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BOC-A-2012-038-974.
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Providencia de 8 de febrero de 2012, del Jefe del Servicio Administrativo relativa a la Resolución del Sr. Coordinador del Área de Movilidad y Seguridad de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, de fecha 25 de abril de 2008, resolutoria de recurso de revisión planteado en expediente sancionador de transportes número TF-41872-P-2007.
Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 59, apartado 5º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, sobre notificación al interesado intentada y no practicada,
D I S P O N G O:
Notificar al recurrente que se cita la Resolución del Sr. Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife de fecha 25 de abril de 2008, estimatoria del recurso de revisión planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-41872-P-2007.
Contra esta Resolución podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.
"Visto escrito presentado por D. Natanael Padrón Navarro, por el que se interpone recurso extraordinario de revisión contra la resolución dictada por el Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad de fecha: 25 de abril de 2008 recaída en el expediente de referencia, y,
Resultando: que con fecha y hora: 9 de noviembre de 2007, 4:10, por agente de la policía local del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna se formuló denuncia contra D. Natanael Padrón Navarro por entrada y tránsito de personas por las vías férreas sin autorización para ello (artº. 292 R.O.T.T.). El arriba identificado se encontraba acostado posando para una fotografía en las vías del tranvía.
Resultando: que el día: 22 de marzo de 2008 se publicó la resolución de iniciación del expediente sancionador de transportes nº TF-41872-P-2007 en el Boletín Oficial de Canarias nº 2008/58.
Resultando: que por el expedientado no se presentó descargo alguno en defensa de sus intereses.
Resultando: que por el Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad se dictó resolución, que ahora se impugna, de fecha: 25 de abril de 2008 que venía a sancionar a: D. Natanael Padrón Navarro con multa que ascendía a: 400,00 euros, por infracción de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, artº. 90.2.g) Ley 39/2003, de 17 de noviembre, artº. 293.12 ROTT y en base al artículo artº. 295.1 ROTT.
Resultando: que el día: 4 de julio de 2008 se publicó la resolución sancionadora del expediente sancionador de transportes nº TF-41872-P-2007 en el Boletín Oficial de Canarias nº 2008/133.
Resultando: que con fecha 25 de marzo de 2011, D. Natanael Padrón Navarro interpuso recurso de alzada, en súplica de que se deje sin efecto la Resolución y sanción impuesta, alegando, en síntesis, que: hace tres años en el municipio de San Cristóbal de La Laguna tuvo que acudir a la comisaría de la policía local para ser multado por, supuestamente, mantener un comportamiento que implicaba peligro para la integridad física en las vías del tranvía, una noche que el tranvía no estaba en funcionamiento. Supuestamente, esa multa no llegó a producirse y jamás fue notificada (o al menos no le llegó ninguna notificación de la misma), hace unos días, en google puso su nombre y apellidos para ver unas listas de becas y ayudas a estudios y aparece un enlace con la publicación en el Boletín Oficial de Canarias a fecha de 21 de marzo de 2008, con una sanción por infracción administrativa en materia de transporte de 400 euros, con el número de expediente 41872-O-2005. Solicita que se pongan en contacto en el a la mayor brevedad posible (indica el e-mail y en número de teléfono) para conocer la repercusión y cómo puede solucionar esa cuestión y dejar de aparecer publicado en internet con la multa.
Resultando: a la vista de las alegaciones y pruebas aportadas por el interesado, fue requerido informe complementario al agente denunciante, aportando escrito de fecha 17 de abril de 2011, en el que se ratifica en los hechos denunciados, en los siguientes términos: que los hechos ocurrieron hace aproximadamente dos años y medio, no pudiendo recordar toda la actuación, teniendo que remitirse, por tanto, a lo relatado en el Acta nº A-14660, si recordando que era una noche con bastante afluencia de personas en la vía pública, ya que era fin de semana y el tranvía opera durante toda la noche. Por otro lado cabe destacar que si bien no recuerdan si corrió peligro la integridad física tanto de los usuarios como de los operarios del tranvía, sí recuerdan que de quien corría peligro la integridad física era el propio denunciado.
Considerando: el recurso de revisión, previsto en los artículos 118 y 119 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación parcial de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, tiene carácter extraordinario por cuanto que sólo se admite en los supuestos del citado artículo 118 y contra actos firmes, es decir, en principio inatacables, pero que, por la gravedad de las circunstancias concurrentes en su emisión, porque pueda plantearse duda racional acerca de su validez a la vista de los documentos incorporados al expediente, o por acontecimientos acaecidos con posterioridad al acto, la Ley permite su impugnación. Esta naturaleza excepcional se manifiesta en la enumeración taxativa que hace el legislador respecto a las causas en las que únicamente puede fundarse y que precisamente por ese carácter excepcional han de ser interpretadas restrictivamente, por lo que se habla de la imposibilidad de "imprimir a la norma unas directrices más amplias" y de "la necesidad de que se puntualicen los motivos en que se base la pretensión", causas entre las que se encuentra aquella en la que parece fundamentar el recurrente el recurso de revisión interpuesto, artículo 118.1.2ª, "Que aparezcan o se aporten documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida".
Siendo necesario, para que sea admisible el recurso de revisión que los hechos en virtud de los que se ha dictado el acto sean inexactos y el error ha de resultar patente con la simple confrontación con un documento que se aporte al expediente correspondiente, características que concurren en el supuesto analizado, habida cuenta que, a la vista del informe suscrito el 17 de abril de 2011 por el agente denunciante, que consta documentalmente en el expediente que analizamos, instado por el Servicio Administrativo de Transportes de esta Administración, a los efectos de mejor proveer en la resolución del recurso extraordinario de revisión interpuesto, del que se infiere que no recuerda, dado el tiempo transcurrido, de que el hecho de que el denunciado estuviera acostado en las vías férreas hubiera constituido peligro para la integridad física de los demás usuarios, así como la de los operarios del tranvía. Dado que ese constituía el hecho infractor objeto de las resoluciones de inicio y sancionadora recaídas en el expediente sancionador de referencia; en evitación de toda posible inseguridad jurídica e indefensión del recurrente procede atender las alegaciones del mismo en relación a que concurren en el presente supuesto causas de inimputabilidad que determinan que, no existiendo prueba fehaciente en la comisión de la infracción denunciada, y siendo doctrina sentada en reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo que la carga de la prueba corresponde, como regla general a la Administración; siendo, asimismo de aplicación al Derecho Administrativo Sancionador el principio de presunción de inocencia consagrado en el artículo 24 de la Constitución Española, que exige, ante todo una prueba fehaciente y cumplida de los hechos cuya realización por el infractor sirven de base a la imposición de la sanción, recogido igualmente en el artículo 137.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común que dispone que los procedimientos sancionadores respetarán la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario; exigiendo la doctrina jurídica y la jurisprudencia de los Tribunales que la válida imposición de una sanción administrativa haya sido ineludiblemente precedida de la prueba concluyente e inequívoca de los elementos de hecho antijurídicos sobre los que se asienta, sin que la Administración pueda prevalerse en este campo de la presunción de legalidad de los actos administrativos, entendiéndose por tal una exoneración en la realización de las necesarias probanzas. En consecuencia, procede revocar la Resolución recurrida, previa estimación de las argumentaciones esgrimidas por el recurrente.
En ejercicio de las competencias atribuidas por el Estatuto de Autonomía de Canarias, transferidas a esta Corporación por Decreto 159/1994, de 21 de julio, y asignadas a este órgano por el artº. 12.1.o) del Texto Refundido del Reglamento Orgánico del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (BOP nº 97, de 16.6.05), Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de esta Corporación de fecha 6 de julio de 2007 (BOP nº 121, de 27.7.07).
Por la presente, vistos los preceptos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación, en base a lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido en los artículos 118 y 119 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación parcial de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, vengo en estimar el recurso extraordinario de revisión interpuesto por: D. Natanael Padrón Navarro, dejando sin efecto la resolución del Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad de fecha 25 de abril de 2008.
Contra esta Resolución podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo".
Lo que se notifica, advirtiendo que contra la anterior Resolución cabe interponer el recurso indicado en el mismo.
Santa Cruz de Tenerife, a 20 de febrero de 2012.- El Jefe de Servicio, Pedro Luis Campos Albarrán.
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