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BOC-A-2012-001-9.
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Visto el recurso de reposición interpuesto por D. Antonio Alejandro Suárez Arencibia y otros, contra la Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, de 5 de julio de 2011, por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo adscritos al Grupo B, Cuerpo de Gestión de la Administración, Escalas de Gestión General y de Gestión Financiera y Tributaria, de los Departamentos y Organismos Autónomos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 134, de 8.7.11).
Vista la propuesta formulada por la Dirección General de la Función Pública.
Teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Mediante Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, de 5 de julio de 2011, se convocó concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo adscritos al Grupo B, Cuerpo de Gestión de la Administración, Escalas de Gestión General y de Gestión Financiera y Tributaria, de los Departamentos y Organismos Autónomos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 134, de 8.7.11).
Segundo.- D. Antonio Alejandro Suárez Arencibia y los otros ocho funcionarios firmantes del recurso participaron en el concurso de méritos mencionado, perteneciendo todos ellos al Cuerpo de Gestión, Escala de Gestión General (Grupo A, Subgrupo A2).
Tercero.- Mediante escrito registrado de entrada en la Dirección General de la Función Pública el 11 de agosto de 2011, D. Antonio Alejandro Suárez Arencibia y otros interponen recurso de reposición contra la Orden citada en el antecedente de hecho primero, en el que solicitan, además de determinada prueba documental, en cuanto al fondo, en síntesis:
- Que se declare la nulidad del anexo de plazas de la Orden impugnada por omitir las plazas vacantes y las resultas.
- Que se incluya en el concurso de méritos convocado la totalidad de plazas existentes en las distintas relaciones de puestos de trabajo vigentes en el momento de interponer el recurso, de los Departamentos y Organismos Autónomos de la Administración Autonómica Canaria, tanto vacantes porque no estén provistas con carácter definitivo o no exista reserva legal a favor de funcionario, como aquellas que estén cubiertas de forma definitiva o tengan reserva legal a favor de funcionario, y que se encuentren adscritas al Cuerpo de Gestión de la Administración, Escalas de Gestión General y de Gestión Financiera y Tributaria, dando un nuevo plazo para la presentación de solicitudes.
- Que se declare la nulidad del apartado 1.3 del baremo de méritos de la Orden de convocatoria en lo que se refiere a la valoración del tiempo trabajado como personal eventual.
- La obligatoriedad de que se convoquen anualmente los concursos de méritos.
- Que se suspenda cautelarmente la ejecución de la Orden de convocatoria.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- El Consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad es competente para conocer y resolver el presente recurso de reposición, interpuesto de conformidad con lo previsto en el artículo 116.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al ser el órgano que dictó el acto objeto de impugnación.
SegundA.- El recurso interpuesto reúne los requisitos determinantes de su admisión a trámite, en cuanto a capacidad, legitimación e interposición dentro de plazo de acuerdo con lo previsto en los artículos 30, 31, 107.1, 116 y 117, respectivamente, de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Tercera.- El presente recurso se resuelve en función de la obligación que tiene la Administración de dictar resolución expresa en todos los procedimientos, de conformidad con lo previsto en el artículo 42 de la misma Ley.
Cuarta.- Por lo que respecta a la pretensión de que se oferten todos los puestos de trabajo sin titular definitivo, estén o no dotados, el artículo 30 de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria (en adelante LFPC), que en el apartado 1 garantiza el derecho de los funcionarios a ocupar los puestos de trabajo, de acuerdo con las condiciones determinadas en las relaciones de puestos de trabajo, mediante los sistemas de provisión existentes, concreta, en el apartado 2, que una vez al año, como mínimo, se procederá a convocar los concursos de traslados entre los funcionarios para cubrir los puestos vacantes.
También el artículo 46.1 in fine de la ley canaria hace referencia a que los puestos que queden vacantes deberán incluirse en los concursos.
El capítulo III (artículos 77 y 78), del Título VI de la LFPC, dedicado a la provisión de puestos de trabajo, insiste en esa idea de puesto de trabajo vacante cuando inicia el apartado 1 del artículo 77 recogiendo: "Producida la vacante en un puesto de trabajo ...".
En la actualidad, tras la modificación del Decreto 48/1998, de 17 de abril, por el que se regula la provisión de puestos de trabajo del personal funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, por el Decreto 22/2011, de 10 de febrero, se recoge, en el apartado 2 del artículo 6 que una vez al año, al menos, habrá de efectuarse convocatoria para la provisión de puestos de trabajo por el sistema concurso, en la que obligatoriamente se incluirán los puestos de trabajo dotados que se encuentren vacantes sin reserva legal.
Las convocatorias han de sujetarse a las exigencias de las determinaciones que las leyes, la básica, como es la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, que en el artículo 14.4 establece que las Comunidades Autónomas determinarán en sus respectivas Leyes de Presupuestos las plantillas de todo su personal, y que en el artículo 24.2 dispone que la cuantía de las retribuciones básicas, de los complementos de destino asignado a cada puesto de trabajo y de los complementos específicos y de productividad, deberá reflejarse para cada ejercicio presupuestario en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado y figurar en los presupuestos de las demás Administraciones Públicas, y la de la Función Pública Canaria que en el artículo 18.1 hace lo propio, estableciendo que las relaciones de puestos de trabajo se ajustarán a las previsiones presupuestarias, de tal forma que no podrán contener puestos cuya cobertura económica no esté contemplada en las dotaciones de personal contenidas en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para cada ejercicio.
Es decir, para, la legislación específica de función pública, en relación con lo que regula el presupuesto, no cabe entender que existan puestos de trabajo "no dotados" presupuestariamente, al menos bajo el prisma o régimen de la provisión de puestos de trabajo.
Es por ello que el legislador canario, al tratar el tema de la provisión, se refiere a que tendrán que ser convocados los puestos vacantes, todos, no unos sí y otros no, pues la misma norma -y la básica estatal- impiden que a esos efectos se haga una distinción entre "dotados" -que se convocarían- y "no dotados", que no se convocarían.
Lo referido ha de conducir a la inclusión de todos los puestos vacantes en la convocatoria. Por ello, la convocatoria no se ajusta a la normativa reguladora de la provisión de puestos, ya que la base primera únicamente convoca los puestos de trabajo dotados y no la totalidad de los puestos vacantes.
Quinta.- En relación a la solicitud de que se oferten los puestos de trabajo que puedan quedar vacantes como consecuencia de la resolución del propio concurso ("resultas"), la Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, de 29 de octubre de 2008, por la que se aprueban las bases generales de los concursos de méritos del ejercicio de 2008 (prorrogadas y, por tanto, vigentes en la actualidad, según los términos de la disposición final segunda de la misma) estableció, en la base general primera, que se han de convocar los puestos de trabajo que no estén cubiertos de forma definitiva (es decir, los que se entienden vacantes, a efectos de provisión), añadiendo, además, que también se han de convocar los cubiertos definitivamente o con reserva legal, que sólo podrán adjudicarse si su titular lo dejase libre por haber obtenido otro puesto de trabajo en el mismo concurso o por otra circunstancia que dé lugar a la pérdida del puesto de trabajo (supuestos de jubilación, de cambio de situación administrativa de la que no resulte reserva de puesto, de participación en otros procedimientos de provisión o de selección, etc.).
A eso es a lo que se da la consideración de resultas o fase de resultas por la Administración canaria.
Como la convocatoria respecto a ello, no se ha sujetado a las bases generales, pues no ha incluido esa previsión de resultas, ha de modificarse y, por tanto, incorporarla en la base correspondiente.
Sexta.- Por lo que respecta a la pretensión de que no se valore el tiempo trabajado como personal eventual, hemos de tener en cuenta que el citado personal es una clase de empleado público. Así lo señala el artículo 8.2.d) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP, en adelante), que dedica su artículo 12 a trazar las líneas generales de su régimen jurídico.
La designación como personal eventual es uno de los supuestos de hecho, el recogido en el artículo 87.1.i) del EBEP, por los que los funcionarios son declarados en la situación administrativa de servicios especiales, en caso de que no opten por permanecer en servicio activo.
El apartado 4 del artículo 12 del EBEP establece que la condición de personal eventual no podrá consistir en mérito para el acceso a la Función Pública o para la promoción interna.
A su vez, el apartado 2 del artículo 87 del EBEP recoge que el tiempo que se permanezca en esa situación se computará a efectos de trienios y ascensos, entre otros.
Se desprende de ello que, en todo caso, no existe impedimento legal para valorar el tiempo y desempeño de funciones como personal eventual cuando de una convocatoria de concurso de méritos se trata.
Además, en relación con un supuesto similar, valoración en concepto de nivel de complemento de destino del puesto de trabajo desempeñado por una funcionaria que estuvo en servicios especiales, de ese período de tiempo, en un concurso de méritos, la Sentencia de 31 de marzo de 2003, dictada en recurso de apelación por el Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, en Santa Cruz de Tenerife, revocando en parte la del Juzgado de instancia, decidió que se debe valorar el tiempo de trabajo desarrollado en la situación administrativa de servicios especiales, por el nivel del puesto de trabajo que desempeñaba con anterioridad a ese cambio de situación.
Séptima.- En cuanto a la solicitud de suspensión se desestimó mediante Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad nº 67, de 30 de agosto de 2011.
Octava.- El artículo 60.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, dispone que serán objeto de publicación los actos administrativos cuando así lo aconsejen razones de interés público.
En este caso, a la vista de la trascendencia que para un amplio colectivo de funcionarios de carrera de los Cuerpos y Escalas convocados al concurso pueda suponer la anulación de distintas bases de la convocatoria del mismo, derivada de la estimación de varios recursos administrativos interpuestos contra la Orden de convocatoria, lo que va a significar publicar una nueva Orden de convocatoria del concurso, con la consiguiente demora en la adjudicación definitiva de los puestos de trabajo, resulta aconsejable publicar la Orden resolutoria del recurso de reposición para su general conocimiento.
Por la presente,
R E S U E L V O:
Primero.- Estimar parcialmente el recurso de reposición interpuesto por D. Antonio Alejandro Suárez Arencibia y otros, contra la Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, de 5 de julio de 2011, por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo adscritos al Grupo B, Cuerpo de Gestión de la Administración, Escalas de Gestión General y de Gestión Financiera y Tributaria, de los Departamentos y Organismos Autónomos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 134, de 8.7.11) y, en ese sentido, anular la base primera, en lo relativo a los puestos de trabajo dotados y a que no contempla las previsiones sobre las resultas, de la Orden de convocatoria y en correspondencia con ello, el anexo II (puestos vacantes) de la misma Orden.
Segundo.- Desestimar la pretensión relativa a que no se valore el tiempo trabajado como personal eventual.
Tercero.- Que se dicte una nueva Orden de convocatoria del concurso, en la que se incluya, en lugar de la base anulada, otra adaptada a la pretensión estimada.
Cuarto.- Que se publique la Orden resolutoria del recurso de reposición en el Boletín Oficial de Canarias.
Contra esta Orden, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación.
Santa Cruz de Tenerife, a 23 de diciembre de 2011.
EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA E IGUALDAD,
Francisco Hernández Spínola.
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