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BOC-A-2011-241-6380.
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Visto el recurso de reposición interpuesto por Dña. María Cristina Suárez Colomer y otros, contra la Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, de 8 de abril de 2011, por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo adscritos al Grupo A, Cuerpo Superior de Administradores, Escalas de Administradores Generales, Administradores Financieros y Tributarios y Técnicos Estadísticos Superiores, Cuerpos Docentes del mismo Grupo y al Grupo B, Cuerpo de Gestión, Escalas de Gestión General y Gestión Financiera y Tributaria, de los Departamentos y Organismos Autónomos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 74, de 12.4.11).
Vista la propuesta formulada por la Dirección General de la Función Pública.
Teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Mediante Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, de 8 de abril de 2011, se convocó concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo adscritos al Grupo A, Cuerpo Superior de Administradores, Escalas de Administradores Generales, Administradores Financieros y Tributarios y Técnicos Estadísticos Superiores, Cuerpos Docentes del mismo Grupo y al Grupo B, Cuerpo de Gestión, Escalas de Gestión General y Gestión Financiera y Tributaria, de los Departamentos y Organismos Autónomos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 74, de 12.4.11).
Segundo.- Dña. María Cristina Suárez Colomer y otros once funcionarios más, participaron en el concurso de méritos mencionado, perteneciendo todos ellos al Cuerpo Superior de Administradores, Escala de Administradores Generales (Grupo A, Subgrupo A1).
Tercero.- Mediante escrito registrado de entrada en la Dirección General de la Función Pública el 11 de mayo de 2011, Dña. María Cristina Suárez Colomer y otros interponen recurso de reposición contra la Orden citada en el antecedente de hecho anterior, en el que solicitan, en síntesis,
- Que se incluyan, en el anexo II todos los puestos de trabajo de los Cuerpos/Escalas a los que se refiere el concurso, tengan la consideración de dotados o no dotados y sea cual sea su situación, es decir, independientemente de que tengan un titular con carácter definitivo (lo que significa, por tanto, que se contemplen las resultas) o de que no tengan titular definitivo.
- Que se excluya del concurso al personal docente.
- Que se declare la nulidad del artículo 6.2 del Decreto 48/1998.
- Que se suspenda cautelarmente la ejecución de la Orden de convocatoria
Cuarto.- Solicitado informe a la Dirección General del Servicio Jurídico, el mismo fue registrado de entrada en esta Dirección General el 2 de noviembre de 2011.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- El Consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad es competente para conocer y resolver el presente recurso de reposición, interpuesto de conformidad con lo previsto en el artículo 116.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al ser el órgano que dictó el acto objeto de impugnación.
Segunda.- El recurso interpuesto reúne los requisitos determinantes de su admisión a trámite, en cuanto a capacidad, legitimación e interposición dentro de plazo de acuerdo con lo previsto en los artículos 30, 31, 107.1, 116 y 117, respectivamente, de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Tercera.- El presente recurso se resuelve en función de la obligación que tiene la Administración de dictar resolución expresa en todos los procedimientos, de conformidad con lo previsto en el artículo 42 de la misma Ley.
Cuarta.- Por lo que respecta a la pretensión de que se oferten todos los puestos de trabajo sin titular definitivo, estén o no dotados, el artículo 30 de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria (en adelante LFPC), que en el apartado 1 garantiza el derecho de los funcionarios a ocupar los puestos de trabajo, de acuerdo con las condiciones determinadas en las relaciones de puestos de trabajo, mediante los sistemas de provisión existentes, concreta, en el apartado 2, que una vez al año, como mínimo, se procederá a convocar los concursos de traslados entre los funcionarios para cubrir los puestos vacantes.
También el artículo 46.1 in fine de la ley canaria, hace referencia a que los puestos que queden vacantes deberán incluirse en los concursos.
El capítulo III (artículos 77 y 78), del Título VI de la LFPC, dedicado a la provisión de puestos de trabajo, insiste en esa idea de puesto de trabajo vacante cuando inicia el apartado 1 del artículo 77 recogiendo: "Producida la vacante en un puesto de trabajo ..."
En la actualidad, tras la modificación del Decreto 48/1998, de 17 de abril, por el que se regula la provisión de puestos de trabajo del personal funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, por el Decreto 22/2011, de 10 de febrero, se recoge, en el apartado 2 del artículo 6 que una vez al año, al menos, habrá de efectuarse convocatoria para la provisión de puestos de trabajo por el sistema de concurso, en la que obligatoriamente se incluirán los puestos de trabajo dotados que se encuentren vacantes sin reserva legal.
Las convocatorias han de sujetarse a las exigencias de las determinaciones que las leyes, la básica, como es la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública (en adelante LMRFP), que en el artículo 14.4 establece que las Comunidades Autónomas determinarán en sus respectivas Leyes de Presupuestos las plantillas de todo su personal, y que en el artículo 24.2 dispone que la cuantía de las retribuciones básicas, de los complementos de destino asignado a cada puesto de trabajo y de los complementos específicos y de productividad, deberá reflejarse para cada ejercicio presupuestario en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado y figurar en los presupuestos de las demás Administraciones Públicas, y la de la Función Pública Canaria que en el artículo 18.1 hace lo propio, estableciendo que las relaciones de puestos de trabajo se ajustarán a las previsiones presupuestarias, de tal forma que no podrán contener puestos cuya cobertura económica no esté contemplada en las dotaciones de personal contenidas en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para cada ejercicio.
Es decir, para la legislación específica de función pública, en relación con lo que regula el presupuesto, no cabe entender que existan puestos de trabajo "no dotados" presupuestariamente, al menos bajo el prisma o régimen de la provisión de puestos de trabajo.
Es por ello que el legislador canario, al tratar el tema de la provisión, se refiere a que tendrán que ser convocados los puestos vacantes, todos, no unos sí y otros no, pues la misma norma -y la básica estatal- impiden que a esos efectos se haga una distinción entre "dotados" -que se convocarían- y "no dotados", que no se convocarían.
Lo referido ha de conducir a la inclusión de todos los puestos vacantes en la convocatoria. Por ello, la convocatoria no se ajusta a la normativa reguladora de la provisión de puestos, ya que la base primera únicamente convoca los puestos de trabajo dotados y no la totalidad de los puestos vacantes.
Quinta.- En relación a la solicitud de que se oferten los puestos de trabajo que puedan quedar vacantes como consecuencia de la resolución del propio concurso ("resultas"), la Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, de 29 de octubre de 2008, por la que se aprueban las bases generales de los concursos de méritos del ejercicio de 2008 (prorrogadas y, por tanto, vigentes en la actualidad, según los términos de la disposición final segunda de la misma) estableció, en la base general primera, que se han de convocar los puestos de trabajo que no estén cubiertos de forma definitiva (es decir, los que se entienden vacantes, a efectos de provisión), añadiendo, además, que también se han de convocar los cubiertos definitivamente o con reserva legal, que sólo podrán adjudicarse si su titular lo dejase libre por haber obtenido otro puesto de trabajo en el mismo concurso o por otra circunstancia que dé lugar a la pérdida del puesto de trabajo (supuestos de jubilación, de cambio de situación administrativa de la que no resulte reserva de puesto, de participación en otros procedimientos de provisión o de selección, etc.).
A eso es a lo que se da la consideración de resultas o fase de resultas por la Administración canaria.
Como la convocatoria respecto a ello, no se ha sujetado a las bases generales, pues no ha incluido esa previsión de resultas, ha de modificarse y, por tanto, incorporarla en la base correspondiente.
Sexta.- Sobre la pretensión de que no participen los funcionarios docentes, el Decreto 48/1998, de 17 de abril, por el que se regula la provisión de puestos de trabajo del personal funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el artículo 1.2, dispone que el personal funcionario docente se regirá por las normas específicas que les sean aplicables (en cuanto a la provisión, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; el Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre, por el que se regula el concurso de traslados de ámbito estatal entre personal funcionario de los cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y otros procedimientos de provisión de plazas a cubrir por los mismos y la normativa propia autonómica).
Y ello tiene que ser así porque los méritos a valorar en los concursos son distintos para un colectivo y para otro, por ejemplo, el grado personal -mérito de obligada valoración en los concursos- no es un elemento de la carrera administrativa de los funcionarios docentes. Éstos no consolidan grado personal alguno. La formación de los funcionarios una vez se adquiere esta condición es radicalmente distinto en el ámbito docente respecto del ámbito de la Administración General (los docentes realizarán cursos sobre pedagogía, contenidos propios del ejercicio profesional en las aulas, etc., mientras que los funcionarios de Administración General los realizarán sobre cuestiones administrativas generales (procedimiento, contratación, recursos humanos), o específicos (según los Cuerpos/Escalas y los puestos de destino). En la docencia, la estructura de niveles de complemento de destino de los puestos de trabajo no es comparable con la de los de la Administración General.
En fin, los méritos a valorar en los procedimientos de provisión para unos y otros o son distintos o si coinciden se valoran de distinta manera.
Así, para unos son méritos a valorar (artículo 20.1.a) de la LMRFP; artículo 78.2 de la LFPC, artículo 10 del Decreto 48/1998), los adecuados a las características de los puestos, el trabajo desarrollado en puestos anteriores, los cursos de formación, las titulaciones académicas relacionadas con los puestos, la antigüedad, la posesión de grado personal, las titulaciones académicas relevantes, la impartición de cursos o defensa de ponencias, etc., mientras que para otros, los docentes, por estar así recogido en la normativa propia de aplicación, se valorará como mérito, la antigüedad en el centro, la antigüedad en el Cuerpo, la pertenencia, en su caso, a los Cuerpos de Catedráticos, los doctorados, postgrados y premios extraordinarios, otras titulaciones universitarias, las titulaciones de enseñanzas de régimen especial y de la formación profesional, el desempeño de cargos directivos (en los centros públicos docentes) y otras funciones, la formación y perfeccionamiento, etc.
Por esas razones no deben incluirse en el concurso puestos adscritos a funcionarios docentes, debiéndose adaptar las bases que lo permiten, base primera y base segunda 2 párrafo primero, y base tercera 1 párrafo primero.
Séptima.- En cuanto a la solicitud de suspensión se desestimó mediante Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad nº 235, de 13 de junio de 2011.
Octava.- Por la Dirección General del Servicio Jurídico se ha emitido informe, de fecha 31 de octubre de 2011, considerando conforme a derecho la estimación parcial del recurso interpuesto, en los términos propuestos.
Novena.- Como indica la Dirección General del Servicio Jurídico en el preceptivo informe elaborado sobre el asunto, «ha de desestimarse la alegación de nulidad del artículo 6.2 del Decreto 48/1998, en la redacción dada por el Decreto 22/2011, en cuanto impugnación indirecta de una disposición de carácter reglamentario y en la medida en la que cabe una interpretación de dicho precepto armonizada con la normativa legal que desarrolla, sin que el término de dotados referidos a los puestos, haya de ser interpretado exclusivamente en el sentido restrictivo y diferenciador previsto en la normativa presupuestaria, sobre todo si lo ponemos en relación con la redacción anterior del citado precepto del Decreto, cuya nulidad no ha sido alegada, que en su apartado 6 se refería expresamente a que "una vez al año, al menos, habrá de efectuarse convocatoria para la provisión de puestos de trabajo por el sistema de concurso, en la que obligatoriamente se incluirán todos los puestos de trabajo que estime el Departamento, Organismo Autónomo, ente u órgano institucional en que se encuentren plazas, en atención a la existencia de dotación presupuestaria o tramitación de expediente de modificación de la relación de puestos de trabajo incluyendo todos aquellas que estén cubiertas provisionalmente, interinamente o en comisión de servicios, siempre que sobre las mismas no exista reserva legal a favor de funcionario alguno".
Décima.- Los recurrentes, en el escrito de recurso hacen una referencia a que la disposición transitoria segunda.2, párrafo segundo, de la LMRFP, está derogada por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante, EBEP).
En relación con ello hay que tener en cuenta el juego de la disposición derogatoria única del EBEP con la disposición final cuarta del mismo.
La disposición derogatoria única del EBEP contempla la derogación de numerosos preceptos, pero como indica, en su inicio, "... con el alcance establecido en la disposición final cuarta".
Esta última, relativa a la entrada en vigor del EBEP, en su apartado 3 dispone que hasta que no se dicten las Leyes de Función Pública y las normas reglamentarias de desarrollo se mantendrán en vigor en cada Administración Pública las normas vigentes sobre ordenación, planificación y gestión de recursos humanos en tanto no se opongan al propio EBEP.
El precepto al que se refiere como derogado, la disposición transitoria segunda 2, párrafo segundo, de la LMRFP, relativa a los funcionarios que a la entrada en vigor de esa Ley se encontraban en la extinguida situación administrativa de supernumerario, no se opone a lo dispuesto en el EBEP en materia de situaciones administrativas, por lo que, de momento, a la espera de la normativa legal y reglamentaria que lo desarrolle, las referencias que se hagan a la misma son válidas. Otra cosa distinta es que por la fecha en la que se dictó la LMRFP y porque contemplaba unas situaciones muy concretas y excepcionales, hoy en día, contrastada la realidad, haya podido quedar sin contenido respecto de los funcionarios de carrera de la Administración Pública de Canarias.
Undécima.- El artículo 60.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, dispone que serán objeto de publicación los actos administrativos cuando así lo aconsejen razones de interés público.
En este caso, a la vista de la trascendencia que para un amplio colectivo de funcionarios de carrera de los Cuerpos y Escalas convocados al concurso pueda suponer la anulación de distintas bases de la convocatoria del mismo, derivada de la estimación de varios recursos administrativos interpuestos contra la Orden de convocatoria, lo que va a significar publicar una nueva Orden de convocatoria del concurso, con la consiguiente demora en la adjudicación definitiva de los puestos de trabajo, resulta aconsejable publicar la presente Orden para su general conocimiento.
Por la presente,
R E S U E L V O:
Primero.- Estimar parcialmente el recurso de reposición interpuesto por Dña. María Cristina Suárez Colomer y otros, contra la Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, de 8 de abril de 2011, por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo adscritos al Grupo A, Cuerpo Superior de Administradores, Escalas de Administradores Generales, Administradores Financieros y Tributarios y Técnicos Estadísticos Superiores, Cuerpos Docentes del mismo Grupo y al Grupo B, Cuerpo de Gestión, Escalas de Gestión General y Gestión Financiera y Tributaria, de los Departamentos y Organismos Autónomos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 74, de 12.4.11) y, en ese sentido, anular la base primera, en lo relativo a los puestos de los Cuerpos docentes, a los puestos de trabajo dotados y a que no contempla las previsiones sobre las resultas, y la base segunda 2, párrafo primero y la base tercera 1, párrafo primero, en lo relativo a los funcionarios de los Cuerpos docentes, de la Orden de convocatoria y en correspondencia con ello, el anexo II (puestos vacantes) de la misma Orden.
Segundo.- Desestimar las restantes pretensiones.
Tercero.- Que se dicte una nueva Orden de convocatoria del concurso, en la que se incluyan, en lugar de las bases anuladas, otras adaptadas a las pretensiones estimadas.
Cuarto.- Que se publique la presente Orden en el Boletín Oficial de Canarias.
Contra esta Orden, que agota la vía administrativa, cabe interponer, recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación.
Santa Cruz de Tenerife, a 2 de diciembre de 2011.
EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA E IGUALDAD,
Francisco Hernández Spínola.
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