Considerando lo dispuesto en los artículos 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 31 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, en orden a lograr una gestión acorde con los principios de eficacia y eficiencia.
D I S P O N G O:
Delegar en el Viceconsejero de la Presidencia, salvo en los casos en que estén delegadas en otros órganos, las competencias siguientes:
1. Formalizar convenios, acuerdos o similares con entidades públicas o privadas.
2. Conceder aportaciones dinerarias.
3. Realizar encargos o encomiendas a entes que tengan la condición de medio técnico y servicio propio de la Administración de esta Comunidad Autónoma y autorizar las que se realicen por otros Departamentos a entes, organismos o entidades del sector público adscritos a esta Presidencia.
4. Las que correspondan al titular del Departamento en relación con las subvenciones destinadas a programas de becas de formación profesional.
5. El apoderamiento de abogados y procuradores para la representación y defensa de la Administración autonómica.
El presente Decreto surtirá efectos desde el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
Santa Cruz de Tenerife, a 15 de septiembre de 2011.
EL PRESIDENTE,
Paulino Rivero Baute.
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