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BOC-A-2011-097-2627.
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De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE nº 285, de 27 de noviembre), al no haberse podido practicar la notificación personal a la interesada, se procede a notificar el oficio dirigido a Dña. María Cristina Matarazzo, cuyo tenor literal es el que se inserta a continuación:
"Con fecha 23 de junio de 2010 ha tenido entrada en esta Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, escrito (N/R 830.330 RECD 179.716) relativo a devolución de tasas académicas de Dña. Sophie Ballager abonadas en el Conservatorio Profesional de Música de Santa Cruz de Tenerife. Se observa, que no se ha enviado el impreso de alta de terceros para poder proceder al pago, el cual se remite, en el que deberá cumplimentar los datos bancarios y enviar a la mayor brevedad posible junto con la tarjeta de identificación de usted compulsada como representante legal de su hija. O bien, darse de alta de terceros con el impreso adjuntado en la Consejería de Economía y Hacienda. Por tanto, queda pendiente de realizar el pago de la devolución de tasas académicas hasta que remita el documento solicitado.
Devuelto por la oficina de Correos escrito remitido a usted el día 22 de octubre de 2010 (N/R 609.707 RECD 95.535), se envía nuevamente, en relación con su expediente de devolución de tasas académicas abonadas en el Conservatorio Profesional de Música de Santa Cruz de Tenerife, escrito.
En relación con la solicitud de devolución de tasas académicas abonadas en concepto de prueba de acceso en el Conservatorio Profesional de Música de Santa Cruz de Tenerife de su hija Dña. Sophie Ballager, se remitió a usted escrito el día 15 de noviembre de 2010 (N/R 654.479 RECD 104.258) solicitando documento de acreditación de identidad, ya que la solicitud de devolución figura a nombre de usted como representante legal de su hija.
En tal sentido se informa que, dado que no se ha realizado el trámite correspondiente y de conformidad con lo dispuesto en el artº. 92.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del mismo. Consumido este plazo sin que el particular requerido realice actividades necesarias para reanudar la tramitación, la Administración acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado. Contra la resolución que declare la caducidad procederán los recursos pertinentes."
Santa Cruz de Tenerife, a 25 de abril de 2011.- La Secretaria General Técnica, Pilar Herrera Rodríguez.
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