Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la notificación de la citada Resolución nº 11/04242, de 5 de abril de 2011, de devolución de ingresos indebidos, de la subvención del programa promoción del empleo autónomo, concedida a Dña. Beate Annemarie Keilbach, expediente 08-35/00786, en el domicilio que figura en el expediente incoado por el Servicio Canario de Empleo, sin que haya sido recibida por la interesada, es por lo que, conforme a lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace saber que con fechas 23 de mayo de 2011 y 25 de mayo de 2011, fue intentada la mencionada notificación del tenor literal siguiente:
Visto el expediente de referencia, en aplicación de la normativa vigente, resultan los siguientes antecedentes de hecho y fundamentos de derecho:
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Mediante Resolución del Director del Servicio Canario de Empleo nº 08-35/3856, de fecha 11 de agosto de 2008 se concedió a Dña. Beate Annemarie Keilbach-Primke, con D.N.I./N.I.E. X7077080A, una subvención por importe de siete mil (7.000,00) euros para su establecimiento como trabajadora autónoma o por cuenta propia, en los términos que se señalan en la resolución de concesión y en cumplimiento de lo dispuesto en la Orden TAS/1622/2007, de 5 de junio, por la que se regula la concesión de subvenciones al programa de promoción del empleo autónomo (BOE nº 136, de 7.6.07).
Segundo.- Mediante Resolución del Director del Servicio Canario de Empleo, nº 08-35/4383, de fecha 24 de septiembre de 2008, se declaró justificada la subvención concedida, justificación condicionada a la obligatoriedad recogida en el artículo 4 de la Orden reguladora de realizar la actividad que fundamentó la concesión durante un plazo de, al menos, tres años desde su constitución como autónomo, obligación también incluida en la parte dispositiva cuarta de la citada resolución de concesión.
Tercero.- En ejercicio de la potestad de comprobación de la realización de la actividad que determina la concesión de la subvención, prevista por el artículo 32.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE nº 276, de 18.11.03), por parte de este Centro Gestor se ha realizado consulta de situaciones laborales de la interesada en la Seguridad Social, comprobándose que la beneficiaria permaneció en alta en el régimen especial de trabajadores autónomos durante 29 meses. Asimismo, realizado el cálculo de los costes justificados en función del período de alta como autónoma, el importe justificado resultante es superior a la inversión mínima en inmovilizado exigida en el artículo 9.1.b) de la Orden reguladora.
Cuarto.- La interesada ha realizado cuatro ingresos bancarios por importe de 100,00 euros cada uno a favor del Servicio Canario de Empleo, tal y como queda acreditado con los documentos contables M.I. incorporados al expediente.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El Director del Servicio Canario de Empleo es competente para dictar la presente Resolución de archivo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio Canario de Empleo, modificada por la Ley 3/2011, de 18 de febrero.
Segundo.- De acuerdo con el artículo 4 de la Orden reguladora los beneficiarios de estas subvenciones están obligados a realizar la actividad que fundamente la concesión de la subvención y a mantener su actividad empresarial y su alta en la Seguridad Social o equivalente durante al menos tres años. Además el mismo artículo 4, en relación con el artículo 13.2 de la Orden reguladora, señala que en el caso de incumplimientos parciales, la cantidad a reintegrar por el beneficiario se determinará respondiendo al principio de proporcionalidad en función de los costes justificados y las actuaciones acreditadas, siempre que haya mantenido la actividad durante al menos dos años, previendo asimismo que si se ha mantenido menos de dos años, podrá aplicarse el principio de proporcionalidad siempre que acredite que el incumplimiento se ha debido a causas ajenas a su voluntad. Pues bien, realizado el cálculo de los costes justificados en función del período de alta como autónoma, el importe justificado resultante es superior a 5.000 euros, que es la inversión mínima en inmovilizado establecida en el artículo 9.1.b) de la Orden reguladora, por lo que la interesada ha acreditado el cumplimiento de las condiciones establecidas en la Orden TAS/1622/2007, para proceder al archivo del expediente, así como al abono del importe que la interesada reintegró sin tener obligación de hacerlo.
R E S U E L V O:
Primero.- Proceder al abono de cuatrocientos (400,00) euros, que Dña. Beate Annemarie Keilbach-Primke, con D.N.I./N.I.E. X7077080A, reintegró sin tener la obligación de hacerlo, produciendo con ello un ingreso indebido en este Organismo.
Segundo.- Proceder al archivo de este expediente una vez que se haya realizado por parte de este Organismo la devolución del ingreso indebido, sin perjuicio de las actuaciones de comprobación e inspección a efectuar por el Servicio Canario de Empleo y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, así como a las de control financiero que correspondan a la Intervención General del Estado y de la Comunidad Autónoma de Canarias, con independencia de las que pueda efectuar, en su caso, el Tribunal de Cuentas del Estado y la Audiencia de Cuentas de Canarias, así como la Comisión y el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea en el supuesto de cofinanciación por el Fondo Social Europeo.
Tercero.- Notificar la presente Resolución a la interesada en el expediente, con la indicación de que contra la misma, al no poner fin a la vía administrativa, se puede interponer recurso de alzada ante la titular de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115, en relación con el artículo 48.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14.1.99), sin perjuicio de que la interesada pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente.
Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de julio de 2011.- El Director, Alberto Génova Galván.
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