrario.

Así se constata como la actora ha acreditado los extremos de su pretensión mientras que el demandado no ha acreditado elementos obstativos que logren desvirtuar la prueba practicada por la actora, correspondiendo al actor, tan solo, la probanza de los hechos en que fundamente su demanda, tal y como ha llevado a cabo mediante la pericial aportada junto con la demanda.

Cuarto.- En cuanto a las costas procesales es preciso diferenciar:

- En los casos de allanamiento el artº. 395 de la L.E.C. establece que Si el demandado se allanare a la demanda antes de contestarla, no procederá la imposición de costas salvo que el tribunal, razonándolo debidamente, aprecie mala fe en el demandado. Se entenderá que, en todo caso, existe mala fe, si antes de presentada la demanda se hubiese formulado al demandado requerimiento fehaciente y justificado de pago, o si se hubiera dirigido contra él demanda de conciliación.

En cuanto a la existencia de mala fe en el demandado, extremo que permite la imposición de las costas al demandado, la S.A. Provincial de Santa Cruz de Tenerife 979/2000, de 9 de diciembre, establece que el principio general de no imponer las costas al demandado que facilita el éxito de la acción mediante la aceptación expresa de sus pedimentos, establece la salvedad de que el Juez, razonándolo debidamente, aprecie mala fe en el mismo. Dicha situación ha sido reiteradamente entendida por esta Audiencia y por la mayoría de los Tribunales en el sentido de que para comprobar la mala fe se exige verificar si el allanado estuvo siempre dispuesto a cumplir su obligación y el planteamiento del proceso responde a una actitud precipitada del actor que no insistió o recordó su deuda a la demandada antes de iniciar el proceso, o si por el contrario, el demandante se vio abocado necesariamente a acudir a los Tribunales a satisfacer su derecho ante la actitud morosa, rebelde o negligente del demandado, valorándose para ello, las circunstancias concurrentes en cada caso concreto y muy especialmente, entre otras cosas, la existencia de previos requerimientos extrajudiciales por parte de aquel. En igual sentido se expresa la Ley de Enjuiciamiento Civil de 7 de enero de 2000 (RCL 2000\34 y 962) que en su artículo 395 regula la condena en costas en caso de allanamiento, si bien recoge ya como disposición legal el criterio interpretativo antes expuesto en el sentido de determinar que "Se entenderá que, en todo caso, existe mala fe, si antes de presentada la demanda se hubiere formulado por el demandado requerimiento fehaciente y justificado de pago, o si se hubiere dirigido contra él demanda de conciliación", dejando, por tanto, al arbitrio judicial la resolución de los otros casos en los que no hay requerimiento o conciliación previas, en los que, de nuevo, a tenor de las circunstancias del caso, se habrá de decidir si ha habido o no mala fe.

Como se ve la regla general resulta ser la no imposición de costas en tanto que el allanamiento se produzca en un momento procesal concreto, siendo la excepción la imposición de las mismas.

Pues bien del caso que nos ocupa, revisadas las actuaciones, y a pesar de que constan allanamientos de fecha posterior a la contestación de la demanda no es posible su condena a las partes que se han allanado dado la renuncia que consta en la demanda a ellas por parte del actor por lo que no procede realizar pronunciamiento alguno al respecto.

- En cuanto a las costas del demandado rebelde a la vista de las serias dudas de hecho procedentes de las relaciones intersubjetivas entre las partes, las relaciones familiares entre ellas y de los avatares que se han producido no procede realizar pronunciamiento alguno al respecto conforme a lo dispuesto en el artº. 394.1 de la LEC.

FALLO

Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por el/la Procurador Dña. Virginia Molina Sarmiento en nombre y representación de D. Antonio de Jesús Domínguez Rodríguez, Dña. Rufina Teresita Domínguez Rodríguez, Dña. Rosa Domínguez Rodríguez, Dña. Josefa Domínguez Rodríguez y Dña. Esther Teresa Domínguez Rodríguez contra Dña. Virginia de los Dolores Marrero Domínguez, Dña. Dácil Correa Marrero y D. Miguel Correa Marrero, representados por la procuradora Dña. María Carmen Quintero Hernández, Dña. Virginia Marrero Pulido (menor de edad), Natividad Fabiola Pulido Perdomo, Alejandro Marrero Saavedra representados por la Procuradora D./Dña. María del Carmen Quintero Hernández, Tito Alejandro Marrero Domínguez, Dña. María Saavedra Rodríguez, Dña. Elena Marrero Saavedra (menor de edad), representados por la Procuradora D./Dña. Natalia Quevedo Hernández, Domingo-Juan Marrero Domínguez, representados por el Procurador D./Dña. Ana María Melián de las Casas y contra D. Eduardo Domingo Marrero Jiménez en situación de rebeldía procesal y por ello debo condenar y condeno a los demandados a elevar a escritura pública el documento privado de fecha 7 de junio de 1994 como herederos de D. Julio Nicolás y Dña. María Domínguez Rodríguez y de división horizontal y adjudicación del edificio sito en la calle Pardilla número 4 de esta ciudad en la que se hará constar la descripción de la finca y las normas de régimen de propiedad horizontal que se recoge en el hecho quinto de la demanda -división en finca uno local planta primera o baja con cuota de participación de 32,08%, finca número dos vivienda planta segunda de edilicio con cuota de 35,15% y finca número tres sita en la segunda planta del edificio con una cuota de 32,76%- por remisión al contenido del documento número 12 de la demanda realizado por el arquitecto D. Javier Alonso Rovira al que esta resolución se remite, condenando a realizar cuantos actos sean precisos y necesarios de otorgamiento y comparecencias fueran precisas para llevar a término lo anterior hasta la definitiva inscripción de las tres fincas con las que cuenta el edificio, siendo los gastos e impuestos pagados en proporción a lo que cada uno se adjudique y en caso de no ser así proceder a la ejecución judicial en la forma prevista legalmente siendo las bases de cálculo los honorarios de Notario, Registro e impuesto de Trasmisiones Patrimoniales y actos jurídicos documentados en proporción a las adjudicaciones, todo ello respecto del título constitutivo del edificio sito en la calle Pardilla número 4, finca registral 6505 del Registro número 4 de esta ciudad e inscripción de las nuevas fincas. Así mismo que se establezcan las normas de régimen interno que se contiene en el Fundamento Jurídico Segundo bajo este epígrafe.

Todo ello sin que proceda condena en costas a ninguna de las partes.

Notifíquese a las partes la presente resolución haciéndoles saber que esta resolución no es firme y contra ella podrá interponerse recurso de apelación que se tendrá por preparado ante este juzgado en plazo de cinco días a partir del día siguiente al de la notificación de la presente resolución, debiendo en todo caso la parte que cumplir lo dispuesto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la LO 1/2009, de 3 de noviembre, conforme a lo apartados 2, 3.b) respecto del depósito para recurrir en los términos y con las prevenciones contenidas en los apartados 6 y ss de la referida disposición.

Así lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior resolución por el Juez que la dictó estando celebrando audiencia pública el mismo día de su fecha. Doy fe.

Y para que sirva de notificación al demandado en paradero desconocido D./Dña. Eduardo Domingo Marrero Jiménez, expido y libro el presente en Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de mayo de 2011.- El/la Secretario Judicial.

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