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BOC-A-2011-079-2098.
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En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:
SENTENCIA
En la Villa de La Orotava, a 2 de noviembre de 2010.
Vistos por mí, Rosa María Reyes González, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº Tres de La Orotava y su Partido Judicial, los presentes autos de juicio verbal 1092/2009, sobre guarda, custodia y alimentos de hijos comunes; entre partes, como demandante, doña María del Carmen Campos Fuentes, representada por el Procurador de los Tribunales, doña Pilar de la Fuente Arencibia y asistida por la Letrado, doña Desireé de Fátima Santana Hernández y como demandado, don Bouchta Dakni, incomparecido en autos y declarado en situación procesal de rebeldía.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- El día 5 de noviembre de 2009, la representación procesal de doña María del Carmen Campos Fuentes, presentaba demanda por la que solicitaba la adopción, como medidas que habrían de regular los efectos de la ruptura de la relación de pareja de hecho mantenida con el demandado, de las siguientes: la atribución, con carácter exclusivo, de la patria potestad, con todos los pronunciamientos inherentes a ella y, subsidiariamente, la atribución de la guarda y custodia en su favor, con el ejercicio de la patria potestad compartido; el no establecimiento de régimen de visitas; la obligación del progenitor paterno de contribuir al sostenimiento del menor en la cantidad de ciento veinte euros mensuales (120 euros) pagaderos en los cinco primeros días de cada mes en la cuenta corriente que designare la progenitora materna, actualizándose conforme a las variaciones que experimentare el Índice de Precios al Consumo establecido por el Instituto Nacional de Estadística u organismo que lo sustituyere e, igualmente, la contribución al pago de la mitad de los gastos extraordinarios.
Segundo.- Por auto de 10 de noviembre de 2009, se admitía a trámite la demanda, emplazando al demandado y al Ministerio fiscal para que la contestaren, trámite que evacuaba en tiempo y forma, la representación del Ministerio público, por escrito de fecha de 25 de noviembre de 2009, siendo declarado en situación de rebeldía procesal, el demandado, por providencia de fecha de 28 de septiembre de 2010, convocándose a las partes para la celebración de la oportuna vista, el día 27 de octubre del referido año; abierto el acto, al que comparecía la parte actora con los profesionales señalados en su encabezamiento, la misma ratificaba su escrito de demanda, admitiéndose la prueba por ella propuesta en cuanto a documental e interrogatorio de parte, quedando los autos pendientes de dictar la presente resolución, tal como obra en soporte videográfico y acta levantada al efecto.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- Se suele decir, sin demasiadas precisiones, que la jurisprudencia del Tribunal Supremo no reconoce la aplicación analógica a las uniones de hecho de las normas sobre el matrimonio y, esto es cierto, en tanto en cuanto afecta a reglas específicas del matrimonio, y muy especialmente, a la sociedad legal de gananciales. Como explica la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 1996, ya esta Sala "en sentencia de 22 de julio de 1993 (RJ 1993\6274), proclamaba que las llamadas "uniones de hecho" o "more uxorio" constituyen una realidad social cuya existencia ha tenido que ir siendo jurídicamente admitida por los Tribunales tanto de la jurisdicción ordinaria como "constitucional" (sentencias de 21 de octubre [RJ 1992\8589] y 11 de diciembre de 1992 [RJ 1992\9733] y 18 de febrero de 1993 respecto de esta Sala y las de 11 de diciembre de 1992 [RTC 1992\222], 18 de enero [RTC 1993\6] y 8 de febrero de 1993 [RTC 1993\47] del Tribunal Constitucional). La referida sentencia sentaba, como principios los siguientes: 1º.- Que las uniones matrimoniales y las uniones "more uxorio" no pueden ser consideradas a todos los efectos y consecuencias como supuestos o realidades equivalentes (sentencia del Tribunal Supremo de 11 de diciembre de 1992); 2º.- Que, como consecuencia de ello, no serán aplicables a esas uniones normas que sean específicamente establecidas para la regulación de las primeras, a menos que ello pudiera llevarse a efecto por el cauce de la analogía. El juego de la analogía, radica en la similitud ("semejanza" según el artículo 4º del Código Civil) entre el supuesto que ante el órgano judicial -o intérprete- se presenta, carente de regulación legal, y aquel al que se pretende aplicar la norma en cuestión por razón de esa semejanza o "identidad de razón" cual señala el citado precepto, lo que se traduce en que su aplicación lleve implícita la idea del uso razonable del Derecho (sentencia de 12 de diciembre de 1980 [RJ 1980\4747])". Por supuesto -añade la sentencia referida- "que debe rechazarse, como ya hizo la sentencia, parcialmente transcrita, la aplicación analógica de los regímenes económicos matrimoniales, puesto que la libertad que se autoconceden los convivientes al margen de formalidades matrimoniales, no puede paradójica y contradictoriamente tener parigual con vinculaciones societarias de carácter económico, a no ser que, en virtud de principio de la autonomía de la voluntad y dentro de sus límites, se constituyeran pactos válidos de esta naturaleza". Termina la sentencia, tras decir que "sí puede y debe tratarse el problema como una aplicación analógica de la disciplina matrimonial en cuanto algunos aspectos de la misma se hacen extensivos con moderación, y sobre todo investigando la "ratio" normativa a la convivencia "more uxorio", haciendo aplicación analógica de las cuestiones debatidas en el régimen de regulación que para los efectos personales y patrimoniales derivados de la ruptura de la convivencia de las parejas matrimoniales establece la normativa civil (artículos 90 y siguientes del Código civil).
Segundo.- Ciertamente la privación de la patria potestad exige como presupuesto necesario e ineludible, precisamente por la gravedad de esta medida, que concurra una inobservancia por el progenitor a que afecta, de los deberes que al mismo impone el artículo 154 del Código civil y ello en forma continuada, grave y sobre todo, con incidencia negativa para el principal beneficiario de la patria potestad, que es en este caso el hijo menor de ambas partes. La jurisprudencia del Tribunal Supremo, entre otras en sus sentencias de 12 de julio de 2004 y 10 de noviembre de 2005, ambas con amplia cita de precedentes, ha tenido ocasión de señalar que aun cuando el artículo 170 del mencionado texto legal, vincula el incumplimiento de los deberes que integran el contenido de la patria potestad a su privación, esta última no constituye sin embargo una consecuencia necesaria e inevitable del incumplimiento, sino solo posible en función de las circunstancias concurrentes en cada caso y siempre si el beneficio del menor lo aconseja. La última de las citadas sentencias recuerda que esa posibilidad de privación de la patria potestad que establece el precepto ha de ser objeto de una interpretación restrictiva, y en todo caso interpretada siempre atendiendo en forma prioritaria al interés del menor, de forma que esta procederá solo en aquellos casos en que el incumplimiento grave de los deberes y cuidados de asistencia que la integran, imputable de forma relevante al titular, lleve aparejado un daño o peligro grave y actual del menor derivado del mismo. Como señala en su Preámbulo la Convención sobre Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por España, el 30 de noviembre de 1990, en todas las medidas concernientes a los niños que se tomen por las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los Tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, se atenderá, como consideración primordial, al interés superior del niño, asegurándole la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres (artículo 3) y, expresamente, se reconoce al menor el derecho a ser protegido contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo (artículo 19). Por lo que a nuestro derecho interno se refiere, la Constitución española, en su artículo 39.4º, prevé que los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos. En esta línea, el legislador ordinario configura las relaciones paternofiliales en los artículos 108 y siguientes y, 14 y siguientes del Código civil, como entramado de derechos y deberes cuya ratio está constituida por la educación y formación integral del menor. Así los artículos 90, 91, 92, 93, 94 y 96, partiendo del principio esencial de que las medidas judiciales sobre el cuidado y educación de los hijos serán adoptadas en beneficio de ellos, previenen lo necesario en relación con la patria potestad, la custodia, los alimentos, el régimen de visitas y la atribución del uso de la vivienda familiar, pudiéndose concretar como punto común de referencia la convivencia de los hijos, sus necesidades y la superioridad de su interés. Tales criterios se consolidan y desarrollan en la Ley orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, que expresamente previene en su aplicación que, primará el interés superior de los menores sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir (artículo 2); los menores gozarán de los derechos que les reconocen la Constitución y los Tratados Internacionales de los que España sea parte; especialmente, la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas y los demás derechos garantizados en el ordenamiento jurídico sin discriminación alguna (artículo 3, párrafo primero); y finalmente, que la presente Ley, sus normas de desarrollo y demás disposiciones legales relativas a las personas menores de edad, se interpretarán de conformidad con los Tratados Internacionales de los que España sea parte y, especialmente, de acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 1989 (artículo 3, párrafo segundo).
Tercero.- Conforme a dicha línea jurisprudencial, la privación de la patria potestad que contemplan los artículos 170 y 92, apartado tercero del Código civil reviste un carácter excepcional, habiendo de basarse en circunstancias extremas, en que la continuidad de las relaciones paternofiliales, en cuanto inherentes al instituto examinado, venga a poner en peligro la educación o formación, en sus distintos aspectos, del sujeto infantil, no bastando al efecto la concurrencia de una causa objetiva que, en principio, habilite dicha privación. Y así aunque el artículo 170 del mencionado cuerpo legal recoge el incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad como causa de privación de la misma, ello no conlleva un significado de pura censura o sanción de una conducta omisiva, habiendo de valorarse esta en función del antedicho principio del favor filii que imponga o aconseje, en aras de la protección del referido prevalente interés, tan drástica medida. En definitiva el pronunciamiento judicial impetrado no ha de constituir una mecánica o automática respuesta a una situación, más o menos grave o reiterada, de incumplimiento de los deberes de la patria potestad por parte del demandado. En este sentido hay que destacar la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de julio de 2004 que afirma que no se debe contemplar la bondad de la privación de la patria potestad desde la posición de uno de los progenitores, cuyo sacrificio durante años, ante la ausencia o dejación de sus deberes por parte del otro, no encuentra reciprocidad en el comportamiento del incumplidor, sino desde la del menor y la sentencia de 31 de diciembre de 1996 que manifiesta que la privación no constituye una consecuencia necesaria o inevitable del incumplimiento, sino solo posible en función de las circunstancias concurrentes de cada caso y siempre en beneficio del menor.
Cuarto.- A la luz de esta doctrina y examinadas detalladamente las actuaciones, la pretensión deducida tendente a la privación del instituto de la patria potestad no puede obtener favorable acogida, en tanto en cuanto no queda acreditado en autos peligro alguno que para el hijo menor, Ángel Carim Dakni, derive del mantenimiento a favor del padre de la patria potestad así como del incumplimiento sucesivo del régimen de comunicación natural que impone el instituto de la patria potestad. En este aspecto, lo único que se acredita es un simple distanciamiento entre el demandado y el menor, que no implica sin embargo, un reiterado y grave, peligro nocivo para el; en el caso que nos ocupa, no se ha hecho prueba por parte de la demandante, en quien recae el onus probandi (artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento civil), del que no queda exonerada por la mera rebeldía de la contraparte, tendente a acreditar que el incumplimiento de la obligación natural de comunicación que debe existir en toda relación paterno filial, lleve aparejado un daño o peligro grave y actual del menor derivado del mismo; por todo ello, la pretensión formulada merece una acogida parcial, manteniendo la titularidad de la patria potestad en ambos progenitores si bien, atendiendo a que el régimen de ejercicio de la patria potestad debe adaptarse al hecho de que los progenitores no vivan juntos, la misma se ejercerá, exclusivamente, por la progenitora materna que es la que convive con el menor (artículos 92, apartado cuarto y 156, apartado quinto del Código civil).
Quinto.- Después de toda esta justificación teórica sobre las posibilidades de atribuir, con carácter exclusivo, el ejercicio de la patria potestad, a la progenitora materna, parece razonable proceder a la suspensión del régimen de visitas, en base al mostrado desinterés del padre en estar con su hijo, tal y como consta documentalmente y ha mostrado con su propia dejación de sus deberes paterno-filiales, pues, no en vano, no ha tenido contacto alguno en los ocho años de vida de su hijo menor. Por todo lo dicho, debe suspenderse indefinidamente el régimen de visitas del padre con su hijo hasta tanto en cuanto no quede demostrado que existe real interés del mismo en estar con su hijo, en cuyo caso, de probarse cumplidamente, se procederá al alzamiento de la medida acordada, pues, no en vano, los tribunales vienen obligados, según constante Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a favorecer la relación paterno filial, como obligación positiva que se deriva del artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales en el que se reconoce, en lo que ahora interesa, el derecho de toda persona "al respeto de su vida privada y familiar" (en este mismo sentido, artículos 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y 8.1, 9.3, y 16.1 y 2 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño).
Sexto.- En otro orden de cosas, teniendo en cuenta que la privación del ejercicio de la patria potestad no exime de la obligación de alimentos (artículo 110 del Código civil), ha de señalarse que tal obligación recae, indudablemente, sobre los dos progenitores, pues, a los dos se refieren los deberes del artículo 154.2º.1º del Código civil, como por otra parte, se desprende claramente del artículo 93.1º del mismo texto legal que alude a la contribución de cada progenitor para satisfacer los alimentos, con lo que estamos ante un caso de pluralidad de obligados. Aunque no se trata de una obligación alimenticia en términos de técnica jurídica estricta, sí es una obligación mancomunada que, según dispone el artículo 145 del Código civil, debe repartirse entre los obligados en cantidad proporcional a su caudal respectivo. Ciertamente, el artículo 146 del mismo texto legal, previene que la cuantía de los alimentos deberá ser proporcionada al caudal o medios de quien los da, y las necesidades de quien los recibe. Se debe interpretar la proporcionalidad entre pensión alimenticia, necesidades e ingresos (caudal o medios) que establece el Código civil, en el sentido de que, primero hay que comprobar si las necesidades de los hijos que motivan la petición de una pensión alimenticia son las adecuadas, es decir, si son proporcionales a la fortuna de los padres. Pasado este primer control de proporcionalidad, y una vez redimensionadas las necesidades al alza o a la baja, cuando sea necesario, su carga se reparte en proporción directa a los ingresos de los padres. El resultado final de esta proporcionalidad en dos etapas, será una pensión alimenticia proporcionada al caudal o medios de quien los da y a las necesidades de quien los recibe, como señala el código civil. En el caso de autos, teniendo en cuenta, de un lado, la propia ausencia del demandado unida a la circunstancia de no figurar en situación de alta laboral, se puede considerar ajustada la cantidad solicitada en concepto de pensión, fijándose en 120 euros mensuales pagaderos en los cinco primeros días de cada mes en la cuenta corriente que designare la progenitora materna, actualizándose conforme a las variaciones que experimente el Índice de Precios al Consumo establecido por el Instituto Nacional de Estadística u organismo que lo sustituya; igualmente, la contribución al pago de la mitad de los gastos extraordinarios, entendiéndose por tales, los gastos generados de forma circunstancial, tales como asistencia médica privada, prótesis, ortodoncia, gafas, botas ortopédicas así como gastos de guardería y, para un futuro, matrícula escolar, uniforme, material escolar, etc.; todo ello, una vez requerido de pago por la madre quien deberá presentar el presupuesto de los gastos o justificantes de los gastos realizados para que sean abonados por el padre en el plazo de cinco días naturales desde su presentación, haciendo su ingreso en la cuenta designada por la madre.
Séptimo.- En materia de uso y disfrute de vivienda, no ha lugar a hacer pronunciamiento alguno habida cuenta que ambos progenitores tienen colmada dicha necesidad (artículo 96 del Código civil).
Octavo.- Finalmente, en materia de costas procesales, no ha lugar a efectuar expresa condena, atendida la naturaleza pública de los intereses en litigio y de la ausencia de mala fe en cualquiera de las partes.
En su virtud, vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
FALLO
Se estima parcialmente la demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales, doña Pilar de la Fuente Arencibia, en nombre y representación de doña María del Carmen Campos Fuentes frente a don Bouchta Dakni, declarándose extinguida la relación de pareja de hecho y, en consecuencia, se adoptan las siguientes medidas:
1.- se atribuye, con carácter exclusivo, el ejercicio de la patria potestad del hijo común de la pareja, a la progenitora materna;
2.- se suspende toda comunicación del progenitor paterno con relación al hijo común de la pareja, Carim Campos Fuentes, hasta tanto en cuanto no quede demostrado que existe real interés del mismo en estar con su hijo, en cuyo caso, de probarse cumplidamente, se procederá al alzamiento de la medida acordada;
3.- en materia de pensión de alimentos, el progenitor paterno deberá satisfacer el importe de 120 euros mensuales, pagaderos en los cinco primeros días de cada mes en la cuenta corriente que designare la progenitora materna, actualizándose conforme a las variaciones que experimente el Índice de Precios al Consumo establecido por el Instituto Nacional de Estadística u organismo que lo sustituya; igualmente, la contribución al pago de la mitad de los gastos extraordinarios, entendiéndose por tales, los gastos generados de forma circunstancial, tales como asistencia médica privada, prótesis, ortodoncia, gafas, botas ortopédicas así como gastos de guardería y, para un futuro, matrícula escolar, uniforme, material escolar, etc.; todo ello, una vez requerido de pago por la madre quien deberá presentar el presupuesto de los gastos o justificantes de los gastos realizados para que sean abonados por el padre en el plazo de cinco días naturales desde su presentación, haciendo su ingreso en la cuenta designada por la madre; finalmente, no ha lugar a efectuar pronunciamiento alguno en materia de vivienda.
Sin expreso pronunciamiento en materia de costas procesales.
Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que frente a la misma cabe interponer recurso de apelación ante la Ilma. Audiencia Provincial en el plazo de cinco días siguientes a su notificación.
Así lo acuerdo, mando y firmo. Doy fe.
RUBRICADO.
PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia ha sido dada, leída y publicada por la Juez que la suscribe hallándose celebrando audiencia pública en el día de la fecha. Doy fe que obra en autos.
RUBRICADO.
Y como consecuencia del ignorado paradero de D. Bouchta Dakni, se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación en legal forma de la Sentencia dictada en estos autos en fecha dos de noviembre de dos mil diez. Con objeto de que se proceda a su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Se hace constar que la demandante Dña. María del Carmen Campos Fuentes litiga con el beneficio a la asistencia jurídica gratuita.
En La Orotava, a 24 de marzo de 2011.- La Secretaria Judicial.
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