"En cumplimiento de lo dispuesto por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, de Santa Cruz de Tenerife, en el procedimiento ordinario nº 0000420/2011, interpuesto por la empresa Volconsa Construcciones y Desarrollo de Servicios, S.A., contra la Resolución de la Presidenta del Instituto Canario de la Vivienda, relativa a la aprobación técnica de la liquidación de las obras de construcción de 15 viviendas protegidas de promoción pública, en Guía, término municipal de La Matanza de Acentejo, expediente TF-090/PP/04.
Considerando que el Tribunal Constitucional ha deducido de la consagración constitucional del derecho a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales, la existencia de un deber de estos de promover las posibilidades de defensa de todos aquellos que pudieran ver afectados sus derechos e intereses legítimos por la decisión de un proceso contencioso-administrativo, emplazándolos personalmente, siempre que ello fuera posible, para que comparezcan en él como codemandados, pero sin que dicho deber sea absoluto o incondicionado, pues, al no consagrar la Constitución de derechos absolutos o ilimitados, tampoco impone como correlato de los derechos fundamentales que garantiza obligaciones que tengan ese carácter, de modo que dicha limitación implícita del deber de emplazamiento personal deviene explícita cuando el recurso contencioso-administrativo en el que el emplazamiento no se produjo se dirigía contra una disposición de carácter general (Sentencia 61/1985 -RTC 1985/61-), contra un acto general normativo o contra un acto dirigido a una pluralidad indeterminada de sujetos (Sentencia 82/1985 -RTC 1985/82-), supuestos ambos en los que dicho Tribunal ha entendido que no se daba el deber de emplazamiento personal (Sentencia 133/1985, de 28 de octubre -RTC 1985/133- y Auto 875/1987, de 8 de julio -RTC 1987/875-), y teniendo en cuenta que pudiera haber interesados cuyos intereses legítimos pudieran verse afectados, según constante y reiterada jurisprudencia de la que son exponentes las Sentencias de 26 de enero de 1970 -RJ 1970/229-, de 4 de noviembre de 1972 -RJ 1972/4692-, de 10 de junio de 1977 -RJ 1977/3358-, de 11 de mayo de 1979 -RJ 1979/2450- y de 29 de septiembre de 1980 -RJ 1980/3463-.
R E S U E L V O:
Primero.- Ordenar la remisión a la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, de Santa Cruz de Tenerife, del expediente administrativo relativo al procedimiento ordinario nº 420/2011, interpuesto por la empresa Volconsa Construcciones y Desarrollo de Servicios, S.A., contra la Resolución de la Presidenta del Instituto Canario de la Vivienda, relativa a la aprobación técnica de la liquidación de las obras de construcción de 15 viviendas protegidas de promoción pública, en Guía, término municipal de La Matanza de Acentejo, expediente TF-090/PP/04.
Segundo.- Emplazar a D. Juan Lima Coderch y D. Ruperto Santiago González Hernández, como Dirección Facultativa de la obra de ejecución, así como, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, a cuantos aparezcan como interesados en el procedimiento ordinario nº 420/2011, para que puedan comparecer ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, de Santa Cruz de Tenerife y personarse en el recurso en cuestión en el plazo de nueve días, a partir de la notificación o publicación de la presente, debidamente asistidos y representados.
Tercero.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias."
Santa Cruz de Tenerife, a 15 de noviembre de 2011.- La Secretaria, Pilar Herrera Rodríguez.
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