Providencia de 8 de febrero de 2012, del Jefe del Servicio Administrativo de Movilidad relativa a la Resolución del Sr. Coordinador del Área de Movilidad y Seguridad de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, de fecha 21 de mayo de 2010, resolutoria de recurso de revisión planteado en expediente sancionador de transportes nº TF-41797-O-2009.
Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 59, apartado 5º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, sobre notificación al interesado intentada y no practicada,
D I S P O N G O:
Notificar al recurrente que se cita la Resolución del Sr. Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife de fecha 21 de mayo de 2010, estimatoria del recurso de revisión planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-41797-O-2009.
Contra esta Resolución, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.
"Visto escrito presentado por D. Serafín Garrido, en nombre y representación de la entidad mercantil: Millenium Pavimentos de Hormigón, S.L., por el que se interpone recurso de alzada contra la resolución dictada por el Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad de fecha: 21 de mayo de 2010 recaída en el expediente de referencia, y,
Resultando: que con fecha y hora: 13 de noviembre de 2009, 10:30, por agente de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil se formuló denuncia contra el vehículo matrícula: 0606-DSH, del que es titular: Millenium Pavimentos de Hormigón, S.L. por: transportar 1500 kg de un producto con nombre comercial Sigunita 126R, clasificada como materia peligrosa. Con número de ONU 3266, esta mercancía es transportada en un G.R.G. No llevar a bordo del vehículo los documentos de transporte o acompañamiento o no indicar en ellos la mercancía peligrosa transportada. Carece de carta de porte, así como de cualquier documento que acompaña la carga.
Resultando: que el día: 26 de abril de 2010 se publicó la resolución de iniciación del expediente sancionador de transportes nº TF-41797-O-2009 en el Boletín Oficial de Canarias nº 2010/80.
Resultando: Que por el expedientado no se presentó descargo alguno en defensa de sus intereses.
Resultando: que por el Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad se dictó resolución, que ahora se impugna, de fecha: 21 de mayo de 2010 que venía a sancionar a: Millenium Pavimentos de Hormigón, S.L. con multa que ascendía a: 2.001,00 euros, por infracción de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, artº.140.25.4; ADR 8.1.2.1.a) y 5.4.1 y en base al artículo artº.143.1.g) LOTT.
Notificándose la citada resolución en fecha: 21 de junio de 2010.
Resultando: que con fecha: 10 de agosto de 2010, D. Serafín Garrido, en nombre y representación de: Millenium Pavimentos de Hormigón, S.L. interpuso recurso de alzada, en súplica de que se deje sin efecto la Resolución y sanción impuesta, alegando, en síntesis, que: la resolución que se impugna se ha dictado prescindiendo del procedimiento legal establecido, al no haberse instruido con arreglo a las normas previstas en el Reglamento Sancionador, máxime cuando se ha prescindido del trámite de audiencia. Que la presente resolución estima probada la comisión de la infracción que dio origen al presente expediente sancionador, en base sólo a las pruebas que obran en el mismo y sin que las mismas puedan considerarse elementos determinantes para su resolución. Que la resolución así adoptada la consideran lesiva e injusta, dicho sea en términos de estricta defensa, ya que la misma quiebra el principio de legalidad material, tal y como se acredita con las siguientes consideraciones jurídicas. 1.- Vulneración del principio de presunción de inocencia: en el ámbito del ordenamiento vial es indiscutible la aplicación del principio constitucional de presunción de inocencia, cuya expresión viene recogida expresamente en el artículo 137 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y reiterado por nuestros Tribunales al indicar que: "la presunción de inocencia ha de operar plenamente en el ámbito de la potestad sancionadora de la Administración, por aplicación de los principios generales (sentencia del Tribunal Supremo de 26.12.90, entre otras), el ejercicio de la potestad sancionadora exige que la Administración tenga la carga de acreditar los hechos constitutivos de la infracción, sin que quepan juicios y opiniones subjetivas. En el presente caso, no existen pruebas que determinen la culpabilidad del exponente, por cuanto no existen más datos que los consignados en la denuncia, y que demostrarán la existencia fehaciente de la falta que se dice cometida. Como ya ha declarado nuestra jurisprudencia, "el principio de presunción de inocencia desplaza la carga de la prueba a la Administración y el relato de los hechos no conlleva presunción de veracidad (sen. 21.5.87) y debe ser corroborado por los medios de prueba" (sen. 16.9.88). No puede olvidarse que toda sanción, ya sea penal o administrativa, debe estar sustentada en una actividad probatoria de cargo o incriminatoria de la conducta ilícita reprochada, de forma que el derecho queda lesionado cuando la condena no se fundamenta en dicha previa actividad probatoria. En este sentido se pronunció la Sala III, secc 8ª en su sentencia de 14 de septiembre de 1990 que considera que: "cuando la denuncia sobre los hechos denunciados es formulada por un agente de la autoridad encargado del servicio, la presunción de veracidad y legalidad que acompaña a todo obrar de los órganos administrativos y, de sus agentes, es un principio que debe acatarse y defenderse ya que constituye esencial garantía de una acción administrativa eficaz, sin que ello quiera decir, en coordinación con el principio constitucional de presunción de inocencia, que los hechos por un agente se considerarán intangibles, ya que la realidad de los mismos, puede quedar desvirtuada mediante la adecuada prueba en contrario o aún por la ausencia de toda otra prueba". Así pues, en el presente caso no se han valorado debidamente las pruebas justificativas de la resolución impugnada, incumpliéndose, de este modo, lo dispuesto en el artículo 17.3 del R.P., al no tenerse en cuenta las pruebas practicadas de oficio que obran en el expediente sancionador, confrontadas a las alegaciones formuladas por el exponente. Es por ello que en este caso, resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 137.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como lo dispuesto en el artículo 17 del vigente Reglamento Sancionador, según los cuales, la Administración debe proceder a recabar a los agentes informe al respecto, para la mejor determinación de los hechos y las circunstancias relevantes a tener en cuenta en la resolución de este procedimiento sancionador, cumpliendo de este modo con lo dispuesto en el artículo 18 del mismo texto R.P. informe que deberá ser remitido a ese exponente en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 85.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que literalmente establece: "Los actos de instrucción que requieran la intervención de los interesados habrán de practicarse en la forma que resulte más cómoda para ellos y sea compatible, en la medida de lo posible con sus obligaciones laborales o profesionales", solicitan, por consiguiente, que les sea remitida copia del informe del agente denunciante. En la sanción que se pretende imponer no se ha tenido en cuenta la normativa vigente en la materia, y en particular, el principio de proporcionalidad de la sanción previsto en el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo, dado que en el presente caso no consta que este recurrente haya cometido infracciones similares en otras ocasiones, y la escasa repercusión social de los hechos sancionados, no parece justificado imponer la sanción en la cuantía propuesta, debiendo aplicarse el principio de proporcionalidad y, en consecuencia, reducirse la cuantía de la sanción en los términos anteriormente expresados, al concurrir los supuestos previstos en el artículo 202.3 del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, y ello, por cuanto el respeto al principio de proporcionalidad se satisface en primer término, a través de la motivación de la responsabilidad de la sanción impuesta. No basta que el órgano resolutor se limite a remitirse a los criterios de la ley, debe también razonar en qué medida operan cada uno de ellos en el caso para la determinación de la graduación adecuadamente proporcionada, como recoge la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, en su sentencia nº 492.
Considerando: que el recurso de alzada ha sido presentado fuera del plazo legalmente previsto en el artículo 115.1 Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que establece el plazo de un mes. Ya que notificada la resolución sancionadora dictada por el Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad en fecha: 21 de junio de 2010, según consta en acuse de recibo firmado, el recurso de alzada ha sido interpuesto en fecha: 10 de agosto de 2010, transcurriendo en exceso el plazo otorgado: deviniendo, en consecuencia firme e inimpugnable la resolución recurrida.
Por la presente, vistos los preceptos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación, en base a lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido en los artículos 6.1.R) y 61.2 del Reglamento Orgánico de esta Corporación Insular, vengo en inadmitir el recurso de alzada interpuesto por: D. Serafín Garrido, en nombre y representación de la entidad mercantil: Millenium Pavimentos de Hormigón, S.L. por interposición fuera del plazo legalmente previsto, confirmando la Resolución del Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad, de fecha 21 de mayo de 2010, que determinó la imposición de una sanción de: dos mil uno (2.001,00) euros, manteniéndose, en consecuencia, en todos sus pronunciamientos."
Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo".
La cuantía de la sanción deberá ser ingresada mediante el documento de pago, que se adjunta, por los medios de pago y dentro del período que se establece en el mismo, de conformidad con el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Si el interesado no efectúa el pago al vencimiento del plazo otorgado, se procederá a su cobro por vía de apremio, con el recargo correspondiente, y en su caso, los intereses de demora, de conformidad con el artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria".
Lo que se notifica, advirtiendo que contra la anterior Resolución cabe interponer el recurso indicado en el mismo.
Santa Cruz de Tenerife, a 20 de febrero de 2012.- El Jefe de Servicio, Pedro Luis Campos Albarrán.
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