Habiéndose intentado sin éxito la notificación de la Resolución de fecha 21 de abril de 2010, que resuelve recurso de alzada interpuesto por D. Giuseppe Russano, contra la resolución del Director General de Industria, referente por la que se deniega la emisión del certificado de profesional habilitado, y de acuerdo con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, el Viceconsejero de Industria y Energía, en el ejercicio de sus competencias,
R E S U E L V E:
1º) Notificar a D. Giuseppe Russano, la resolución que se acompaña como anexo mediante su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
2º) Remitir la citada Resolución al Ilmo. Ayuntamiento de Antigua (Fuerteventura) para su inserción en el tablón de edictos del citado municipio.
Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de diciembre de 2010.- El Viceconsejero de Industria y Energía, Juan Pedro Sánchez Rodríguez.
A N E X O
RESOLUCIÓN DEL VICECONSEJERO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA POR LA QUE SE RESUELVE EL RECURSO DE ALZADA INTERPUESTO POR D. GIUSEPPE RUSSANO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA DGI-1299, DE FECHA 8 DE JULIO DE 2009, POR LA QUE SE DENIEGA LA EMISIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONAL HABILITADO, EN LA MODALIDAD DE PERSONAS EXENTAS DE EXAMEN, POR RECONOCIMIENTO DE SU CUALIFICACIÓN PROFESIONAL EN ITALIA, EN LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN, RECAÍDA EN EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EI-02690.
Visto el recurso de alzada interpuesto por D. Giuseppe Russano frente a la Resolución de la Dirección General de Industria DGI-1299, de fecha 8 de julio de 2009, recaída en el expediente EI-02690, por la que se le deniega a esta persona, la emisión del certificado de entidad instaladora y de profesional habilitado, en la modalidad de personas exentas en examen, por reconocimiento de su cualificación profesional en Italia, en la especialidad de instalaciones eléctricas de baja tensión, y teniendo en cuenta los siguientes antecedentes de hecho y fundamentos derecho.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Con fecha 4 de diciembre de 2008, D. Giuseppe Russano presentó, ante la Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias, una solicitud de emisión de certificado profesional habilitado, en la modalidad de personas exentas de examen, por reconocimiento de su cualificación profesional en Italia, en la especialidad de instalaciones eléctricas en baja tensión, categoría especialista, subcategorías de Instalaciones de domótica (E1), locales con riesgo de incendio y explosión (E6), lámparas de descarga en alta tensión, rótulos luminosos y similares (E8) e instalaciones generadoras de baja tensión (E9).
En fecha 5 de diciembre de 2008, amplia su solicitud sobre la subcategoría E5, sobre líneas aéreas o subterráneas para distribución de energía.
A esta solicitud, adjunta los siguientes documentos:
- Copia del certificado de inscripción en el Registro Central de Extranjeros de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil como residente comunitario en España.
- Copia de su documento de identidad italiano.
- Documento expedido por la Cámara de Comercio, Artesanía y Agricultura de Biella en el que se certifica la inscripción de la empresa artesana "Russano Giuseppe", en el período 15 de abril de 1999-13 de octubre de 2008, figurando D. Giuseppe Russano como responsable técnico y, entre sus habilitaciones, la de instalación, transformación, ampliación y manutención de instalaciones de producción, transporte, distribución y utilización de la energía eléctrica en el interior de los edificios, desde el punto de entrega de la energía suministrada por el proveedor.
Segundo.- Con fecha 5 de diciembre de 2008 D. Giuseppe Russano presentó ante la misma Dirección General de Industria, solicitud de autorización de empresa instaladora en la especialidad de instalaciones eléctricas en baja tensión, categoría especialista, subcategorías de Instalaciones de domótica (E1), líneas aéreas o subterráneas para distribución de energía E5, locales con riesgo de incendio y explosión (E6), lámparas de descarga en alta tensión, rótulos luminosos y similares (E8) e instalaciones generadoras de baja tensión (E9).
Tercero.- Con fecha 9 de febrero de 2009, desde esta Dirección General de Industria se envía escrito de requerimiento de subsanación en el que se le solicita la siguiente documentación:
a) Si la profesión solicitada es una "profesión regulada" en Italia, certificado expedido por la autoridad competente en su país de origen en el que se acredite los siguientes extremos:
1. La profesión de instalador eléctrico está regulada en dicho Estado.
2. Se enumere el conjunto de actividades que integran esta profesión en dicho país.
3. Se especifique el nivel de cualificación exigido.
4. Se certifique que el solicitante es un profesional que cumple los requisitos exigidos por la Directiva Europea de reconocimiento profesional para ejercer esta actividad en dicho Estado y que no está inhabilitado para la misma.
b) Si la profesión solicitad no es una "profesión regulada" en Italia, documentación acreditativa de haber ejercido en el país de origen, a tiempo completo, la profesión de instalador eléctrico durante dos años, en el transcurso de los diez años anteriores, acompañada de los certificados de competencia que el solicitante posea.
Cuarto.- En respuesta al requerimiento precedente, el interesado presenta en fecha 14 de abril de 2009, parte de la documentación ya presentada junto con la solicitud (Certificado Histórico de la Cámara de Comercio de Biella, Certificación de la Comisión Provincial de Artesanado de Biella, con sus respectivas traducciones), a lo cual se añade esta vez un extracto de vida laboral del interesado, expedido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social de su País, figurando en el mismo cotizaciones a la Seguridad Social durante el período 1 de noviembre de 1981-30 de septiembre de 2008.
Quinto.- Examinadas las actuaciones realizadas en el expediente de solicitud de Profesional Habilitado y Empresa Instaladora EI02690, la Dirección General de Industria acordó mediante Resolución DGI-1299, de fecha 8 de julio de 2009, desestimar las solicitudes formuladas por D. Giuseppe Russano, aceptando la propuesta elevada en los siguientes términos:
"1º) Que se deniegue a D. Giuseppe Russano la emisión del certificado de profesional habilitado en baja tensión, en la modalidad de personas exentas de examen, por reconocimiento de su cualificación profesional en Italia, en la especialidad de instalaciones eléctricas en baja tensión, categoría especialista, subcategorías E1: Instalaciones de domótica; E5 Líneas aéreas o subterráneas para distribución de energía; E6: Locales con riesgo de incendio o explosión; E8: Lámparas de descarga de alta tensión, rótulos luminosos y similares; y E9: Instalaciones generadoras de baja tensión, por no haber podido acreditar que se dan las condiciones establecidas en el artículo 21 del mencionado Real Decreto 1837/2008.
2º) Que se deniegue a D. Giuseppe Russano su solicitud de autorización de empresa instaladora en la especialidad de instalaciones eléctricas en baja tensión, categoría especialista, subcategorías E1: Instalaciones de domótica; E5: Líneas aéreas o subterráneas para distribución de energía; E6: Locales con riesgo de incendio o explosión; E8: Lámparas de descarga de alta tensión, rótulos luminosos y similares; y E9: Instalaciones generadoras de baja tensión, por no haber podido acreditar el cumplimiento del apartado 5.1.a) de la Instrucción Técnica Complementaria para Baja Tensión ITC-BT-03 "Instaladores autorizados en baja tensión" del Reglamento Electrotécnico para baja tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto."
Sexto.- Frente a la Resolución precedente D. Giuseppe Russano interpuso recurso de reposición con fecha 4 de agosto de 2009 alegando cumplir con todos los requisitos establecidos en el artículo 21 del Real Decreto 1837/2008, en base a la documentación presentada hasta el momento, refiriéndose en suma al Certificado de Cámara de Comercio, Artesanía y Agricultura de Biella, sobre la inscripción de la empresa Giuseppe Russano en el período comprendido entre las fechas 15 de abril de 1999 y 13 de octubre de 2008, y en trámite de subsanación, al extracto de vida laboral expedido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social de su País, documentación con la que a su juicio se confirma que la profesión solicitada no es una "profesión regulada" en Italia, a la vez que se acredita su experiencia profesional que excede de diez años, en consonancia con lo previsto en el citado Real Decreto 1837/2008.
Con respecto a la denegación de su solicitud de inscripción como entidad instaladora por no acreditar el cumplimiento del apartado 5.1 de la ITC-BT-03, destaca haber consignado debidamente los medios técnicos disponibles en la hoja complementaria de inscripción en el Registro Industrial (los cuales son reproducidos en su escrito de recurso), de los cuales considera que cumple con las condiciones de las categorías de especialista y básica solicitadas.
Séptimo.- Analizadas las alegaciones efectuadas por la parte recurrente y revisada la documentación contenida en el expediente de solicitud en cuestión, el Jefe de Servicio de Metrología confiere traslado de copia de las actuaciones en fecha 6 de octubre de 2009, acompañada de propuesta desfavorable a la estimación del presente recurso.
Octavo.- Con fecha 15 de abril de 2010 el Jefe de Servicio de Régimen Jurídico, en calidad de letrado habilitado del Servicio Jurídico, emitió informe de legalidad favorable a la propuesta de resolución sobre el recurso de alzada interpuesto por D. Giuseppe Russano frente a la Resolución de la Dirección General de Industria DGI-1299, de 8 de julio de 2009.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- En relación a los requisitos de admisibilidad del recurso presentado, no hay que formular ningún pronunciamiento en contrario por cuanto ha sido interpuesto dentro del plazo del mes previsto en el artículo 115 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJ-PAC), la parte recurrente tiene legitimación activa para promover el presente recurso, por la impugnación de un acto que afecta a los intereses legítimos profesionales del colectivo de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación al que representa, y el órgano competente para su resolución es el Viceconsejero de Industria y Energía, de acuerdo con el vigente Reglamento Orgánico y el artículo 20 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica.
Segundo.- La resolución impugnada tiene su basamento legal en las disposiciones generales que se señalan a continuación:
1. La Instrucción Técnica Complementaria ITC BT-03, que desarrolla las previsiones del artículo 22 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (en siglas REBT), estableciendo las condiciones y requisitos que deben observarse para la certificación de la competencia y la autorización administrativa correspondiente de los instaladores autorizados en el ámbito de aplicación de la citada normativa reglamentaria.
En concreto, el apartado número 4.2 de la referida ITC BT-03 establece textualmente lo siguiente:
"4.2. Requisitos.- Para obtener el Certificado de Cualificación Individual en Baja Tensión, las personas físicas deberán acreditar ante la Comunidad Autónoma donde radique el interesado:
Encontrarse en edad legal laboral.
Conocimientos teórico-prácticos de electricidad.
Sin perjuicio de lo previsto en la legislación sobre competencias profesionales, se entenderá que reúnen dichos conocimientos las personas que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:
b).1. Técnicos de grado medio en equipos e instalaciones electrotécnicas, con 1 año de experiencia, como mínimo, en empresas de instalaciones eléctricas y habiendo realizado un curso de 40 horas impartido por una Entidad de Formación Autorizada en Baja Tensión;
b).2. Técnicos de grado medio en equipos e instalaciones eletrotécnicas, habiendo realizado un curso de 100 horas impartido por una Entidad de Formación Autorizada en Baja Tensión;
b).3. Técnicos superiores en instalaciones electrotécnicas;
b).4. Técnicos superiores en instalaciones electrotécnicas y experiencia de trabajo en empresas de instalaciones eléctricas;
b).5. Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio o Superior con formación suficiente en el campo electrotécnico;
b).6. Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio o Superior con formación suficiente en el campo electrotécnico y experiencia de trabajo en empresas de instalaciones eléctricas;
Se admitirán las titulaciones declaradas por la Administración competente como equivalentes a las mencionadas, así como las titulaciones equivalentes que se determinen por aplicación de la legislación comunitaria o de otros acuerdos internacionales con terceros países, ratificados por el Estado Español.
Haber superado un examen, ante dicha Comunidad Autónoma, en los siguientes casos:
c).1. teórico-práctico, en las situaciones b.1) y b).2;
c).2. práctico, en las situaciones b.3 y b.5); sobre las disposiciones del Reglamento e Instrucciones Técnicas Complementarias correspondientes a la categoría en la que se desea obtener la cualificación, cuyos requisitos, criterios y contenidos mínimos podrán ser definidos mediante resolución del Órgano Competente en materia de Seguridad Industrial del Ministerio de Ciencia y Tecnología."
2.- La Instrucción Técnica Complementaria de Baja Tensión ITC-BT-03, apartado quinto, referente a los requisitos exigidos para la obtención de la autorización como instalador en Baja Tensión, cuyo apartado f) se refiere al caso concreto de autorización de entidades instaladoras o personas jurídicas, estableciendo como condición el deber de estar constituidas legalmente, además de aportar cumplimentados junto con los datos de la entidad, los carnets identificativos de las personas físicas dotadas de Certificados de cualificación individual.
3.- El Real Decreto 1837/2008, de 8 noviembre (RCL 2008\1938) sobre títulos universitarios que incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005 (LCEur 2005\2171, 1734), y la Directiva 2006/100/CE, del Consejo, de 20 de noviembre de 2006 (LCEur 2006\3418), relativas al reconocimiento de cualificaciones profesionales, en concreto, las exigencias previstas en el artículo 21, de la citada disposición reglamentaria, además de las que se especifican a continuación contenidas en el mismo Real Decreto 1837/2008:
Artículo 5.- Cualificación profesional.
La "cualificación profesional" es la capacidad para el acceso a una determinada profesión, o a su ejercicio, que viene acreditada oficialmente por un título de formación, por un certificado de competencia tal como se define en el artículo 19.1.a), por una experiencia profesional formalmente reconocida, o bien por el concurso de más de una de tales circunstancias.
Artículo 6.- Título de formación.
1. Se entenderá por "título de formación" todo diploma, certificado y otro título expedido por una autoridad de un Estado miembro de la Unión Europea, competente en la materia, que sancione oficialmente una formación profesional adquirida de manera preponderante en la Comunidad.
2. Asimismo, quedará equiparado a un título de formación cualquier título de formación expedido en un tercer país, siempre que su titular tenga, en la profesión de que se trate, una experiencia profesional de tres años en el territorio del Estado miembro que haya reconocido dicho título de formación y sea certificada por éste. Para las profesiones reguladas contempladas en el capítulo III del Título III, este primer reconocimiento deberá haberse realizado cumpliendo las condiciones mínimas de formación que se establecen en dicho capítulo.
Artículo 7.- Autoridad competente.
Se entiende por "autoridad competente" toda autoridad u organismo investido de autoridad por los Estados miembros, habilitado para expedir o recibir títulos de formación y otros documentos o información, así como para recibir solicitudes y tomar las decisiones contempladas en la Directiva 2005/36/CE y, en el caso de España, en este Real Decreto.
Artículo 8.- Formación regulada.
1. Se entenderá por "formación regulada", toda formación orientada específicamente al ejercicio de una profesión determinada y que consista en un ciclo de estudios completado, en su caso, por una formación profesional, un período de prácticas profesional o una práctica profesional. La estructura y el nivel de la formación profesional, del período de prácticas profesionales o de la práctica profesional, se determinarán mediante las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas del Estado miembro correspondiente o serán objeto de control o aprobación por la autoridad que se determine con este fin.
2. Tendrán la consideración de educación y formación regulada en España aquellas enseñanzas que, cumpliendo dichos requisitos, conduzcan a la obtención de un título oficial con valor en todo el territorio nacional, en los correspondientes niveles del sistema educativo español.
Artículo 9.- Experiencia profesional.
Se entenderá por "experiencia profesional", el ejercicio efectivo y legal, en un Estado miembro de la Unión Europea, de la profesión de que se trate.
Artículo 10.- Período de prácticas y prueba de aptitud.
1. Se entenderá por "período de prácticas", el ejercicio en España de una profesión regulada efectuado bajo la responsabilidad de un profesional cualificado, que podrá ir acompañado de una formación complementaria. Este período de prácticas supervisadas será objeto de una evaluación. Las modalidades del período de prácticas y de su evaluación se determinarán en las normas a las que se refiere la disposición final cuarta.
Artículo 19.- Niveles de cualificación profesional.
A los efectos de la aplicación de las condiciones para el reconocimiento señaladas en el artículo 21, las cualificaciones profesionales se agrupan en los niveles de formación que se indican, acreditados por los certificados y títulos siguientes:
1. Certificado de competencia. Es aquel expedido por la autoridad competente de un Estado miembro de origen, de acuerdo con las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas de dicho Estado, que sanciona:
a) Bien una formación que no forme parte de un título o certificado, tal y como se definen en los apartados 2, 3, 4 y 5 de este artículo, bien un examen específico sin formación previa, o bien el ejercicio de una profesión a tiempo completo durante tres años consecutivos o durante un período equivalente a tiempo parcial en el transcurso de los últimos diez años.
b) Bien la adquisición de una formación general correspondiente a un nivel de enseñanza primaria o secundaria que acredite la posesión de conocimientos generales.
2. Certificado expedido por la autoridad competente de un Estado miembro que acredite la superación de un ciclo de estudios secundarios. El certificado de estudios secundarios puede acreditar:
a) Bien un ciclo de carácter general complementado con un ciclo de estudios o de formación profesional distintos a los previstos en el apartado 3 de este artículo y/o con un período de prácticas o práctica profesional cuando ésta sea exigible además de dicho ciclo de estudios.
b) Bien un ciclo de carácter técnico o profesional complementado, en su caso, con un ciclo de estudios o formación profesional distintos a los regulados en el apartado 3 de este artículo y/o con un período de prácticas o práctica profesional, además de dicho ciclo de estudios, cuando así se exija.
3. Título expedido por una autoridad competente de un Estado miembro que acredite:
a) La superación de un ciclo de estudios postsecundarios, de una duración mínima de un año, distinto de los mencionados en los apartados 4 y 5, o de una duración equivalente si se trata de estudios seguidos a tiempo parcial, y siempre que una de las condiciones de acceso a dicho título sea la de haber terminado el ciclo de estudios secundarios exigido para acceder a la enseñanza universitaria o superior, o una formación equivalente de nivel secundario, así como la formación profesional exigida en su caso además del ciclo de estudios postsecundarios.
b) En el caso de una profesión regulada, aquellas formaciones de estructura específica recogidas en el anexo II del presente Real Decreto, equivalentes al nivel de formación indicado en la letra a) de este apartado, que confieran un nivel profesional comparable y preparen para un nivel comparable de responsabilidades y funciones.
4. Título expedido por una autoridad competente de un Estado miembro que acredite la superación de un ciclo de estudios postsecundarios de una duración mínima de tres años y no superior a cuatro, o una duración equivalente a tiempo parcial, en una Universidad, en un Centro de Enseñanza Superior o en otro Centro del mismo nivel de formación, así como la formación profesional exigida, en su caso, además de dicho ciclo de estudios postsecundarios.
5. Título expedido por la autoridad competente de un Estado miembro que acredite que el titular ha superado un ciclo de estudios postsecundarios de una duración mínima de cuatro años, o de una duración equivalente si se trata de estudios seguidos a tiempo parcial, en una Universidad, en un Centro de Enseñanza Superior o en otra Institución de nivel equivalente y, en su caso, que ha superado la formación profesional que sea exigible además de dicho ciclo de estudios postsecundarios.
Artículo 20.- Formaciones equiparadas.
1. Quedan equiparados a los títulos de formación que acrediten la superación de las formaciones descritas en el artículo anterior, incluido el nivel correspondiente, todos aquellos títulos de formación o conjunto de títulos de formación expedidos por una autoridad competente de un Estado miembro, siempre que acrediten una formación completa adquirida en la Unión Europea, reconocida por dicho Estado miembro como de nivel equivalente, y que otorgue los mismos derechos de acceso a una profesión, o a su ejercicio, o que preparen para el ejercicio de dicha profesión.
Artículo 21.- Condiciones para el reconocimiento.
1. En los supuestos de las profesiones reguladas en España, cuyo acceso y ejercicio estén supeditados a la posesión de determinadas cualificaciones profesionales, la autoridad competente española concederá el acceso a esa profesión y su ejercicio, en las mismas condiciones que a los españoles, a los solicitantes que posean el certificado de competencia o título de formación exigidos por otro Estado miembro para acceder a esa misma profesión en su territorio o ejercerla en el mismo.
2. Los certificados de competencia y los títulos de formación deberán cumplir las condiciones siguientes:
a) Haber sido expedidos por una autoridad competente de un Estado miembro, designada con arreglo a las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas de dicho Estado.
b) Acreditar un nivel de cualificación profesional equivalente, como mínimo, al nivel inmediatamente anterior al exigido en España, de acuerdo con los niveles de cualificación establecidos en el artículo 19.
c) Acreditar la preparación del titular para el ejercicio de la profesión correspondiente.
3. El acceso a la profesión y su ejercicio, a los que se refiere el apartado anterior, deberán concederse igualmente a las personas solicitantes que hayan ejercido a tiempo completo la profesión a la que se refiere dicho apartado durante dos años, en el transcurso de los diez años anteriores, en otro Estado miembro en el que dicha profesión no se encuentre regulada, siempre que esté en posesión de uno o varios certificados de competencia o de uno o varios títulos de formación.
4. En todo caso, los dos años de experiencia a que alude el apartado 3 anterior no podrán exigirse cuando la persona solicitante acredite una cualificación profesional adquirida a través de la superación de una formación regulada de las definidas en el artículo 8, y que corresponda a los niveles de cualificación previstos en los apartados 2, 3, 4 y 5 del artículo 19.
Tercero.- En relación a las alegaciones del recurrente, este Departamento ratifica el criterio sostenido por la Dirección General de Industria, a la vista de las actuaciones examinadas del expediente EI-02690, en base a los siguientes razonamientos:
1º) Como se infiere de las prescripciones de seguridad del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, el interesado de cualquier Estado Miembro de la Unión Europea que pretenda desarrollar su actividad en el campo de las instalaciones eléctricas de baja tensión detalladas en este Reglamento, dentro del territorio del Estado miembro Español, deberá obtener, en la Comunidad Autónoma donde radique su actividad, el certificado de cualificación profesional, exigido en cada caso según las titulaciones detalladas en el apartado cuarto de la ITC-BT-03, o titulaciones equivalentes que se determinen por aplicación de la legislación comunitaria en su caso, a cuyo fin la normativa señalada exige la acreditación de conocimientos teórico-prácticos de electricidad, así como la superación de examen ante la Comunidad Autónoma, teórico-práctico o práctico según los casos que se exponen en la normativa, sin perjuicio de lo previsto en la legislación sobre competencias profesionales.
2º) Tratándose en este supuesto del reconocimiento de cualificación profesional de un ciudadano de un Estado Miembro de la Unión Europea que pretende obtener dicha certificación de cualificación profesional, en la modalidad de exento de examen, para el ejercicio de su actividad en el territorio de nuestra Comunidad Autónoma, la Dirección General de Industria, en calidad de órgano competente en la instrucción y resolución de su expediente de solicitud EI 02690, le requirió en trámite de subsanación de las solicitudes, la acreditación de los requisitos establecidos en el artículo 21 del citado Real Decreto 1837/2008, distinguiendo, de conformidad con la normativa expresada, entre los casos en que la profesión solicitada fuese regulada o no lo fuese, en el País miembro de origen (Italia).
3º) En definitiva, concluida la fase de instrucción del expediente, la Dirección General de Industria valoró, en consonancia con los preceptos señalados en el fundamento jurídico precedente, que la documentación presentada por el solicitante sólo daba respuesta parcial al requerimiento de los extremos señalados en el escrito de fecha 9 de febrero de 2009. Y ello se debía a que con la documentación presentada nada se argumentaba ni se acreditaba sobre si estabamos ante un supuesto de profesión regulada o no regulada en Italia, lo cual debía saberse con certeza en orden a la valoración de los requisitos exigidos por el Real Decreto 1837/2008. Asimismo, el solicitante tampoco argumentó ni acreditó el nivel de cualificación exigido para ejercer dicha profesión en Italia, ni sobre los certificados de competencia que pudiese poseer al respecto, habida cuenta de la necesidad de demostrar los conocimientos teórico-prácticos disponibles según las exigencias del Real Decreto 842/2002, de acuerdo con la titulación o formación equivalente exigida para el ejercicio de su actividad en Italia, máxime cuando ha de tenerse presente el postulado de libertad de establecimiento en igualdad de condiciones que los nacionales, detallado en el artículo 21 del mentado Real Decreto 1837/2008 del siguiente tenor literal: "la autoridad competente española concederá el acceso a esa profesión y su ejercicio, en las mismas condiciones que a los españoles, a los solicitantes que posean el certificado de competencia o título de formación exigidos por otro Estado miembro para acceder a esa misma profesión en su territorio o ejercerla en el mismo."
4º) En consonancia con lo expuesto en el informe elevado por el Servicio de Metrología y una vez analizadas las actuaciones del expediente en cuestión, este Departamento considera que la documentación aportada por el solicitante no es suficiente para obtener el reconocimiento de la cualificación profesional pretendida por esa parte, en los términos solicitados, en aplicación del postulado de igualdad de condiciones exigidas al solicitante que los nacionales de este País y considerando que la solicitud se realiza en la modalidad de exento de examen, lo cual hace preciso una verificación estricta sobre la acreditación de las condiciones de cualificación profesional obtenida por el interesado en el País de origen, cuyo título de formación o certificado de competencia ha de ser expedido por la Autoridad competente en los términos indicados en el Real Decreto 1837/2008, por cuanto la normativa exige que la experiencia profesional que hace valer el solicitante ha de ser efectiva y legal, justificando de esta manera la exigencia de varios certificados de competencia en el caso de que realmente se tratase de una profesión no regulada en el País de origen del solicitante (artº. 21.3 Real Decreto 1837/2008), así como de la necesidad de "acreditar oficialmente" la ostentación de más de una de las circunstancias expuestas en el artículo 5 del reiterado Real Decreto 1837/2008, por las que pueda verificarse con certeza la disposición de los conocimientos teóricos y prácticos de electricidad que le hagan merecedor al solicitante de la obtención del certificado de cualificación profesional solicitado, de acuerdo con las condiciones requeridas para ello.
5º) En lo que concierne a la afirmación de disponer de los medios técnicos en orden a la obtención del certificado de empresa instaladora, hemos de señalar que esta cuestión no altera la decisión de denegar la solicitud del certificado de entidad instaladora, que tuvo lugar como consecuencia de la denegación previa del correspondiente certificado de cualificación profesional individual que instaba el mismo solicitante.
A este respecto, cabe recordar que esta circunstancia ya le fue anticipada al solicitante en el escrito de requerimiento que le fue dirigido con fecha de salida 9 de febrero de 2009, escrito en el que se le indicaba que su solicitud de empresa instaladora de baja tensión, sería objeto de estudio, una vez que hubiese obtenido el certificado de profesional habilitado, pues conforme a lo previsto en el apartado quinto, letra f) de la ITC-BT 03 del REBT, una de las condiciones exigidas en el caso de las entidades jurídicas solicitantes era la aportación junto con los datos de la entidad, de los carnets identificativos de las personas físicas dotadas de certificados de cualificación individual.
Vistos el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para baja tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (BOE nº 224, 18.9.02); el Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, que incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005 (LCEur 2005\2171, 1734), y la Directiva 2006/100/CE, del Consejo, de 20 de noviembre de 2006 (LCEur 2006\3418), relativas al reconocimiento de cualificaciones profesionales, así como a determinados aspectos del ejercicio de la profesión de abogado (BOE nº 280, de 20.11.08); el Decreto 405/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio de Canarias (BOC nº 249, 14.12.07); el Decreto Territorial nº 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias, modificado parcialmente por el Decreto Territorial 232/1998, de 18 de diciembre (BOC nº 5, de 11.1.99); la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada parcialmente por la Ley 4/1999, de 13 de enero; la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y demás normativa de aplicación general.
Por todo ello, el Viceconsejero de Industria y Energía, en el ejercicio de sus competencias,
R E S U E L V E:
Desestimar el recurso de alzada interpuesto por D. Giuseppe Russano frente a la Resolución de la Dirección General de Industria DGI-1299, de fecha 8 de julio de 2009, recaída en el expediente EI-02690, por la que se le deniega a esta persona, la emisión del certificado de entidad instaladora y de profesional habilitado, en la modalidad de personas exentas en examen, por reconocimiento de su cualificación profesional en Italia, en la especialidad de instalaciones eléctricas de baja tensión.
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente de su notificación, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de abril de 2010.- El Viceconsejero de Industria y Energía, Juan Pedro Sánchez Rodríguez.
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