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BOC-A-2011-091-2462.
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Habiéndose intentado por esta Dirección General sin haberse podido practicar, la notificación de la Orden/Resolución en el expediente incoado con motivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y siendo precisa su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a los titulares de los establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Orden/Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.
2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.
Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de abril de 2011.- La Directora General de Ordenación y Promoción Turística, Rita Enma Hernández Callero.
Resolución de la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística, de Turismo del Gobierno de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº 226/10 instruido a Eloy Sosa Almeida, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar-Cafetería Randy.
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido al establecimiento y titular que se cita, iniciado por Resolución de la Directora General de Ordenación y Promoción Turística de 16 de diciembre de 2010.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES
1º) Por la Inspección de Turismo se realizaron las siguientes actuaciones: acta nº 25167, de fecha 28 de enero de 2010, con motivo de las siguientes denuncias/reclamaciones formuladas por: Antonio Delgado Dieppa (Inversiones Jardín Tropical, S.L.) y seguido contra la empresa expedientada Eloy Sosa Almeida, titular del establecimiento Randy.
2º) El 16 de diciembre de 2010 se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 226/10, formulándose los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secretario del procedimiento.
3º) Examinadas las razones esgrimidas por la representación de la empresa expedientada, el Instructor expuso los siguientes fundamentos:
Las alegaciones formuladas por la mercantil expedientada y la documentación presentada no comportan justificación legal, toda vez que según consta en el acta de inspección nº 25167, de 28 de enero de 2010, los inspectores actuantes manifiestan, que según factura de cargo a la empresa Heineken distribuidora de cerveza de fecha 31 de diciembre de 2009, la titularidad del establecimiento corresponde a D. Eloy Sosa Artiles, fecha que es posterior a la fecha de la firma del contrato de arrendamiento presentado, por lo que queda demostrado quién es el titular del establecimiento, al tenerse en consideración en estos casos el artículo 44 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, que concede el carácter de agente de la autoridad, constituyendo prueba de cargo suficiente para acreditar el hecho constitutivo de la infracción, dado el valor probatorio que a las actas de inspección atribuye el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como el artículo 25.2 del Decreto antes citado.
Por lo que se refiere al primer hecho imputado la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, modificada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre, en su artículo 19.2 establece que en los núcleos turísticos, todas las actividades productoras de ruido y especialmente aquellas que utilicen equipos electrónicos de amplificación de sonido, se producirán en recintos adaptados para ello e insonorizados, para evitar que el ruido se proyecte al exterior. Consta dicho hecho acreditado por el valor probatorio de la citada acta de Inspección en la que se indica la existencia y apreciación de ruidos y vibraciones que los aparatos musicales de la industria turística emiten al exterior, ya que el establecimiento no tiene materiales acústicos absorbentes o sistemas de insonorización que eviten la proyección de estos al exterior, por lo que existe responsabilidad administrativa de la mercantil por incumplimiento de la normativa vigente, sin que proceda desvirtuar el hecho objeto de la infracción.
Con respecto al segundo hecho imputado, cabe significar que el establecimiento carece de las hojas de reclamaciones, existiendo responsabilidad administrativa que le es atribuible a la entidad expedientada por vulneración de la normativa turística, toda vez que, conforme a lo establecido en el artículo 20.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, es preceptivo que las empresas turísticas tengan en cada establecimiento las hojas de reclamaciones a disposición de sus clientes, obligación que ha sido incumplida, por lo que no procede desvirtuar el hecho infractor.
Con respecto al tercer hecho imputado, consta también acreditado por el valor probatorio de la mencionada Acta de Inspección nº 25167, levantada el 28 de enero de 2010 y en la que se indica expresamente que el establecimiento carece de Libro de Inspección de Turismo, al haberlo verificado los inspectores actuantes. Este hecho infractor no le exonera de la responsabilidad administrativa que le es imputable por contravenir lo establecido en el artículo 84 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, en relación con el artículo 41 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, que es preceptivo que las empresas turísticas dispongan de un Libro de Inspección que deben tener a disposición de los Inspectores de Turismo, en todo momento, en el lugar en que se desarrolle la actividad, obligación que no ha sido cumplida por la entidad expedientada por lo que no procede desvirtuar el hecho infractor.
Con respecto al cuarto hecho infractor la Ley 7/1995, de 6 de abril de Ordenación del Turismo de Canarias, en su artículo 20.2 establece que en el establecimiento se anunciará de forma bien visible e inequívoca, expresada en castellano, inglés, alemán y otro idioma a elegir, la existencia de hojas de reclamación a disposición de los clientes, normativa que ha sido vulnerada, por lo que existe responsabilidad administrativa del titular del establecimiento, sin que proceda desvirtuar el hecho infractor.
A la hora de considerar la cuantía de la sanción de multa, cabe significar que se ha respetado el principio de proporcionalidad consagrado en el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, habida cuenta de que la cuantía de la sanción ha sido fijada en el mínimo del previsto para las infracciones graves en el artículo 79.2.b) de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, modificada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre, al tener en cuenta la posición del infractor en el mercado al ser un establecimiento que se encuentra en un municipio considerado eminentemente turístico, los perjuicios causados a los usuarios turísticos porque al no disponer de las hojas de reclamaciones, no se facilita uno de los medios de defensa necesarios para protegerse ante las deficiencias en la prestación de las actividades o servicios turísticos, igualmente el ruido producido al exterior afecta al descanso de los usuarios en sus vacaciones y repercute sobre la imagen turística, y no existencia de antecedentes constatado mediante consulta a los archivos correspondientes, se propone atenuar la sanción impuesta inicialmente, disminuyendo su importe en cuantía de, por el primer hecho infractor 480,00 euros, por el segundo hecho infractor 390,00 euros, por el tercer hecho infractor 90,00 euros y por el cuarto hecho infractor 90,00 euros.
Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor del procedimiento con fecha 14 de marzo de 2011, formuló propuesta de sanción de multa en cuantía de mil cincuenta (1.050,00) euros.
Correspondiendo la cantidad por el:
Hecho primero: cuatrocientos ochenta (480,00) euros.
Hecho segundo: trescientos noventa (390,00) euros.
Hecho tercero: noventa (90,00) euros.
Hecho cuarto: noventa (90,00) euros.
4º) No consta en el expediente que se hayan presentado alegaciones a la Propuesta de Resolución.
HECHOS PROBADOS
Se consideran probados, en virtud de las inspecciones y actuaciones referidas en los antecedentes, los siguientes hechos:
Primero: utilizar equipos electrónicos de amplificación de sonido en el establecimiento no estando adaptados para ello ni insonorizados, haciendo que los ruidos que emiten se proyecten al exterior.
Segundo: carecer en el establecimiento del libro de inspección.
Tercero: carecer en el establecimiento de las hojas de reclamaciones obligatorias.
Cuarto: no anunciar en el establecimiento la existencia de hojas de reclamaciones a disposición de los clientes.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera: las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14.1.99), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (BOC nº 103, de 21 de agosto).
Segunda: en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera: las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta: en el momento de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14.1.99), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19.4.95), que se indicarán.
Quinta: debe estimarse la responsabilidad administrativa de la empresa expedientada, toda vez que no se han presentado alegaciones ni se han aportado documentos nuevos en el trámite de audiencia que puedan desvirtuar los hechos objeto de las infracciones, se confirma la fundamentación jurídica formulada en la Propuesta de Resolución evacuada por la Instructora.
Sexta: los hechos imputados infringen lo preceptuado en las siguientes normas, vienen tipificados como se indica:
Normas: hecho primero: artículo 19.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, modificada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre. Hecho segundo: artículo 41 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (BOC nº 103, de 21 de agosto). Hecho tercero: artículo 20.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, modificada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre. Hecho cuarto: artículo 20.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, modificada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre.
Tipificación: hecho primero: artículo 76.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, modificada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre, en relación con el artículo 77.8 del mismo cuerpo legal. Hecho segundo: artículo 76.9 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, modificada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre, en relación con el artículo 77.8 del mismo cuerpo legal. Hecho tercero: artículo 76.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, modificada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre, en relación con el artículo 77.8 del mismo cuerpo legal. Hecho cuarto: artículo 77.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, modificada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre.
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con el artículo 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril), y el artº. 7.2.B).f) del Decreto 240/2008, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo (BOC nº 3, de 7.1.09), vigente según lo dispuesto en la disposición transitoria primera del Decreto 147/2010, de 25 de octubre, por el que se determina la estructura central y periférica, así como las sedes de las consejerías del Gobierno de Canarias (BOC nº 212, de 27.10.10),
R E S U E L V O:
Imponer a Eloy Sosa Almeida, con N.I.F. 43266515L, titular del establecimiento denominado Bar Cafetería Randy, sanción de multa por cuantía total de 1.050,00 euros, correspondiendo la cantidad por el:
Hecho primero: cuatrocientos ochenta (480,00) euros.
Hecho segundo: trescientos noventa (390,00) euros.
Hecho tercero: noventa (90,00) euros.
Hecho cuarto: noventa (90,00) euros.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso de alzada, ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14.1.99), y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
En el caso de que el recurrente sea un representante y no se haya acreditado dicha representación, deberá aportar Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14.1.99).
Con excepción de los supuestos en que concurra el abono anticipado de las sanciones, transcurrido el plazo de interposición del recurso administrativo correspondiente sin que se hubiera interpuesto aquel, o desistido, se emitirá el instrumento cobratorio del importe de la sanción administrativa con mención del lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecho y los recursos procedentes, en razón de lo establecido en la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda, de 12 de julio de 2006, por la que se regulan determinadas actuaciones en relación a la recaudación de los derechos económicos de naturaleza pública exigidos por las diferentes Consejerías integrantes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.- Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de abril de 2011.- La Directora General de Ordenación y Promoción Turística, Rita Enma Hernández Callero.
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