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BOC-A-2012-049-1273. Firma electrónica
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No habiéndose podido notificar a Dña. María Aránzazu Alquegui Mendoza y D. Pedro Tomás Ramos Pando en la forma prevista en el artº. 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE nº 285, de 27.11.92) la Resolución de fecha 6 de febrero de 2009 relativa a la solicitud del reconocimiento de ampliación del período de subsidiación de las cuotas de amortización de capital e intereses del préstamo cualificado al amparo del expediente de V.P.O. 35-1RM-016/01-16, tramitado en este Instituto y siendo necesario notificar dicho acto, al ser parte interesada, conforme a lo previsto en el apartado 5º del citado artículo,
ANUNCIO
Notificar a Dña. María Aránzazu Alquegui Mendoza y D. Pedro Tomás Ramos Pando, la notificación de Resolución de fecha 6 de febrero de 2009 de reconocimiento de ampliación del período de subsidiación de las cuotas de amortización de capital e intereses del préstamo cualificado, en el que se señala lo siguiente:
R E S U E L V O:
Conceder a Dña. María Aránzazu Alquegui Mendoza y D. Pedro Tomás Ramos Pando, la ampliación del período de subsidiación de las cuotas de amortización de capital e intereses del préstamo cualificado por un período de cinco años contados a partir del 6 de noviembre de 2008, de forma que la nueva subsidiación aplicable durante dicho período sea de 5% debiendo presentar en la Entidad financiera correspondiente este documento.
Este acto agota la vía administrativa. Contra el mismo cabe deducir recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de dos meses a partir del día siguiente de su notificación o, potestativamente, recurso de reposición ante el Excmo. Sr. Presidente del Instituto Canario de la Vivienda, en el plazo de un mes, desde el siguiente a la mencionada notificación, según establecen los artículos 110, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de febrero de 2012.- La Secretaria, Pilar Herrera Rodríguez.
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