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BOC Nº 100. Viernes 20 de Mayo de 2011 - 2749

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V. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Empleo, Industria y Comercio

2749 Viceconsejería de Industria y Energía.- Anuncio de 29 de abril de 2011, por el que se notifica la Resolución de 28 de marzo de 2011, que resuelve los recursos de alzada interpuestos por Dña. Natividad Ruiz Delgado, por D. Francisco Ruiz Oramas, por D. José Carlos Daruis Bermúdez y por D. David Mora Fumero, en representación de Dña. María Isabel Fumero Peña (Administradora Judicial de la herencia de Dña. Benigna Peña García), frente a la Resolución de la Dirección General de Energía sobre inspección a la centralización de contadores eléctricos del edificio Fumero.- Expte. VBT-10/402.

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BOC-A-2011-100-2749. Firma electrónica-Descargar

Habiéndose intentado sin éxito la notificación de la Resolución a Dña. Natividad Ruiz Delgado, D. Francisco Ruiz Oramas y a D. José Carlos Daruis Bermúdez, por la que se resuelven los recursos de alzada interpuestos por Dña. Natividad Ruiz Delgado, por D. Francisco Ruiz Oramas, por D. José Carlos Daruis Bermúdez y por D. David Mora Fumero Peña, en representación de Dña. Isabel Fumero Peña (Administradora Judicial de la Herencia de Dña. Benigna Peña García), y de acuerdo con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, el Viceconsejero de Industria y Energía, en el ejercicio de sus competencias,

R E S U E L V E:

1.- Notificar a Dña. Natividad Ruiz Delgado, D. Francisco Ruiz Oramas y a D. José Carlos Daruis Bermúdez la Resolución que se acompaña como anexo mediante su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

2.- Remitir la citada Resolución de 28 de marzo de 2011, al Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para su inserción en el tablón de edictos del citado municipio.

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de abril de 2011.- El Viceconsejero de Industria Energía, Juan Pedro Sánchez Rodríguez.

A N E X O

Resolución de la Viceconsejería de Industria y Energía, por la que se resuelve los recursos de alzada interpuestos por Dña. Natividad Ruiz Delgado, por D. Francisco Ruiz Oramas, por D. José Carlos Daruis Bermúdez y por D. David Mora Fumero, en representación de Dña. María Isabel Fumero Peña (Administradora Judicial de la Herencia de Dña. Benigna Peña García), frente a la Resolución de la Dirección General de Energía de fecha 4 de agosto de 2010, recaída en el expediente administrativo VBT 10/402, sobre inspección a la centralización de contadores eléctricos del edificio Fumero sito en la calle Rambla de General Franco nº 157, en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife.

Vistos los recursos de alzada interpuestos por Dña. Natividad Ruiz Delgado, D. Francisco Ruiz Oramas, D. José Carlos Daruis Bermúdez y D. David Mora Fumero, frente a la Resolución de la Dirección General de Energía de fecha 4 de agosto de 2010, por la que se ordena el corte del suministro eléctrico del edificio Fumero, y se obliga a la subsanación de defectos en plazo de 60 días.

I. ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- En la Dirección General de Energía tuvo entrada el 23 de junio de 2010, denuncia de Dña. Noelia Alberto Bethencourt, por medio de la cual solicita que se realice una inspección a las instalaciones eléctricas del edificio Fumero sito en la calle Rambla de General Franco nº 157, término municipal de Santa Cruz de Tenerife, por sufrir anomalías con notable frecuencia.

Segundo.- Con fecha 19 de julio de 2010, y como consecuencia de la denuncia anterior, el Jefe de Sección de Baja Tensión levanta acta sobre la inspección realizada el 15 de julio de 2010, a la instalación de BT de la centralización de contadores para suministro eléctrico del edificio Fumero en el nº157 de la calle Rambla General Franco del término municipal de Santa Cruz de Tenerife, en la que se describe una serie de defectos "críticos" que se indican a continuación, de manera literal, y que como consecuencia de ello se emite dictamen "negativo":

"1) Se efectúan las siguientes observaciones (sin perjuicio de otros vicios ocultos que no se hubiesen detectados en la visita) que deben subsanar.

2) La centralización de contadores no cumple con lo indicado en el REBT 1973 (MIE-BT-12), ni con las normas particulares de la Cía suministradora que le era de aplicación, no existe Caja General de Protección (CGP) accesible desde la calle en la que se pueda desconectar la instalación de forma fácil y sin riesgo.

3) La centralización de contadores tiene difícil y peligroso acceso a ella para p.e. la lectura de contadores o una simple reparación/corte en un contador debido al mal estado de su instalación y también porque no cumple con las dimensiones mínimas establecidas en la normativa de aplicación.

4) La llegada a centralización de la acometida del edificio se ubica dentro de una caja metálica con puerta que no cierra y con cables embornados con cinta aislante y totalmente accesible.

5) Los contadores sobre bases de madera (inflamables) incumpliendo con la MIE BT-15, y no están protegidos contra la manipulación en ellos por personal no autorizado, existe dificultad para realizar las lecturas, algunas de las cajas están quemadas con signos de que ha habido incendio.

6) En algunas bases de madera en las que no existe contadores hay cables pelados totalmente accesibles, con riesgo para personas y cosas.

7) La Centralización en general presenta situaciones de riesgo de accidente bien por acceso de personas o incidencia en la centralización de contadores.

Tercero.- El Servicio de Instalaciones Energéticas notifica dicha acta de inspección desfavorable en fecha 23 de julio de 2010, a Dña. Natividad Ruiz Delgado, a D. Francisco Ruiz Oramas, D. José Carlos Daruis Bermúdez y D. Salvador Daruis Bermúdez; y en fecha 27 de julio de 2010, a María Isabel Fumero Peña, según reza en los acuses de recibo obrantes en el expediente administrativo.

Cuarto.- Una vez llevada a cabo la tramitación del expediente administrativo, la Dirección General de Energía dictó Resolución el 4 de agosto de 2010, en la que, a la vista del acta de inspección realizada a las instalaciones antes referida, el Jefe de Servicio de Instalaciones Energéticas realiza la siguiente propuesta aceptada por el Director General de Energía:

"En aplicación del artículo 87 del Real Decreto 1955/2000, se debe proceder al corte del suministro del edificio.

Proceder a la subsanación en el plazo de 60 días de las instalaciones afectadas y las que procedan, caso de que sobrepasado el mismo sin que se haya procedido a la subsanación, se procederá a la apertura de un expediente sancionador por falta grave de acuerdo al artº. 31 de la Ley de Industria (Ley 21/1992) con multa coercitiva que puede oscilar entre 3.000,07 y 90.151,82 euros".

Quinto.- Se presentan recursos de alzada por parte de Dña. Natividad Ruiz Delgado el 16 de agosto de 2010, por parte de D. Francisco Ruiz Oramas y por parte de D. José Carlos Daruis Bermúdez el 23 de agosto de 2010.

Los recurrentes solicitan la suspensión de la ejecución de la resolución recurrida, al amparo del artº. 111 LRJPAC, y asimismo, interesan la anulación de la resolución nº 1.656, de 4 de agosto de 2010, en base a los siguientes argumentos:

1. Que los posibles incumplimientos de la Administradora Judicial Dña. Isabel Fumero Peña no pueden repercutir negativamente en los vecinos afectados, que cumplen regularmente con el abono de la renta mensual estipulada contractualmente.

Es el Administrador Judicial el que deberá hacer las reparaciones ordinarias indispensables para la conservación de los bienes (artº. 801 Ley de Enjuiciamiento Civil).

2. El acto administrativo impugnado es nulo de pleno derecho, según el artº.62 de la Ley 30/1992, pues lesiona los derechos constitucionales:

- A una vivienda digna (artº. 47CE).

- Al bienestar de la tercera edad (artº. 50CE), ya que algunos vecinos son pensionistas.

3. La aplicación inmediata del artº. 87 del Real Decreto 1955/2000, no responde a la verdadera naturaleza jurídica del precepto que, es cautelar, no es entendible poner una medida cautelar tan extrema, cuando esas instalaciones llevan funcionando muchísimos años sin que la empresa suministradora haya comunicado reparo alguno. Además de la lectura conjunta de los preceptos de la Sección IV del Real Decreto se desprende la subsidiariedad del artículo.

Sexto.- Con fecha 23 de agosto de 2010, D. David Mora Fumero, en representación de Dña. María Isabel Fumero Peña (administradora judicial de la herencia que incluye el edificio Fumero), presenta recurso de alzada en el Cabildo Insular de Tenerife, en base a los siguientes argumentos:

1. El acto administrativo impugnado es nulo de pleno derecho, según lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 30/1992, pues se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, ya que se ha omitido el trámite de audiencia antes de redactar la propuesta de resolución.

2. Las anomalías detectadas no pueden calificarse de críticas, ya que la instalación se ajustaba a la normativa en el momento de contratar el suministro con anterioridad al REBT 1973.

3. La centralización de contadores se encuentra situada en una dependencia cerrada con llave, y sin acceso al personal no autorizado con carteles informativos en su exterior. Por otro lado, la mayoría de las viviendas del inmueble están deshabitadas y las cajas que presentan signos de quemadura están desconectadas y sin suministro.

4. La administradora judicial del inmueble ha dado cuenta al órgano judicial que la nombró de la actual situación, para que se subsanen estas deficiencias con intervención de los herederos, por lo que hasta que no se le autorice judicialmente y se le provea de fondos necesarios, no se podrán acometer obras de ningún tipo en el inmueble. Se acompaña copia del escrito solicitando autorización para realizar las reparaciones y gastos extraordinarios necesarios.

5. La medida de corte de suministro eléctrico, afectará negativamente a los inquilinos que ocupan las viviendas, que deberán desalojar las mismas al ser inhabitables.

Séptimo.- Con fecha 13 de octubre de 2010, el Viceconsejero de Industria y Energía dictó Resolución por la que se desestiman las peticiones de suspensión cautelar de la ejecución de la resolución recurrida.

Octavo.- Con fecha 22 de septiembre de 2010, Dña. Natividad Ruiz Delgado presenta escrito en la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, exponiendo que el 16 de octubre de 2010, venció el plazo en que el órgano administrativo competente debió haber dictado resolución expresa sobre la petición de suspensión de la resolución conforme al artº. 111.3 LRJPAC 30/1992, que establece: "3. la ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si transcurridos 30 días desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro del órgano competente para decidir sobre la misma, éste no ha dictado resolución expresa al respecto. En estos casos no será de aplicación lo establecido en el artículo 42.4, segundo párrafo de esta ley".

En virtud de ello solicita que se declare la suspensión, que entiende que se ha otorgado por silencio positivo.

Noveno.- Con fecha 24 de septiembre de 2010, Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. informa a la Consejería de Empleo, Industria y Energía que se ha procedido al corte de suministro eléctrico al edificio Fumero.

Décimo.- Con fecha 4 de octubre de 2010, el Viceconsejero de Industria y Energía comunica a Dña. Natividad Ruiz Delgado, en contestación a la solicitud de 22 de septiembre de 2010, que aunque se notificó el 22 de octubre de 2010, la denegación de solicitud de suspensión se dictó el 13 de octubre de 2010, por tanto, dentro del plazo de los treinta días que prescribe la norma.

Decimoprimero.- Con fecha 28 de octubre de 2010, el Jefe de Servicio de Instalaciones Energéticas emite informe desfavorable sobre el recurso de alzada interpuesto por Dña. Natividad Ruiz Delgado, como vecina del edificio Fumero, en base a los siguientes razonamientos:

1. Que el fundamento de derecho segundo del citado recurso alega que se lesionan derechos constitucionales, sin embargo se olvida de que los mismos no prevalecen sobre la seguridad de personas y bienes como ocurre en este caso.

2. En relación a la mención que hace en el sentido de que las instalaciones llevan funcionando durante muchísimos años sin que la empresa suministradora haya comunicado reparo alguno, no es óbice para que haya quedado demostrado objetivamente en el expediente la existencia de defectos muy graves en la instalación, y en ese sentido el propio marco legal al que hace mención así como otras normativas específicas ya establecen las medidas a tomar en estos supuestos, como así ha sido el caso.

Decimosegundo.- Con fecha 14 de marzo de 2011, el Letrado habilitado del Servicio Jurídico emite informe de legalidad nº 067/2011 favorable sobre la propuesta de resolución por la que se desestiman los recursos de alzada deducidos.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- En cuanto a los requisitos de admisibilidad de los recursos de alzada deducidos, no hay que formular ningún pronunciamiento en contrario, por cuanto los recursos dirigidos contra la resolución precitada se han interpuesto dentro del mes previsto en el artículo 115.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; los recurrentes tienen legitimación activa para recurrir la citada resolución, al tener la consideración de interesados, y el órgano competente para resolver la presente impugnación es la Viceconsejería de Industria y Energía.

Segundo.- Dada la identidad sustancial e íntima conexión entre los recursos aquí planteados, se ha procedido a la acumulación de los mismos a efectos de dictar una única resolución, al amparo de lo previsto en el artículo 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Y de conformidad con lo previsto en el mismo precepto, este acuerdo de acumulación es definitivo en vía administrativa, por cuanto no procede contra el mismo la interposición de recurso alguno.

Tercero.- Al presente caso le son de aplicación las siguientes disposiciones generales:

1. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

2 . El Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. En especial, el artículo 87, que establece:

"La empresa distribuidora podrá interrumpir el suministro de forma inmediata en los siguientes casos:

d) en el caso de instalaciones peligrosas.

3. El Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento para Baja Tensión. En especial, el artículo 2.3 sobre el campo de aplicación del reglamento, que establece que:

"Asimismo se aplicará a las instalaciones existentes antes de su entrada en vigor, cuando su estado, situación o características impliquen un riesgo grave para las personas o los bienes, o se produzcan perturbaciones importantes en el normal funcionamiento de otras instalaciones, a juicio del Órgano Competente de la Comunidad Autónoma."

Cuarto.- Los recursos de alzada interpuestos por Dña. Natividad Ruiz Delgado, D. Francisco Ruiz Oramas, y D. José Carlos Daruis Bermúdez, frente a la Resolución de la Dirección General de Energía de fecha 4 de agosto de 2010, no pueden prosperar, y todo ello en base a los siguientes razonamientos:

1. En cuanto al argumento expuesto de que el cumplimiento de la obligación de efectuar las reparaciones en el inmueble corresponde al propietario, y que, por tanto, no debe repercutir negativamente el incumplimiento de la Administradora Judicial en los vecinos, cabe oponer que la razón por la que se ordena el corte de suministro eléctrico del edificio Fumero es la de evitar una situación de peligro o riesgo grave para las personas y los bienes, habida cuenta de la existencia de defectos críticos en las instalaciones eléctricas de baja tensión, por lo que no hay ningún genero de dudas que el objetivo principal que persigue la Administración, según el mandato del legislador, es salvaguardar ante todo la seguridad de las personas, y ello se ha conseguido a través de la resolución hoy recurrida.

Asimismo, la relación entre propietario y arrendatario de la que se deriva la obligación por parte del primero de efectuar las reparaciones que sean necesarias para que la centralización de contadores se ajuste a las condiciones reglamentarias de seguridad es una cuestión de derecho privado, cuya competencia se residencia en el ámbito de la jurisdicción civil, por tanto, dicha alegación deviene irrelevante en esta vía de recurso.

2. En cuanto a que el acto administrativo es nulo de pleno derecho, pues vulnera derechos constitucionalmente protegidos -a una vivienda digna- del artº.47CE, y -al bienestar de la tercera edad- del artº. 50CE, conviene señalar que el acto recurrido no está afectado por una causa de nulidad de pleno derecho, ni tan siquiera por un vicio de anulabilidad, ya que insistimos el derecho a la seguridad de las personas y bienes se coloca en una situación de mayor protección jurídica frente al derecho a una vivienda digna, y al bienestar de la tercera edad.

Además, no puede considerarse favorable al derecho a una vivienda digna, ni al bienestar para la tercera edad, mantener las instalaciones eléctricas de una centralización de contadores en unas condiciones de absoluta precariedad, contrarias al vigente reglamento electrotécnico para baja tensión, y con grave peligro para los moradores del edificio Fumero.

3. En cuanto a que la aplicación inmediata del artº.87 del Real Decreto 1955/2000, no responde a la verdadera naturaleza jurídica del precepto que, es cautelar, y que no es entendible poner una medida cautelar tan extrema, cuando esas instalaciones llevan funcionando muchísimos años sin que la empresa suministradora haya comunicado reparo alguno; además de que de la lectura conjunta de los preceptos de la Sección IV del Real Decreto se desprende la subsidiariedad del artículo, cabe subrayar que la naturaleza del Real Decreto 1955/2000, es regular las actividades relacionadas con el sector eléctrico, garantizando "la seguridad y calidad del suministro eléctrico", como establece la exposición de motivos de dicho Real Decreto.

Por tanto, que las anomalías en la instalación eléctrica del edificio Fumero no se hubieran detectado antes, no obsta para que en la actualidad los defectos críticos de los que adolece la instalación eléctrica supongan un grave peligro para personas y bienes, tal como constató el Inspector de la Administración durante la visita de inspección realizada al citado inmueble.

Y, a este respecto, importa destacar que, de acuerdo con la doctrina jurisprudencial reiterada y constante del Tribunal Supremo, los hechos observados por un funcionario público durante la visita inspección gozan de presunción de veracidad, salvo prueba en contrario, que dicho sea de paso no se aporta en este caso.

En efecto, el Tribunal Supremo al analizar la presunción de veracidad de las actas de inspección de trabajo en la Sentencia de fecha 16 de abril de 1996 (RJ 1996\3424) declara lo siguiente:

"La presunción de veracidad atribuida a las actas de inspección se encuentra en la imparcialidad y especialización que, en principio, debe reconocerse al Inspector actuante (Sentencias, entre otras, de 18 de enero y 18 de marzo de 1991 (RJ 1991\265 y RJ 1991\3183); presunción de certeza perfectamente compatible con el derecho fundamental a la presunción de inocencia (artº. 24.2 CE), ya que el citado artículo 38 se limita a atribuir a tales actas el carácter de pruebas de cargo, dejando abierta la posibilidad de practicar prueba en contrario. Y es también reiterada la jurisprudencia de este Tribunal que ha limitado el valor atribuible a las actas de la inspección, limitando la presunción de certeza a sólo los hechos que por su objetividad son susceptibles de percepción directa por el inspector, o a los inmediatamente deducibles de aquéllos o acreditados por medios de prueba consignados en la propia acta como pueden ser documentos o declaraciones incorporadas a la misma (Sentencia de 24 de junio de 1991-RJ 1991\7578)."

Quinto.- El recurso de alzada interpuesto por Dña. María Isabel Fumero Peña tampoco puede prosperar en esta vía de recurso, y ello en virtud de los siguientes razonamientos:

1. En cuanto a que el acto administrativo impugnado es nulo de pleno derecho, según el artículo 62 de la Ley 30/1992, pues se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, ya que se ha omitido el trámite de audiencia antes de redactar la propuesta de resolución, cabe oponer los siguientes argumentos:

a) El acto recurrido no está afectado por la causa de nulidad de pleno derecho prevista en el citado artículo 62, apartado e) de la Ley 30/1992 pues "la falta de un trámite como el de audiencia, por esencial que pueda reputarse, no supone por sí misma que se haya prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido" (STS 13/10/2000-RJ 2000\7915- recurso de casación 5697/195).

Tampoco puede entenderse que se dé la anulabilidad del acto conforme al artículo 63.2 de la Ley 30/1992, que reconoce la anulabilidad de un acto administrativo por defecto de forma, cuando éste de lugar a la indefensión del interesado.

Pues en este caso no se produce indefensión, dado que como ha venido expresando la doctrina reiterada del Tribunal Supremo, la omisión del trámite de audiencia no causa por sí mismo indefensión, sino que ésta ha de ser real y efectiva, entendiéndose por tal que no se hayan podido presentar alegaciones o pruebas en el procedimiento administrativo, o en un recurso administrativo posterior, y en último término en la jurisdicción contencioso administrativa (STS 16/03/2005-RJ 2005\3264- recurso de casación: 2796/2001).

b) La falta de audiencia no ha de comportar, y ello por razones de economía procesal, la anulación del acto impugnado, cuando la omisión de dicho trámite no ha impedido al interesado presentar todas las alegaciones y pruebas que ha considerado oportunas, "tal oportunidad de defensa se ha podido producir en el propio procedimiento administrativo que condujo al acto, pese a la ausencia formal de un trámite de audiencia; asimismo, el afectado puede contar con la ocasión de ejercer la defensa de sus intereses cuando existe un recurso administrativo posterior, y en último término esta posibilidad de plena alegación de hechos y razones jurídicas y consiguiente evitación de indefensión se puede dar ya ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa" (STS 16/03/2005 recurso de casación: 2796/2001 que remite a otras como STS 30/05/2003 recurso casación: 6313/1998).

"Si a pesar de la falta de audiencia las posibilidades de alegación y prueba siguen intactas, el vicio formal no ha producido indefensión y constituye un mero vicio de forma no invalidante" (STS 13/10/2000 recurso de casación: 5697/1995). "No existen motivos determinantes de la nulidad del acto impugnado a consecuencia de la omisión del preceptivo trámite de audiencia al no apreciar la Sala la efectiva indefensión producida al recurrente que ha tenido oportunidad en la instancia y en esta vía casacional de proporcionar las razones oportunas y las pruebas necesarias para defender la existencia de su derecho" (STS 16/03/2005 recurso de casación: 2796/2001).

c) En el presente caso, Dña. María Isabel Fumero Peña, se ha limitado a esgrimir la falta de audiencia, sin ni siquiera alegar que ello le haya producido una indefensión sustancial y menos especificar qué alegaciones o pruebas hubiera podido esgrimir entonces que no haya podido utilizar después.

Además, es importante subrayar, a estos efectos, que antes de que se dictara la resolución recurrida, se le notificó el acta de inspección a la recurrente donde se califica los defectos de la instalación como críticos, y se propone el corte de suministro eléctrico al edificio Fumero, por instalación peligrosa, y sin embargo, la interesada no alegó nada en contrario, ni expresó su rechazo al contenido del acta de inspección, por lo que no cabe hablar aquí de que la omisión del trámite de audiencia le haya producido una situación de indefensión material.

Por otra parte, la recurrente a través del presente recurso de alzada ha podido presentar las alegaciones y pruebas que ha estimado convenientes en el ejercicio del derecho de defensa que consagra nuestro ordenamiento jurídico.

En definitiva, sería totalmente absurdo e iría contra el principio de economía procesal, anular la resolución impugnada por este motivo, retrotrayendo las actuaciones al momento del trámite de audiencia al interesado, por cuanto no se ha expresado la voluntad de hacer alegaciones que no se pudieron llevar a cabo, y aún en el caso de que se hubiera expresado la voluntad de expresar nuevas alegaciones, éstas pudieron hacerse valer en el recurso administrativo ahora presentado, de modo que la retrotracción del procedimiento a las actuaciones supondría una repetición innecesaria de actuaciones que no variarían las posibilidades de defensa de la interesada, ni tampoco alteraría el resultado final a que llegó la Administración, mediante el acto hoy recurrido.

2. Referente a que las anomalías detectadas no pueden calificarse de críticas, ya que la instalación se ajustaba a la normativa en el momento de contratar el suministro con anterioridad al REBT de 1973, cabe oponer que el artículo 2.3 del Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el REBT actual, es claro al pronunciar que dicho reglamento"se aplicará a las instalaciones existentes antes de su entrada en vigor, cuando su estado, situación o características impliquen un riesgo grave para las personas o los bienes, o se produzcan perturbaciones importantes en el normal funcionamiento de otras instalaciones, a juicio del Órgano Competente de la Comunidad Autónoma."

Esto es, en situaciones como el caso que ahora mismo nos ocupa, debe calificarse la instalación eléctrica como peligrosa, dado que la ITC-BT-05 del Real Decreto 842/2002 del REBT califica el defecto crítico o muy grave como "todo aquel que la razón o la experiencia determina que constituye un peligro inmediato para la seguridad de las personas o los bienes".

3. Respecto al argumento de que la centralización de contadores se encuentra situada en una dependencia cerrada con llave, y sin acceso al personal no autorizado con carteles informativos en su exterior; y que la mayoría de las viviendas del inmueble están deshabitadas y las cajas que presentan signos de quemadura están desconectadas y sin suministro, cabe oponer que dicha afirmación sigue sin desvirtuar la constatación del inspector de la Administración de que la instalación eléctrica adolece de defectos críticos o muy graves, de lo que se deriva un peligro inmediato para la seguridad de las personas y los bienes.

4. En cuanto al alegato de la recurrente de que hasta que no se le autorice judicialmente y se le provea de fondos necesarios no se podrán acometer obras de ningún tipo en el inmueble, cabe señalar que el problema de la financiación para acometer la reforma de la centralización de contadores es una cuestión que se le escapa a esta Administración.

Por consiguiente, es importante dejar bien claro que la Administración no podrá autorizar el restablecimiento del servicio hasta la acomodación de las instalaciones eléctricas al vigente reglamento electrotécnico para baja tensión, con total eliminación de los defectos críticos existentes en dicha centralización de contadores, sin que esta Administración pueda entrar a conocer sobre la cuestión de financiación planteada por la recurrente que se residencia fuera de la competencia de esta Viceconsejería.

5. Referente a que la medida de corte de suministro eléctrico afectará negativamente a los inquilinos que ocupan las viviendas, que deberán desalojar las mismas al ser inhabitables, conviene subrayar una vez más que la seguridad de las personas prevalece en el conflicto de intereses que aduce la recurrente.

Por todo ello, el Viceconsejero de Industria y Energía, en el ejercicio de sus competencias,

R E S U E L V E:

Desestimar los recursos de alzada interpuestos por Dña. Natividad Ruiz Delgado, D. Francisco Ruiz Oramas, D. José Carlos Daruis Bermúdez y por D. David Mora Fumero, manteniendo la Resolución recurrida en todos sus términos.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su notificación y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera

Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de marzo de 2011.- El Viceconsejero de Industria y Energía, Juan Pedro Sánchez Rodríguez.

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