De acuerdo con lo previsto en el artículo 15, apartado 3, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
R E S U E L V O:
Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Canarias del Convenio de colaboración entre la extinta Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias y la Tesorería General de la Seguridad Social en materia de intercambio recíproco de información y gestión recaudatoria.
Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de agosto de 2011.- La Secretaria General Técnica, Cristina de León Marrero.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXTINTA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA DEL GOBIERNO DE CANARIAS Y LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN MATERIA DE INTERCAMBIO RECÍPROCO DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN RECAUDATORIA.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de mayo de 2011.
REUNIDOS
De una parte, la Tesorería General de la Seguridad Social, representada por su titular D. Francisco Javier Aibar Bernad, nombrado por el Real Decreto 838/2004, de 23 de abril (BOE nº 100, de 24 de abril).
Y de otra parte, la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, representada por su titular el Excmo. Sr. D. Jorge Marín Rodríguez Díaz, Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno Autónomo de Canarias, nombrado por Decreto 189/2010, de 23 de octubre, del Presidente (BOC nº 210, de 25.7.10), actuando en uso de las atribuciones que le confieren el artículo 16.1 en relación con el 29.1.k) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias.
Las partes se reconocen con capacidad suficiente para suscribir el presente Convenio y a tal efecto
EXPONEN
I
La Tesorería General de la Seguridad Social es un Servicio Común de la Seguridad Social con personalidad jurídica propia en el que, por aplicación de los principios de solidaridad financiera y caja única, se unifican todos los recursos financieros, tanto por operaciones presupuestarias como extrapresupuestarias, teniendo a su cargo la custodia de los fondos, valores y créditos y las atenciones generales y de los servicios de recaudación de derechos y pagos de las obligaciones del sistema de la Seguridad Social.
La Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, ejerce, de acuerdo con el marco de competencias del Estatuto de Autonomía de Canarias, Ley 9/2006, de 11 de diciembre, Tributaria de la Comunidad Autónoma de Canarias, el Decreto 12/2004, de 10 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Economía y Hacienda y el ordenamiento jurídico general, las competencias relativas a la gestión, inspección y recaudación de los tributos y de los ingresos de derecho público cuya titularidad corresponda a la Comunidad Autónoma de Canarias. Corresponde a la Consejería de Economía y Hacienda realizar las actuaciones administrativas necesarias para que el sistema tributario canario, integrado por los tributos propios de la Comunidad Autónoma de Canarias, los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, los tributos estatales cuya aplicación hubiera sido cedida por el Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias y los recargos que pudieran establecerse sobre los tributos del Estado, se aplique con generalidad y eficacia a todos los obligados tributarios.
II
En el marco de colaboración mutua que debe presidir las relaciones entre las Administraciones Públicas, los representantes de ambas partes consideran que sería muy beneficioso para el cumplimiento de sus respectivos fines el establecer un sistema estable de intercambio de información y de colaboración en la gestión recaudatoria que, en su caso, incluso permitirá el acceso directo a sus respectivas bases de datos informáticas.
Este intercambio viene posibilitado tanto por la legislación tributaria como por la reguladora de la Seguridad Social.
Se trata de una cesión de información y de una colaboración cuyo amparo se encuentra en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que establece en su artículo 4.1.c) que uno de los principios que debe presidir las relaciones entre las Administraciones Públicas es el de facilitar a otras Administraciones la información que precisen sobre la actividad que desarrollan en el ejercicio de sus propias competencias.
No obstante, el suministro de información efectuado en el ámbito de aplicación de este Convenio deberá respetar el derecho al honor y a la intimidad personal y familiar de los ciudadanos que prescribe el artículo 18 de la Constitución Española, en los términos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Por lo que a la normativa tributaria se refiere, de acuerdo con el artículo 94.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante LGT), las autoridades, cualesquiera que sea su naturaleza, los titulares de los órganos del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales; los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales; las cámaras y corporaciones, colegios y asociaciones profesionales; las mutualidades de previsión social, las demás entidades públicas, incluidas las gestoras de la Seguridad Social y quienes en general, ejerzan funciones públicas estarán obligados a suministrar a la Administración Tributaria cuantos datos informes y antecedentes con trascendencia tributaria recabe esta mediante disposiciones de carácter general o a través de requerimientos concretos, y a prestarle a ella y a sus agentes apoyo, concurso, auxilio y protección para el ejercicio de sus funciones. Además, el apartado 5 del artículo 94 de la citada LGT, dispone que la cesión de aquellos datos de carácter personal que se deba efectuar a la Administración tributaria conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, en los apartados anteriores de este artículo o en otra norma de rango legal, no requerirá el consentimiento del afectado. En este sentido tampoco será de aplicación lo que respecto a las Administraciones Públicas establece el apartado 1 del artículo 21 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. En la misma línea, el artículo 11.2.a) de la misma Ley Orgánica exceptúa la regla general de la necesidad de consentimiento del interesado para el supuesto, como es el que nos ocupa, de que la cesión esté autorizada en una Ley.
Por su parte, el artículo 95.1 de la citada LGT, después de sentar el principio general de que los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria en el desempeño de sus funciones tienen carácter reservado y sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada y para la imposición de las sanciones que procedan, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, establece una serie de excepciones al mismo dentro de las que se encuentra el supuesto -apartado c)- de que la cesión tenga por objeto la colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y con las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social en la lucha contra el fraude en la cotización y recaudación de las cuotas del sistema de Seguridad Social. Debe tenerse presente que, de acuerdo con el precitado artículo 11.2.a) de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, se trata de una cesión de datos que no precisa consentimiento del interesado por estar autorizada por una Ley.
Así, en los artículos 3.2 y 34.g) de la LGT, se establece, de una parte, que los principios generales de eficacia y limitación de costes indirectos derivados del cumplimiento de obligaciones formales han de articular la aplicación del sistema tributario y, de otra, que los obligados tributarios tienen derecho a solicitar certificación y copia de las declaraciones por ellos presentadas.
En cuanto a la regulación del suministro de información tributaria, el artículo 95.1.k) de la LGT, contempla previa autorización de los interesados, el suministro de información tributaria a favor de las Administraciones Públicas para el desarrollo de las funciones que tengan encomendadas.
Por otra parte, el artículo 36.4 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, establece que los funcionarios públicos, incluidos los profesionales oficiales, están obligados a colaborar con la Administración de la Seguridad Social para suministrar toda clase de información, objeto o no de tratamiento automatizado, siempre que sea útil para la recaudación de recursos de la Seguridad Social y demás conceptos de recaudación conjunta, de que aquellos dispongan.
A este respecto, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66.1.b) del mencionado Texto Refundido, los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración de la Seguridad Social en el ejercicio de sus funciones tienen carácter reservado y sólo podrán utilizarse para los fines encomendados a la Tesorería General de la Seguridad Social, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo a las Administraciones tributarias a efectos del cumplimiento de obligaciones tributarias.
La cesión de aquellos datos de carácter personal, objeto de tratamiento automatizado, que se deba efectuar a la Administración de la Seguridad Social conforme a lo dispuesto en el citado artículo 36.6 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social o, en general, en cumplimiento del deber de colaborar para la efectiva recaudación de los recursos de la Seguridad Social, no requerirá el consentimiento del afectado. En este ámbito, tampoco será de aplicación lo que, respecto a las Administraciones Públicas, establece el apartado 1 del artículo 21 de la mencionada Ley Orgánica 15/1999. El artículo 36.6 establece que, en los casos en que la cesión de datos se efectúe por parte de la Agencia Estatal de la Administración tributaria, estos se instrumentarán preferentemente por medios electrónicos, informáticos o telemáticos. Cuando la cesión de datos a la Administración de la Seguridad Social se efectúe por la Consejería de Economía y Hacienda, se realizará preferentemente por medios telemáticos. Previsión que aparece recogida en el apartado 1 del artículo 95 de la LGT.
Razones de eficacia en la gestión de las competencias atribuidas a los Entes signatarios justifican el establecimiento de un sistema de intercambio de información que permita una agilización en la disposición de la información y una disminución de los costes. Dicho sistema se regula a través del presente Convenio, dado que el intercambio se producirá sobre los datos de un elevado número de interesados o afectados por los mismos y habrá de verificarse de una forma periódica y, en algunos casos, incluso continuada en el tiempo, siendo preciso establecer en determinados supuestos que el acceso a la información se produzca a través de las conexiones directas a las bases de datos correspondientes. Con este objetivo, se aprovechan, en la medida en que lo permite la normativa vigente, las posibilidades que en este campo ofrecen las más modernas tecnologías.
III
Conforme al artículo 9 de la Ley Orgánica 15/1999, el responsable del fichero de los datos de carácter personal y, en su caso, el encargado de su tratamiento deberán adoptar las medidas de índole técnica y organizativa necesarias que garanticen la seguridad de los datos y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, de la naturaleza de los datos almacenados y de los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural. A este respecto, el Reglamento de desarrollo de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, aprobado mediante el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, trata de ser particularmente riguroso en la atribución de los niveles de seguridad, así como en el establecimiento y revisión de las medidas a adoptar en cada caso, conteniendo las normas básicas de seguridad que han de cumplir todos los ficheros que contengan datos de carácter personal, a fin de garantizar la integridad y confidencialidad de la información, preservando el derecho al honor y a la intimidad de los ciudadanos.
En los términos previstos en el citado Real Decreto, tanto la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, como la Tesorería General de la Seguridad Social deben disponer de sus respectivos documentos de seguridad. En la actualidad el control de accesos a las bases de datos de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias se encuentra regulado en la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 28 de febrero de 1996, por la que se crean y regulan los ficheros automatizados de datos de carácter personal existentes en la Consejería de Economía y Hacienda afectados por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Por su parte, la Orden de 17 de enero de 1996 sobre control de accesos al sistema informático de la Seguridad Social, junto con las Circulares números 2-030, de 12 de junio de 1996, y 2-027 de 27 de septiembre de 1999, regulan el control y seguimiento de accesos a los ficheros automatizados de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Asimismo, y de acuerdo con la letra d) del citado artículo 4.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en aplicación del principio de lealtad institucional que debe presidir las relaciones entre las Administraciones Públicas, se establece el deber de estas de "prestar, en el ámbito propio, la cooperación y asistencia activas que las otras Administraciones pudieran recabar para el eficaz ejercicio de sus competencias".
IV
De otra parte, resulta necesario establecer un procedimiento ágil y sencillo que, compatibilizando la realización de las funciones de asistencia al ciudadano con prontitud y eficacia, permita a ambos entes el embargo de los pagos que estos realicen. En particular, la traba por la Tesorería General de la Seguridad Social de las devoluciones tributarias y pagos con cargo al presupuesto de gastos de la Comunidad Autónoma de Canarias que hayan de efectuarse a favor de sus obligados al pago; y de otra parte, la traba por la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias de los pagos que, en concepto de devolución o por cualquier otro concepto, haya de efectuar la Tesorería General de la Seguridad Social a favor de obligados al pago de deudas tributarias u otras gestionadas por la Comunidad Autónoma de Canarias. Todo ello debe realizarse con el correspondiente apoyo informático que permita a ambas el cumplimiento de sus fines recaudatorios con prontitud, eficacia y eficiencia.
V
En consecuencia, siendo jurídicamente procedente el establecimiento de un sistema estable de intercambio de información que, en su caso, incluso permita el acceso directo a las bases de datos de la otra parte a través de las pertinentes conexiones informáticas y, persuadidas de la importancia de una correcta utilización de dicha información que garantice en todo caso su secreto y el derecho a la intimidad de los ciudadanos, ambas partes acuerdan celebrar el presente Convenio que se regirá por las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.- Objeto del Convenio.
1. El presente Convenio tiene por objeto establecer un marco general de colaboración entre la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias y la Tesorería General de la Seguridad Social, en particular en cuanto a las condiciones y procedimientos por los que se debe regir el intercambio recíproco de información y el recíproco acceso a las bases de datos, preservando en todo caso los derechos de las personas a que se refiera la misma. De igual forma, tiene por objeto establecer un procedimiento de colaboración en la gestión recaudatoria.
2. El presente Convenio se entiende sin perjuicio de la colaboración, en cuanto a intercambio de información y cumplimiento de las órdenes de embargo o de adopción de medidas cautelares, que pueda tener lugar entre la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias y la Tesorería General de la Seguridad Social conforme al ordenamiento jurídico en supuestos distintos de los regulados por este Convenio.
Segunda.- Finalidades para las que se puede suministrar información al amparo de este Convenio.
1. La cesión de información procedente de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, al amparo de lo dispuesto en el artículo 36.4 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y en el artículo 95.1.c) de la Ley General Tributaria tendrá como finalidad exclusiva la colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social en la recaudación de los recursos de la Seguridad Social y demás conceptos de recaudación conjunta, particularmente en el ámbito de la lucha contra el fraude en la cotización y recaudación de las cuotas del sistema de Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta.
2. La cesión de información procedente de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias que no se fundamente en lo dispuesto en el artículo 36.4 de la Ley General de la Seguridad Social o en el artículo 95.1.c) de la LGT, tendrá como finalidad exclusiva el desarrollo de las concretas funciones atribuidas por el ordenamiento jurídico a la Tesorería General de la Seguridad Social que justifiquen la cesión.
3. La cesión de información procedente de la Tesorería General de la Seguridad Social al amparo de lo dispuesto en el artículo 66.1.b) del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, tendrá como finalidad exclusiva la colaboración con la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias a efectos del cumplimiento de obligaciones fiscales en el ámbito de sus competencias.
Tercera.- Autorización de los interesados en la información suministrada.
1. Los suministros de información previstos en los apartados 1 y 3 de la Cláusula Segunda de este Convenio no requerirán la autorización de los interesados, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11.2.a) de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, 94.5 de la Ley General Tributaria y 36.6 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
2. Por el contrario, el suministro de información tributaria previsto en el apartado 2 de la Cláusula Segunda de este Convenio deberá contar con la previa autorización de los interesados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95.1.k) de la Ley General Tributaria, salvo que la información fuera precisa para la efectiva recaudación de los recursos de la Seguridad Social.
Cuarta.- Destinatarios de la información suministrada.
La información cedida por ambas partes en aplicación de lo prevenido en el presente Convenio solo podrá tener por destinatarios a los órganos de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, y de la Tesorería General de la Seguridad Social que tengan atribuidas las funciones que justifican la cesión, recogidas, por aplicación de la normativa vigente, en el propio Convenio, sin que en ningún caso puedan ser destinatarios, órganos o entes que realicen funciones distintas.
De acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de datos, en el caso de que la entidad cesionaria vaya a permitir el acceso a terceros para la prestación de un servicio determinado y necesario para el cumplimiento de los fines amparados por el Convenio, deberá remitir a la entidad cedente una relación de esos terceros que vayan a tener acceso a los datos. Dicha entidad cesionaria también será responsable de informar a dichos terceros acerca de las responsabilidades y medidas de seguridad a aplicar en los accesos.
Quinta.- Principios y reglas de aplicación al suministro de información contemplado en este Convenio.
Las partes signatarias establecerán los principios de colaboración mutua y reciprocidad como vertebradores del suministro de información a efectuar según lo dispuesto en el presente Convenio.
El suministro de información que efectúe la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias en el marco del presente Convenio se regirá por los principios contemplados en el artículo 95 de la LGT.
El suministro de información que se efectúe por la Tesorería General de la Seguridad Social en el marco del presente Convenio, se regirá por dichos principios en cuanto sean compatibles con lo dispuesto en el artículo 66.1.b) del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en el artículo 95 de la LGT, así como en las demás normas de aplicación a la obtención y uso de información con trascendencia tributaria.
La Tesorería General de la Seguridad Social y la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias deberán cumplir lo dispuesto en el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, que regula el esquema de interoperabilidad en el ámbito de la administración electrónica y que entre otras cuestiones tiene por objeto la regulación del esquema nacional de interoperabilidad establecido en el artículo 42 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, fijando los criterios y recomendaciones, junto con los principios específicos necesarios, que permitan y favorezcan el desarrollo de la interoperabilidad en las Administraciones Públicas, desde una perspectiva global y no fragmentaria, de acuerdo con el interés general, naturaleza y complejidad de la materia regulada.
Sexta.- Naturaleza de los datos suministrados.
1. Los datos suministrados por la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias son los declarados por los contribuyentes y demás obligados a suministrar información, sin que, con carácter general, hayan sido sometidos a actividad alguna de verificación previa a su automatización. No obstante, cuando los citados datos hubieran sido comprobados por la Administración tributaria se facilitarán los datos comprobados.
En particular, se advierte, a los efectos de su comprobación a través de los Registros Públicos correspondientes, de la posibilidad de que los datos relativos al cónyuge y parejas de hecho, constituidas conforme a lo dispuesto en la Ley 5/2003, de 6 de marzo, para la regulación de las parejas de hecho en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 54, de 19.3.03), de los obligados al pago de la Tesorería General de la Seguridad Social a que se refiere el apartado 3 de la Cláusula Octava de este Convenio, puedan haber sido modificados con posterioridad a su declaración, sin que hayan sido sometidos a verificación por parte de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias.
2. Los datos suministrados por la Tesorería General de la Seguridad Social son los que se han incorporado a sus bases de datos con arreglo a los procedimientos establecidos al efecto, sin que con carácter general hayan sido sometidos a actividad alguna de verificación previa a su automatización. No obstante, cuando los datos hubieran sido comprobados, se facilitarán estos últimos.
3. Por la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias y por la Tesorería General de la Seguridad Social podrán efectuarse o solicitarse especificaciones o aclaraciones sobre la naturaleza y contenido de los datos suministrados.
Séptima.- Requisitos previos a la interconexión.
1. Se habilitará por los responsables de los departamentos técnicos el mecanismo telemático necesario para que los accesos y autorizaciones correspondientes a usuarios de ambas Administraciones se adecuen integrándose en los sistemas de administración y confidencialidad de cada una de ellas.
2. La Administración cesionaria será responsable respecto de la utilización que sus usuarios realicen de los ficheros, en especial, de la proporcionalidad, adecuación y pertinencia de los datos a los que accedan.
3. Atendidos los pasos anteriores se procederá a autorizar la interconexión por el Consejero del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias o persona en quien delegue y por el Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social.
4. Autorizada la conexión se procederá por los órganos técnicos al enlace telemático de los sistemas informáticos que, en el caso de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, se realizará por el Servicio de Informática Tributaria y en el caso de la Tesorería General de la Seguridad Social por la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.
5. El responsable o responsables, en su caso, de cada ente asumirán directamente, respecto de sus usuarios, el alta, la autorización de accesos y su permanente actualización y adecuación, con independencia de la supervisión que pueda efectuarse por el organismo responsable del fichero objeto de cesión.
Octava.- Acceso directo a bases de datos.
1. Debido a la frecuencia e intensidad con la que son necesarios los intercambios de información para el cumplimiento de las finalidades reguladas en el artículo 95.1.c) y d) de la LGT, y en el artículo 36 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social se permitirá -con sujeción a las reglas que se detallan en este Convenio- el acceso recíproco tanto a las bases de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social como a las de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias. En ningún caso podrá autorizarse el acceso directo a bases de datos para finalidades distintas de las anteriores.
2. La Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias podrá consultar mediante acceso directo la siguiente información contenida en las bases de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social.
a) Datos identificativos y de relaciones laborales de trabajadores. Transacción ATO62 "Consulta de trabajadores".
b) Datos identificativos y de gestión de cuentas de cotización. Transacción ACC70 "Consulta de cuenta de cotización".
c) Informe sobre situación de deuda de una cuenta de cotización.
Se suministra a través del Servicio de la Sede Electrónica de la página web.
d) Informe de vida laboral de empresa.
Se suministra a través del Servicio de Sede Electrónica de la página web.
e) Informe de situación de deuda.
Se suministra a través del Servicio de la Sede Electrónica de la página web.
La autorización de los servicios listados anteriormente y proporcionados a través de la Sede Electrónica supone el cumplimiento de los requisitos exigidos en la misma.
La TGSS se reserva el derecho a modificar las condiciones técnicas en que se prestará el acceso a la información que el presente Convenio autoriza sin que ello deba suponer, por sí solo, modificación de los términos del mismo.
3. La Tesorería General de la Seguridad Social podrá consultar mediante acceso directo a las bases de datos de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias los siguientes datos:
a) De sus obligados al pago y, en su caso, de los cónyuges o parejas de hecho a que se refiere la Ley 5/2003, de 6 de marzo, reguladora de las parejas de hecho en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 54, de 19.3.03), de estos:
- Número de Identificación Fiscal;
- Razón social/Apellidos y nombre;
- Domicilio Fiscal.
b) Exclusivamente de sus obligados al pago y terceros posibles relacionados en expedientes de sucesión y exigencia de responsabilidades, además de los datos anteriores:
- Domiciliación bancaria y resultado de la declaración del Impuesto General Indirecto Canario (I.G.I.C.), si fuera a devolver;
- Modelo 400: Actividades económicas en las cuales está dado de alta a efectos del I.G.I.C.;
- Modelo 415: ventas declaradas y operaciones imputadas por terceros.
- Información contenida en el expediente correspondiente al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en la que el consultado resulte beneficiario o bien sea el causante en una sucesión hereditaria;
4. Los datos recogidos en esta Cláusula podrán ser sustituidos por otros equivalentes o suprimidos, mediante acuerdo de la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento prevista en la Cláusula Decimoquinta del presente Convenio. De igual manera podrá concretarse por dicha Comisión cualquier aspecto relacionado con el procedimiento de suministro de información establecido por este Convenio que precise de desarrollo. Cualquier ampliación del suministro de información derivado de un cambio normativo posterior a la firma del presente Convenio requerirá la conformidad de la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento prevista en la Cláusula Decimoquinta del presente Convenio.
5. Como prestación accesoria, en la medida en que las posibilidades técnicas lo permitan, se facilitará la petición de informes que puedan complementar la información obtenida, de acuerdo con el procedimiento que al efecto apruebe la referida Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento.
6. La Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento prevista en la Cláusula Decimoquinta del presente Convenio podrá establecer el número máximo de usuarios autorizados para los empleados de la Tesorería de la Seguridad Social y la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, así como el número máximo de accesos directos autorizados a las respectivas bases de datos.
Novena.- Intercambio de información de carácter periódico.
Para el cumplimiento de las finalidades descritas en la Cláusula Segunda se establecen los siguientes intercambios de información, que deberán realizarse, siempre que ello sea posible, por medios informáticos o telemáticos con la periodicidad y fechas límites que se detallan a continuación:
a) Suministros de información de la Tesorería General de la Seguridad Social a la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias:
El suministro de información, referida a los ordinales 1 y 4 y relativos, respectivamente, al censo de cuentas de cotización y al censo de trabajadores, en el Territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, se darán una sola vez y estarán referidos a los datos que la Tesorería General disponga a 1 de enero de 2011.
El contenido y la periodicidad de la cesión de información relativa a los "Acuerdos de sucesión de empresas", así como la de "Identificación de los presuntos partícipes en los expedientes enviados a los órganos competentes por haberse detectado hechos constitutivos del delito de insolvencia punible o de delitos conexos (artículo 257 del Código Penal)" será acordada en el seno de la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento a que se refiere este Convenio.
b) Suministros de información de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias a la Tesorería General de la Seguridad Social al amparo de lo dispuesto en el artículo 95.1.c) de la LGT.
- Censo de empresarios y profesionales: Declaración censal del I.G.I.C. Cuya periodicidad sería a determinar por la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento.
En el seno de la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento prevista en la Cláusula Decimoquinta del Convenio se establecerá el procedimiento, periodicidad y fecha límite para el suministro de información relativa a "censo de empresarios y profesionales: Impuesto sobre Actividades Económicas y declaración censal".
En cuanto al procedimiento técnico para el suministro de información relativo a la cesión de datos de cuentas bancarias y Fondos de Inversión, el procedimiento será acordado en el seno de la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento prevista en la Cláusula Decimoquinta del Convenio.
- Identificación de los presuntos partícipes en los expedientes enviados a los órganos competentes por haberse detectado hechos constitutivos del delito de insolvencia punible o de delitos conexos.
- Acuerdos de sucesión de empresas adoptados.
El contenido y la periodicidad de la cesión de información relativa a los "Acuerdos de sucesión de empresas", así como "La Identificación de los presuntos partícipes en los expedientes enviados a los órganos competentes por haberse detectado hechos constitutivos del delito de insolvencia punible o de delitos conexos (artículo 257 del Código Penal) será acordada en el seno de la Comisión Mixta de coordinación y seguimiento a que se refiere este Convenio.
c) Suministros de información de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias a la Tesorería General de la Seguridad Social al amparo de lo dispuesto en el artículo 95.1.k) de la LGT.
La Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias comunicará a la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los procedimientos administrativos de contratación en los que esta tome parte, la siguiente información:
Las peticiones deberán contener todos los datos que sean precisos para identificar claramente a los interesados afectados y el contenido concreto de la información solicitada, que deberá ser la imprescindible para garantizar el adecuado ejercicio de las funciones que tiene atribuidas el ente solicitante de la información.
Estas peticiones deberán hacer constar que los interesados han autorizado expresamente el suministro de datos, sin que se haya producido su revocación.
En la medida en que la Tesorería General de la Seguridad Social pueda disponer de la información de carácter tributario que precise para el desarrollo de sus funciones mediante los cauces previstos en el presente Convenio, no se exigirá a los interesados que aporten individualmente certificaciones expedidas por la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias ni la presentación, en original, copia o certificación, de sus declaraciones tributarias o de cualquier otra comunicación emitida por la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias en el caso de no declarantes.
La información suministrada al amparo del artículo 95.1.k) de la LGT, así como su periodicidad y fecha límite de suministro, podrá ser modificada o sustituida por otras equivalentes o nuevas, mediante acuerdo de la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento establecida en la Cláusula Decimoquinta del presente Convenio. De igual manera podrá concretarse por dicha Comisión cualquier aspecto relacionado con el procedimiento de suministro de información establecido por este Convenio que precise de desarrollo.
Décima.- Colaboración en la gestión recaudatoria.
Se acuerda que, en lo sucesivo, se llevará a cabo a través de sistemas informatizados el embargo por la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias de los pagos que en concepto de devolución de ingresos indebidamente realizados, por obligaciones derivadas de la prestación de servicios o relaciones contractuales con terceros con cargo a los presupuestos del Sistema de Seguridad Social o por cualquier otro concepto, haya de efectuar la Tesorería General de la Seguridad Social a favor de deudores apremiados por deudas tributarias u otras gestionadas por la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como la traba por la Tesorería General de la Seguridad Social de cualquiera de las devoluciones tributarias o de ingresos indebidamente realizados, por obligaciones derivadas de la prestación de servicios o relaciones contractuales con terceros con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias, de los pagos de subvenciones, ayudas y otros conceptos a empresas y personas físicas por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias, de los reintegros a suscriptores de deuda pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (con o sin cargo a la Reserva de Inversiones Canarias), o pagos por cualquier otro concepto que hayan de efectuarse por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias, a favor de deudores apremiados por deudas de la Seguridad Social u otras gestionadas por la Tesorería General de la Seguridad Social. A tal fin, se realizarán los necesarios cruces de ficheros informáticos conteniendo los respectivos deudores en vía ejecutiva.
El establecimiento de dichos sistemas en ningún caso excluirá la posibilidad, excepcional, de embargo a través de cualquier otro medio admitido en Derecho.
Los aspectos técnicos necesarios para la puesta en funcionamiento de dicho sistema a través de un procedimiento ágil y sencillo serán desarrollados por ambas partes en los concretos términos que se acuerden en el seno de la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento prevista en la Cláusula Decimoquinta del presente Convenio. Hasta tanto no se lleve a cabo tal desarrollo, los embargos a que se refiere esta Cláusula se practicarán a través de los sistemas actualmente existentes.
En todo caso, el procedimiento deberá garantizar que no puedan producirse duplicidades de ingresos derivadas de actuaciones simultáneas que supongan molestias innecesarias a los deudores u obligados al pago.
Undécima.- Control y seguridad de los datos suministrados.
1. El control y seguridad de los datos suministrados se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, en el Decreto 5/2006, de 27 de enero, por el que se regulan los ficheros de datos de carácter personal de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 28 de febrero de 1996, por la que se crean y regulan los ficheros automatizados de datos de carácter personal existentes en la Consejería de Economía y en los documentos de seguridad de la Consejería de Economía y Hacienda y de la Tesorería General de la Seguridad Social, respectivamente.
2. En particular, la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias y la Tesorería General de la Seguridad Social asumen en todos sus términos las cláusulas que se incluyen como anexo I y anexo II respectivamente.
3. El acceso a las bases de datos de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias y de la Tesorería General de la Seguridad Social se efectuará de modo que quede constancia de la identidad del usuario, de la información a que se accede y de la motivación de la consulta.
4. Se establecen los siguientes controles sobre los accesos, la custodia y la utilización de la información suministrada al amparo de este Convenio:
a) Control interno por parte del ente cesionario de la información.
La Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, por un lado, y la Tesorería General de la Seguridad Social, por otro, realizarán controles sobre la custodia y utilización que de los datos recibidos realicen las autoridades, funcionarios o resto de personal dependientes de las mismas, informando a la otra entidad de los resultados obtenidos en dicho seguimiento.
El procedimiento de auditoría que la Tesorería General de la Seguridad Social establecerá, respecto del acceso por la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, a sus bases de datos mediante consulta al Fichero General de Afiliación, se recoge en el anexo III.
b) Control por el ente titular de la información cedida.
Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias y la Tesorería General de la Seguridad Social podrán establecer cualquier sistema de comprobación accesorio, a cuyo efecto el responsable de seguridad de cada Entidad podrá solicitar de su homólogo la información que estime pertinente relativa a los accesos e incidencias producidos. El control por parte de la Entidad titular del fichero podrá tener lugar con carácter previo a cada acceso singular a través de medios electrónicos que no obstaculicen la colaboración mutua.
Cuando se planteen dudas sobre la corrección de los accesos, la custodia o la utilización de la información cedida, la entidad titular de la información podrá dirigirse a la cesionaria para que realice las comprobaciones y adopte las medidas que estime pertinentes. Si las dudas tienen carácter previo al suministro de la información, el mismo podrá suspenderse hasta que queden completamente aclaradas o se adopten las medidas que resulten procedentes.
Tanto la Tesorería General de la Seguridad Social como la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias aceptan someterse a las actuaciones de comprobación que pueda acordar la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias y la Inspección de Servicios de la Tesorería General de la Seguridad Social, al objeto de verificar la adecuada obtención y utilización de la información cedida y de las condiciones normativas o convencionales que resultan de aplicación.
Duodécima.- Obligación de sigilo.
1. Cuantas autoridades, funcionarios y resto de personal tengan conocimiento de los datos o información suministrados en virtud de este Convenio estarán obligados al más estricto y completo sigilo respecto de ellos. La violación de esta obligación implicará incurrir en las responsabilidades penales, administrativas y civiles que resulten procedentes, así como el sometimiento al ejercicio de las competencias que corresponden a la Agencia de Protección de Datos.
2. El expediente para conocer de las posibles responsabilidades de cualquier índole que se pudieran derivar de la indebida utilización de la información suministrada en ejecución de este Convenio deberá ser iniciado y concluido, así como exigido, en su caso, por la Administración a la que pertenezca la autoridad, funcionario u otro tipo de personal responsable de dicha utilización indebida.
3. La Entidad cesionaria deberá, si no hay un precepto legal en contra, borrar los datos cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual fueron solicitados.
Decimotercera.- Archivo de actuaciones.
La documentación en poder de cada Administración relativa a los controles de acceso al sistema informático de la otra, deberá conservarse por un período de tiempo no inferior a tres años. En especial deberá conservarse por el ente solicitante de la información los documentos en los que conste la autorización expresa de los interesados cuando esta sea preceptiva.
Decimocuarta.- Efectos de los datos suministrados.
El suministro de información amparado por este Convenio no tendrá otros efectos que los derivados del objeto y la finalidad para los que los datos fueron suministrados. En consecuencia, no originará derechos ni expectativas de derechos en favor de los interesados o afectados por la información suministrada, ni interrumpirá la prescripción de los derechos u obligaciones a que puedan referirse los procedimientos para los que se obtuvo aquella. De igual modo, la información suministrada no afectará a lo que pudiera resultar de las actuaciones de comprobación o investigación o de la ulterior modificación de los datos suministrados.
Decimoquinta.- Organización para la ejecución del Convenio. Solución de conflictos.
Con el fin de coordinar las actividades necesarias para la ejecución del presente Convenio, así como para llevar a cabo su supervisión, seguimiento y control, se creará una Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento compuesta por tres representantes nombrados por el Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias y otros tres nombrados por el Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social, uno de los cuales pertenecerá a la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.
Será competencia de la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento establecer los procedimientos más eficaces que posibiliten el intercambio de información y la colaboración en la gestión recaudatoria prevista en este Convenio. A tal fin, promoverá la supresión de los impedimentos técnicos que impidan su inmediato intercambio y colaboración.
En calidad de asesores podrán incorporarse cualesquiera otros funcionarios que se consideren necesarios, con derecho a voz.
La Comisión se reunirá a instancia de cualquiera de las partes y, al menos, una vez cada seis meses, para examinar los resultados e incidencias de la colaboración realizada.
Las controversias que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del presente Convenio serán resueltas por la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento.
La Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento se regirá en cuanto a su funcionamiento y régimen jurídico, respecto a lo no establecido expresamente en la presente Cláusula, por lo dispuesto en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Decimosexta.- Plazo de vigencia.
1. El presente Convenio tendrá una vigencia de un año, contado a partir del día de su firma, a cuyo término se entenderá tácitamente prorrogado por períodos de un año, salvo denuncia por cualquiera de las partes con una antelación mínima de un mes a la fecha de su vencimiento.
El contenido del presente Convenio podrá ser actualizado o modificado de mutuo acuerdo en cualquier momento, a cuyo efecto las partes suscribirán la correspondiente Addenda al mismo.
2. No obstante, por lo que se refiere al suministro de información regulado en este Convenio, el ente titular del fichero podrá acordar la suspensión unilateral o la limitación de los accesos cuando advierta incumplimientos de la obligación de sigilo por parte de las autoridades, funcionarios o resto de personal del ente cesionario, anomalías o irregularidades en los accesos o en el régimen de control o incumplimientos de los principios y reglas que deben presidir el suministro de información, según lo previsto en este Convenio.
3. Con carácter previo a dicha suspensión unilateral o limitación de los accesos, se deberá convocar con una antelación mínima de quince días a la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento a quien se informará de los incumplimientos de la obligación de sigilo o de las anomalías o de las irregularidades en los accesos.
Decimoséptima.- Naturaleza administrativa.
El presente Convenio es de carácter administrativo, considerándose incluido en el artículo 4.1.c) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. Las controversias sobre su aplicación y ejecución serán resueltas por la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento prevista en la Cláusula Decimoquinta del presente Convenio.
En prueba de conformidad, ambas partes lo firman por duplicado en la fecha y lugar indicados en el encabezamiento.- Por la Tesorería General de la Seguridad Social, el Director General , Javier Aibar Bernad.- Por la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, el Consejero [en funciones por el artº. 16.a) de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la AP CAC], Jorge Marín Rodríguez Díaz.
A N E X O I
CLÁUSULA DE OBLIGADA ACEPTACIÓN QUE SE CITA EN LA CLÁUSULA UNDÉCIMA.
El control y seguridad de los datos suministrados se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en el Reglamento de desarrollo de la citada Ley Orgánica aprobado mediante Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, y en los documentos de Seguridad aprobados por la Tesorería General de la Seguridad Social.
1.- Aceptación de finalidad.
El órgano cesionario acepta y asume por la presente que la cesión de datos se produce a los fines exclusivos que se especifican en este Convenio y que cualquier otro uso que reciban constituye un incumplimiento que podrá dar lugar a las responsabilidades oportunas.
El Organismo cesionario será responsable frente a la Tesorería General y frente a los terceros de cualquier reclamación derivada del uso indebido que se haga por los usuarios de los datos cedidos, eximiendo a la Tesorería General de cualquier responsabilidad a este respecto. La Tesorería General podrá repetir contra el Organismo cesionario cualquier indemnización que deba satisfacer de dicho incumplimiento.
2.- Auditorías de Peticiones de Datos.
Se debe almacenar toda la información necesaria (consentimiento del ciudadano, fin para el que se solicitaron los datos ..., etc.), de forma que ante una solicitud de auditoría por parte de la Tesorería General, la entidad requirente pueda demostrar la adecuación de las peticiones realizadas.
Además, la entidad requirente debe garantizar que dispone de un procedimiento interno que le permita recabar toda la información necesaria para justificar la adecuación de las peticiones de datos.
3.- Control y supervisión del órgano cedente.
Sin perjuicio de lo anterior, la Tesorería General se reserva la facultad de:
A. Controlar, supervisar y/o auditar los accesos o la utilización que se de a los datos recibidos, para lo cual podrán llevarse a efecto cualesquiera otros controles accesorios por la Unidad Nacional de Auditorías de la Tesorería General de la Seguridad Social.
B. Solicitar, en cualquier momento, las aclaraciones o la información complementaria que se estime precisa.
C. Suspender las autorizaciones y desactivar los perfiles de aquellos usuarios que hubieren realizado accesos de riesgo, entendiendo por tales todos aquellos en los que no quede acreditada su correspondencia con los fines para los que hubieran sido autorizados.
El órgano cesionario acepta someterse a todas las actuaciones de control y supervisión que puedan acordarse por la Unidad Nacional de Auditorías de la Tesorería General de la Seguridad Social al objeto de verificar la adecuada obtención y utilización de la información cedida y de las condiciones normativas o convencionales que resultan de aplicación.
4.- Revisiones posteriores.
La Tesorería General se reserva la facultad de revisar en cualquier momento posterior a la firma del presente Convenio, las formas de acceso a los datos protegidos, ya sea a través de acceso directo a ficheros, soporte físico o conexión telemática o electrónica, y la limitación de las mismas por razones técnicas, por modificación de los contenidos de los ficheros a raíz de mejoras introducidas en los mismos, por falta de uso de las transacciones o por otras razones que pudieran suponer alteración de las condiciones pactadas en este Convenio.
5.- Utilización indebida.
Si, como consecuencia de las actuaciones de control o auditoría o por causa de denuncia o comunicación, se detectase cualquier tipo de irregularidad relacionada con la utilización de datos, antecedentes, registros o informes con finalidad distinta a la propia gestión del órgano cesionario, se abrirán de inmediato diligencias en orden al completo esclarecimiento y, en su caso, a la exigencia de responsabilidades con traslado, si procede, a la autoridad judicial correspondiente.
6.- Canal de comunicación.
El órgano cesionario garantizará la existencia de un canal de comunicación (teléfono, correo electrónico, etc.) mediante el cual el órgano cedente se podrá poner en contacto con el órgano cesionario para:
* Resolver posibles incidencias relacionadas con las peticiones de datos.
* Que los responsables de fiscalización y control del órgano cedente puedan hacer las solicitudes pertinentes.
7.- Gestión de usuarios.
El órgano cesionario deberá garantizar:
* Que tiene implantados los procedimientos que permitan gestionar el ciclo de vida de sus usuarios o componentes autorizados a acceder a los servicios de cesiones de datos del órgano cedente (altas, bajas o modificaciones de autorizaciones).
* Que podrá facilitar una lista actualizada de las personas o componentes autorizados para realizar peticiones de datos en caso de ser solicitada por el órgano cedente.
* Que comunicará cualquier variación relacionada con las personas que ha autorizado a realizar peticiones de datos.
8.- Control de acceso físico.
El órgano cesionario deberá garantizar que utiliza mecanismos de control de acceso adecuados en aquellos equipos de trabajo desde los que se van a realizar peticiones de datos.
9.- Almacenamiento de información.
El órgano cesionario garantizará que almacena y gestiona adecuadamente la información solicitada, así como los datos necesarios que permitan justificar la petición realizada, independientemente del soporte en el que se encuentre dicha información.
10.- Pruebas con datos reales.
En el caso de desarrollar aplicaciones que realicen algún tipo de tratamiento de los datos solicitados, el órgano cesionario deberá garantizar que durante las pruebas de dichas aplicaciones no se utilizarán datos reales, que puedan comprometer la confidencialidad de los mismos, salvo que se asegure el nivel de seguridad correspondiente al tratamiento realizado.
11.- Información a los usuarios autorizados.
El órgano cesionario debe garantizar que informará adecuadamente a todas las personas para las que solicita la autorización de acceso al menos de:
1. Las responsabilidades que asumen.
2. La finalidad concreta de la autorización.
3. Que la Seguridad Social almacena rastros de cada una de las peticiones realizadas.
4. Que en cualquier momento se podrá solicitar la justificación de peticiones de datos realizadas, de acuerdo a los requisitos legales y a la finalidad para la que se autorizó la cesión de datos.
5. Las medidas de seguridad que deberá tener en cuenta para garantizar la seguridad de la información.
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CLÁUSULA DE OBLIGADA ACEPTACIÓN QUE SE CITA EN LA CLÁUSULA UNDÉCIMA.
El control y seguridad de los datos suministrados se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en el Reglamento de desarrollo de la citada Ley Orgánica aprobado mediante Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, y en los documentos de Seguridad aprobados por la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias.
1.- Aceptación de finalidad.
El órgano cesionario acepta y asume por la presente que la cesión de datos se produce a los fines exclusivos que se especifican en este Convenio y que cualquier otro uso que reciban constituye un incumplimiento que podrá dar lugar a las responsabilidades oportunas.
El Organismo cesionario será responsable frente a la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias y frente a los terceros de cualquier reclamación derivada del uso indebido que se haga por los usuarios de los datos cedidos, eximiendo a la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias de cualquier responsabilidad a este respecto. La Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias podrá repetir contra el Organismo cesionario cualquier indemnización que deba satisfacer de dicho incumplimiento.
2.- Control del órgano cesionario.
A través de los sistemas y medios informáticos de auditoría que facilite la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, como órgano cedente, el órgano cesionario deberá realizar las actividades de control que garanticen la debida custodia y adecuada utilización de los datos recibidos y cualquier otra actividad encaminada a garantizar la correcta forma y justificación del acceso a los ficheros o bases en que aquellos figuren incluidos.
Para llevar a efecto lo señalado en el párrafo anterior, la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias se compromete a proporcionar la asistencia necesaria a los responsables que se designen por el órgano cesionario.
El órgano cesionario se compromete a que cada acceso quede justificado con la causa o expediente que lo hubiera motivado.
3.- Control y supervisión del órgano cedente.
Sin perjuicio de lo anterior, la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, se reserva la facultad de:
A. Controlar, supervisar y/o auditar los accesos o la utilización que se de a los datos recibidos, para lo cual podrán llevarse a efecto cualesquiera otros controles accesorios por parte la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias.
B. Solicitar, en cualquier momento, las aclaraciones o la información complementaria que se estime precisa.
C. Suspender las autorizaciones y desactivar los perfiles de aquellos usuarios que hubieren realizado accesos de riesgo, entendiendo por tales todos aquellos en los que no quede acreditada su correspondencia con los fines para los que hubieran sido autorizados.
El órgano cesionario acepta someterse a todas las actuaciones de control y supervisión que puedan acordarse por parte de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, al objeto de verificar la adecuada obtención y utilización de la información cedida y de las condiciones normativas o convencionales que resultan de aplicación.
4.- Revisiones posteriores.
La Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias se reserva la facultad de revisar en cualquier momento posterior a la firma del presente Convenio, las formas de acceso a los datos protegidos, ya sea a través de acceso directo a ficheros, soporte físico o conexión telemática o electrónica, y la limitación de las mismas por razones técnicas, por modificación de los contenidos de los ficheros a raíz de mejoras introducidas en los mismos, por falta de uso de las transacciones o por otras razones que pudieran suponer alteración de las condiciones pactadas en este Convenio.
5.- Utilización indebida.
Si, como consecuencia de las actuaciones de control o auditoría o por causa de denuncia o comunicación, se detectase cualquier tipo de irregularidad relacionada con la utilización de datos, antecedentes, registros o informes con finalidad distinta a la propia gestión del órgano cesionario, se abrirán de inmediato diligencias en orden al completo esclarecimiento y, en su caso, a la exigencia de responsabilidades con traslado, si procede, a la autoridad judicial correspondiente.
6.- Canal de comunicación.
El órgano cesionario garantizará la existencia de un canal de comunicación (teléfono, correo electrónico, etc.) mediante el cual el órgano cedente se podrá poner en contacto con el órgano cesionario para:
* Resolver posibles incidencias relacionadas con las peticiones de datos.
* Que los responsables de fiscalización y control del órgano cedente puedan hacer las solicitudes pertinentes.
7.- Gestión de usuarios.
El órgano cesionario deberá garantizar:
* Que tiene implantados los procedimientos que permitan gestionar el ciclo de vida de sus usuarios o componentes autorizados a acceder a los servicios de cesiones de datos del órgano cedente (altas, bajas o modificaciones de autorizaciones).
* Que podrá facilitar una lista actualizada de las personas o componentes autorizados para realizar peticiones de datos en caso de ser solicitada por el órgano cedente.
* Que comunicará cualquier variación relacionada con las personas que ha autorizado a realizar peticiones de datos.
8.- Control de acceso físico.
El órgano cesionario deberá garantizar que utiliza mecanismos de control de acceso adecuados en aquellos equipos de trabajo desde los que se van a realizar peticiones de datos.
9.- Almacenamiento de información.
El órgano cesionario garantizará que almacena y gestiona adecuadamente la información solicitada, así como los datos necesarios que permitan justificar la petición realizada, independientemente del soporte en el que se encuentre dicha información.
10.- Pruebas con datos reales.
En el caso de desarrollar aplicaciones que realicen algún tipo de tratamiento de los datos solicitados, el órgano cesionario deberá garantizar que durante las pruebas de dichas aplicaciones no se utilizarán datos reales, que puedan comprometer la confidencialidad de los mismos, salvo que se asegure el nivel de seguridad correspondiente al tratamiento realizado.
11.- Información a los usuarios autorizados.
El órgano cesionario debe garantizar que informará adecuadamente a todas las personas para las que solicita la autorización de acceso al menos de:
1. Las responsabilidades que asumen.
2. La finalidad concreta de la autorización.
3. Que la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias almacena rastros de cada una de las peticiones realizadas.
4. Que en cualquier momento se podrá solicitar la justificación de peticiones de datos realizadas, de acuerdo a los requisitos legales y a la finalidad para la que se autorizó la cesión de datos.
5. Las medidas de seguridad que deberá tener en cuenta para garantizar la seguridad de la información.
A N E X O I I I
AUDITORÍAS REALIZADAS POR LA TGSS RESPECTO DE LAS CONSULTAS REALIZADAS AL FICHERO GENERAL DE AFILIACIÓN.
La Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias como órgano cesionario deberá realizar las actividades de control que garanticen la debida custodia y adecuada utilización de los datos recibidos y cualquier otra actividad encaminada a garantizar la correcta forma y justificación del acceso a los ficheros o bases en que aquellos figuren incluidos.
El órgano cesionario se compromete a que cada acceso quede justificado con la causa o expediente que lo hubiera motivado.
Las partes implicadas en el proceso de auditoría son las siguientes:
1. Auditor Delegado de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias.
Sus funciones y competencias son:
* Será el interlocutor con la TGSS en el ámbito de su competencia y su función principal será efectuar la auditoría mensual a los usuarios autorizados en su Organismos.
* Tendrá como mínimo un nivel 26 de complemento de destino, salvo petición justificada del órgano cesionario que solicitará la excepción de nivel y que deberá ser aprobada por la Unidad Nacional de Auditorías.
* Se le asignará en SILCON un perfil de usuario auditor, dándosele de alta a estos efectos por la TGSS en el Departamento correspondiente. Las altas, bajas o sustituciones que se produzcan en la persona designada como Auditor Delegado deberán ser comunicados a la mayor brevedad posible al Auditor Delegado de la TGSS en Santa Cruz de Tenerife quien lo pondrá en conocimiento de la Unidad Nacional de Auditorías.
La Unidad Nacional de Auditorías, previa solicitud del Organismo externo, podrá autorizar la figura de auditor delegado suplente (que deberá cumplir los mismos requisitos de nivel que el auditor delegado y se le asignará también en SILCON un nivel 4) en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad del auditor delegado.
* El perfil de usuario auditor no comporta el cargo de usuario administrador, a pesar de que ambos usuarios tengan en SILCON un nivel 4. Ello es debido a que la tarea de auditoría no es informática sino de justificación documental de los accesos.
En ningún caso podrán coincidir en la misma persona los cargos de Administrador SILCON y Auditor Delegado.
2.- Auditor Delegado Provincial de la TGSS en Santa Cruz de Tenerife:
En la Dirección Provincial de la TGSS en Santa Cruz de Tenerife, el Auditor Delegado Provincial tendrá las siguientes funciones:
* Realizar las auditorías de los accesos del Auditor Delegado del Organismo externo.
* Recibir, sistematizar y analizar los datos facilitados en el informe mensual de auditoría elaborado por el Auditor Delegado del Organismo externo.
* Asignación/Desasignación de un Departamento al Auditor Delegado del Organismo externo.
* Información y resolución de dudas e incidencias al Auditor Delegado del Organismo externo.
* Comunicar el resultado de las auditorías e incidencias a la Unidad Nacional de Auditorías.
3.- Unidad Nacional de Auditorías:
Serán funciones de la Unidad Nacional de Auditoría las siguientes:
* Velar por la adecuada transmisión de instrucciones y contribuir a la aclaración de dudas sobre accesos indebidos, con el fin de que las Auditorías se lleven a efecto por las unidades competentes, con unos criterios unificados.
* Formular propuestas y recomendaciones en materias relacionadas con la adecuación de los accesos a los ficheros informáticos y bases de datos gestionados por la TGSS, en particular de:
- Propuesta de modificación de contenidos de las transacciones, si por razón de los mismos pudiera concurrir alguna situación de riesgo en la protección de datos personales.
- Control específico de las autorizaciones de los usuarios, pudiendo comportar su suspensión o retirada definitiva cuando se advierta un uso inadecuado de las mismas.
* Administrar las transacciones SILCON específicamente referidas al sistema de auditorías así como las diseñadas para la creación, mantenimiento y cese de auditores, activación y desactivación de perfiles y seguimiento de rastros de los accesos. A tal fin la Unidad Nacional de Auditorías elaborará las solicitudes y propuestas necesarias a la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.
* Realizar Auditorías específicas de accesos indebidos al Sistema de Confidencialidad cuando se produzcan denuncias por los titulares de los datos accedidos, cualquiera que sea su lugar de presentación y tramitar de forma centralizada todas las denuncias y comunicaciones que tengan entrada sobre cualquier forma de vulneración de protección de datos o accesos indebidos a los ficheros a cargo de la TGSS.
* Coordinar y preparar la información que requiera la Dirección General para su relación institucional centralizada con la Agencia Española de Protección de Datos. A este fin, deberá ser remitido a la Unidad Nacional de Auditorías cualquier escrito o solicitud que se reciba de dicha Agencia.
El procedimiento concreto de auditoría se pondrá en conocimiento del Organismo externo por parte de la Dirección Provincial de la TGSS antes del inicio de la auditoría mensual que proceda, la cual explicará dicho proceso y solicitará los datos personales del auditor delegado.
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