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BOC-A-2011-241-6384.
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Visto el recurso de reposición interpuesto por Dña. Carmen Rosenda González García, contra la Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, de 8 de abril de 2011, por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo adscritos al Grupo A, Cuerpo Superior de Administradores, Escalas de Administradores Generales, Administradores Financieros y Tributarios y Técnicos Estadísticos Superiores, Cuerpos Docentes del mismo Grupo y al Grupo B, Cuerpo de Gestión, Escalas de Gestión General y Gestión Financiera y Tributaria, de los Departamentos y Organismos Autónomos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 74, de 12.4.11).
Vista la propuesta formulada por la Dirección General de la Función Pública.
Teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Mediante Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, de 8 de abril de 2011, se convocó concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo adscritos al Grupo A, Cuerpo Superior de Administradores, Escalas de Administradores Generales, Administradores Financieros y Tributarios y Técnicos Estadísticos Superiores, Cuerpos Docentes del mismo Grupo y al Grupo B, Cuerpo de Gestión, Escalas de Gestión General y Gestión Financiera y Tributaria, de los Departamentos y Organismos Autónomos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 74, de 12.4.11).
Segundo.- Dña. Carmen Rosenda González García, funcionaria de carrera del Cuerpo de Gestión, Escala de Gestión General, participó en el concurso de méritos mencionado.
Tercero.- Por medio de escrito registrado de entrada en la Dirección General de la Función Pública el 12 de mayo de 2011, la interesada interpuso recurso de reposición contra la Orden citada en el antecedente primero, en el que en síntesis solicitaba:
- Que no se permita la participación en el concurso de los funcionarios docentes.
- Que no se considere mérito ni encontrarse en adscripción provisional ni el destino previo del cónyuge o pareja de hecho.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- El Consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad es competente para conocer y resolver el presente recurso de reposición interpuesto, de conformidad con lo previsto en el artículo 116.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al ser el órgano que dictó el acto objeto de impugnación.
Segunda.- El recurso reúne los requisitos determinantes de su admisión a trámite, en cuanto a capacidad, legitimación e interposición dentro de plazo de acuerdo con lo previsto en los artículos 30, 31, 107.1, 116 y 117, respectivamente, de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Tercera.- El presente recurso se resuelve en función de la obligación que tiene la Administración de dictar resolución expresa en todos los procedimientos, de conformidad con lo previsto en el artículo 42 de la misma Ley.
Cuarta.- Sobre la pretensión de que no participen los funcionarios docentes, el Decreto 48/1998, de 17 de abril, por el que se regula la provisión de puestos de trabajo del personal funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el artículo 1.2, dispone que el personal funcionario docente se regirá por las normas específicas que les sean aplicables (en cuanto a la provisión, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; el Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre, por el que se regula el concurso de traslados de ámbito estatal entre personal funcionario de los cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y otros procedimientos de provisión de plazas a cubrir por los mismos y la normativa propia autonómica).
Y ello tiene que ser así porque los méritos a valorar en los concursos son distintos para un colectivo y para otro, por ejemplo, el grado personal -mérito de obligada valoración en los concursos- no es un elemento de la carrera administrativa de los funcionarios docentes. Éstos no consolidan grado personal alguno. La formación de los funcionarios una vez se adquiere esta condición es radicalmente distinto en el ámbito docente respecto del ámbito de la Administración General (los docentes realizarán cursos sobre pedagogía, contenidos propios del ejercicio profesional en las aulas, etc., mientras que los funcionarios de Administración General los realizarán sobre cuestiones administrativas generales (procedimiento, contratación, recursos humanos), o específicos (según los Cuerpos/Escalas y los puestos de destino). En la docencia, la estructura de niveles de complemento de destino de los puestos de trabajo no es comparable con la de los de la Administración General.
En fin, los méritos a valorar en los procedimientos de provisión para unos y otros o son distintos o si coinciden se valoran de distinta manera.
Así, para unos son méritos a valorar (artículo 20.1.a) de la LMRFP; artículo 78.2 de la LFPC, artículo 10 del Decreto 48/1998), los adecuados a las características de los puestos, el trabajo desarrollado en puestos anteriores, los cursos de formación, las titulaciones académicas relacionadas con los puestos, la antigüedad, la posesión de grado personal, las titulaciones académicas relevantes, la impartición de cursos o defensa de ponencias, etc., mientras que para otros, los docentes, por estar así recogido en la normativa propia de aplicación, se valorará como mérito, la antigüedad en el centro, la antigüedad en el Cuerpo, la pertenencia, en su caso, a los Cuerpos de Catedráticos, los doctorados, postgrados y premios extraordinarios, otras titulaciones universitarias, las titulaciones de enseñanzas de régimen especial y de la formación profesional, el desempeño de cargos directivos (en los centros públicos docentes) y otras funciones, la formación y perfeccionamiento, etc.
Por esas razones no deben incluirse en el concurso puestos adscritos a funcionarios docentes, debiéndose adaptar las bases que lo permiten, base primera y base segunda 2 párrafo primero, y base tercera 1 párrafo primero.
Quinta.- Respecto a que no se considere como mérito la adscripción provisional o el destino previo del cónyuge o pareja de hecho, se indica lo siguiente:
La adscripción provisional como criterio de desempate está recogido, con carácter normativo reglamentario, en el Decreto 48/1998, de 17 de abril, en el artículo 10.5.a)
La adscripción provisional a lo efectos de este concurso no tiene la consideración de mérito, sino de criterio, el primero a tener en cuenta o a utilizar, únicamente, en el supuesto de empate en la puntuación y, además, si esa adscripción obedece al hecho de que se haya suprimido previamente el puesto de trabajo que ocupara el funcionario, es decir, porque la Administración, en un momento determinado y en el ejercicio de su potestad de autoorganización considerara que ese puesto de trabajo no debe continuar existiendo.
Sexta.- Por lo que se refiere al destino previo del cónyuge o pareja de hecho, la convocatoria recoge dos posibilidades.
Una de ellas, la que lo trata como el segundo criterio preferente al momento de decidir los empates en la puntuación (el primero es el visto en la consideración anterior).
La otra es que bajo determinadas circunstancias, puede ser un mérito a valorar, pero sólo en el caso de que concurran dos circunstancias:
* Una, que el concursante afectado acceda desde otra isla.
* Otra, que el cónyuge o pareja de hecho del citado concursante esté destinado en un puesto de trabajo obtenido por convocatoria.
A ambas posibilidades se refiere el Decreto 48/1998, de 17 de abril (artículo 10.2 -méritos- y 5.b) -criterio de desempate-), haciéndolo el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de puestos de trabajo y Promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado, a la consideración de mérito -artículo 44.2.a)-.
De acuerdo con la doctrina, el derecho de consorte puede definirse «como un derecho de carácter preferencial que otorga a quienes lo ostenten, en virtud de la existencia previa de un vínculo conyugal (o pareja de hecho reconocida legalmente), una ventaja posicional en los concursos de provisión de puestos de trabajo entre diferentes localidades, cara a obtener la adjudicación de la plaza solicitada en los mismos.» Asimismo, la doctrina entiende que la materialización del referido derecho exige en nuestro sistema el juego de una serie de elementos:
- El elemento objetivo, esto es, el reconocimiento normativo del derecho en cuestión.
- El elemento subjetivo, es decir, que quien lo alegue tenga la condición de empleado público y pueda demostrar la existencia de un efectivo vínculo conyugal (o acreditar la existencia de pareja de hecho constituida legalmente) con otra persona que ostente asimismo esa condición de empleado público que justifique su utilización.
- El elemento territorial, puesto que la plaza solicitada por quien utiliza el derecho de consorte debe radicar en localidad distinta a la del previo destino.
Por su parte, el Ministerio de Administraciones Públicas, en consulta elevada al mismo sobre el derecho de consorte, añadió la necesidad de que el destino previo del cónyuge (o pareja de hecho constituida legalmente) a los efectos de otorgar al concursante la puntuación establecida por dicho concepto, lo sea con carácter definitivo en el municipio donde radique el puesto o puestos de trabajo solicitados y no el que pueda ocupar en comisión de servicios o en adscripción provisional durante un período de tiempo determinado, y, por último, que se acceda desde municipio distinto.
Sobre la aplicación en los concursos de lo que tradicionalmente se ha denominado derecho de consorte, se han referido tanto el Tribunal Constitucional (Sentencias 192/1991, de 14 de octubre y 210/1991, de 28 de octubre), como el Tribunal Supremo (Sentencias de 11 de enero de 1989; 6 de marzo de 1990; 17 de mayo de 1993; 28 de septiembre de 1994; 30 de septiembre de 1996, etc.).
Todas ellas atienden, cuando se trata del desarrollo o promoción de la carrera administrativa -de la que la provisión de puestos de trabajo es un elemento-, a la mayor eficacia en la organización de los servicios o a la protección de otros bienes constitucionales, a la vez que admiten la adjudicación de ese derecho de consorte desde la consideración de otros bienes jurídicos, como es la familia, cuya protección social, económica y jurídica, debe ser asegurada por los poderes públicos, como refleja el artículo 39.1 de la Constitución.
En definitiva, para la jurisprudencia citada, introducir el turno de consorte encuentra justificación razonable, objetiva y proporcionada en consideraciones no sólo de protección a la familia sino, muy especialmente, en razones de eficacia en la prestación de los servicios públicos que permiten al legislador reconocer al vínculo matrimonial entre funcionarios -en Canarias, por lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 5/2003, de 6 de marzo, para la regulación de las parejas de hecho en la Comunidad Autónoma de Canarias, extensible a las parejas de hecho-, la relevancia suficiente para atribuirle un trato diferenciado.
Séptima.- El artículo 60.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, dispone que serán objeto de publicación los actos administrativos cuando así lo aconsejen razones de interés público.
En este caso, a la vista de la trascendencia que para un amplio colectivo de funcionarios de carrera de los Cuerpos y Escalas convocados al concurso pueda suponer la anulación de distintas bases de la convocatoria del mismo, derivada de la estimación de varios recursos administrativos interpuestos contra la Orden de convocatoria, lo que va a significar publicar una nueva Orden de convocatoria del concurso, con la consiguiente demora en la adjudicación definitiva de los puestos de trabajo, resulta aconsejable publicar la presente Orden para su general conocimiento.
Por la presente,
R E S U E L V O:
Primero.- Estimar parcialmente el recurso de reposición interpuesto por Dña. Carmen Rosenda González García, contra la Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, de 8 de abril de 2011, por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo adscritos al Grupo A, Cuerpo Superior de Administradores, Escalas de Administradores Generales, Administradores Financieros y Tributarios y Técnicos Estadísticos Superiores, Cuerpos Docentes del mismo Grupo y al Grupo B, Cuerpo de Gestión, Escalas de Gestión General y Gestión Financiera y Tributaria, de los Departamentos y Organismos Autónomos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 74, de 12.4.11) y, en ese sentido, anular la base primera, en lo relativo a los puestos de los Cuerpos docentes y la base segunda 2, párrafo primero y la base tercera 1, párrafo primero, en lo relativo a los funcionarios de los Cuerpos docentes.
Segundo.- Desestimar las restantes pretensiones.
Tercero.- Que se dicte una nueva Orden de convocatoria del concurso, en la que se incluyan, en lugar de las bases anuladas, otras adaptadas a la pretensión estimada.
Cuarto.- Que se publique la presente Orden en el Boletín Oficial de Canarias.
Contra esta Orden, que agota la vía administrativa, cabe interponer, recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación.
Santa Cruz de Tenerife, a 2 de diciembre de 2011.
EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA E IGUALDAD,
Francisco Hernández Spínola.
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