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BOC-A-2011-064-1611.
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Providencia de 17 de marzo de 2011, del Jefe de Servicio de Transportes del Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, de fecha 29 de octubre de 2010, resolutorio de recurso de alzada planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-40110-O-2010.
Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 59, apartado 5º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, sobre notificación al interesado intentada y no practicada,
D I S P O N G O:
Notificar al recurrente que se cita, el Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife de fecha 29 de octubre de 2010, desestimatorio del recurso de alzada planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-40110-O-2010.
Contra este Decreto, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.
"Visto escrito presentado por D. Ramón García Barrera, en nombre y representación de la entidad mercantil: Autobuses Gomera Tours, S.L., por el que se interpone recurso de alzada contra la resolución dictada por el Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad de fecha: 14 de mayo de 2010 recaída en el expediente de referencia, y,
Resultando: que con fecha y hora: 24 de febrero de 2010, 10,30, por agente de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil se formuló denuncia contra el vehículo matrícula: 7701-DWX, del que es titular: Autobuses Gomera Tours, S.L. por:
Circular transportando 55 pasajeros desde Playa de las Américas hasta Puerto de la Cruz realizando un servicio discrecional de viajeros en vehículo de más de 7 plazas, careciendo de tarjeta.
Resultando: que el día: 16 de abril de 2010 se notificó al interesado la citada denuncia y la resolución de incoación del expediente sancionador nº TF-40110-O-2010.
Resultando: que por el expedientado se presentó escrito de descargo alegando lo que entendió conducente a la defensa de sus intereses, en síntesis, que el vehículo sancionado tenía tarjeta de transporte de la serie VD hasta el día 18 de marzo de 2010, fecha en que el Cabildo de La Gomera anuló todas las tarjetas de la empresa por falta de visado. Que los visados de las tarjetas de la empresa se presentaron en plazo el día 29 de septiembre de 2009, comunicándole el Cabildo de La Gomera con fecha 15 de octubre de 2009 la presentación de una serie de documentación, que completaron el 5 de noviembre de 2009; aportando como fundamento a sus argumentaciones copias simples de la siguiente documentación: solicitud por el interesado de visado de la tarjeta de transportes V.D. para el vehículo denunciado ante el Cabildo Insular de La Gomera el 29 de septiembre de 2009; de oficio presentado por el interesado el 5 de noviembre de 2009 ante el Cabildo Insular de La Gomera, de acompañamiento de la documentación requerida al efecto de completar el expediente de la tarjeta de transportes; y de Decreto de la Presidencia del Cabildo Insular de La Gomera de fecha 16 de marzo de 2010 denegando la solicitud de visado de la autorización de transportes V.D. del vehículo denunciado, al no cumplir los requisitos establecidos en la Orden de 23 de julio de 1997.
Resultando: que por el Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad se dictó resolución, que ahora se impugna, de fecha: 14 de mayo de 2010 que venía a sancionar a: Autobuses Gomera Tours, S.L. con multa que ascendía a: 4.601,00 euros, y precintado del vehículo por un período de seis meses, por infracción de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, artículos 12.a), 60, 104.1.9 y 107.1.e) LOTCC; artículos 41, 109 y 197.1.9 ROTT y en base a los artículo 108.i) y 109.4 LOTCC; artº. 201.1.i) y 201.2 ROTT.
Notificándose la citada resolución en fecha: 2 de julio de 2010.
Resultando: que con fecha 14 de julio de 2010, D. Ramón García Barrera, en nombre y representación de: Autobuses Gomera Tours, S.L. interpuso recurso de alzada, en súplica de que se deje sin efecto la Resolución y sanción impuesta, reiterándose en lo ya expuesto en el pliego de alegaciones interpuesto en descargo por la entidad mercantil interesada.
Considerando: que el presente recurso observa los requisitos de índole objetiva determinantes de su admisión a trámite, tales como: capacitación, legitimación suficiente, e interposición en plazo.
Considerando: el expediente se ha tramitado de forma correcta, cumpliéndose los trámites recogidos en el Capítulo IV del Título VI del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, que regula, dada su especificidad, el procedimiento sancionador que ha de seguirse en la substanciación de las infracciones a la normativa de transportes por carretera, habiéndose procedido, de conformidad con lo preceptuado en su artículo 210, a la vista de la documentación obrante en el referido expediente y en el Registro de Salida de esta Administración insular, a intentar notificar a la entidad mercantil interesada la denuncia que originó el inicio del expediente, así como la resolución de incoación del presente expediente sancionador, donde se contenía el hecho infractor de: "Realizar transporte público discrecional de viajeros en vehículos de más de 9 plazas, careciendo de autorización", comunicándole, a su vez, la tipificación de la infracción en los artículos reseñados, que recogen las infracciones muy graves, la sanción que, en su caso, habría de serle impuesta y la identidad de la instructora del procedimiento, del órgano competente para resolver el procedimiento sancionador y la norma que atribuya tal competencia, advirtiéndole que disponía de quince días para manifestar lo que a su derecho convenga, aportando, o proponiendo las pruebas de que, en su caso, comunicación recibida por la referida empresa el 16 de abril de 2010, como consta en acuse de recibo firmado adjunto al expediente de referencia; igualmente queda acreditado documentalmente en este expediente acuse de recibo por la interesada el 2 de julio de 2010 de la notificación de la resolución sancionadora dictada por el Sr. Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad en fecha 14 de mayo de 2010; en consecuencia, ha sido observado el principio del procedimiento sancionador recogido en el artículo 135 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según el cual, como presupuesto de una defensa eficaz, el presunto responsable tiene derecho, en un procedimiento sancionador, a ser notificado de los hechos que se le imputen, así como de su calificación jurídica, y la sanción que, en su caso, se podría imponer, así como de la identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y de la norma que atribuya tal competencia, por tanto resulta inoperante la indefensión alegada, dado que, en tiempo y forma, la entidad mercantil recurrente presentó el oportuno pliego de alegaciones en descargo, y en su momento, también el correspondiente recurso de alzada. En consecuencia, esta Administración ha impuesto la sanción impugnada, previa instrucción del correspondiente procedimiento, que se ha tramitado con rigor, sin olvidar los trámites esenciales de los mismos y, en todo momento, inspirado por el cumplimiento de los principios constitucionales que informan e iter procedimental y a cuya salvaguarda está dirigida toda la regulación establecida al respecto; principios que no son otros que el de presunción de inocencia y el consecuente derecho de defensa.
Sin que tales actos adolezcan de defecto formal determinante de su anulabilidad, en el sentido previsto en el artículo 63.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, no causándose indefensión alguna a la entidad ahora recurrente, que pudo hacer uso de los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico para hacer valer sus intereses y formular cuantas alegaciones estimase pertinentes, prueba de ello lo constituye la propia interposición en plazo del presente recurso de alzada.
Considerando: a tenor de lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 6/2002, de 28 de enero, sobre otorgamiento, modificación y extinción de autorizaciones de transporte público y privado complementario de viajeros y mercancías, en vigor en la fecha de la denuncia, prevé la obligación de contar con una autorización administrativa a cada vehículo que se dedique a los transportes referidos, siendo consignado en los artículos 12.a) y 60.1 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, para el supuesto de los transportes públicos de viajeros, concretamente establece que: "Los transportes públicos discrecionales de viajeros, mercancías o mixtos, sólo podrán realizarse por las personas físicas o jurídicas que cumplan los requisitos sobre capacitación profesional, económica y honorabilidad y demás condiciones señaladas en el artículo 13, y estén en posesión de la correspondiente autorización administrativa".
Estableciendo los artículos 1 y 2 del Decreto 6/2002, de 28 de enero, sobre otorgamiento, modificación y extinción de autorizaciones de transporte público y privado complementario de viajeros y mercancías, en vigor en la fecha de la denuncia, la obligación de contar con una autorización administrativa a cada persona que pretenda llevar a cabo el transporte privado complementario de mercancías, obligación que viene confirmada por los artículos 41, 109 del Real Decreto 1225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.
Determinando el artículo 12.a) de la misma ley autonómica el deber de los transportistas de obtener de la Administración competente las autorizaciones y demás títulos administrativos que les habiliten para el desarrollo en Canarias de la actividad de que se trate.
Asimismo, el artículo 107.1.a) de la misma ley establece como condición esencial de la autorización: el mantenimiento de los requisitos exigidos para el otorgamiento.
Considerando: tras ponderada valoración de los elementos probatorios consignados en el expediente sancionador que analizamos y de los obrantes en el expediente de solicitud de la autorización específica controvertida, resulta suficientemente acreditado que el vehículo matrícula: 7701-DWX realizaba en el momento de la denuncia un transporte público discrecional de viajeros, careciendo de la autorización administrativa para prestar dicho servicio, y sin acreditar el cumplimiento de los requisitos determinados reglamentariamente para su otorgamiento; habiendo incurrido la empresa expedientada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102.1.b) de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, en responsabilidad administrativa, sin que lo alegado por la entidad recurrente haya desacreditado la presunción de veracidad "iuris tantum" de los hechos infractores consignados en el boletín de denuncia, formulado por agente de la Guardia Civil, Agrupación de Tráfico, que, de conformidad con lo establecido en el artículo 100.2 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, prestan la cooperación necesaria a los miembros de la inspección de transporte terrestre para un eficaz cumplimiento de sus funciones; presunción reconocida ampliamente tanto por la jurisprudencia, como por el legislador (artículos 137.3 y 46.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 76 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial); todo ello, sin perjuicio de las pruebas que en vía administrativa puedan proponer y practicar los interesados (artículo 137.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común); habida cuenta que a tenor de la información documental aportada en anexo al recurso de alzada, y en el boletín de denuncia que constan en el expediente de referencia, se constata que la autorización administrativa de transportes de la serie VD que iba a bordo del vehículo en el momento de la denuncia, había caducado desde el 31 de octubre de 2009, y por tanto carecía de validez en la fecha en que se cometió la infracción; resultando además acreditado por el Decreto de la Presidencia del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera de fecha 16 de marzo de 2010 aportado por la interesada, que la solicitud de visado presentada el 29 de septiembre de 2009, se presentó con documentación incompleta, habiendo sido requerida la interesada para que completara el expediente con fecha 10 de octubre de 2009, no habiendo sido cumplimentado por la interesada hasta la fecha.
Considerando: no constituyendo las alegaciones esgrimidas por la entidad mercantil recurrente causa alguna de inimputabilidad de responsabilidad en la comisión de la infracción denunciada, recogidas en el artículo 194.2 del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. Representando la carencia del referido título habilitante una infracción muy grave a la normativa de transporte vigente, debidamente tipificada en el artículo: 104.1.9 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias y 197.1.9 del Real Decreto 1225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, correspondiendo una sanción que asciende a cuatro mil seiscientos un (4.601) euros y precintado del vehículo por un período de seis meses, de conformidad con lo establecido en los artículos 108.i) y 109.4 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias y 201.1.i) y 201.2 del Real Decreto 1225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres; habiéndose ponderado, al imponer esa sanción, los distintos bienes jurídicos en conflicto y atendido a los criterios de graduación establecidos en el artículo 131.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de conformidad, también, con la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 29 de diciembre de 1987; al haberse impuesto la cuantía de sanción mínima de las previstas para ese tipo infractor dentro de los límites fijados por el artículo 108.i) de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias.
Teniendo en cuenta que la potestad sancionadora de la Administración es del tipo reglada, de aplicación del tipo legal al hecho infractor, así, en la graduación de la sanción que se impone a cada tipo, el órgano administrativo debe, dentro de los criterios de graduación que concreta el legislador en las normas sancionadoras (artículos 108 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias y 201.1 del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres) buscar, en atención a las circunstancias que operan en cada caso, de entre las sanciones posibles, la más proporcionada al desvalor antijurídico del comportamiento cometido.
Dada la extrema gravedad de la infracción consistente en la realización de un transporte público discrecional de viajeros en autobús de hasta 57 plazas de capacidad, sin estar amparado por la autorización administrativa habilitante del citado transporte; al tratarse de una infracción que afecta a la ordenación de la competencia en el sector público del transporte de viajeros, provocando competencia desleal, y ánimo defraudador implícito en el hecho de fomentar la realización de transportes de tal importancia sin título administrativo habilitante suficiente a su nombre, creándose una apariencia falsa de legalidad.
Habiéndose ponderado, al imponer esa sanción, los distintos bienes jurídicos en conflicto y atendido a los criterios de graduación establecidos en el artículo 131.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de conformidad, también, con la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 29 de diciembre de 1987.
Por la presente, vistos los preceptos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación, en base a lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido en los artículos 6.1.R) y 61.2 del Reglamento Orgánico de esta Corporación Insular, vengo en desestimar el recurso de alzada interpuesto por: D. Ramón García Barrera, en nombre y representación de la entidad mercantil: Autobuses Gomera Tours, S.L., confirmando la Resolución del Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad de fecha 14 de mayo de 2010, que determinó la imposición de una sanción de cuatro mil seiscientos un (4.601,00) euros, y precintado del vehículo por un período de seis meses manteniéndose, en consecuencia, en todos sus pronunciamientos."
Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo."
La cuantía de la sanción deberá ser ingresada mediante el documento de pago, que se adjunta, por los medios de pago y dentro del período que se establece en el mismo, de conformidad con el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Si el interesado no efectúa el pago al vencimiento del plazo otorgado, se procederá a su cobro por vía de apremio, con el recargo correspondiente, y en su caso, los intereses de demora, de conformidad con el artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Lo que se notifica, advirtiendo que contra el anterior Decreto cabe interponer el recurso indicado en el mismo.
Santa Cruz de Tenerife, a 17 de marzo de 2011.- El Jefe de Servicio, Pedro Luis Campos Albarrán.
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