Providencia de 8 de febrero de 2012, del Jefe del Servicio Administrativo relativa a la Resolución del Sr. Coordinador del Área de Movilidad y Seguridad de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, de fecha 22 de febrero de 2010, resolutoria de recurso de revisión planteado en expediente sancionador de transportes nº TF-40892-O-2009.
Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 59, apartado 5º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, sobre notificación al interesado intentada y no practicada,
D I S P O N G O:
Notificar al recurrente que se cita la Resolución del Sr. Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife de fecha 22 de febrero de 2010, estimatoria del recurso de revisión planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-40892-O-2009.
Contra esta Resolución, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.
"Visto escrito presentado por D. Boris Pociatek, por el que se interpone recurso de alzada contra la resolución dictada por el Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad de fecha: 22 de febrero de 2010 recaída en el expediente de referencia, y,
Resultando: que con fecha y hora: 6 de mayo de 2009, 18:30, por agente del Sector de Tráfico de la Guardia Civil se formuló denuncia contra el vehículo matrícula: -8369-FDH, del que es titular Dña. Irina Graf por circular desde Masca al Hotel Tenerife Tour en Las Caletillas transportando dos turistas checoslovacos (Miroslav Powelka: 101425682 y Vera Pavelkova: 34587753), siendo recogidos al venir de caminar, realizando un servicio de VD (viajeros discrecionales) careciendo el vehículo de autorización administrativa de transportes -el conductor ofrece resistencia y dice no poder traducir las preguntas de los agentes a los turistas, manifestando en un primer momento el conductor que eran amigos suyos- los turistas es la primera vez que vienen a Tenerife y no tienen relación alguna con el conductor.
Resultando: que el día: 9 de diciembre de 2009 se publicó la resolución de iniciación del expediente sancionador de transportes nº TF-40892-O-2009 en el Boletín Oficial de Canarias nº 2009/240.
Resultando: que por el expedientado no se presentó descargo alguno en defensa de sus intereses.
Resultando: que por el Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad se dictó resolución, que ahora se impugna, de fecha: 22 de febrero de 2010 que venía a sancionar a: D. Boris Pociatek con multa que ascendía a: 1.501,00 euros, por infracción de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, artº. 105.30, en relación con el artº. 104.1.9 LOTCC; artículos 12.a), 107.1.e) y 82 LOTCC; artº. 197.1.9, en relación con el artº. 198.31 ROTT y artículos 41, 109 y 123 ROTT y en base al artículo artº. 108.f) LOTCC y artº. 201.1.f) ROTT.
Resultando: que con fecha: 22 de junio de 2010, D. Boris Pociatek, en su propio nombre y representación, interpuso recurso de alzada, en súplica de que se deje sin efecto la Resolución y sanción impuesta, alegando, en síntesis, que: el 6 de mayo de 2009 fue interceptado por la Guardia Civil en la autopista del sur, cuando circulaba con una furgoneta Renault Traffic de 9 plazas (matrícula 8369-FDH), que es el vehículo familiar y que utiliza exclusivamente con fines privados, como ese día en que volvía de su domicilio con unos amigos de su país que estaban de visita de pasar un día en el sur. Todo eso lo explicó a los agentes, quienes pensaron que podía estar realizando un transporte público de pasajeros. Estos hicieron todas las averiguaciones que estimaron oportunas y realizaron varias preguntas a sus amigos, todo de una manera muy correcta aunque con algunas dificultades de comunicación, pues sus amigos sólo hablaban checo y apenas un poco de inglés. Sin embargo, quedó aclarada, o así lo pensó, la naturaleza de su desplazamiento y les dejaron continuar el viaje sin mayor problema. Para su sorpresa y por casualidad, acaba de averiguar que se abrió en su día un expediente por parte del Cabildo Insular de Tenerife y que acaba de ser sancionado con la cantidad mencionada. Nunca fue notificado de ello, ni le consta ningún intento de hacerlo. Al no ser constitutivo de infracción el hecho de transportar amigos en un vehículo privado, y no habiéndose podido demostrar de ninguna manera, por el simple hecho de no ser cierto, que el transporte que estaba realizando fuese de naturaleza comercial, se ha vulnerado también con esta sanción el principio de presunción de inocencia.
Resultando: que el día: 24 de mayo de 2010 se publicó la resolución sancionadora del expediente sancionador de transportes nº TF-40892-O-2009 en el Boletín Oficial de Canarias nº 2010/100.
Resultando: a la vista de las alegaciones y pruebas aportadas por el interesado, fue requerido informe complementario al agente denunciante, aportando escrito de fecha 29 de noviembre de 2010, en el que se ratifica en los hechos denunciados, en los siguientes términos: "En referencia al escrito de descargos recibido, el Guardia Civil denunciante tiene que decir al respecto que al vehículo en cuestión se le dio la orden de parada por una maniobra antirreglamentaria realizada en el lugar de la denuncia, por lo que se le formuló el consiguiente boletín por dicho motivo, preguntándole al conductor al ser un vehículo destinado al transporte de personas con categoría de camión furgón, que quiénes eran las personas que circulaban en asientos traseros, manifestando el mismo que eran unos familiares suyos y al pedirle la documentación a los mismos no corresponden los apellidos con el del conductor, por lo que cambia de versión y dice que son familiares de su mujer y al mirar la titularidad del vehículo a nombre de su esposa tampoco coinciden los apellidos de dichas personas, manifestando al final de la conversación que sólo son unos amigos, mostrándose en todo momento reacio a traducirle del checoslovaco unas preguntas que le quería realizar a los pasajeros, teniendo el agente denunciante y el compañero intentar en inglés y mediante dibujos averiguar si tenían alguna relación con el conductor o como más tarde se llegó a la conclusión se trataba de un transporte público de personas y contactaban con turistas que venían de vacaciones para hacer senderismo y los transportaba entre distintos puntos de la isla así como su traslado al aeropuerto mediante un pago económico a la titular del vehículo que no se pudo precisar pero que oscilaba entre 40 y 60 euros por persona y viaje. Se le informa al conductor el motivo de la parada y se le entregó denuncia y se le notificó verbalmente que se le iba a realizar el presente expediente de transportes no entregándole copia para no demorar la espera de los turistas, recogiendo datos de los mismos, informándole al denunciado que aportase pruebas de la relación de sendas personas, y lo adjuntase al correspondiente escrito de alegaciones, pero según observa el agente denunciante, el denunciado no acredita ninguna relación con Miloslav Povelka y Vera Povelkova y si ellos manifestaron ante la oposición del conductor al agente denunciante que sólo tenían una relación profesional mediante un pago económico".
Considerando: que el presente recurso observa los requisitos de índole objetiva determinantes de su admisión a trámite, tales como: capacitación, legitimación suficiente, e interposición en plazo.
Considerando: el órgano instructor del procedimiento sancionador, aparte de tomar en cuenta las pruebas que constaban materialmente en el expediente (denuncia, informe sobre antecedentes totales del vehículo, etc.), ha desplegado la actividad probatoria necesaria para garantizar la adecuada determinación de los hechos infractores y la responsabilidad en la comisión de los mismos por la recurrente (consulta de archivos, de bases de datos, etc.), de conformidad con lo establecido en el artículo 137.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 209 del Real Decreto 1225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres; en consecuencia, no se observa, como argumenta el recurrente ninguna merma al principio de presunción de inocencia consagrado en el artículo 24 de la Constitución Española, que exige, ante todo una prueba fehaciente y cumplida de los hechos cuya realización por el infractor sirven de base a la imposición de la sanción, recogido igualmente en el artículo 137.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que dispone que los procedimientos sancionadores respetarán la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario; exigiendo la doctrina jurídica y la jurisprudencia de los Tribunales que la válida imposición de una sanción administrativa haya sido ineludiblemente precedida de la prueba concluyente e inequívoca de los elementos de hecho antijurídicos sobre los que se asienta, sin que la Administración pueda prevalerse en este campo de la presunción de legalidad de los actos administrativos, entendiéndose por tal una exoneración en la realización de las necesarias probanzas.
Considerando: teniendo en cuenta que, análogamente al orden penal, la eficacia de las pruebas está en función de la medida en que el juzgador ha quedado convencido de los hechos y que no ha sido presentada ninguna prueba indubitada por la entidad mercantil interesada que desacredite los hechos infractores; no hay, pues, en el procedimiento que nos ocupa ninguna circunstancia que ponga de manifiesto cualquier irregularidad, aunque se disienta de la resolución dictada, y en el bien entendido de que caso de existir esa irregularidad, sólo sería relevante en cuanto ocasionaría indefensión al recurrente, lo que no ocurre en este caso, por cuanto el actor ha interpuesto el correspondiente recurso de alzada.
Considerando: tampoco procede atender a las alegaciones del expedientado sobre la improcedencia de la notificación de la resolución de incoación del expediente sancionador a través de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, habida cuenta que consta documentalmente en el presente expediente que intentada dicha notificación mediante 2 cartas certificadas, por medio del Servicio de Correos, dirigida a la misma dirección que consta en el boletín de denuncia, dirección averiguada por el agente actuante en la documentación que el interesado le mostró durante el control en carretera, sin embargo, fueron devueltos los correspondientes acuses de recibo con las indicaciones de: "ausente reparto 1 de septiembre de 2009" y "ausente reparto 2 de septiembre de 2010", procediéndose, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, a practicar dos intentos de notificaciones domiciliarias al interesado, de la incoación del expediente, y de conformidad con lo que establece el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, a la publicación en el Boletín Oficial de Canarias nº 2009/240, de 9 de diciembre de 2009, cuando una vez intentada la notificación, no se hubiera podido practicar. Igualmente, consta documentalmente en el presente expediente que intentada dicha notificación mediante varias cartas certificadas, por medio del Servicio de Correos, dirigida a la misma dirección que consta en el boletín de denuncia, dirección que averiguó el agente actuante en la documentación que el interesado le mostró durante el control en carretera; sin embargo, fueron devueltos los correspondientes acuses de recibo con las indicaciones de: "dirección incorrecta 25 de marzo de 2010", "ausente reparto 20 de abril de 2010" y "ausente reparto 21 de abril de 2010", procediéndose, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, a practicar más de dos intentos de notificaciones domiciliarias al interesado, de la resolución sancionadora recaída en el expediente, y de conformidad con lo que establece el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, a la publicación en el Boletín Oficial de Canarias nº 2010/100, de 24 de mayo de 2010, cuando una vez intentada la notificación, no se hubiera podido practicar, sin que tales actos adolezcan de defecto formal determinante de su anulabilidad, en el sentido previsto en el artículo 63.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, no causándose indefensión alguna al recurrente, que pudo hacer uso de los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico para hacer valer sus intereses y formular cuantas alegaciones estimase pertinentes, prueba de ello lo constituye la propia interposición en plazo del presente recurso.
Considerando: que el artículo 1 del Decreto 6/2002, de 28 de enero, sobre otorgamiento, modificación y extinción de autorizaciones de transporte público y privado complementario de viajeros y mercancías, en vigor en la fecha de la denuncia, prevé la obligación de contar con una autorización administrativa a cada vehículo que se dedique a los transportes referidos, obligación que viene confirmada por los artículos 12.a), 107.1.e) y 82 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias y 41.1, 109.1 y 123 del Real Decreto 1225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, para el supuesto de los transportes públicos discrecionales de viajeros; constituyendo su incumplimiento, en el supuesto de un servicio de transporte público de viajeros realizado en vehículo de hasta nueve plazas, una infracción grave a la normativa de transportes, debidamente tipificada en el artículo: 105.30 en relación con el 104.1.9 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias y 197.1.9 en relación con el 198.31 del Real Decreto 1225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, correspondiéndole una sanción que asciende a mil quinientos un (1.501) euros, de conformidad con lo establecido en el artículo 108.f) de la misma norma legal, y 201.1.f) del enunciado Reglamento, que atribuyen a dicha infracción la sanción de menor cuantía dentro de la franja que regula; con pleno acatamiento al principio de proporcionalidad, inherente al actuar administrativo (artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).
Considerando: del análisis de los elementos probatorios consignados en el expediente sancionador que examinamos, queda suficientemente acreditado que el vehículo matrícula -8369-FDH realizaba en el momento de ser denunciado un servicio público discrecional de viajeros en vehículo turismo (desde Masca al Hotel Tenerife Tour en Las Caletillas, transportando dos turistas checoslovacos: Miroslav Powelka: 101425682 y Vera Pavelkova: 34587753-, siendo recogidos al venir de caminar), careciendo de autorización administrativa de transportes y sin acreditar la reunión de los requisitos reglamentarios para el otorgamiento de la misma, habiendo incurrido el expedientado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102.1.b) de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, en responsabilidad administrativa, sin que lo alegado o aportado por la entidad recurrente haya desacreditado la presunción de veracidad "iuris tantum" de los hechos infractores consignados en el boletín de denuncia (artículos 137.3 y 46.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, artículo 76 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial), formulado por agente del Sector de Tráfico de la Guardia Civil; que, de conformidad con lo establecido en el artículo 100.2 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias prestan la cooperación necesaria a los miembros de la inspección de transporte terrestre para un eficaz cumplimiento de sus funciones; habida cuenta, que resultan suficientemente probados los hechos infractores consignados en el mencionado boletín de denuncia. No pudiendo considerar como circunstancia atenuante de la responsabilidad administrativa derivada de la comisión de la infracción denunciada, las argumentaciones expuestas por el recurrente acerca de la relación de amistad que le vinculaba a las personas transportadas como base para determinar el carácter privado particular del transporte realizado, a la vista de las alegaciones y pruebas aportadas por el interesado, fue requerido informe complementario al agente denunciante, aportando escrito de fecha 29 de noviembre de 2010, en el que se ratifica en los hechos denunciados, en los siguientes términos: "En referencia al escrito de descargos recibido, el Guardia Civil denunciante tiene que decir al respecto que al vehículo en cuestión se le dio la orden de parada por una maniobra antirreglamentaria realizada en el lugar de la denuncia, por lo que se le formuló el consiguiente boletín por dicho motivo, preguntándole al conductor al ser un vehículo destinado al transporte de personas con categoría de camión furgón, que quiénes eran las personas que circulaban en asientos traseros, manifestando el mismo que eran unos familiares suyos y al pedirle la documentación a los mismos no corresponden los apellidos con el del conductor, por lo que cambia de versión y dice que son familiares de su mujer y al mirar la titularidad del vehículo a nombre de su esposa tampoco coinciden los apellidos de dichas personas, manifestando al final de la conversación que sólo son unos amigos, mostrándose en todo momento reacio a traducirme del checoslovaco unas preguntas que le quería realizar a los pasajeros, teniendo el agente denunciante y el compañero intentar en inglés y mediante dibujos averiguar si tenían alguna relación con el conductor o como más tarde se llegó a la conclusión se trataba de un transporte público de personas y contactaban con turistas que venían de vacaciones para hacer senderismo y los transportaba entre distintos puntos de la isla así como su traslado al aeropuerto mediante un pago económico a la titular del vehículo que no se pudo precisar pero que oscilaba entre 40 y 60 euros por persona y viaje. Se le informa al conductor el motivo de la parada y se le entregó denuncia y se le notificó verbalmente que se le iba a realizar el presente expediente de transportes no entregándole copia para no demorar la espera de los turistas, recogiendo datos de los mismos, informándole al denunciado que aportase pruebas de la relación de sendas personas, y lo adjuntase al correspondiente escrito de alegaciones, pero según observa el agente denunciante, el denunciado no acredita ninguna relación con Miloslav Povelka y Vera Povelkova y si ellos manifestaron ante la oposición del conductor al agente denunciante que sólo tenían una relación profesional mediante un pago económico".
Considerando: independientemente de lo expuesto, por definición legal, y como presupuesto para exencionarlo de la obligatoriedad de autorización administrativa de transporte, el artículo 65.1 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, los transportes privados particulares son los destinados exclusivamente a satisfacer las necesidades de desplazamiento de carácter personal o doméstico del titular del vehículo y de sus allegados, sin que pueda dar lugar a remuneraciones dinerarias directas ni indirectas y debiendo realizarse en vehículos cuyo número de plazas o capacidad de carga no exceda de los límites que reglamentariamente se establezcan, así el artículo 156.2 del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres determina que los transportes privados particulares de viajeros habrán de realizarse en vehículos de turismo y los de mercancías habrán de ser realizados en vehículos ligeros; de lo que se deduce que la naturaleza del transporte privado particular aparece desvinculada de cualquier actividad empresarial, aunque se traten de empresas familiares, autónomas, cooperativas, sociedades civiles particulares, comunidades de bienes u otras similares (artículo 156.1 del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres), lo que se desvirtúa en el supuesto planteado en el expediente que analizamos, donde el interesado no ha podido acreditar su relación de parentesco suya ni de su esposa, ni tan siquiera su relación de amistad, con las personas transportadas, habiendo cambiado de versión en referencia a la naturaleza de su relación con los pasajeros transportados, en sus argumentos expuestos al agente denunciante, tal como consignó el mismo en la denuncia formulada, hechos reforzados mediante informe ratificante de los hechos denunciados, suscrito por el mismo agente, que, igualmente, se incorpora al expediente sancionador.
A mayor abundamiento, el vehículo infractor está clasificado como camión furgón, a tenor del informe sobre antecedentes totales del vehículo, de la Dirección General de Tráfico, que se incorpora al expediente sancionador de referencia.
Considerando: residiendo el límite de la culpa, como presupuesto para determinar la responsabilidad en la comisión de la infracción denunciada, en el deber de informarse según las obligaciones de cada profesión y habida cuenta que la estimación minuciosa de la culpabilidad choca frontalmente con las exigencias de celeridad que demanda el procedimiento administrativo sancionador; y a tenor de los artículos 102.1.b), de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias el titular del vehículo es responsable de la infracción sancionada, sin que por el mismo se hubiera invocado, ni acreditado, la concurrencia de alguna de las causas de inimputabilidad de responsabilidad administrativa en la comisión de la infracción denunciada, previstas en los artículos 193 y 194 del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.
Por la presente, vistos los preceptos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación, en base a lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido en los artículos 6.1.R) y 61.2 del Reglamento Orgánico de esta Corporación Insular, vengo en desestimar el recurso de alzada interpuesto por: D. Boris Pociatek, confirmando la Resolución del Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad de fecha: 22 de febrero de 2010, que determinó la imposición de una sanción de mil quinientos un (1.501) euros, manteniéndose, en consecuencia, en todos sus pronunciamientos."
Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo".
La cuantía de la sanción deberá ser ingresada mediante el documento de pago, que se adjunta, por los medios de pago y dentro del período que se establece en el mismo, de conformidad con el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Si el interesado no efectúa el pago al vencimiento del plazo otorgado, se procederá a su cobro por vía de apremio, con el recargo correspondiente, y en su caso, los intereses de demora, de conformidad con el artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria".
Lo que se notifica, advirtiendo que contra la anterior Resolución cabe interponer el recurso indicado en el mismo.
Santa Cruz de Tenerife, a 20 de febrero de 2012.- El Jefe de Servicio, Pedro Luis Campos Albarrán.
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