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BOC-A-2011-115-3270.
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Habiéndose intentado por esta Dirección General sin haberse podido practicar, la notificación de la Orden/Resolución en el expediente incoado con motivo de denuncias o Actas de inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y, siendo precisa su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga.
R E S U E L V O:
1.- Notificar a los titulares de establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Orden/Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.
2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.
Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de junio de 2011.- La Directora General de Ordenación y Promoción Turística, Rita Enma Hernández Callero.
Resolución de la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística, de turismo del Gobierno de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº 02/11, instruido a Margarete María Josiger, titular de la explotación turística del establecimiento denominado "Restaurante El Rincón de Margarita".
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido al establecimiento y titular que se cita, iniciado por Resolución de la Directora General de Ordenación y Promoción Turística de 31 de enero de 2011.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES
1º) Por la Inspección de Turismo se realizaron las siguientes actuaciones: acta nº 25212, de fecha 4 de marzo de 2010, con motivo de las siguientes denuncias/reclamaciones formuladas por: Karl-Heinz Cichy Neuherz, Ayuntamiento de Pájara y seguido contra la empresa expedientada Margarete María Josiger titular del establecimiento El Rincón de Margarita.
2º) El 31 de enero de 2011 se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el número 2/11, formulándose los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secretario del procedimiento.
3º) Examinadas las razones esgrimidas por la representación de la empresa expedientada, el Instructor expuso los siguientes fundamentos:
Se considera debe estimarse su responsabilidad administrativa por los hechos infractores imputados. Por lo que se refiere al primer hecho, significar que se está realizando la actividad de restauración sin haber realizado lo preceptuado en el artículo 13.2.a) de la Ley 14/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias: comunicar previamente a la Administración competente el inicio de la actividad turística, así como la construcción, ampliación, rehabilitación o reforma de establecimientos turísticos de alojamiento y, en su caso, emitir declaración responsable.
Según se pudo comprobar por el inspector actuante en el momento de la visita de inspección realizada el día 4 de marzo de 2010 y que dio lugar al acta de inspección nº 25212/2010, el establecimiento El Rincón de Marga, se encuentra abierto al público en general, sin que acredite en este acto haber comunicado previamente a la Administración Turística competente el inicio de la actividad turística.
Según la Disposición Adicional Primera de la Ley 17/2009, de 30 de diciembre, se ha sustituido el régimen de autorización por el de comunicación previa para la apertura de los establecimientos de restauración, quedando probado en el acta de inspección nº 25212/2010, que el establecimiento Restaurante El Rincón de Marga no ha realizado el trámite de comunicación previa y declaración responsable ante el correspondiente Cabildo Insular, trámite que es preceptivo y debe realizarse con carácter previo al inicio de la actividad turística.
Respecto al segundo hecho infringido, significar que se está imputando el carecer en el establecimiento de las hojas de reclamaciones obligatorias. En el momento de la visita de inspección, se constató por el inspector que el establecimiento carecía de las hojas de reclamaciones que debe tener con carácter preceptivo en el establecimiento a disposición de los clientes, como exige el artº. 20 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, por lo que incurre en responsabilidad administrativa por carecer de las mismas. El hecho infractor está tipificado como infracción grave en el artículo 76.4 de la Ley 14/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, si bien se calificó como leve por aplicación del artículo 77.8 del mismo cuerpo legal, por razón de su naturaleza.
No obstante, a la hora de ponderar la sanción, y en aplicación al principio de proporcionalidad que se regula en el artº. 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, las circunstancias que concurren, esto es, la ausencia de antecedentes, comprobada mediante la consulta efectuada a los archivos correspondientes, los criterios del artº. 79.2 de la Ley 14/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, concretamente, la inexistencia de repercusión social de los hechos debido a que no ha tenido impacto en los medios de comunicación, la ausencia de reincidencia, al no haber sido cometida en el término de un año más de una infracción de la misma naturaleza cuando así se haya declarado por sentencia firme, según el artº. 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la posición del infractor en el mercado turístico toda vez que teniendo en cuenta nuestra base de datos la responsable es titular de un escaso número de establecimientos, se propone atenuar las sanciones iniciales.
Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor del procedimiento con fecha 18 de mayo de 2011, formuló Propuesta de Sanción de multa en cuantía seiscientos noventa y un (691,00) euros.
Correspondiendo la cantidad por el:
Hecho primero: seiscientos un (601,00) euros.
Hecho segundo: noventa (90,00) euros.
4º) No consta en el expediente que se hayan presentado alegaciones a la Propuesta de Resolución.
HECHOS PROBADOS
Se considera probado, en virtud de las inspecciones y actuaciones referidas en los antecedentes, los siguiente hechos
Primero.- Estar abierto al público en general, sin haber cumplido con la comunicación previa preceptiva y haber presentado la declaración responsable ante la Administración competente para la entrada en servicio y el desempeño de la actividad turística reglamentada de Restaurante.
Segundo.- Carecer en el establecimiento de las hojas de reclamaciones obligatorias.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14.1.99), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (BOC nº 103, de 21 de agosto).
Segunda.- En la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera.- Las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta.- En el momento de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14.1.99), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19.4.95), que se indicarán.
Quinta.- Debe estimarse la responsabilidad administrativa de la empresa expedientada. Toda vez que no se han aportado documentos nuevos, ni se han realizado nuevas alegaciones en el trámite de audiencia que puedan desvirtuar el hecho infractor, se confirma la Propuesta de Resolución evacuada por el instructor.
Sexta.- Los hechos imputados, infringen lo preceptuado en las siguientes normas, vienen tipificados como se indica:
Normas: hecho primero: artículo 13.2.a) de la 14/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 7/1995, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 2, de 5 de enero); hecho segundo: artículo 8 del Decreto 168/1996, de 4 de julio, por el que se regulan las características de las hojas de reclamaciones y el procedimiento de tramitación de las reclamaciones (BOC nº 88, de 22 de julio).
Tipificación: hecho primero: artículo 77.1 de la Ley 14/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 2, de 5 de enero); hecho segundo: artículo 76.4 de la Ley 14/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, en relación con el artículo 77.8 del mismo cuerpo legal (BOC nº 2, de 5 de enero).
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con el 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril), y el artº. 7.2.B).f) del Decreto 240/2008, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo (BOC nº 3, de 7.1.09), vigente según lo dispuesto en la disposición transitoria primera del Decreto 147/2010, de 25 de octubre, por el que se determina la estructura central y periférica así como las sedes de las consejerías del Gobierno de Canarias (BOC nº 212, de 27.10.10),
R E S U E L V O:
Imponer a Margarete María Josigew, con N.I.E: X4092768X, titular del establecimiento denominado Restaurante "El Rincón de Margarita" sanción de multa por cuantía total de 691,00 euros, correspondiendo la cantidad por el:
Hecho primero: seiscientos un (601,00) euros, hecho segundo: noventa (90,00) euros.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso de alzada, ante el Ilmo Sr. Viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14.1.99), y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
En el caso de que el recurrente sea un representante y no se haya acreditado dicha representación, deberá aportar Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14.1.99).
Con excepción de los supuestos en que concurra el abono anticipado de las sanciones, transcurrido el plazo de interposición del recurso administrativo correspondiente sin que se hubiera interpuesto aquél, o desistido, se emitirá el instrumento cobratorio del importe de la sanción administrativa con mención del lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecho y los recursos procedentes, en razón de lo establecido en la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda, de 12 de julio de 2006, por la que se regulan determinadas actuaciones en relación a la recaudación de los derechos económicos de naturaleza pública exigidos por las diferentes Consejerías integrantes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.- Las Palmas de Gran Canaria, 1 de junio de 2011.- La Directora General de Ordenación y Promoción Turística, Rita Enma Hernández Callero.
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