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BOC Nº 039. Viernes 24 de Febrero de 2012 - 1007

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V. ANUNCIOS - Administración Local - Cabildo Insular de Tenerife

1007 ANUNCIO de 20 de febrero de 2012, sobre notificación de Resolución de 21 de julio de 2010, por la que se resuelve el recurso de revisión planteado en el expediente sancionador de transportes nº 40546-O-2010.

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BOC-A-2012-039-1007. Firma electrónica-Descargar

Providencia de 8 de febrero de 2012 del Jefe del Servicio Administrativo de Movilidad relativa a la Resolución del Sr. Coordinador del Área de Movilidad y Seguridad de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, de fecha 21 de julio de 2010, resolutoria de recurso de revisión planteado en expediente sancionador de transportes número TF-40546-O-2010.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 59, apartado 5º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, sobre notificación al interesado intentada y no practicada,

D I S P O N G O:

Notificar al recurrente que se cita la Resolución del Sr. Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife de fecha 21 de julio de 2010, estimatoria del recurso de revisión planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-40546-O-2010.

Contra esta Resolución, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

"Visto escrito presentado por D. Carmelo García González, en nombre y representación de la entidad mercantil: Estructuras de Madera de Tenerife, S.L.U., por el que se interpone recurso de alzada contra la resolución dictada por el Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad de fecha: 21 de julio de 2010 recaída en el expediente de referencia, y,

Resultando: que con fecha y hora: 24 de febrero de 2010, 8:14, por agente de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil se formuló denuncia contra el vehículo matrícula: 7504-DKG, del que es titular: Zamorano y Pestana, S.L., por circular con barras de acero, desde Santa Cruz hasta Candelaria realizando un servicio público de transporte por parte del titular al cargador amparando en una tarjeta MPC caducada.

Resultando: que el día 16 de junio de 2010 se notificó al interesado la citada denuncia y la resolución de incoación del expediente sancionador nº TF-40546-O-2010.

Resultando: que por el expedientado no se presentó descargo alguno en defensa de sus intereses.

Resultando: que por el Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad se dictó resolución, que ahora se impugna, de fecha: 21 de julio de 2010 que venía a sancionar a: entidad mercantil: Estructuras de Madera de Tenerife, S.L.U. con multa que ascendía a: 1.501,00 euros, por infracción de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, artº. 12.a), 60.1 y 105.30 en relación con el artº. 104.1.9 LOTCC; artº. 41, 109 y 198.31 en relación con el artº. 197.1.9 ROTT; Decreto 6/2002 y en base al artículo artº. 108.f) LOTCC y artº. 201.1.f) ROTT.

Resultando: que el día: 7 de septiembre de 2010 se publicó la resolución sancionadora del expediente sancionador de transportes nº TF-40546-O-2010 en el Boletín Oficial de Canarias nº 2010/176.

Resultando: que con fecha 7 de octubre de 2010, D. Carmelo García González, en nombre y representación de: entidad mercantil: Estructuras de Madera de Tenerife, S.L.U. interpuso recurso de alzada, en súplica de que se deje sin efecto la Resolución y sanción impuesta, alegando, en síntesis, que: niega los hechos imputados, en base al artículo 24 de la Constitución, estando por tanto, bajo dicha presunción, por lo que, hasta que no se resuelva el presente expediente no se le puede imputar la comisión de infracción alguna. Que la presente resolución recurrida es nula de pleno derecho, ya que el procedimiento administrativo de este expediente está caducado y procede el archivo de las actuaciones; citando a tal fin los artículos 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 205.1 del Real Decreto 1225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, y las sentencias del Tribunal Supremo de 15 de noviembre de 2000, 23 de mayo de 2001, 17 de noviembre de 2003 y 4 de junio de 2004, donde se sienta la doctrina relativa al "díes a quo", estableciendo que el día inicial para computar el plazo de caducidad es el día en el que supuestamente se cometió la infracción, esto es, el día de la denuncia, ya que materialmente, puede hablarse de inicio del procedimiento, porque concurren todos los elementos objetivos y subjetivos de una denuncia debidamente formulada, conociéndose en ese momento la identidad de la persona supuestamente infractora. Esta doctrina aplicable a la materia de tráfico, es aplicable también en materia de transportes, ya que en las denuncias efectuadas por los agentes se hace constar una sucinta exposición de los hechos, matrícula del vehículo, circunstancias y datos que contribuyen a determinar el tipo de infracción y lugar, fecha, y hora de la misma, lo que permite hablar de la existencia material del procedimiento. Así, desde la fecha de inicio del expediente (de la denuncia) hasta que se recibe la presente notificación de la resolución de expediente de sanción, ha transcurrido más de un año, de conformidad con el artículo 146.2 de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y no existiendo causas de suspensión imputables a la persona denunciada, es por lo que el procedimiento ha caducado. También, conforme al artículo 33 de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, si el conductor del vehículo sancionado en el momento de ser denunciado tiene la consideración de representante legal de la empresa, también puede entenderse por ello, iniciado el expediente sancionador. Son varios los juzgados de lo contencioso-administrativo que han seguido el criterio establecido por el T.S. acerca de que el día inicial "dies a quo" para computar el plazo de caducidad, es el día en que se cometió la infracción, entre otras: sentencia nº 178/2003, de 20 de octubre de 2003 del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 20 de Madrid, sentencia nº 181/2003, de 9 de octubre de 2003 del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 1 de Madrid, sentencia nº 188/2003, de 19 de septiembre de 2003 del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 1 de Jaén, sentencia nº 155/2003, de 30 de junio de 2003 del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 1 de Pontevedra, sentencia nº 92/2003, de 11 de abril de 2003 del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 1 de Jaén, sentencia nº 36/2003, de 26 de marzo de 2003 del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 1 de Pontevedra, sentencia nº 31/2003, de 25 de febrero de 2003 del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 1 de Jerez de la Frontera. También se ha seguido el mismo criterio por el Gobierno de Cantabria en los siguientes expedientes: S6215O01 S6915O01 S6320O01 S6792O01 S6792O01 S5885O01, entre otros.

Que ha recibido la resolución sancionadora sin que, previamente, se haya tramitado una fase de instrucción en la que le fuera notificada una denuncia, en base a la que optar a su legítimo derecho a proponer la práctica de pruebas y alegaciones que considera imprescindibles para su defensa y que, culmine, en su caso, con una propuesta de resolución, tal como indican los artículos 13.2 del Real Decreto 320/1994, y el 18 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora. Por ello, ante la falta de la fase instructora, convierten en nulo el expediente conforme al artículo 62.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Esta forma de proceder por la Administración, vulnera los principios del procedimiento sancionador: artículo 135 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, citando el artículo 24 de la Constitución Española y la sentencia del Tribunal Supremo 30 de marzo de 1988. Que la publicación aparecida en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma que realiza este órgano instructor en el expediente administrativo es válida en cuanto a la forma o práctica de notificar un acto administrativo (conforme a lo dispuesto en los artículos 59.1 y 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), sin embargo, su contenido es nulo de pleno derecho [artº. 62.1.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común], ya que esta notificación no contiene todos los datos necesarios y obligatorios que deben indicarse en las denuncias por hechos cometidos en el transporte en carretera, lesionando el derecho de defensa consagrado en el artículo 24 de la Constitución Española. En la publicación no aparece la fecha de infracción, dato fundamental para poder ejercer correctamente el derecho de defensa pertinente. Citando a este respecto el artículo 207.1 del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y el artículo 13.1 de la Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora y los artículos 35, 135, 60.2 y 58.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Que al amparo de los artículos 31.1.b), 35.h) y 37.1 y 8 de la mencionada ley procedimental, solicita le sea remitida notificación de los hechos que se imputan, conteniendo todos los datos necesarios y obligatorios en las denuncias por "hechos a la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres" (fecha, lugar, hora, matrícula del vehículo sancionado y relación de los hechos), mediante cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, identidad y contenido del acto notificado, a fin de poder ejercer el derecho de defensa y además, se expida y remita copia testimonio literal de todo lo actuado en dicho expediente. Citando el fundamento tercero de la sentencia del Tribunal Constitucional 54/2003, de 24 de marzo.

Solicita la suspensión de la ejecución del acto recurrido, conforme al artículo 111 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que afectará no sólo a este recurso y vía administrativa subsiguiente, sino a la vía jurisdiccional, si esta llegara a iniciarse, entendiéndose que si transcurrido un plazo de treinta días sin contestar se entenderá concedida.

Que no le han remitido todas las pruebas acreditativas del hecho denunciado (informe del agente denunciante). En todo expediente sancionador, tanto el informe del agente, como cualquier otro documento probatorio referido al hecho denunciado son documentos importantes porque son pruebas necesarias para dar por probado el mismo, y, por tanto, no pueden presentar las alegaciones más convenientes a su defensa, produciéndose un grave estado de indefensión jurídica, contrario al artículo 24 de la Constitución Española. Corresponde a la propia Administración la carga de la prueba, artículo 212 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, por ello, considera que el hecho imputado no ha quedado suficientemente probado por el órgano instructor del expediente sancionador, al no poner de manifiesto a la parte recurrente el informe del agente denunciante. Ante ello se plantea un problema de valoración de la prueba que no puede resolverse sino en beneficio del denunciado, a quien la asiste el derecho fundamental de ser presumido inocente, según el artículo 24.2 de la Constitución Española, puesto que no hay más elemento de cargo contra el que el mero boletín de denuncia, que no consta que haya sido realmente ratificado por el agente denunciante en el expediente administrativo. De este modo la Comunidad de Madrid estimó los recursos de alzada correspondientes a los expedientes a: 06BD0569402004, 06BD0884612004, 06BD08331622004, 06BD0401442005, 06BD0673852005, 06BD04078220005, 06BD0923712005, 06BD0985312005, 06BD0047162006 y 06BD0834612005, al considerar que no quedaba acreditada la comisión de la infracción sancionada al no constar en el expediente la ratificación de los hechos por el agente denunciante, de acuerdo con el artículo 211 del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. La ratificación del agente constituye un trámite esencial en el procedimiento sancionador, en orden a la prueba de hecho, cuya ausencia determina la situación de indefensión para el presunto responsable y la nulidad de la resolución sancionadora, citando la sentencia nº 126/01 del JCA nº 1 de León de 26 de mayo de 2001, la sentencia de 20 de junio de 2001 del JCA nº 4 de A Coruña, la jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, entre otras, sentencia de 23 de febrero de 1998, entre otras.

Según lo establecido en el artículo 35.h), 37.1 y 37.8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, solicita que se le entregue testimonio literal de todo lo actuado en el expediente, así como de las pruebas practicadas. De conformidad con el artículo 146.2 de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, interesa la consulta del Registro General de Transportistas y de Empresas de Actividades Auxiliares y Complementarias del Transporte, para conocer los criterios que tiene esta Administración en el momento de imponer la sanción. Solicita que se le conceda de nuevo el plazo de quince días al objeto de poder hacer alegaciones, al amparo del artículo 79.2 de la citada ley procedimental y el 24 de nuestra Constitución Española.

El artículo 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común "serán motivados con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho ..." ha de ponerse necesariamente en relación con el contenido del artículo 89.1 de la misma norma, cierto es que las resoluciones administrativas, tal como expone el artículo 54.1 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común no requieren ajustarse a unas pautas tan estrictas como los que se imponen en el ámbito jurisdiccional, sin embargo, es igualmente cierto y congruente con el sentido de la norma que las resoluciones de la Administración se hallen presididas por la necesidad de resolver y dar respuestas a las pretensiones que, en cada caso concreto, le dirige al administrado. La motivación de los actos resolutivos de recursos, es una exigencia de la Ley que pretende que se expresen las razones que sirven de fundamento a la decisión y el derecho a la motivación de la resolución sancionadora es un derecho instrumental a través del cual se consigue la realización de las restantes garantías constitucionales que igualmente resulten aplicables al procedimiento administrativo. De nada serviría exigir que el expedientado cuente con un trámite de alegaciones para su defensa, si no existe un correlativo deber de responderlas, o proclamar el derecho a la presunción de inocencia, si no se exige al órgano decisor exteriorizar la valoración de la prueba practicada y sus consecuencias incriminatorias, criterio seguido, entre otros, por la sentencia JCA nº 2 San Sebastián de 20 de septiembre de 2001. No nos hallamos ante una motivación mínimamente concisa, sino ante su ausencia, lo que convierte en insuficiente la respuesta de la Administración conminando al administrado a acudir a los Tribunales si aquel pretende una resolución diferente. La función de la motivación no es otra que la de poner en conocimiento del interesado los motivos por los cuales cedió y los intereses a favor de los que cedió el derecho cuestionado y de ese modo habilitar el derecho y la posibilidad de combatirlos, constituyéndose en una garantía para el administrado y facilitando el control jurisdiccional a la Administración contemplado en el artículo 103 de la Constitución Española, en modo tal que su omisión podrá producir la anulación del acto cuando provoque indefensión en el administrado, tal como expone una pacífica, extensísima y reiterada jurisprudencia, citando la sentencia del Tribunal Supremo en interés de Ley 15 de noviembre de 2000. Que la infracción está calificada erróneamente. Todas las decisiones administrativas sean o no sancionadoras, están sujetas a las exigencias de motivación y de congruencia (artículo 89 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), citando la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de diciembre de 2002, cuestión de ilegalidad nº 451/01, citando los artículos 143.1 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y el 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el principio de proporcionalidad debe regir a la hora de la imposición de las sanciones, teniendo la Administración que acreditar en qué consisten los criterios que se han tenido en cuenta para graduar la sanción, citando las sentencias de JCA nº 1 Córdoba 16 de julio de 2003, y JCA nº 1 Santiago de Compostela, de 12 de junio de 2003, en concreto, los artículos 201 y 202 del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres establecen claramente cuáles son los criterios para imponer las sanciones y sus correspondientes grados. En este caso, no existe fundamentación para proponer la sanción que consta en el expediente y para el caso en que se acredite y quede probado la comisión de la infracción imputada a su mandante, esta se imponga en su cuantía mínima, al amparo del artículo 143 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Considerando: que el presente recurso observa los requisitos de índole objetiva determinantes de su admisión a trámite, tales como: capacitación, legitimación suficiente, e interposición en plazo.

Considerando: el expediente se ha tramitado de forma correcta, cumpliéndose los trámites recogidos en el Capítulo IV del Título VI del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, que regula, dada su especificidad, el procedimiento sancionador que ha de seguirse en la substanciación de las infracciones a la normativa de transportes por carretera, por imperativo de la disposición transitoria séptima, tercer párrafo, de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias; habiéndose procedido, de conformidad con lo preceptuado en su artículo 210, a la vista de la documentación obrante en el referido expediente y en el Registro de Salida de esta Administración insular, a notificar a la entidad mercantil interesada el boletín de denuncia que originó el inicio del expediente, así como la resolución de incoación del presente expediente sancionador, donde se contenía el hecho infractor de: "Realizar un transporte público de mercancías en vehículo ligero, careciendo de autorización", comunicándole, a su vez, la tipificación de la infracción en los artículos reseñados, que recogen las infracciones graves, la sanción que, en su caso, habría de serle impuesta y la identidad de la instructora del procedimiento, del órgano competente para resolver el procedimiento sancionador y la norma que atribuya tal competencia, advirtiéndole que disponía de quince días para manifestar lo que a su derecho convenga, aportando, o proponiendo las pruebas de que, en su caso, intente valerse, comunicación recibida por la referida empresa el 16 de junio de 2010, como así consta en acuse de recibo firmado adjunto al expediente de referencia, sin que la misma hubiera presentado al efecto el oportuno pliego de alegaciones en defensa de sus intereses; igualmente queda acreditado documentalmente en este expediente que intentada la notificación de la resolución sancionadora mediante 2 cartas certificadas, por medio del Servicio de Correos, dirigida a la misma dirección que constan en el boletín de denuncia así como en el informe sobre antecedentes del vehículo, de la Jefatura Provincial de Tráfico de Santa Cruz de Tenerife, sin embargo, fueron devueltos los correspondientes acuses de recibo con las indicaciones de: "ausente reparto 5 agosto de 2010 y 6 de agosto de 2010", procediéndose, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, a practicar dos intentos de notificaciones domiciliarias al interesado, de la incoación del expediente, y de conformidad con lo que establece el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, a la publicación en el Boletín Oficial de Canarias número 2007/176, de 7 de septiembre de 2010, publicación que reúne los requisitos reglamentariamente exigidos en el artículo 89.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En consecuencia, ha sido observado el principio del procedimiento sancionador recogido en el artículo 135 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según el cual, como presupuesto de una defensa eficaz, el presunto responsable tiene derecho, en un procedimiento sancionador, a ser notificado de los hechos que se le imputen, así como de su calificación jurídica, y la sanción que, en su caso, se podría imponer, así como de la identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y de la norma que atribuya tal competencia, por tanto resulta inoperante la indefensión alegada, dado que, en tiempo y forma, la entidad mercantil recurrente presentó el correspondiente pliego de alegaciones en descargo y el oportuno recurso de alzada.

Por tanto, esta Administración ha impuesto la sanción impugnada, previa instrucción del correspondiente procedimiento, que se ha tramitado con rigor, sin olvidar los trámites esenciales de los mismos y, en todo momento, inspirado por el cumplimiento de los principios constitucionales que informan e iter procedimental y a cuya salvaguarda está dirigida toda la regulación establecida al respecto; principios que no son otros que el de presunción de inocencia y el consecuente derecho de defensa.

Considerando: el órgano instructor del procedimiento sancionador, aparte de tomar en cuenta las pruebas que constaban materialmente en el expediente (boletín de denuncia, informe sobre antecedentes del vehículo de la Dirección General de Tráfico, informe sobre filiación laboral del conductor del vehículo denunciado, emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social de Santa Cruz de Tenerife el 19 de abril de 2010, autorización de transporte privado complementario de mercancías caducada correspondiente al vehículo denunciado que portaba el vehículo en el momento del control ...) ha desplegado la actividad probatoria necesaria para garantizar la adecuada determinación de los hechos infractores y la responsabilidad en la comisión de los mismos por la entidad mercantil recurrente (consulta de Archivos, Registros, ... etc.), de conformidad con lo establecido en los artículos 137.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 209 del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres; en consecuencia, no se observa, como argumenta la entidad mercantil recurrente ninguna merma al principio de presunción de inocencia consagrado en el artículo 24 de la Constitución Española, que exige, ante todo una prueba fehaciente y cumplida de los hechos cuya realización por el infractor sirven de base a la imposición de la sanción, recogido igualmente en el artículo 137.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común que dispone que los procedimientos sancionadores respetarán la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario; exigiendo la doctrina jurídica y la jurisprudencia de los Tribunales que la válida imposición de una sanción administrativa haya sido ineludiblemente precedida de la prueba concluyente e inequívoca de los elementos de hecho antijurídicos sobre los que se asienta, sin que la Administración pueda prevalerse en este campo de la presunción de legalidad de los actos administrativos, entendiéndose por tal una exoneración en la realización de las necesarias probanzas.

Considerando: resultando igualmente improcedente la indefensión argumentada por la entidad recurrente, en base a la insuficiencia probatoria en el expediente sancionador, habida cuenta que los hechos constatados en el boletín de denuncia por el agente de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, ostentan en sí mismos una prueba iuris tantum, totalmente válida y operativa en derecho, a tenor de lo reconocido en amplia jurisprudencia y en los artículos 137.3 y 46.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que, de conformidad con el artículo 100.2 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, prestan su colaboración a los miembros de la inspección de transporte en el cumplimiento eficaz de sus funciones; no dando lugar su redacción a ningún tipo de dudas, resultan irrelevantes para la resolución del recurso de alzada interpuesto los medios de pruebas propuestos por la entidad mercantil interesada, habilitando el artículo 80.3 de la misma Ley al instructor del procedimiento la denegación de pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada. Resulta improcedente la práctica de la petición de informe complementario al agente denunciante, al considerarlo preceptivo el artículo 211 del Real Decreto 1225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, únicamente en el supuesto de que se aporten datos nuevos o distintos a los inicialmente constatados por el propio denunciante.

En consecuencia, dado lo antes expuesto, resulta de improcedente admisión la indefensión alegada por el recurrente, dado que habría tenido que producirse un menoscabo real y efectivo de los derechos de defensa, causando indefensión a la entidad mercantil interesada.

En consecuencia, la entidad ahora recurrente, ha podido hacer uso de los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico para hacer valer sus intereses y formular cuantas alegaciones estimase pertinentes; pues la misma, como interesada en el procedimiento sancionador, ha tenido derecho a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación del procedimiento y obtener copia de documentación contenida en ellos, tal como dispone el artículo 35.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y, ello porque la misma tiene pleno acceso a los registros y a los documentos que formen parte del mismo como archivos administrativos, siempre que tales expedientes correspondan a procedimientos terminados en la fecha de la solicitud, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la referida norma procedimental.

Considerando: resulta de improcedente admisión la afirmación de la dicente sobre la falta de motivación de la resolución sancionadora impugnada, dado que en la misma ha cumplido con la obligación genérica consignada en los artículos 89.3 y 54.1.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al determinar la descripción de los hechos que se consideran básicos o probados en el expediente y concretar los fundamentos jurídicos que, a juicio del que resuelve resultaren aplicables al caso, favoreciendo la protección del administrado frente a la Administración, la cual ha de actuar, no de forma arbitraria sino que ha de expresar sus razones para que puedan ser impugnados sus actos de forma ineficaz, y para que estos puedan ser controlados jurisdiccionalmente, tal como determina el artículo 106.1 de la Constitución Española; cumpliendo con el concepto legal de motivación del acto, al contar con una estructura de hechos y fundamentos de derecho determinantes de la decisión administrativa como unidad de sentido o significado; así como con el punto de vista formal: al resultar una exteriorización de los fundamentos por cuya virtud se dicta el acto administrativo, constituyendo así, una garantía para el administrado, que puede, como se hizo en el presente caso, impugnar el acto administrativo si considera que el mismo ha discurrido fuera de los márgenes legales y jurídicos, con posibilidad de criticar las bases en que se funda.

Considerando: habiéndose ponderado, al imponer esa sanción, los distintos bienes jurídicos en conflicto y atendiendo a los criterios de graduación establecidos en el artículo 131.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de conformidad, también, con la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 29 de diciembre de 1987; al haberse impuesto la cuantía de sanción dentro de las previstas para ese tipo infractor dentro de los límites mínimos fijados por el artículo 108.f) de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias; y 201.1.f) del Real Decreto 1225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

Considerando: la potestad sancionadora de la Administración es del tipo reglada, de aplicación del tipo legal al hecho infractor, así, en la graduación de la sanción que se impone a cada tipo, el órgano administrativo debe, dentro de los criterios de graduación que concreta el legislador en las normas sancionadoras (artículo 108 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias y 201.1 del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres) buscar, en atención a las circunstancias que operan en cada caso, de entre las sanciones posibles, la más proporcionada al desvalor antijurídico del comportamiento cometido.

Residiendo el límite de la culpa, como presupuesto para determinar la responsabilidad en la comisión de la infracción denunciada, en el deber de informarse según las obligaciones de cada profesión y en la diligencia debida en su actuación.

La autorización de transporte supone el elemento básico de control en el transporte por carretera, en tanto en cuanto, su otorgamiento determina el cumplimiento de todos los requisitos cualitativos exigidos tanto por la normativa comunitaria como por la normativa interna de nuestro país, requisitos que vienen a determinar el acceso a la profesión y al mercado con todas las garantías para que las empresas compitan lealmente entre sí, sin posiciones de ventaja. El hecho de realizar transporte sin la correspondiente autorización, supone eludir los filtros de control establecidos por el ordenamiento jurídico del transporte por carretera. Pensemos que quien realiza transporte sin autorización puede no cumplir los requisitos de acceso a la profesión, puede no tener dados de alta en la seguridad social a sus empleados, puede no estar al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales, etc. ... Todo ello, puede poner a estas empresas en una situación de ventaja respecto a las empresas que sí cumplen estos requisitos, lo cual no debe ser tolerado por los órganos que tienen encomendada la inspección y vigilancia del transporte por carretera.

Dada la extrema gravedad de la infracción consistente en la realización de un transporte con vehículo, al amparo de autorización de transporte privado complementario de mercancías que incumple condiciones esenciales que definen la naturaleza de ese transporte, tratándose de una infracción que afecta a la ordenación de la competencia en el sector del transporte de mercancías, provocando competencia desleal, y ánimo defraudador implícito en el hecho de fomentar la realización de transportes de tal importancia careciendo de título habilitante interesado, creándose una apariencia falsa de legalidad.

Considerando: resultando, en consecuencia, suficientemente probados los hechos infractores consignados en el mencionado boletín de denuncia. Siendo doctrina sentada en reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo que la carga de la prueba corresponde, como regla general a la Administración; siendo, asimismo de aplicación al Derecho Administrativo Sancionador el principio de presunción de inocencia consagrado en el artículo 24 de la Constitución Española, que exige, ante todo una prueba fehaciente y cumplida de los hechos cuya realización por el infractor sirven de base a la imposición de la sanción, recogido igualmente en el artículo 137.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común que dispone que los procedimientos sancionadores respetarán la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario; exigiendo la doctrina jurídica y la jurisprudencia de los Tribunales que la válida imposición de una sanción administrativa haya sido ineludiblemente precedida de la prueba concluyente e inequívoca de los elementos de hecho antijurídicos sobre los que se asienta; figurando en el expediente examinado, como ya se enunció anteriormente, suficiente constancia documental probatoria de los hechos infractores y de su imputación al recurrente, a tenor de lo dispuesto en el artículo 102.1.b) en relación con el artº. 104.1.9 en relación con el artº. 105.30 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, y artículos 193 y 194 en relación con el artº. 197.1.9 en relación con el artº. 198.31 del Real Decreto 1225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

Teniendo en cuenta que, análogamente al orden penal, la eficacia de las pruebas está en función de la medida en que el juzgador ha quedado convencido de los hechos y que no ha sido presentada ninguna prueba indubitada por el interesado que desacredite los hechos infractores; no hay, pues, en el procedimiento que nos ocupa ninguna circunstancia que ponga de manifiesto cualquier irregularidad, aunque se disienta de la resolución dictada, y en el bien entendido de que caso de existir esa irregularidad, sólo sería relevante en cuanto ocasionaría indefensión al recurrente, lo que no ocurre en este caso, por cuanto el actor ha estado presente en el expediente administrativo, interponiendo el correspondiente recurso de alzada, sin haber presentado el oportuno pliego de alegaciones en descargo, en defensa de sus intereses.

Considerando: determinando el artículo 113 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias que "El plazo máximo para resolver y notificar las resoluciones será de un año a contar desde la fecha de incoación del procedimiento. Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído resolución expresa el procedimiento se entenderá caducado". Siendo de aplicación, si se sobrepasase dicho plazo lo previsto en el punto 2 del artículo 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en cuanto que la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 92; figurando técnicamente comprendido dicho espacio temporal entre la fecha de la resolución de iniciación del procedimiento sancionador de transportes y la fecha de notificación de la Resolución sancionadora que lo finaliza.

Considerando: que el expediente que analizamos, según constancia documental en el mismo, se inició en fecha: 13 de mayo de 2010 siendo publicada la resolución sancionadora dictada por el Sr. Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma nº 2010/179, de fecha 7 de septiembre de 2010, habiendo sido tramitado reglamentariamente el expediente sancionador por el Servicio de Transportes de esta Corporación Insular, no ha sido superado, en consecuencia, el plazo citado, a los efectos de entender el procedimiento sancionador caducado. Ni aún considerando como fecha de inicio del cómputo de la caducidad la de la comisión de los hechos infractores (24.2.10) reflejado en el boletín de denuncia que motivó la incoación del expediente sancionador.

Considerando: el artículo 60.1 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias establece que "los transportes públicos discrecionales de viajeros, mercancías o mixtos sólo podrán realizarse por las personas físicas o jurídicas que cumplan los requisitos sobre capacitación profesional, económica y honorabilidad y demás condiciones señaladas en el artículo 13, y estén en posesión de la correspondiente autorización administrativa. En este sentido, el artículo 107.1.o) de la citada Ley, considera condición esencial de la autorización administrativa de transportes, la obligación del titular de la autorización de asumir la posición de porteador en todos los contratos de transporte que realice al amparo de dicha autorización y, por otro lado, la letra ñ) del mismo apartado, considera como otra condición esencial, la autonomía económica y de dirección en la explotación de los servicios por parte del titular de la autorización, gestionando el transporte a su riesgo y ventura, con los medios personales y materiales integrantes de su propia organización empresarial.

Estableciendo el artículo 12.a) de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias como deber profesional del transportista el obtener de la Administración que sea competente según esta Ley y su normativa de desarrollo, las autorizaciones y demás títulos administrativos que les habilite para el desarrollo en Canarias de la actividad de que se trate.

Considerando: a tenor de lo dispuesto en el artículo 48.1 del Real Decreto 1225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres: "1. Las empresas prestadoras de los servicios de transporte público o de actividades auxiliares o complementarias de este, llevarán a cabo su explotación con plena autonomía económica, gestionándolos, de acuerdo con las condiciones en su caso establecidas, a su riesgo y ventura. 2. A los efectos señalados en el apartado anterior, los servicios de transporte público se llevarán a cabo bajo la dirección y responsabilidad del transportista, intermediario de transportes, cooperativa o sociedad de comercialización que los haya contratado como porteador con el cargador o usuario, al cual le deberán ser facturados por aquel en nombre propio. 3. En todo caso, el transportista que haya contratado la realización de un servicio de transporte público, sea con el usuario efectivo o con un intermediario de transporte, deberá llevarlo a cabo con los medios personales y materiales integrantes de su propia organización empresarial, utilizando vehículos con capacidad de tracción propia de los que disponga, bien en propiedad, arrendamiento financiero, arrendamiento ordinario, o a través de otra forma jurídica autorizada por el Ministerio de Fomento, los cuales deberán estar amparados por títulos habilitantes expedidos a nombre del propio transportista, y ser conducidos, salvo en los casos expresamente exceptuados, por trabajadores de su empresa en régimen laboral".

En idéntico sentido se pronuncia el artículo 54 de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.

Considerando: estableciendo los artículos 1 y 2 del Decreto 6/2002, de 28 de enero, sobre otorgamiento, modificación y extinción de autorizaciones de transporte público y privado complementario de viajeros y mercancías, en vigor en la fecha de la denuncia, la obligación de contar con una autorización administrativa a cada persona que pretenda llevar a cabo el transporte público discrecional de mercancías en vehículo pesado, obligación que viene confirmada por los artículos ya vistos de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias y también por los artículos 41, 109 del Real Decreto 1225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres; recogiéndose los requisitos para la novación subjetiva de las autorizaciones de transporte público de mercancías en vehículos ligeros de ámbito autonómico en el artículo 24 del Decreto 6/2002, de 28 de enero, sobre otorgamiento, modificación y extinción de autorizaciones de transporte público y privado complementario de viajeros y mercancías; constituyendo el supuesto de realizar un transporte público de mercancías en vehículo ligero, careciendo de autorización administrativa de transportes una infracción grave a la normativa de transportes, debidamente tipificada en el artículo: 105.30 en relación con el artº. 104.1.9 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, y artº. 198.31 en relación con el artº. 197.1.9 del Real Decreto 1225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres; a la que corresponde una sanción económica que asciende a mil quinientos un (1.501 euros) euros, en virtud de lo dispuesto en el artículo 108.k) en relación con el artº. 108.f) de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, y artº. 201.1.k) en relación con el artº. 201.1.f) del Real Decreto 1225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

Considerando: del análisis de los elementos probatorios consignados en el expediente sancionador que examinamos, queda suficientemente acreditado que el vehículo -7504-DKG, transportaba barras de acero desde Santa Cruz de Tenerife a Candelaria, sin estar amparado dicho servicio en autorización administrativa de transportes público de mercancías en vehículo ligero alguna; figurando el conductor vinculado laboralmente a la entidad mercantil interesada, a tenor del informe suscrito por la Jefa del Área de Afiliación de la Tesorería General de la Seguridad Social de Santa Cruz de Tenerife el 19 de abril de 2010.

Habiendo incurrido la expedientada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102.1.b) de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, en responsabilidad administrativa, sin que lo alegado o aportado por la misma constituya causa alguna de inimputabilidad de responsabilidad en la comisión de la infracción denunciada, prevista en el artículo 194.2 del Real Decreto 1225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, ni haya desacreditado la presunción de veracidad "iuris tantum" de los hechos infractores consignados en los hechos consignadas en el boletín de denuncia, formulado por agente de la Guardia Civil, Agrupación de Tráfico, que, de conformidad con lo establecido en los artículos 137.3 y 46.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que a tenor de lo dispuesto en el artículo 100.2 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, prestan la cooperación necesaria a los miembros de la inspección de transporte terrestre para un eficaz cumplimiento de sus funciones.

Considerando: constituyendo el hecho denunciado una infracción grave a la normativa de transportes vigente, debidamente tipificada en el artículo 105.30 en relación con el artº. 104.1.9 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, y artº. 198.31 en relación con el artº. 197.1.9 del Real Decreto 1225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres; a la que corresponde una sanción económica que asciende a 1.501 euros, en virtud de lo dispuesto en el artículo artº. 108.k) en relación con el artº. 108.f) de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias y artº. 201.1.k) en relación con el artº. 201.1.f) del Real Decreto 1225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres; habiéndose ponderado, al imponer esa sanción, los distintos bienes jurídicos en conflicto y atendido a los criterios de graduación establecidos en el artículo 131.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de conformidad, también, con la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 29 de diciembre de 1987; al haberse impuesto la cuantía de sanción mínima de las previstas para ese tipo infractor dentro de los límites fijados por los citados artículos 108.f) de la Ley de los Transportes por Carretera de Canarias; y artº. 201.1.f) del citado Reglamento; teniendo en cuenta que la potestad sancionadora de la Administración es del tipo reglada, de aplicación del tipo legal al hecho infractor; así, en la graduación de la sanción que se impone a cada tipo, el órgano administrativo debe, dentro de los criterios de graduación que concreta el legislador en las normas sancionadoras (artículo 108 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias y artº. 201.1 del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres) buscar, en atención a las circunstancias que operan en cada caso, de entre las sanciones posibles, la más proporcionada al desvalor antijurídico del comportamiento cometido. Dada la extrema gravedad de la infracción consistente en la realización de un transporte público de mercancías en vehículo ligero, sin contar con la autorización de transporte público discrecional de mercancías para vehículo ligero; al tratarse de una infracción que afecta a la ordenación de la competencia en el sector público del transporte de mercancías, provocando competencia desleal, y ánimo defraudador implícito en el hecho de fomentar la realización de transportes de tal importancia sin cobertura del título habilitante oportuno.

Considerando: en cualquier caso, dado que el referido acto que se intenta impugnar todavía no es firme en vía administrativa [artículo 109.a) de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación parcial de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común], en virtud de lo previsto en los artículos 56, 57, 94 y 138.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, no es ejecutivo hasta que se notifique la resolución de este recurso de alzada a la entidad mercantil interesada; motivo por el que no procede en este momento la interrupción de la ejecución del mismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, añadiendo los Autos del Tribunal Supremo de 12 de junio de 1995, 25 de noviembre de 1994, 18 de febrero de 1994 y 15 de enero de 1993, entre otros, que los actos sancionadores en los que se impone una multa al recurrente, no son, por lo general, susceptibles de suspensión porque, de anularse aquellos, con la devolución del importe pecuniario de la sanción impuesta y los intereses que procedieran, de estimarse una actuación indebida de la Administración, se restablece la situación económica del recurrente, sin daño apreciable en su patrimonio y en tales eventos debe, pues, prevalecer el interés público inherente a la ejecutividad de los actos de la Administración frente al particular del recurrente, al que no se le priva de la acción para instar de los Tribunales de Justicia, la tutela efectiva de sus derechos o intereses legítimos, como prescribe el artículo 24 de la Constitución, con la denegación de la suspensión solicitada.

Por la presente, vistos los preceptos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación, en base a lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido en los artículos 6.1.R) y 61.2 del Reglamento Orgánico de esta Corporación Insular, vengo en desestimar el recurso de alzada interpuesto por: D. Carmelo García González, en nombre y representación de la entidad mercantil: entidad mercantil: Estructuras de Madera de Tenerife, S.L.U., confirmando la Resolución del Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad de fecha 21 de julio de 2010, que determinó la imposición de una sanción de mil quinientos un (1.501) euros, manteniéndose, en consecuencia, en todos sus pronunciamientos.

Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo".

La cuantía de la sanción deberá ser ingresada mediante el documento de pago, que se adjunta, por los medios de pago y dentro del período que se establece en el mismo, de conformidad con el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria".

Si el interesado no efectúa el pago al vencimiento del plazo otorgado, se procederá a su cobro por vía de apremio, con el recargo correspondiente, y en su caso, los intereses de demora, de conformidad con el artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Lo que se notifica, advirtiendo que contra la anterior Resolución cabe interponer el recurso indicado en el mismo.

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de febrero de 2012.- El Jefe de Servicio, Pedro Luis Campos Albarrán.

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