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BOC Nº 004. Jueves 5 de Enero de 2012 - 103

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V. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad

103 Viceconsejería de Administración Pública.- Anuncio de 30 de diciembre 2011, relativo a notificación de la Orden por la que se resuelve el expediente sancionador nº 3/2011, incoado a las empresas Naviera Armas, S.A. y Automáticos Orenes, S.L., por infracción a la normativa sobre el juego.

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Habiendo sido intentada la notificación de la citada Resolución, en los domicilios que figuran en el expediente sancionador nº 3/2011, incoado por la Viceconsejería de Administración Pública, a las mencionadas empresas, por infracción a la normativa sobre el juego, sin que haya podido practicarse a las interesadas, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14.1.99), se procede a su publicación.

Asimismo, se le informa que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14.1.99), se ha resuelto el expediente sancionador en el plazo de seis meses, a contar desde la fecha del acuerdo de iniciación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.1 del Decreto 164/1994, de 29 de julio, por el que se adaptan los procedimientos administrativos de la Comunidad Autónoma a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOC nº 102, de 19.8.94).

Orden del Consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad por la que se resuelve el expediente administrativo sancionador nº 3/2011, incoado a las empresas Naviera Armas, S.A., con C.I.F. A35008853 y Automáticos Orenes, S.L., con C.I.F. B30045850, por infracción a la normativa sobre el juego.

Examinado el expediente sancionador nº 3/2011 tramitado por la Viceconsejería de Administración Pública, incoado a las empresas Naviera Armas, S.A., con C.I.F. A35008853 y Automáticos Orenes, S.L., con C.I.F. B30045850, por infracción a la normativa sobre el juego.

Vista la propuesta formulada por la Viceconsejería de Administración Pública.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1.- Con fecha 17 de abril de 2011, por funcionario adscrito al Servicio de Inspección de Juego de la Viceconsejería de Administración Pública, fue levantada acta de infracción, dando cuenta que, en el buque Volcán de Tamadaba, propiedad de la empresa Naviera Armas, S.A., se encuentra en funcionamiento la máquina recreativa Cirsa, modelo El Tesoro de Java, B-814, serie 10-267, propiedad de la empresa operadora Recreativos Orenes, S.L.; dicha máquina carece de la autorización administrativa preceptiva otorgada por el Gobierno de Canarias, al explotarse en el ámbito territorial de Canarias y consta de un documento del Ministerio del Interior que alude a la explotación de la máquina y de la Guía de Circulación expedida por el Ministerio del Interior. Asimismo dicha máquina otorga premios de hasta 240 euros. Compareciente: Dña. Carolina Alonso Sánchez (Sobrecargo), con D.N.I. 54051033-K.

2.- A la vista de los hechos, mediante Resolución nº 2304, del Viceconsejero de Administración Pública, de fecha 6 de julio de 2011, se ordenó el inicio de expediente administrativo sancionador a las empresas Naviera Armas, S.A., con C.I.F. A35008853 y Automáticos Orenes, S.L., con C.I.F. B30045850, nombrándose instructora del mismo y formulándose los cargos pertinentes.

La Resolución de inicio del expediente sancionador fue notificada a las empresas interesadas, con fecha 11 de julio de 2011, a Naviera Armas, S.A. y con fecha 20 de julio de 2011, a Automáticos Orenes, S.L., mediante cartas con acuse de recibo, en los domicilios de las citadas empresas.

3.- Con fecha 26 de julio de 2011 tiene entrada, en el Registro Auxiliar de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, remitido a la Viceconsejería de Administración Pública el día 27 de julio de 2011 (Entrada VAP nº 16907), escrito de alegaciones de D. Pedro García Cuestas, con D.N.I. 23003971S, en representación de la empresa Automáticos Orenes , S.L., con C.I.F. B30045850, en el que manifiesta:

"Primera.- El presente expediente sancionador trae causa de la inspección efectuada el 17 de abril de 2011 al buque Volcán Tamadaba, cuyo titular es la mercantil Naviera Armas, S.A., haciendo constar en el acta de infracción de la misma fecha que "se constata la existencia de una máquina recreativa tipo b, de propiedad de Recreativos Orenes que carece de autorización administrativa preceptiva otorgada por el Gobierno de Canarias".

Desde un principio queremos señalar que es rigurosa política de Automáticos Orenes el cumplimiento de todas sus obligaciones como empresa operadora de juego -tanto a nivel autonómico como nacional-. Así, la instalación de cualquier máquina recreativa por parte de Automáticos Orenes en un lugar (ya sea un bar, un casino, un salón, un buque ...) siempre viene precedida de la obtención de la preceptiva autorización de juego de la Administración competente, al concurrir en materia de juego y su normativa competencia estatal y/o autonómica, según el lugar y/o el caso.

Segunda.- Nos encontramos en el presente caso ante el supuesto de la instalación y explotación por parte de Automáticos Orenes de una máquina recreativa en el buque "Volcán de Tamadaba", si bien ello solo se produjo una vez que se había obtenido la correspondiente autorización administrativa para ello, otorgada, en este caso, por el Ministerio de Interior y la Comisión Nacional de Juego.

Por tanto, la actuación de esta empresa operadora se ha limitado a dar cumplimiento y ejecución de forma rigurosa a un acto o autorización concedida por la Administración.

Así, conforme consta en la propia acta de inspección, la máquina instalada en el buque contaba con autorización administrativa y guía de circulación (no siendo por tanto un hecho controvertido la previa obtención de dicha autorización).

Se acompaña copia de la autorización y guía que habilitan la instalación y explotación de máquinas recreativas en el buque Volcán de Tamadaba.

Sin embargo, dicho lo anterior, se denuncia por el inspector adscrito a esta Consejería que la autorización colocada en la máquina instalada no ha sido concedida por el Gobierno de Canarias (sino por el de España).

De lo expuesto se constata que no es este un supuesto de carencia de autorización administrativa y por tanto merecedor de sanción; sino que se parece cuestionar aquí por el inspector actuante el hecho de que la Comisión Nacional del Juego (Ministerio del Interior) no tenga competencia suficiente para la autorización concedida en el buque "Volcán Tamadaba".

Lo cierto es que en todo caso, esta mercantil es un tercero de buena fe cuyo comportamiento viene amparado por un acto administrativo emitido por la Administración -competente formalmente-; sin perjuicio de que si esta Consejería quiere discutir o reclamar esa competencia a la Administración estatal proceda a ello por la vía pertinente, sin que en ningún caso, insistimos Automáticos Orenes pueda ser sancionado por ello.

Tercera.- Cuestión de competencia.

Como se dispone en el Fundamento jurídico tercero de la autorización concedida -y que se acompaña-, el Ministerio del Interior autorizó la instalación y explotación de máquinas recreativas en dos buques propiedad de Naviera Armas, S.A. -entre ellos el que es objeto de este expediente- pues entendía que es la Administración General del Estado la competente para conceder dicha autorización.

"Tercero.- Tratándose de una empresa nacional como es a todos los efectos la compañía Naviera Armas, S.A. y habida cuenta de la especial movilidad de los buques de líneas de pasaje, procede que la autoización solicitada sea dada por la Administración General del Estado al amparo (...)".

Por tanto la instalación de máquinas recreativas en el buque "Volcán de Tamadaba" se produjo después de que esta mercantil y la titular del buque obtuvieran de la Administración la autorización administrativa necesaria para ello.

Ningún interés ni beneficio tiene esta mercantil en que la citada autorización administrativa sea tramitada y/o concedida por la Administración estatal o autonómica, pero lo cierto es que es el propio Ministerio del Interior quien se considera competente en la materia con base en la siguiente normativa (fundamento jurídico Segundo de la autorización):

- Real Decreto 2110/1998, de 2 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de máquinas recreativas y de azar, artículos 33, 34 y 36.

- Real Decreto 444/1977, de 11 de marzo, modificado por Real Decreto 2709/1978, de 14 de octubre, artº. 4, en el que se autoriza la instalación de máquinas recreativas y de azar en buques de bandera nacional que cubran líneas regulares de pasaje.

- Orden INT/3477/2009, de 9 de diciembre, por la que se reconoce la validez de las certificaciones otorgadas por las Comunidades Autónomas a efectos de autorizar la instalación y explotación comercial de máquinas recreativas en los buques de pasaje.

Es de destacar que con base en esta última normativa se habilita la instalación en el buque "Volcán de Tamadaba" de máquinas recreativas que otorguen premios de 240 euros -extremo este que también se denuncia en el acta de infracción-.

Cuarta.- Acreditado desde un punto de vista legal que la explotación de máquinas recreativas en el buque "Volcán de Tamadaba", fue autorizada por la Administración estatal (Ministerio del Interior) al ser ella la competente; lo cierto es que si el Gobierno de Canarias entendiera que esa competencia es de su titularidad en ningún caso sería conforme a derecho sancionar a esta empresa operadora por la "invasión" de tal competencia por parte de otra Administración.

La autorización administrativa otorgada por la Comisión Nacional Técnica del Ministerio del Interior, generó en Automáticos Orenes, S.L. una confianza legítima en la legalidad de la explotación de sus máquinas recreativas en el buque Volcán de Tamadaba; no pudiendo por tanto ser objeto de reproche o sanción el comportamiento de esta mercantil.

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 3.- Principios generales.

1. Las Administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho.

Igualmente, deberán respetar en su actuación los principios de buena fe y de confianza legítima.

2. Las Administraciones públicas, en sus relaciones, se rigen por el principio de cooperación y colaboración, y en su actuación por los criterios de eficiencia y servicio a los ciudadanos.

A mayor abundamiento, es jurisprudencia reiterada que la presunción de inocencia, aplicable sin duda en el Derecho Administrativo sancionador, se manifiesta en la doble vertiente de que en toda resolución sancionadora han de mediar dos certezas: la de los hechos imputados y la de culpabilidad. Debe considerarse que hoy resulta indiscutida la aplicabilidad en el Derecho Administrativo Sancionador del principio penal de la culpabilidad, reverso natural de la presunción de inocencia elevado a la categoría de derecho fundamental por el artº. 24.2 de la Constitución. En tal sentido resulta evidente que para la imposición de una sanción, unido al hecho antijurídico, ha de entenderse también a si tal hecho es imputable al sujeto infractor, siquiera a título de inobservancia de obligaciones impuestas por la norma de aplicación. No existe por parte de Automáticos Orenes, ni a título de simple negligencia, ninguna culpabilidad en los hechos que se pretenden sancionar.

Por aplicación general de los principios de derecho penal al derecho administrativo sancionador, el de la culpabilidad (artº. 130.1 de la Ley 30/1992) ha de operar plenamente, lo que significa que la conducta de Automáticos Orenes tenía que ser respuesta de una previa actuación dolosa o culposa para poder ser castigada, circunstancias que no concurren en el presente supuesto.

Por último, no debemos olvidar la plasmación del principio general de validez presunta de los actos de la Administración, proclamado en el artículo 57.1 de la Ley 30/1992 "Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa".

Automáticos Orenes sólo y exclusivamente procedió a instalar y explotar máquinas recreativas en el buque "Volcán de Tamadaba" porque previamente contaba con las autorizaciones administrativas otorgadas con tal fin por el Ministerio del Interior, no siendo conforme a derecho que ahora esta mercantil sea sancionada por esta Consejería por entender esta última que ella es la titular de dicha competencia".

Asimismo, con fecha 28 de julio de 2011 tiene entrada, en la oficina de Correos, Suc. 6 de Las Palmas, remitido a esta Viceconsejería de Administración Pública el día 1 de agosto de 2011 (Entrada VAP nº 17270), escrito de alegaciones de D. Alfonso Betancort Aguado, con D.N.I. 42843793Z, en representación de la empresa Naviera Armas, S.A., con C.I.F. A35008853, con la siguiente alegación:

"Única.- El procedimiento sancionador iniciado trae causa en la inspección efectuada con fecha 17 de abril al buque Volcán de Tamadaba, buque explotado por mi representada, en la que "se constata la existencia de una máquina recreativa tipo b, de propiedad de Recreativos Orenes que carece de la autorización administrativa preceptiva otorgada por el Gobierno de Canarias".

Esta parte no discute la existencia a bordo del buque de una máquina recreativa propiedad de la empresa operadora Automáticos Orenes, S.L. mas es del todo incierta la afirmación de que mi representada carece de autorización para la instalación de dicha máquina, puesto que cuenta con la autorización administrativa preceptiva expedida por la Subdirección General de Estudios y Relaciones Institucionales del Ministerio del Interior.

Así, mediante Resolución de 17 de noviembre de 2010, la Secretaría General Técnica del Ministerio de Interior acordó renovar la autorización de instalación de máquinas recreativas en dos buques propiedad de esta mercantil, el "Volcán de Tamadaba" (objeto de este expediente) y el "Volcán de Tenagua".

Se aporta como Documento nº 2 copia de la autorización concedida por el Ministerio del Interior para la instalación de máquinas recreativas en el buque.

Como se dispone en el Fundamento jurídico tercero de la autorización concedida, el Ministerio del Interior autorizó la instalación y explotación de máquinas en los buques explotados por esta mercantil pues entiende que es la Administración General del Estado la competente para ello. En este sentido expone textualmente que:

"Tercero.- Tratándose de una empresa nacional como es a todos los efectos la compañía Naviera Armas, S.A. y habida cuenta de la especial movilidad de los buques de líneas de pasaje, procede que la autorización solicitada sea dada por la Administración General del Estado (...).

Por lo anterior, se evidencia que es la Administración General del Estado quien tiene competencia para otorgar la autorización preceptiva para la instalación de máquinas recreativas, autorización con la que mi representada cuenta, como así ya ha sido acreditado en el presente escrito.

Lo anterior es perfectamente ajustado a derecho pues el hecho de que en la actualidad, de forma puntual, dicha máquina se esté explotando en el ámbito territorial de Canarias no supone que sea el Gobierno de Canarias quien ostente la titularidad de otorgar la autorización administrativa correspondiente y que la actividad de mi representada se encuentre restringida estrictamente a dicho ámbito.

En atención a la especial movilidad de los buques propiedad de mi representada, buques de pasaje que cubren diferentes líneas entre las islas y entre estas y la península (v.g. Puertos de Huelva y Málaga) líneas que pueden cubrirse de forma indistinta por cualquiera de los buques pertenecientes a la flota, la regulación que les es de aplicación es una regulación de ámbito nacional, regulación frente a la que, como se evidencia por la autorización vigente, no existe infracción alguna en la que haya incurrido mi representada.

Es evidente que obtenida por mi mandante la autorización administrativa para la instalación de máquinas recreativas en sus buques, esta ha continuado dicha actividad de buena fe, bajo la apariencia de encontrarse autorizada para ello por la autoridad competente, por lo que no puede pretenderse por esta administración que soporte el perjuicio de ser sancionada cuando no existe tipicidad, antijuridicidad ni culpabilidad alguna en su conducta de acuerdo con la normativa de ámbito nacional aplicable en el presente caso.

Hay un hecho irrefutable y es la existencia de un acto administrativo firme y vigente, que la administración no ha revocado y que autoriza la instalación de máquinas en el buque Volcán de Tamadaba propiedad de mi mandante, por lo que no puede derivarse responsabilidad alguna por parte de mi representada, pues su comportamiento se ha ajustado de forma rigurosa a lo que le ha sido autorizado por el Ministerio del Interior, desprendiéndose una absoluta buena fe y confianza legítima por parte de esta entidad en la autorización concedida.

La existencia de dicha autorización supone que la actividad de mi representada se encuentra fuera del ámbito de aplicación de la Ley 8 de 2010 de los Juegos y Apuestas de Canarias por no encontrarse mi representada y los buques por ella explotados dentro de su ámbito de competencia, al no operar de forma exclusiva en dicha comunidad autónoma no siendo tampoco competente esta administración para iniciar el presente procedimiento sancionador con base en dicha normativa, por lo que debe procederse a su sobreseimiento y archivo".

4.- Con fecha 24 de octubre de 2011, la Instructora del expediente emite Propuesta de Resolución para que, por el Consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, de conformidad con lo establecido en el artº. 38.3.b) de la Ley 8/2010, de 15 de julio, de los Juegos y Apuestas (BOC nº 146, de 27.7.10), en relación con el artículo 16.b) del Decreto 22/2008, de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, así como con el Decreto 86/2011, de 8 de julio, del Presidente, por el que se determinan el número, denominación y competencias de las Consejerías, se imponga a las interesadas una sanción consistente en dos multas de 10.001 euros cada una, lo que asciende a un importe de 20.002 euros, por la comisión de los hechos descritos constitutivos de dos infracciones muy graves previstas en los artículos 30 a) y b) de la mencionada Ley 8/2010, de 15 de julio, de los Juegos y Apuestas, consistentes una en la organización o explotación de juegos sin poseer la correspondiente autorización administrativa y otra en la explotación de material de juego incumpliendo las normas dictadas al efecto.

Dicha Propuesta de Resolución es notificada en el domicilio de las interesadas mediante cartas con acuse de recibo de fechas 8 de noviembre de 2011, a Naviera Armas, S.A., y 9 de noviembre de 2011, a Automáticos Orenes, S.L.

5.- Con fecha 25 de noviembre de 2011 tiene entrada, en la Oficina de Correos de Las Palmas de Gran Canaria, remitido al Registro de esta Viceconsejería de Administración Pública en Las Palmas de Gran Canaria, el día 29 de noviembre de 2011 (Entrada VADP nº 22121), escrito de alegaciones de D. Alfonso Betancort Aguado, con D.N.I. 42843793-Z, en representación de la empresa Naviera Armas, S.A., con C.I.F.A35008853, en el que manifiesta:

"Primera.- De la inexistencia de la infracción imputada a mi representada.

El procedimiento sancionador iniciado trae causa en la inspección efectuada con fecha 17 de abril al buque Volcán de Tamadaba, buque explotado por mi representada, en la que "se constata la existencia de una máquina recreativa tipo b, de propiedad de Recreativos Orenes que carece de la autorización administrativa preceptiva otorgada por el Gobierno de Canarias".

Esta parte no discute la existencia a bordo del buque de una máquina recreativa propiedad de la empresa operadora Automáticos Orenes, S.L. mas es del todo incierta la afirmación de que mi representada carece de autorización para la instalación de dicha máquina, puesto que, como ya fue acreditado en el escrito de alegaciones al acuerdo de iniciación, cuenta con la autorización administrativa preceptiva expedida por la Subdirección General de Estudios y Relaciones Institucionales del Ministerio del Interior.

Así, mediante Resolución de 17 de noviembre de 2010, la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior acordó renovar la autorización de instalación de máquinas recreativas en dos buques propiedad de esta mercantil, el "Volcán de Tamadaba" (objeto de este expediente) y el "Volcán de Tenagua". La copia de dicha autorización fue aportada como documento nº 2 del escrito de alegaciones presentado frente al acuerdo de iniciación y obra como prueba en el presente procedimiento.

Como se dispone en el Fundamento Jurídico Tercero de la autorización concedida, el Ministerio del Interior autorizó la instalación y explotación de máquinas en los buques explotados por esta mercantil pues entiende que es la Administración General del Estado la competente para ello. En este sentido expone textualmente que:

"Tercero.- Tratándose de una empresa nacional como es a todos los efectos la compañía Naviera Armas, S.A. y habida cuenta de la especial movilidad de los buques de líneas de pasaje, procede que la autorización solicitada sea dada por la Administración General del Estado (...)".

Por lo anterior, se evidencia que es la Administración General del Estado quien tiene competencia para otorgar la autorización preceptiva para la instalación de máquinas recreativas, autorización con la que mi representada cuenta, como así ya ha sido acreditado en el presente escrito.

Lo anterior es perfectamente ajustado a derecho pues el hecho de que en la actualidad, de forma puntual, dicha máquina se esté explotando en el ámbito territorial de Canarias no supone que sea el Gobierno de Canarias quien ostente la titularidad de otorgar la autorización administrativa correspondiente y que la actividad de mi representada se encuentre restringida estrictamente a dicho ámbito.

En atención a la especial movilidad de los buques propiedad de mi representada, buques de pasaje que cubren diferentes líneas entre las islas y entre estas y la península (v.g. Puertos de Huelva y Málaga) líneas que pueden cubrirse de forma indistinta por cualquiera de los buques pertenecientes a la flota, la regulación que les es de aplicación es una regulación de ámbito nacional, regulación frente a la que, como se evidencia por la autorización vigente, no existe infracción alguna en la que haya incurrido mi representada.

Es evidente que obtenida por mi mandante la autorización administrativa para la instalación de máquinas recreativas en sus buques, esta ha continuado dicha actividad de buena fe, bajo la apariencia de encontrarse autorizada para ello por la autoridad competente, por lo que no puede pretenderse por esta administración que soporte el perjuicio de ser sancionada cuando no existe tipicidad, antijuridicidad ni culpabilidad alguna en su conducta de acuerdo con la normativa de ámbito nacional aplicable en el presente caso.

Hay un hecho irrefutable y es la existencia de un acto administrativo firme y vigente, que la administración no ha revocado y que autoriza la instalación de máquinas en el buque Volcán de Tamadaba propiedad de mi mandante, por lo que no puede derivarse responsabilidad alguna por parte de mi representada, pues su comportamiento se ha ajustado de forma rigurosa a lo que le ha sido autorizado por el Ministerio del Interior, desprendiéndose una absoluta buena fe y confianza legítima por parte de esta entidad en la autorización concedida.

La existencia de dicha autorización supone que la actividad de mi representada se encuentra fuera del ámbito de aplicación de la Ley 8 de 2010 de los Juegos y Apuestas de Canarias por no encontrarse mi representada y los buques por ella explotados dentro de su ámbito de competencia, al no operar de forma exclusiva en dicha comunidad autónoma, no siendo tampoco competente esta administración para iniciar el presente procedimiento sancionador con base en dicha normativa, por lo que debe procederse a su sobreseimiento y archivo.

Segunda.- De la ausencia de culpabilidad de mi representada en la infracción supuestamente cometida.

El artículo 40 de la Ley 8/2010 de los Juegos y Apuestas de la Comunidad de Canarias, preceptúa que el procedimiento sancionador en esta materia se ajustará a lo establecido en la normativa del procedimiento administrativo, por lo que es de aplicación en este procedimiento la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Es en consecuencia igualmente de aplicación al presente procedimiento el artículo 25 de la Constitución Española que al regular el principio de legalidad, consagra una ordenación unitaria de las penas y de las sanciones administrativas, al establecer que: "Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento".

Es por esto que en la esfera del procedimiento sancionador, para constituirse como conductas sancionables, las infracciones deben cumplir, al igual que en el derecho penal, con los principios generales del ordenamiento jurídico penal, en concreto, para que una conducta sea susceptible de sanción administrativa debe ser típica, antijurídica y culpable.

En este sentido y en desarrollo de lo anterior, el artículo 130 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece que:

"1. Sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los mismos aun a título de simple inobservancia".

Lo que este precepto plantea es la imperiosa necesidad de que la responsabilidad tenga un carácter subjetivo, que concurra un elemento de voluntad en la conducta del presunto infractor, esto es, que sea posible realizar un juicio de culpabilidad frente a su actuación.

Este juicio deberá integrarse por la existencia de dolo o culpa en su comisión y por la exigibilidad de otra conducta, es decir, que no concurra un elemento que restrinja la posibilidad de actuar de otra manera, como por ejemplo, un error de hecho insuperable.

Analizando este elemento constitutivo de la infracción administrativa y en el improbable caso de que se considere que la conducta de mi representada es una conducta típica, se evidencia que no es posible bajo ningún punto de vista efectuar un juicio de culpabilidad a mi representada.

En el presente caso es innegable que no se evidencia la menor intención de cometer un ilícito administrativo y que concurre una circunstancia que elimina toda responsabilidad subjetiva de mi representada pues esta ha actuado siempre y en todo momento de buena fe, habiendo obtenido la preceptiva autorización administrativa para la instalación de máquinas recreativas en sus buques por el órgano que se reputa competente para otorgarla, sin que medie intencionalidad o siquiera negligencia alguna en su conducta.

A mi representada le es inexigible una conducta diferente a la que ha tenido, puesto que instaló la máquina en el buque una vez cumplidos todos los trámites administrativos, bajo la apariencia, dada por la propia administración, de la legalidad de su conducta, por lo que no puede pretenderse ahora, en medio de lo que parece ser un conflicto de competencias entre administraciones, sancionarla, sin que haya mediado, reiteramos, negligencia alguna en su conducta.

Por lo anterior, no es posible imputar a mi representada las infracciones que pretenden imputársele pues se estarían vulnerando las normas fundamentales del procedimiento administrativo sancionador, procediendo, también por este motivo, el inmediato archivo y sobreseimiento del presente procedimiento.

Tercera.- De la incorrecta adecuación típica de la conducta de mi representada.

Subsidiariamente a lo anterior y en el improbable caso de que no sean estimadas las alegaciones precedentes, la propuesta de resolución, como expondremos a continuación, incurre en errores evidentes al tipificar la conducta de mi representada.

Así, en la propuesta de resolución se aprecia por el instructor la presunta comisión de dos infracciones muy graves preceptuadas en el artículo 30 de la Ley 8/2010.

a) La organización o explotación de juegos o apuestas no catalogados, o sin poseer las correspondientes autorizaciones administrativas, o incumpliendo el régimen de declaración responsable, así como la celebración o práctica de los mismos fuera de los establecimientos autorizados;

b) La fabricación, comercialización, instalación o explotación de material de juego incumpliendo las normas dictadas al efecto.

La única conducta de mi representada por la que se inició el presente procedimiento sancionador es que, cito textualmente: "... en el buque Volcán de Tamadaba ... se encuentra en funcionamiento la máquina recreativa Cirsa, modelo el Tesoro de Java, B-814, serie 10-267".

De la simple lectura de las infracciones imputadas a mi representada se evidencia que su conducta no puede ser enmarcada en ninguna de ellas, por lo que hay un evidente error en la tipificación de las infracciones supuestamente cometidas.

En primer lugar y en relación con la infracción contenida en el artículo 30.1 de la Ley 8/2010 esta se refiere textualmente a conductas relacionadas con la "organización o explotación de juegos o apuestas" sin hacer referencia alguna a las máquinas de juego.

Tanto los juegos y apuestas como las máquinas de juego tienen una definición expresa y diferenciada en los artículos 19 y 20 de la misma ley, por lo que las máquinas de juego no pueden entenderse incluidas dentro de la descripción típica de este precepto, en el que se deben entender incluidos, de forma taxativa los juegos y apuestas descritos en el artículo 20 de la misma ley.

En el mismo sentido, la infracción contenida en el artículo 30.2 de la Ley 8/2010 hace relación exclusiva a conductas infractoras relativas a "material de juego", sin hacer referencia alguna a las máquinas de juego, como si se hace expresamente en otras infracciones, por lo que tampoco es de aplicación a la conducta en la que ha incurrido mi representada.

Es más, en ninguna de las infracciones consideradas como muy graves existe una conducta tipificada relativa a las máquinas de juego, por lo que no es posible sancionar a mi representada por una infracción de esta graduación.

En vista de lo anterior y en el improbable caso de que esta administración sancionara a mi representada, la infracción en la que debe encuadrarse su conducta será la contenida en el artículo 31.b) que establece que:

"Son infracciones graves ... b) el permitir la práctica del juego o apuestas en establecimientos no autorizados, o por personas no autorizadas, así como la instalación o explotación de máquinas de juego carentes de la correspondiente autorización o sin haber cumplimentado la declaración responsable".

Por lo anterior y en el improbable caso de ser sancionada por su conducta, mi representada deberá serlo por la infracción contenida en el artículo 31.b) de la Ley 8/2010 en su grado mínimo, en aplicación del principio de proporcionalidad, lo que supone una sanción de multa de 1.501 euros.

Lo anterior por cuanto como señala el artículo 131.2 de la Ley 30/1992:

"En la determinación normativa del régimen sancionador, así como en la imposición de sanciones por las Administraciones Públicas se deberá guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, considerándose especialmente los siguientes criterios para la graduación de la sanción a aplicar:

a) La existencia de intencionalidad o reiteración.

b) La naturaleza de los perjuicios causados.

c) La reincidencia, por comisión, en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme".

En función de los criterios de graduación antes descritos la sanción ha de imponerse en su grado mínimo, dada la absoluta falta de intencionalidad, la inexistencia de perjuicio alguno y ser igualmente la primera vez que se sanciona a mi representada por esta conducta.

Todo lo antes expuesto determina que la sanción, de imponerse, debe imponerse en su grado mínimo.

Cuarta.- De la inaplicación por el Sr. Instructor del artículo 36 de la Ley 8/2010.

Subsidiariamente a todo lo anterior y en el caso de que se mantenga la tipificación de la conducta de mi representada como muy grave, en aplicación de la Ley 8/2010 solo podría imputársele una de las dos infracciones tipificadas, puesto que el artículo 36 de la Ley 8/2010 establece que:

"Cuando de la comisión de una infracción derive necesariamente la comisión de otra u otras, se deberá imponer únicamente la sanción correspondiente a la infracción más grave cometida".

De acuerdo con el artículo anteriormente citado y en vista de que mi representada ha incurrido en una sola conducta supuestamente objeto de sanción, deberá imputarse solo una de las infracciones que se han imputado puesto que la explotación de material de juego incumpliendo las normas dictadas al efecto, tipificada en el artículo 30.b) de la Ley 8/2010, de ser aplicable, sería una consecuencia necesaria e inevitable de la instalación de la máquina de juego en el barco, por lo que se subsume en la tipificación de la infracción contenida en el artículo 30.a) de la misma Ley."

6.- Con fecha 2 de diciembre de 2011 tiene entrada el escrito de alegaciones, fuera del plazo establecido para la presentación de las mismas, en la Oficina de Correos de Murcia, remitido al Registro de esta Viceconsejería de Administración Pública el día 12 de diciembre de 2011 (Entrada VAP nº 22626), de D. Pedro García Cuestas, con D.N.I. 23003971-S, en representación de la empresa Automáticos Orenes, S.L., con C.I.F. B30045850.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las competencias funcionales en esta materia se regulan por la Ley 8/2010, de 15 de julio, de los Juegos y Apuestas (BOC nº 146, de 27 de julio) y por el Decreto 162/2001, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma de Canarias, que excluye de su ámbito de aplicación las apuestas mutuas deportivo-benéficas, conforme a lo dispuesto en el artº. 30.28 del Estatuto de Autonomía, y no las máquinas recreativas.

Segunda.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33.1 de la Ley 8/2010, de 15 de julio, en relación con el artículo 71.c) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, aprobado por Decreto 22/2008, de 19 de febrero, y de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda, apartado g) del Decreto 147/2010, de 25 de octubre (BOC nº 212, de 27.10.10), esta Viceconsejería de Administración Pública es competente para la incoación e instrucción de los procedimientos sancionadores en materia de casinos, juegos y apuestas.

Tercera.- De conformidad con lo previsto en el artículo 38.3 de la Ley 8/2010, de 15 de julio, en relación con el artículo 16 del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, aprobado por Decreto 22/2008, de 19 de febrero, así como el Decreto 86/2011, de 8 de julio, del Presidente, por el que se determinan el número, denominación y competencias de las Consejerías, la resolución del expediente por infracciones muy graves corresponderá bien al Consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad por multas de hasta 150.000 euros o bien al Gobierno de Canarias por multas de cuantía superior a 150.000 euros.

Cuarta.- La tramitación del presente expediente sancionador se ajustará a lo dispuesto en los artículos 70 y siguientes del Decreto 162/2001, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar (BOC nº 111, de 22 de agosto), procediéndose a resolver y notificar el mismo, dentro del plazo de seis meses previsto en el artículo 5.1 del Decreto 164/1994, de 29 de julio, por el que se adaptan los procedimientos administrativos en la Comunidad Autónoma a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Quinta.- Las alegaciones de los representantes de las empresas expedientadas no niegan en ningún momento los hechos constatados por el inspector actuante, sólo pretenden que la autorización de instalación otorgada a Naviera Armas, S.A. y la Guía de Circulación de la máquina de referencia, expedidas por el Ministerio del Interior, tengan validez y suplan a la preceptiva autorización y Guía de Circulación concedidas por el órgano competente de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Sin embargo, no sólo se advirtió verbalmente a la empresa operadora de la imposibilidad, en el ámbito de esta Comunidad Autónoma de Canarias, de autorizar la explotación de máquinas de tipo "B" en buques de pasaje, según la Reglamentación vigente en materia de máquinas recreativas y de azar en esta Comunidad Autónoma, sino que, además, Automáticos Orenes, S.L. es una empresa que opera habitualmente en Canarias y que tiene en explotación un número considerable de máquinas recreativas en este ámbito territorial, conociendo perfectamente que tipo de máquinas recreativas de tipo "B" son susceptibles de homologar y explotar en Canarias a tenor de su reglamentación específica. De igual manera la empresa Naviera Armas, S.A. es una empresa naviera radicada y que opera en Canarias desde hace muchos años, cubriendo desde hace tiempo el tráfico interinsular con su flota, entre ellos, desde 2007, el buque Volcán de Tamadaba que realiza de forma regular y a diario trayectos interinsulares y no cubriendo líneas con la península (que realizan otros buques), argumento que esgrime para obviar las autorizaciones preceptivas en el ámbito territorial de Canarias.

Las alegaciones presentadas a la Propuesta de Resolución de la Instructora del expediente vuelven a insistir en lo ya alegado a la Resolución de Inicio del presente expediente sancionador añadiendo que se ha cometido un error al tipificar la conducta de la empresa expedientada, debiendo encuadrarse en la contenida en el artículo 31.b) de la citada Ley 8/2010, como infracción grave: "El permitir la práctica del juego o apuestas en establecimientos no autorizados, o por personas no autorizadas, así como la instalación o explotación de máquinas de juego carentes de la correspondiente autorización o sin haber cumplimentado la declaración responsable" y no en la propuesta como infracción muy grave en el artículo 30.a): "La organización o explotación de juegos o apuestas no catalogados, o sin poseer las correspondientes autorizaciones administrativas, o incumpliendo el régimen de declaración responsable, así como la celebración o práctica de los mismos fuera de los establecimientos autorizados", si bien aquella se aplica, en el caso de explotación de máquina recreativas, a las que, teniendo la preceptiva autorización del Gobierno de Canarias (Guía de Circulación de la máquina recreativa) esta ha caducado o simplemente carece del Boletín de Instalación actualizado, es decir, se trataría de una máquina recreativa con permiso de explotación en esta Comunidad Autónoma de Canarias y no como, en el caso del presente expediente sancionador, de una máquina recreativa no autorizada en la misma, donde se está explotando de forma ilegal.

También pretenden, las mencionadas alegaciones, que sólo debe imputársele una de las dos infracciones tipificadas, a tenor del artículo 36 de la Ley 8/2010 que establece que: "Cuando de la comisión de una infracción derive necesariamente la comisión de otra u otras, se deberá imponer únicamente la sanción correspondiente a la infracción más grave cometida." Ahora bien, se trata de dos infracciones perfectamente diferenciadas e independientes una de otra. Así, una empresa puede tener autorización para instalar máquinas recreativas en un establecimiento y, sin embargo, puede permitir la explotación de una máquina no autorizada, dando lugar por ello a una infracción o, a la inversa, puede no tener autorización para instalar máquinas recreativas y permitir la explotación de una máquina autorizada, lo que también daría lugar a una infracción.

Sexta.- Ha quedado probado que, en el momento de la Inspección del Juego, el día 17 de abril de 2011, al buque Volcán de Tamadaba, propiedad de la empresa Naviera Armas, S.A., se encuentra en funcionamiento la máquina recreativa Cirsa, modelo El Tesoro de Java, B-814, serie 10-267, propiedad de la empresa operadora Recreativos Orenes, S.L.; dicha máquina carece de la autorización administrativa preceptiva otorgada por el Gobierno de Canarias, al explotarse en el ámbito territorial de Canarias. Asimismo dicha máquina otorga premios de hasta 240 euros.

Séptima.- El apartado 1 del artículo 47 del Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma de Canarias, aprobado por Decreto 162/2001, de 30 de julio (BOC nº 111, de 22 de agosto), establece que: "Autorización a los locales habilitados al efecto en centros hoteleros, campamentos de turismo, buques de pasaje, parques de atracciones, recintos feriales o similares para instalar máquinas recreativas. 1.- Para la instalación de máquinas recreativas en los locales a los que se refiere el artículo 41.b) de este Reglamento, deberá solicitarse previamente la correspondiente autorización de instalación, a la Dirección General competente en materia de juegos y apuestas".

Por otra parte, el artº. 42.1 del citado Reglamento no recoge los buques de pasaje como los lugares donde pueden explotarse máquinas recreativas tipo B, al establecer que: "Instalación de máquinas de tipo "B". 1. Sólo podrá autorizarse la instalación de máquinas de tipo "B":

a) En los locales y dependencias destinados a la actividad pública de bar, cafetería y restaurante sujetos al Impuesto de Actividades Económicas como tales.

b) En las salas de bingo legalmente autorizadas.

c) En los salones recreativos.

d) En los casinos de juego."

En cambio sí se permiten en los buques de pasaje las máquinas de tipo A en el artº. 41.b) y en el 47 del mencionado Reglamento de máquinas, supeditado a la correspondiente autorización.

Asimismo, el artº. 6 del Reglamento de máquinas establece el límite de premios de las máquinas tipo B en 120 euros (600 veces el precio de la partida).

Igualmente requiere autorización administrativa previa la explotación de las máquinas recreativas a través de la Guía de Circulación y el Boletín de Instalación conforme a lo dispuesto en los artículos 31 y siguientes del Reglamento de Máquinas Recreativas

Octava.- De conformidad con lo previsto en la letra a) y b) del artículo 30 de la Ley 8/2010, de 15 de julio, de los Juegos y Apuestas, se aprecia la presunta comisión de dos infracciones muy graves, consistentes una en la organización o explotación de juegos sin poseer la correspondiente autorización administrativa y otra en la explotación de material de juego incumpliendo las normas dictadas al efecto.

Novena.- A tenor de lo dispuesto en el artículo 35.1 de la citada Ley 8/2010, las empresas Naviera Armas, S.A., con C.I.F. A35008853 y Automáticos Orenes, S.L., con C.I.F. B30045850, resultan responsables de los hechos descritos.

Correspondiendo sancionar las infracciones muy graves cometidas, en su grado mínimo, con dos multas de 10.001 euros cada una, lo que asciende a un importe de 20.002 euros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33.1.2 de la Ley mencionada.

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida en materia de casinos, juegos y apuestas,

R E S U E L V O:

Sancionar a las empresas Naviera Armas, S.A., con C.I.F. A35008853 y Automáticos Orenes, S.L., con C.I.F. B30045850, con dos multas de 10.001 euros cada una, lo que asciende a un importe de 20.002 euros, como responsables de la comisión de dos infracciones muy graves previstas en el artículo 30.a) y b) de la mencionada Ley 8/2010, de 15 de julio, de los Juegos y Apuestas, consistentes una en la organización o explotación de juegos sin poseer la correspondiente autorización administrativa y otra en la explotación de material de juego incumpliendo las normas dictadas al efecto.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso de Santa Cruz de Tenerife o ante el Juzgado de lo Contencioso en cuya circunscripción tenga su domicilio el recurrente, o bien a criterio del interesado, interponer en vía administrativa, el recurso de reposición potestativo ante esta Consejería, en el plazo de un mes a contar del día siguiente a que tenga lugar su notificación en los términos previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; debiendo notificarse a las empresas Naviera Armas, S.A. y Automáticos Orenes, S.L., como interesadas en el procedimiento, y con domicilio a efecto de notificaciones la primera en calle Juan Domínguez Pérez, nº 2, Las Palmas de Gran Canaria, código postal 35008 y la segunda en Avenida Alicante, 170, Murcia, código postal 30007.

La liquidación, en período voluntario, del importe de la mencionada sanción, cuyo instrumento cobratorio (Carta de Pago) se adjunta a la presente Orden, deberá hacerse efectiva en los lugares, formas y plazos que se detallan a continuación:

LUGAR Y FORMA DE INGRESO:

a) En el Servicio de Caja de los órganos de recaudación de la Consejería de Economía y Hacienda, en metálico o cheque conformado a nombre de la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Canarias.

b) A través de Bancos o Cajas de Ahorros, en los que no se precisa tener cuenta abierta.

c) Por Internet a través del dominio:

https://www.gobiernodecanarias.org/tributos.

PLAZOS DE INGRESO: (artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, aplicable conforme al artículo 20.1 de la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y al artículo 11 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria):

a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Si vencidos dichos plazos de ingreso, no se hubiera satisfecho la deuda, se iniciará el período ejecutivo y la Administración Tributaria Canaria efectuará la recaudación de las deudas por el procedimiento de apremio sobre el patrimonio del obligado al pago. El inicio del período ejecutivo determinará la exigencia de los intereses de demora y de los recargos del período ejecutivo en los términos previstos en los artículos 26 y 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y, en su caso, de las costas del procedimiento de apremio.

El pago de la deuda podrá aplazarse o fraccionarse previa solicitud del obligado al pago que deberá presentarse en el Servicio de Recaudación de la Administración Tributaria Canaria.

RECURSOS QUE PUEDEN SER EJERCITADOS CONTRA LOS ACTOS DE RECAUDACIÓN:

En el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación, el interesado podrá interponer indistinta pero no simultáneamente:

- Recurso de reposición ante el órgano que dictó el acto.

- Reclamación económico-administrativa ante el Excmo. Sr. Consejero de Economía, Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias. El escrito de interposición de la reclamación económico-administrativa deberá presentarse ante el órgano que dictó el acto (artículo 235.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria).- El Consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Spínola.

Santa Cruz de Tenerife, a 30 de diciembre de 2011.- La Viceconsejera de Administración Pública, Carmen Nieves Rodríguez Fraga.

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