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BOC Nº 241. Viernes 9 de Diciembre de 2011 - 6411

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V. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad

6411 ANUNCIO por el que se hace pública la Resolución de 25 de octubre de 2011, de la Secretaria de la Comisión de Valoraciones de Canarias, que notifica el Acuerdo de esta Comisión de 20 de julio de 2011, relativo al expediente 112/09, sobre expropiación forzosa de la Finca A afectada por la ejecución del proyecto denominado Ampliación de la Estación de Guaguas de Arrecife.

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BOC-A-2011-241-6411. Firma electrónica-Descargar

No pudiendo practicarse la notificación a Dña. Nieves Rodríguez Caraballo y Hermanos, por ser desconocido el lugar de la notificación, es por lo que, conforme a lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

1º) Notificar a Dña. Nieves Rodríguez Caraballo y Hermanos, el Acuerdo de la Comisión de Valoraciones de Canarias, de 20 de julio de 2011 relativo al expediente 112/09 relativo a la expropiación forzosa de la Finca A afectada por la ejecución del proyecto denominado "Ampliación de la Estación de Guaguas de Arrecife" con el siguiente tenor literal:

"Acuerdo de la Comisión de Valoraciones de Canarias de 20 de julio de 2011, del expediente de justiprecio de la Finca A, afectada por la ejecución del proyecto denominado "Ampliación de la Estación de Guaguas de Arrecife".

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El Consejo de Gobierno Insular, por Acuerdo de fecha 19 de febrero de 2009, aprobó la relación de bienes y derechos afectados por el expediente de expropiación derivado del proyecto "Ampliación de la Estación de Guaguas, término municipal de Arrecife", declarando expresamente la utilidad pública y el interés social de ocupar dichos bienes.

Segundo.- El Consejo de Gobierno Insular, el 17 de junio de 2009 acordó:

"Primero.- Aprobar con carácter definitivo la necesidad de ocupación y la relación de bienes objeto del expediente de expropiación, que se hizo pública ... para la ejecución del Proyecto de "Ampliación de la Estación de Guaguas término municipal de Arrecife", ..."

Segundo.- Abrir pieza separada, con expediente individual de propietarios, para la determinación del justo precio, una vez no se ha alcanzado conformidad a la valoración realizada por los Servicios Técnicos de este Cabildo Insular ...

Tercero.- Considerar como hoja de aprecio de esta Corporación, en relación al expediente expropiatorio, la valoración efectuada por los Servicios Técnicos de este Cabildo Insular ...

Quinto.- Notificar el acuerdo a los interesados y dar traslado de las piezas separadas del expediente de expropiación a la Comisión de Valoraciones de Canarias, a efecto de la fijación de justiprecio ..."

Tercero.- Dicho expediente se recibe en la Comisión de Valoraciones de Canarias el 30 de julio de 2009.

Cuarto.- Mediante escrito de la Secretaria de la Comisión de Valoraciones de Canarias de fecha 2 de noviembre de 2009 se requiere al Cabildo Insular de Lanzarote se aporte la siguiente documentación:

"- Original o copia compulsada de las actas de ocupación de las fincas objeto de expropiación.

- Original o copia compulsada de los documentos acreditativos de haber realizado los trámites previstos en los artículos 29, 30 y 31 de la Ley de Expropiación Forzosa, con posterioridad al 17 de junio de 2009 (fecha del acuerdo por el que se declara la urgente ocupación), esto es:

- Acreditación de la notificación de los requerimientos a los propietarios de las correspondiente Hojas de Aprecio.

- Hojas de Aprecio de los propietarios.

- Acreditación de la notificación a los propietarios de las Hojas de Aprecio de la Administración.

- Rechazo expreso de los propietarios de las Hojas de Aprecio de la Administración."

Con esta misma fecha se dicta Resolución de la Secretaria suspendiendo el plazo para resolver y notificar la resolución del procedimiento hasta tanto se dé cumplimiento al requerimiento efectuado.

Quinto.- El 25 de noviembre de 2009 tiene entrada en la Comisión de Valoración de Canarias escrito del Cabildo Insular de Lanzarote aportando la documentación solicitada, salvo el rechazo por parte de alguno de los propietarios de la finca A.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Compete a la Comisión de Valoraciones de Canarias la fijación del justiprecio de conformidad con lo establecido en el artículo 228 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias, en relación con el artículo 3.1.a) del Decreto 124/2007, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión de Valoraciones de Canarias.

II.- A tenor de lo previsto en la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa (artículos 24 y 25) el procedimiento de justiprecio, se inicia una vez intentado el mutuo acuerdo con los titulares de las fincas objeto de un procedimiento de expropiación forzosa, sin que este se alcance.

En el procedimiento de justiprecio ha de requerirse a los propietarios a fin de que presenten su hoja de aprecio. Si no ejercieran este derecho, no puede presumirse que hay conformidad con la valoración que les fue ofertada en el mutuo acuerdo por la Administración expropiante, por lo que habrá de continuar la Administración con la tramitación del procedimiento establecido en la LEF, esto es: elaborar y notificar su hoja de aprecio a los afectados por la expropiación (artº. 30.2), pues hasta entonces y como tal no existe en el expediente administrativo. Es entonces, cuando el particular tiene el derecho de aceptar la hoja de aprecio notificada, o bien, la carga de rechazarla.

III.- El artículo 31 de la Ley de Expropiación Forzosa dispone literalmente:

"Si el propietario rechazare el precio fundado ofrecido por la Administración, se pasará el expediente de justiprecio al Jurado Provincial de Expropiación."

A tenor de lo previsto en el artículo 3 del Código Civil: "Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas".

La Real Academia de la Lengua define rechazar como: "Contradecir lo que alguien expresa o no admitir lo que propone u ofrece" , tiene otras acepciones como resistir a otro obligándolo o forzándolo a retroceder, mostrar oposición, denegar, es decir en todas las acepciones hay una conducta que se exterioriza y se manifiesta.

Por tanto, según el tenor literal del artículo 31 de la LEF: "... si el propietario rechazare ... se pasará el expediente de justiprecio al Jurado Provincial de Expropiación", es necesario que el propietario actúe manifestando su disconformidad.

No cabe interpretar que si el expropiado no actúa, esto es, si no rechaza expresamente, haya de entenderse que ha rechazado, pues lo que estaríamos haciendo es creando una ficción jurídica, no prevista expresamente en la Ley, al otorgarle consecuencias jurídicas a la inactividad del particular. Además admitir esta ficción jurídica conllevaría entre otros efectos los siguientes:

1º.- Que no se puedan ocupar los bienes expropiados en el procedimiento general, y, por tanto, no se pueda satisfacer el interés público o social que se persigue con esta potestad de la Administración (artº. 48 y siguientes de la LEF).

2º.- Que hasta que el órgano arbitral no se pronuncie, el plazo respecto del cual ha de indemnizarse "al particular inactivo" con el interés legal es mayor (artículos 56 y siguientes de la LEF).

IV.- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que regula después de la entrada en vigor de la Constitución Española dicho procedimiento, en su artículo 68 dispone que los procedimientos se iniciarán de oficio (no es el caso), o a solicitud de interesado: el expropiado disconforme. Por ello, es necesario el rechazo expreso, para que el procedimiento ante la Comisión de Valoraciones pueda iniciarse, y para que además tenga objeto. Siendo la Comisión de Valoraciones de Canarias un órgano al que acuden las partes expropiada, expropiante y beneficiaria para solventar sus discrepancias sobre el valor de los bienes y derechos expropiados y por tanto sus funciones son "arbitrales" la controversia no puede "presumirse" sino que ha de constar claramente.

V.- En este sentido se pronuncia el Tribunal Supremo en Sentencia del TS. de 14 de junio de 1999 ha afirmado que el particular tiene la carga, que no la obligación, de impugnar el precio que fija la Administración en su hoja de aprecio , debiendo asumir las consecuencias de su libre decisión.

Y el Tribunal Superior de Justicia de Aragón en la sentencia de 30 de enero de 2007:

"... Esta alegación debe ser plenamente acogida pues, como expresamente se desprende del artº. 30 de la Ley de Expropiación Forzosa, una vez formulada por el expropiado hoja de aprecio y rechazada esta por la Administración expropiante efectuando la correspondiente valoración, el expropiado ... podrá aceptarla lisa y llanamente o bien rechazarla, y en este segundo caso tendrá derecho a hacer las alegaciones que estime pertinentes, empleando los métodos valorativos que juzgue más adecuados para justificar su propia valoración a los efectos del artº. 43, y asimismo a aportar las pruebas que considere oportunas en justificación de dichas alegaciones ...", añadiendo el artº. 31 que "... si el propietario rechazase el precio fundado ofrecido por la Administración, se pasará el expediente de justiprecio al Jurado Provincial de Expropiación.

De estos preceptos se deduce que el trámite de determinación del justiprecio, en caso de rechazo por el expropiado de la hoja de aprecio de la Administración, con formulación de alegaciones y aportación de pruebas, no es otro que la remisión del expediente al Jurado ...".

VI.- En la legislación sectorial: Decreto 138/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de gestión y ejecución del sistema de planeamiento de Canarias, al regular el procedimiento de expropiación de tasación conjunta en su artº. 120.9 y 10, prevé que la reclamación ante la Comisión de Valoraciones ha de ser expresa:

"9. La resolución aprobatoria del expediente se notificará a los interesados titulares de bienes y derechos que figuran en el mismo, confiriéndoles un plazo de veinte días para la presentación de alegaciones ante la Comisión de Valoraciones de Canarias, transcurrido el cual esta dictará resolución definitiva sobre la fijación del justiprecio de las fincas expropiadas.

10. Si los interesados no formularen oposición a la valoración en el citado plazo de veinte días, se entenderá aceptada la que se fijó en el acto aprobatorio del expediente, entendiéndose determinado el justiprecio y a conformidad."

Luego, no tendría sentido entender que la falta de rechazo expreso de los expropiados respecto de la valoración realizada por la Administración tuviera un efecto diferente (en un supuesto se entendería aceptada y en el otro rechazada) según el procedimiento de expropiación seguido (tasación conjunta o individualizada).

VII.- En conclusión la interpretación del artículo 31 de la LEF no puede ser que se traslade a la Comisión, por la Administración expropiante, una pieza separada de justiprecio en la que existiendo hoja de aprecio de la Administración debidamente notificada al expropiado, este no se haya opuesto de forma expresa a la misma, pues no consta la voluntad de dicho interesado para iniciar una nueva fase del expediente expropiatorio, ni los términos de la controversia. El rechazo a tenor del artº. 31 no es tácito, pues de otro modo, esta Comisión tendría que dilucidar sobre un valor no controvertido.

Por todo ello,

Se acuerda inadmitir a trámite la solicitud de fijación de justiprecio iniciada por el Cabildo Insular de Lanzarote, de la Finca A, del proyecto denominado "Ampliación de la Estación de Guaguas, término municipal de Arrecife".

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer por los particulares afectados recurso potestativo de reposición ante la Comisión de Valoraciones de Canarias, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, o alternativamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de que los interesados puedan interponer cualquier otro que considere pertinente.

Por parte de la Administración afectada por el presente acuerdo, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a la notificación de la presente resolución, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa."

2º) Ordenar la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de Canarias.

3º) Remitir la presente Resolución al Ayuntamiento de Arrecife, para su exposición pública en el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de octubre de 2011.- La Secretaria de la Comisión de Valoraciones de Canarias, María Guayarmina Quintana López.

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