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BOC-A-2011-135-3835.
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Visto los repetidos intentos de notificación de la citada Resolución en el domicilio que figura a tales efectos en el correspondiente expediente, sin que haya sido recibida por el recurrente
Visto lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a D. Juan José Peñate Vega, en representación no acreditada de la entidad mercantil Viajes y Excursiones Fabiar, S.L. la Resolución de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno de 6 de mayo de 2011 (Folio 612/616, nº 314), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se inadmitió el recurso de alzada nº 050/11 (expediente nº 001/10), interpuesto contra la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 201, de fecha 27 de enero de 2011.
Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.
Santa Cruz de Tenerife, a 1 de julio de 2011.- La Secretaria General Técnica de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad (Decreto nº 83, de 20.6.11, del Presidente en funciones), Ángeles Bogas Gálvez.
A N E X O
Resolución de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno por la que se inadmite el recurso de alzada nº 050/11 interpuesto por D. Juan José Peñate Vega, en representación no acreditada de la entidad mercantil Viajes y Excursiones Fabiar, S.L.
Visto el recurso de alzada nº 050/11, interpuesto por D. Juan José Peñate Vega, en representación no acreditada de la entidad mercantil Viajes y Excursiones Fabiar, S.L., con C.I.F. B-35811777, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Agencia de Viajes "Viajes y Excursiones Fabiar", sito en Centro Comercial Cita, término municipal de San Bartolomé de Tirajana, contra la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 201, de fecha 27 de enero de 2011, recaída en el expediente sancionador nº 001/10, y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- El acto impugnado se dictó en resolución de expediente sancionador iniciado con motivo de la comisión de dos infracciones administrativas a la normativa turística consistentes en:
"Primero.- Ejercer la actividad turística de Agencia de Viajes en local distinto al que le fue concedido en la autorización.
Segundo.- No dar cumplimiento al requerimiento efectuado por la Inspección, mediante Acta nº CR 160/2009, de fecha 10 de agosto de 2009".
Hechos que determinaron la imposición de sanción de multas en cuantía de mil quinientos tres (1.503,00) euros por el hecho infractor primero y mil quinientos tres (1.503,00) euros por el hecho infractor segundo.
Segundo.- Contra la Resolución sancionadora ha sido interpuesto recurso de alzada solicitando "anular y dejar sin efecto las denuncias, sanciones impuestas y demás actos administrativos objeto del expediente nº 001/10, con archivo de las actuaciones habidas, dejando sin efectos la Resolución recurrida, la cual debe ser revocada, por no ser los hechos expresados en la Resolución notificada motivo de infracciones administrativas sancionables".
En defensa de su derecho la entidad recurrente esgrime, en síntesis, los siguientes argumentos:
1º.- Respecto al hecho infractor primero, la entidad recurrente reconoce que es cierto, pero por motivos ajenos a su voluntad y a petición de la propietaria del local nº 279, del mismo Centro Comercial, que lo necesitaba para otro uso distinto. Por desconocimiento legal en la materia la actividad se ejercía en local distinto pero no es dicha infracción objeto de mala fe puesto que todo se desarrollaba en el mismo recinto comercial y lo único que cambiaba era el número del local, el cual, incluso, está ubicado en la misma planta y frente que el anterior.
2º.- Se está en contra de la decisión adoptada por la Administración sancionadora puesto que incluso reconociendo los hechos, estos no obedecen a ningún tipo de infracción grave tipificada en el artículo 76.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias.
3º.- En cuanto al hecho infractor segundo, los hechos han sido corregidos y adecuados al correcto funcionamiento legal. Este hecho infractor segundo no reviste el tipo infractor previsto en el artículo 76.9 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias.
4º.- La entidad recurrente estima que, además, de no incumplir ninguna infracción tipificada en los preceptos legales invocados, no ha habido mala fe y en todo momento ha intentado cumplir con la normativa vigente al efecto.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El Secretario General de la Presidencia del Gobierno es competente para la resolución de los recursos de alzada que se interpongan contra los actos dictados por la Viceconsejería de Turismo, a tenor de lo establecido en el dispongo tercero, letra d), del Decreto 227/2010, de 18 de noviembre, del Presidente, por el que se delegan determinadas competencias en materia de turismo (BOC nº 231, de 23.11.10).
Segundo.- La instrucción del procedimiento sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en el artículo 81 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias y en los artículos 8 y siguientes del Decreto 190/1996, de 1 de agosto (BOC nº 103, de 21 de agosto), regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, con respeto a las garantías y principios constitucionales que afectan a la potestad administrativa sancionadora, reproducidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Tercero.- Previamente, ha de considerarse si el recurso de alzada reúne los requisitos formales determinantes de su admisión a trámite. En este sentido en el Informe de Recurso de Alzada emitido por la Viceconsejería de Turismo con fecha 15 de abril de 2011 se hace constar, expresamente, que "El recurso en cuestión no reúne los requisitos formales determinantes para su admisión a trámite, al no haberse interpuesto dentro del plazo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, no acreditando además el recurrente poder suficiente de representación tal como establece el artículo 32 del mismo texto legal, a pesar de los requerimientos realizados que constan en el expediente sancionador".
En cuanto al contenido de dicho informe debe manifestarse que no puede prosperar lo aducido respecto a la inadmisión del recurso alzada por falta de acreditación de la representación que se ejercita habida cuenta que tanto la Resolución de Inicio de expediente sancionador, de 2 de agosto de 2010, como la Propuesta de Resolución de 18 de octubre de 2010, y la Resolución sancionadora que se recurre, indican que en el caso de presentar alegaciones a las respectivas Resoluciones como representante de la entidad mercantil expedientada, "deberá acreditar esta representación, aportando Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común". A tal efecto debe tenerse en consideración que Juan José Peñate Vega presentó alegaciones a la Propuesta de Resolución con fecha 8 de noviembre de 2010, sin aportar la referida acreditación de la representación que se ejercita, siendo sus alegaciones tenidas en cuenta por el instructor del procedimiento.
Por cuanto antecede y conforme sostiene la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en Sentencia nº 190, de 27 de mayo de 2008 frente a las alegaciones que efectúa la representación de la Administración demandada ha de mantenerse por esta Sala el criterio sostenido por la STS de 12 de abril de 1989, entre otras, o la Sentencia de la Audiencia Nacional de 10 de julio de 1998, así como la S.T.S.J. de Andalucía de 27 de enero de 2000, y reiterado en múltiples pronunciamientos judiciales. Se razona en tales resoluciones que no se ajusta a Derecho la inadmisión por la Administración del recurso si, durante la tramitación del procedimiento administrativo, se han reconocido las actuaciones llevadas a cabo por el representante, ya que en caso de ser admitida tal representación previamente no cabe negársela a "posteriori". En este sentido se pronuncia el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1, de Santa Cruz de Tenerife, en Sentencia emitida con fecha 15 de octubre de 2009, que en un supuesto similar, mantiene que la admisión a trámite del escrito de alegaciones, constituye un reconocimiento implícito de la condición de representante en quién lo presenta, vulnerándose, por tanto, la doctrina de los actos propios cuando se deniega la representación a quien previamente se le había reconocido dicha condición.
Por otra parte y en cuanto a la extemporaneidad del recurso de alzada, ha de tenerse en cuenta que habiéndose notificado la Resolución sancionadora el 1 de febrero de 2011, según consta acreditado en el expediente sancionador nº 001/10, y presentado el escrito de recurso de alzada con fecha 4 de marzo de 2011 en el Registro General de Presidencia del Gobierno como figura en el correspondiente sello acuñado en el documento principal en el que se consigna el número de registro de entrada 243403, resulta, por tanto, el carácter extemporáneo del mismo al haber transcurrido el plazo de un mes que para la interposición del recurso de alzada se establece en el artículo 115.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Habiéndose iniciado el plazo para la interposición del recurso al día siguiente de la notificación y teniendo como último día hábil para la indicada interposición el del mes correspondiente que coincida con aquel en que se realizó la notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48 de la citada Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y artículo 5 del Código Civil, lo que en relación con el presente caso supone que dada la fecha de notificación de la Resolución sancionadora, 1 de febrero de 2011, consecuentemente, el plazo vencía el 1 de marzo de 2011, día hábil según el calendario del presente año. Por cuanto antecede, la entidad expedientada sobrepasó el plazo máximo legalmente previsto para la interposición del recurso de alzada.
En consecuencia, procede declarar su inadmisión, por interposición fuera de plazo, deviniendo firme a todos los efectos e inimpugnable la Resolución sancionadora, ahora recurrida, sin entrar a examinar la cuestión de fondo, toda vez que la interposición extemporánea de un recurso administrativo trae como consecuencia la firmeza de la resolución recurrida fuera de plazo y, por ello, la imposibilidad de examen en vía administrativa de lo que es su legalidad extrínseca (Sentencia de 15 de diciembre de 2006 del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de Las Palmas de Gran Canaria).
Cuarto.- La presente Resolución no ha sido dictaminada por el Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, por suscitarse en el recurso cuestión de Derecho (la extemporaneidad del recurso) ya resuelta en anteriores recursos (Dictamen nº 86100-BF, emitido con fecha 4 de diciembre de 2000 por la Letrada Habilitada de la Dirección General del Servicio Jurídico), todo ello de acuerdo con lo previsto en el artículo 20.g) del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, modificado parcialmente por el Decreto 232/1998, de 18 de diciembre.
Vista la Propuesta de Resolución emitida con fecha 2 de mayo de 2011 por el Servicio de Régimen Jurídico de Turismo de la Secretaría General.
Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación.
R E S U E L V O:
Primero.- Declarar la inadmisión, por interposición fuera de plazo, del recurso de alzada nº 050/11 interpuesto por D. Juan José Peñate Vega, en representación no acreditada de la entidad mercantil Viajes y Excursiones Fabiar, S.L., con C.I.F. B-35811777, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Agencia de Viajes "Viajes y Excursiones Fabiar", sito en Centro Comercial Cita, término municipal de San Bartolomé de Tirajana, deviniendo firme a todos los efectos e inimpugnable la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 201, de fecha 27 de enero de 2011, recaída en el expediente sancionador nº 001/10 que determinó la imposición de sanción de multas en cuantía de mil quinientos tres (1.503,00) euros por el hecho infractor primero y mil quinientos tres (1.503,00) euros por el hecho infractor segundo.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su domicilio el recurrente o ante el Juzgado competente en función de la sede del órgano que dictó el acto impugnado (en Las Palmas de Gran Canaria), a elección del recurrente, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
Segundo.- La liquidación, en periodo voluntario, del importe de la mencionada sanción, cuyo instrumento cobratorio (Carta de Pago) se adjunta a la presente Resolución, deberá hacerse efectiva en los lugares, formas y plazos que se detallan a continuación:
LUGAR Y FORMA DE INGRESO:
a) En el Servicio de Caja de los órganos de recaudación de la Consejería de Economía y Hacienda, en metálico o cheque conformado a nombre de la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Canarias.
b) A través de Bancos o Cajas de Ahorros, en los que no se precisa tener cuenta abierta.
c) Por Internet a través del dominio:
https://www.gobiernodecanarias.org/tributos.
PLAZOS DE INGRESO: (artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, aplicable conforme al artículo 11.3 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canarias):
a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
Si vencidos dichos plazos de ingreso, no se hubiera satisfecho la deuda, se iniciará el periodo ejecutivo y la Administración Tributaria Canaria efectuará la recaudación de las deudas por el procedimiento de apremio sobre el patrimonio del obligado al pago. El inicio del período ejecutivo determinará la exigencia de los intereses de demora y de los recargos del período ejecutivo en los términos previstos en los artículos 26 y 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y, en su caso, de las costas del procedimiento de apremio.
El pago de la deuda podrá aplazarse o fraccionarse previa solicitud del obligado al pago que deberá presentarse en el Servicio de Recaudación de la Administración Tributaria Canaria.
Recursos que pueden ser ejercitados contra los actos de recaudación. En el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación, el interesado podrá interponer indistinta pero no simultáneamente:
Recurso de reposición ante el órgano que dictó el acto.
Reclamación económico-administrativa ante la Junta Económico-Administrativa competente (artículos 30 y 33 de la Ley 9/2006, de 11 de diciembre, Tributaria de la Comunidad Autónoma de Canarias). El escrito de interposición de la reclamación económico-administrativa deberá presentarse ante el órgano que dictó el acto (artículo 235.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria).- El Secretario General, Fernando Ríos Rull.
Ver anexo en las páginas 19835-19838 del documento Descargar
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