BOC - 2011/220. Martes 8 de Noviembre de 2011 - 5770

III. OTRAS RESOLUCIONES - Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad

5770 - Dirección General de la Función Pública.- Resolución de 27 de octubre de 2011, por la que se clasifican, como puestos a proveer por el sistema de libre designación, el puesto de trabajo de Secretario General Técnico de la Junta de Gobierno Local, clase primera, y el puesto de trabajo de Secretario General del Pleno y sus Comisiones, clase primera, reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal y vacantes en la plantilla del Ayuntamiento de Telde.

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Examinado el expediente iniciado a solicitud del Ayuntamiento de Telde, para modificar la clasificación de los puestos de trabajo de Secretario General Técnico de la Junta de Gobierno Local, y de Secretario General del Pleno y sus Comisiones, ambos de clase primera, reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal, Subescala de Secretaría, categoría superior, de concurso de méritos a libre designación.

Vista la propuesta formulada por el Servicio de Relaciones con la Administración Local y Habilitación Estatal.

Y teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

Único.- El Pleno del Ayuntamiento de Telde, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 6 de mayo de 2011, adoptó, en el punto 3º del orden del día, el acuerdo de optar por el sistema de libre designación para clasificar los puestos de trabajo de Secretario General Técnico de la Junta de Gobierno Local y Secretario General del Pleno y sus Comisiones, ambos de clase primera, y, en consecuencia, reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal, de la Subescala de Secretaría, categoría superior, y que se hallan actualmente vacantes en la plantilla de la Corporación, por inexistencia de titular definitivo. Dicho acuerdo se fundamentó en la propuesta de la Alcaldía-Presidencia, cuyo texto íntegro aparece transcrito en la certificación remitida.

Al mismo tiempo, solicitó de esta Dirección General que clasifique dichos puestos por el sistema de libre designación.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Competencia.

La Disposición Adicional Segunda de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (BOE nº 89, de 13), en adelante EBEP, dispone, en su apartado 3, que la creación, clasificación y supresión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal corresponde a cada Comunidad Autónoma, de acuerdo con los criterios básicos que se establezcan por ley.

Los expedientes de clasificación serán resueltos por el órgano competente de la Comunidad Autónoma respectiva. Las resoluciones habrán de publicarse en los diarios oficiales y remitirse al Ministerio de Administraciones Públicas -en la actualidad, Ministerio de Política Territorial y Administración Pública-, para su publicación conjunta en el Boletín Oficial del Estado, al menos con carácter trimestral, conforme determina el artículo 9 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, por el que se regula la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional (BOE nº 189, de 9 de agosto).

En el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, corresponde a la Dirección General de la Función Pública el ejercicio de las competencias que, respecto a los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter estatal, están atribuidas a la Comunidad Autónoma, de conformidad con el artículo 61, letra b), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad -en la actualidad, Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad en virtud de Decreto 86/2011, de 8 de julio, del Presidente (BOC nº 135, de 11)-, aprobado por Decreto 22/2008, de 19 de febrero (BOC nº 45, de 3 de marzo).

Segunda.- La libre designación como forma de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal.

El apartado 5.2 de la Disposición Adicional Segunda del EBEP, en la redacción dada por el artículo 15 del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público (BOE nº 126, de 24), establece:

"Excepcionalmente, para los municipios de gran población previstos en el artículo 121 de la Ley 7/1985, así como las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, podrán cubrirse por el sistema de libre designación, entre funcionarios con habilitación de carácter estatal de la subescala y categoría correspondientes, los puestos a ellos reservados que se determinen en las relaciones de puestos de trabajo en los términos previstos en la legislación básica sobre función pública.

No obstante, cuando se trate de puestos de trabajo que tengan asignadas las funciones contenidas en el apartado 1.2.b) de esta disposición, será precisa la autorización expresa de la Administración que ejerza la tutela financiera.

Igualmente, será necesario informe preceptivo de la Administración de tutela para el cese de aquellos funcionarios que hubieran sido nombrados por libre designación dentro de los seis años inmediatamente anteriores a la propuesta de cese."

La legislación básica sobre función pública, en relación con los funcionarios locales y en el particular relativo a los funcionarios con habilitación de carácter estatal, se encuentra contenida en el EBEP, en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (BOE de 3), en el Texto Refundido de disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (BOE de 22), así como en las normas reglamentarias de desarrollo que tengan carácter básico, tal y como se deduce del artículo 3.1 del EBEP.

La Disposición Derogatoria del EBEP deroga el artículo 92 y el Capítulo III del Título VII de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y el Capítulo III del Título VII del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; pero con el alcance previsto en la Disposición Final Cuarta, número 3, esto es, hasta que se dicten las Leyes de Función Pública y las normas reglamentarias de desarrollo.

Subsisten, pues, los requisitos que, para la provisión por libre designación, establece el artículo 27 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, a saber: marcado carácter directivo o especial responsabilidad que hayan de asumir sus titulares; asignación de nivel 30 de complemento de destino, y modificación de la relación de puestos de trabajo para optar por dicho sistema.

Tercera.- Cumplimiento de los requisitos exigidos para optar por el sistema de libre designación en el expediente instruido. Motivación.

El sistema de libre designación, como forma de provisión de puestos de trabajo reservados a personal funcionario, tiene carácter excepcional -en la medida que completa el sistema normal u ordinario de provisión que es el concurso de méritos-, se aplica a puestos determinados en atención a la naturaleza de sus funciones, únicamente se integran en este grupo los puestos directivos y de confianza que la ley relaciona [cfr. artº. 20.1.b) Ley 30/1984, de 2 de agosto, conforme al cual, en el ámbito de la Administración General del Estado, sólo podrán cubrirse por este sistema los puestos de Subdirector General, Delegados y Directores regionales provinciales, Secretarios de altos cargos, así como aquellos otros de carácter directivo o de especial responsabilidad para los que así se determine en las relaciones de puestos de trabajo; artº. 80 del EBEP que habla de puestos de especial responsabilidad y confianza] y la objetivación de los puestos de especial responsabilidad está incorporada a las relaciones de puestos de trabajo (Vid. SSTS de 30 de marzo de 2007, 16 de julio de 2007, 6 de febrero de 2008, 2 de diciembre de 2010, entre otras).

Partiendo de la excepcionalidad del sistema -reconocida, asimismo, en el apartado 5.2 de la Disposición Adicional Segunda del EBEP-, en el procedimiento instruido, ha queda acreditado el cumplimiento de los requisitos anteriormente mencionados y aparece motivada la opción por esta forma de provisión, cumpliendo la exigencia contenida en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso-Administrativo nº 256/2010, de 17 de septiembre, dimanante del recurso nº 353/2008, que determinó la anulación de la Resolución de esta Dirección General de 30 de enero de 2008. Así:

a) El Ayuntamiento de Telde se halla integrado en el régimen de organización de los municipios de gran población, regulado en el Título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, añadido por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local (BOE nº 301, de 17 de diciembre), en virtud de acuerdo del Pleno del Parlamento de Canarias, en sesión celebrada los días 21 y 22 de diciembre de 2004 (BOC nº 1, de 3.1.05).

b) En la Relación de Puestos de Trabajo de la Corporación, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 9, de 18 de enero de 2010, los puestos de trabajo de Secretario General Técnico de la Junta de Gobierno Local y de Secretario General del Pleno y sus Comisiones tienen asignado nivel 30 de complemento de destino, y como forma de provisión la de libre designación.

c) El marcado carácter directivo y la especial responsabilidad que asumen los funcionarios titulares quedan justificados en las consideraciones que efectúa la Corporación, contenidas en la propuesta de la Alcaldía-Presidencia transcrita en el Acta de la sesión extraordinaria urgente del Pleno del Ayuntamiento de 6 de mayo de 2011, que obra en el expediente.

Así, el artículo 130, apartado 1, letra B, subapartados c) y e), de la Ley 7/1985, de 2 de abril -incardinado en el Título X-, atribuye al titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local y al concejal-secretario de la misma, así como al Secretario general del Pleno, la condición de órganos directivos.

En el ámbito organizativo, la Ley 7/1985 les reserva importantes funciones. Así, el artículo 122.5 dispone:

"Corresponderá al secretario general del Pleno, que lo será también de las comisiones, las siguientes funciones:

a) La redacción y custodia de las actas, así como la supervisión y autorización de las mismas, con el visto bueno del Presidente del Pleno.

b) La expedición, con el visto bueno el Presidente del Pleno, de las certificaciones de los actos y acuerdos que se adopten.

c) La asistencia al Presidente del Pleno para asegurar la convocatoria de las sesiones, el orden en los debates y la correcta celebración de las votaciones, así como la colaboración en el normal desarrollo de los trabajos del Pleno y de las comisiones.

d) La comunicación, publicación y ejecución de los acuerdos plenarios.

e) El asesoramiento legal al Pleno y a las comisiones, que será preceptivo en los siguientes supuestos:

1. Cuando así lo ordene el Presidente o cuando lo solicite un tercio de sus miembros con antelación suficiente a la celebración de la sesión en que el asunto hubiere de tratarse.

2. Siempre que se trate de asuntos sobre materias para las que se exija una mayoría especial.

3. Cuando una ley así lo exija en las materias de la competencia plenaria.

4. Cuando, en el ejercicio de la función de control y fiscalización de los órganos de gobierno, lo solicite el Presidente o la cuarta parte, al menos, de los Concejales.

Dichas funciones quedan reservadas a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. Su nombramiento corresponderá al Presidente en los términos previstos en la disposición adicional octava, teniendo la misma equiparación que los órganos directivos previstos en el artículo 130 de esta Ley, sin perjuicio de lo que determinen a este respecto las normas orgánicas que regulen el Pleno".

Por su parte, el artículo 126.4 establece:

La Secretaría de la Junta de Gobierno Local corresponderá a uno de sus miembros que reúna la condición de concejal, designado por el Alcalde, quien redactará las actas de las sesiones y certificará sobre sus acuerdos. Existirá un órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local y al concejal-secretario de la misma, cuyo titular será nombrado entre funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional. Sus funciones serán las siguientes:

a) La asistencia al concejal-secretario de la Junta de Gobierno Local.

b) La remisión de las convocatorias a los miembros de la Junta de Gobierno Local.

c) El archivo y custodia de las convocatorias, órdenes del día y actas de las reuniones.

d) Velar por la correcta y fiel comunicación de sus acuerdos."

Además, la Disposición Adicional Octava, apartados c), d), e) y f), añadida, asimismo, por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, recoge determinadas peculiaridades:

"DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA. Especialidades de las funciones correspondientes a los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional en los municipios incluidos en el ámbito de aplicación del título X y en los Cabildos Insulares Canarios regulados en la disposición adicional decimocuarta.

En los municipios incluidos en el ámbito de aplicación del título X de esta Ley y en los Cabildos Insulares Canarios regulados en la disposición adicional decimocuarta, se aplicarán las siguientes normas:

a) Las funciones reservadas en dicho título a los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional serán desempeñadas por funcionarios de las subescalas que correspondan, de acuerdo con lo dispuesto en su normativa reglamentaria.

b) La provisión de los puestos reservados a estos funcionarios se efectuará por los sistemas previstos en el artículo 99 de esta Ley y en las disposiciones reglamentarias de desarrollo y requerirá en todo caso una previa convocatoria pública.

c) Las funciones que la legislación electoral general asigna a los secretarios de los ayuntamientos, así como la llevanza y custodia del registro de intereses de miembros de la Corporación, serán ejercidas por el secretario del Pleno.

d) Las funciones de fe pública de los actos y acuerdos de los órganos unipersonales y las demás funciones de fe pública, salvo aquellas que estén atribuidas al secretario general del Pleno, al concejal secretario de la Junta de Gobierno Local y al secretario del consejo de administración de las entidades públicas empresariales, serán ejercidas por el titular del órgano de apoyo al secretario de la Junta de Gobierno Local, sin perjuicio de que pueda delegar su ejercicio en otros funcionarios del ayuntamiento.

e) Las funciones que la legislación sobre contratos de las Administraciones públicas asigna a los secretarios de los ayuntamientos, corresponderán al titular de asesoría jurídica, salvo las de formalización de los contratos en documento administrativo.

f) El secretario general del Pleno y el titular del órgano de apoyo al secretario de la Junta de Gobierno Local, dentro de sus respectivos ámbitos de actuación, deberán remitir a la Administración del Estado y a la de la comunidad autónoma copia o, en su caso, extracto, de los actos y acuerdos de los órganos electorales del Ayuntamiento".

Finalmente, las normas organizativas municipales no pueden más que respetar dicho carácter, según disponen los Reglamentos Orgánicos Municipales, publicados en el Boletín Oficial de la Provincia nº 23, de 13 de febrero 2006. Así lo prevén, entre otros, los artículos 7.3 y 28 del Reglamento Orgánico Municipal de Gobierno y Administración, en los que se detalla la naturaleza y funciones del Secretario General Técnico de la Junta de Gobierno Local, y los artículos 42, 43 y 44 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Pleno y sus Comisiones, donde se determinan la naturaleza, nombramiento y ejercicio, y las funciones de la Secretaría General del Pleno.

Cuarta.- Obligación de efectuar la convocatoria pública para la provisión de ambos puestos.

El artículo 28.2 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, en la redacción dada por el artículo 9 del Real Decreto 834/2003, de 27 de junio, dispone que la convocatoria para la provisión de puestos de trabajo reservados a habilitados estatales por el procedimiento de libre designación se efectuará por el Presidente de la Corporación en el plazo máximo de tres meses desde que el puesto de trabajo hubiese resultado vacante, y será remitida por aquel al órgano competente de la comunidad autónoma para su publicación en el diario oficial correspondiente y remisión al Ministerio de Administraciones Públicas en el plazo máximo de 10 días, con referencia precisa del número y fecha del diario en el que ha sido publicada.

En el ejercicio de la competencia atribuida, esta Dirección General

R E S U E L V E:

1. A propuesta del Ayuntamiento de Telde, clasificar, como puestos a proveer por el sistema de libre designación, el puesto de trabajo de Secretario General Técnico de la Junta de Gobierno Local, clase primera, y el puesto de trabajo de Secretario General del Pleno y sus Comisiones, clase primera, reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal, pertenecientes a la Subescala de Secretaría, categoría superior, y que se encuentran actualmente vacantes, al quedar acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa de aplicación.

2. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 9 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio.

3. Requerir a la Presidencia de la Corporación para que, en el plazo de tres meses desde la publicación de la Resolución clasificatoria en el Boletín Oficial de Canarias, apruebe la convocatoria para la provisión, por libre designación, de los citados puestos de trabajo.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar a partir del día siguiente a su publicación, bien ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga el demandante su domicilio, bien ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife. O, bien, a criterio del interesado, podrá interponer en vía administrativa recurso de reposición potestativo ante esta Dirección General, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a que tenga lugar la publicación, en los términos previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de octubre de 2011.- El Director General de la Función Pública, Aarón Afonso González.



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