BOC - 2010/248. Lunes 20 de Diciembre de 2010 - 6990

V. ANUNCIOS - Otros anuncios - Presidencia del Gobierno

6990 - Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 3 de diciembre de 2010, sobre notificación de Orden/Resolución de expediente sancionador, a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado domicilio.

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Habiéndose intentado por esta Dirección General sin haberse podido practicar, la notificación de la Orden/Resolución en el expediente incoado con motivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y siendo precisa su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a los titulares de establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Orden/Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.

2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de diciembre de 2010.- La Directora General de Ordenación y Promoción Turística, Rita Enma Hernández Callero.

Resolución de la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística, de Turismo del Gobierno de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº 10/10 instruido a Viajes La Guagua, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Intermediación Turística La Guagua.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido al establecimiento y titular que se cita, iniciado por Resolución de la Directora General de Ordenación y Promoción Turística de 23 de junio de 2010.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

1º) Por la Inspección de Turismo se realizaron las siguientes actuaciones: acta nº 24407, de fecha 19 de mayo de 2009, acta nº 24908, de fecha 29 de septiembre de 2009 con motivo de las siguientes denuncias/reclamaciones formuladas por: Marcelo Orea Rodríguez, Beatriz Prieto Rivera y Juan José López Orjales, Vanessa Pérez Hernández y seguido contra la empresa expedientada Viajes La Guagua, S.L. titular del establecimiento La Guagua.

2º) El 23 de junio de 2010 se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 10/10, formulándose los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secretario del procedimiento.

3º) Examinadas las razones esgrimidas por la representación de la empresa expedientada, el Instructor expuso los siguientes fundamentos:

El primer hecho infractor consiste en no haber comunicado el cambio de vuelo Santiago de Compostela-Fuerteventura de la compañía Air Europa el 23 de septiembre de 2008 a los reclamantes D. Marcelo Orea Rodríguez, Dña. Beatriz Prieto Rivera y D. Juan José López Orjales.

Teniendo en cuenta el artº. 128.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el artº. 15 del Decreto 135/2000, de 10 de julio, por el que se regulan las Agencias de Viajes, es la norma sustantiva infringida toda vez que los hechos ocurrieron con fecha 23 de septiembre de 2008.

El 19 de mayo de 2009 se levantó acta de inspección nº 24407/2009 ante el Director del establecimiento Agencia de Viajes La Guagua, D. Raúl Lavandera López. En el acta de inspección se hicieron constar las siguientes manifestaciones del Director:

- Que a todos los clientes se les indica que deben llamar días antes de la salida prevista del vuelo, a fin de reconfirmar.

- Que los avisos de cambio, las compañías aéreas lo notifican a través de las colas del sistema informático, que son consultadas varias veces al día por el personal de la Agencia de Viajes por si existieran cambios notificarlos inmediatamente a sus clientes.

- Que el cambio de vuelo de referencia, que adelantó su salida al día 21 de septiembre de 2008, no fue notificado por la compañía Air Europa a la Agencia de Viajes, por lo que manifiesta no ser cierta la afirmación contenida en el escrito de Air Europa que se adjunta a la reclamación del Sr. López y la Sra. Prieto.

- Que no dispone de histórico de la reserva, que lo solicitará a Amadeus, si bien desconoce si en dicho histórico se recogerá la notificación de dicho cambio, y que una vez tenga el documento lo remitirá a la Consejería de Turismo.

En la documentación adjunta al acta de inspección, se encuentra el escrito de alegaciones de Air Europa de 20 de octubre de 2008 sobre la reclamación nº 506-187083 efectuada en el Libro de Reclamaciones de Air Europa y presentada por Dña. Beatriz Prieto Rivera y Juan José López Orjales de 24 de septiembre de 2008. En dicha reclamación se quejaban de que el vuelo Santiago de Compostela-Fuerteventura con salida 24 de septiembre había sido cancelado y que ni la Agencia de Viajes ni la compañía aérea les había avisado.

Frente a esta reclamación, Air Europa manifestó en su escrito de 20 de octubre de 2008, que el día 27 de agosto de 2008 se había informado de la cancelación del vuelo de referencia a todas las oficinas de ventas a través del sistema, puesto que al introducir la cancelación en el sistema automáticamente éste comunica la cancelación a todas las oficinas de ventas que hicieron reservas en ese vuelo, así como las opciones existentes de viajar en otros vuelos, para que puedan avisar a los pasajeros.

También se indica en el escrito que, comprobado el histórico de la reserva, la agencia fue avisada con más de 15 días de antelación.

Es de significar que la Agencia de Viajes es un responsable directo frente al consumidor de que el resultado contratado responda a los términos de la oferta. Y la persona que contrata un viaje en la Agencia tiene derecho a que en caso de fracaso del servicio contratado por causa no imputable al mismo, responda de aquél el que se haya beneficiado del precio pagado, en este caso, la Agencia de Viajes.

Se considera que la Agencia incumplió con el deber de informar a los clientes del cambio de vuelo contratado con ella, sin que pueda escudarse en la falta de notificación del cambio por parte de la compañía aérea ni en que es obligación del cliente reconfirmar los horarios del vuelo contratado.

Además, no se ha aportado prueba válida que pueda desvirtuar lo alegado por la compañía aérea.

Los problemas surgidos en la comunicación del cambio de vuelo entre la compañía aérea y la agencia de viajes tuvieron como consecuencia que los clientes sufrieran molestias y fastidio propio de una suspensión de vuelo, que no tienen por qué soportar, y de los cuales debe responder el responsable directo, que es la agencia de viajes.

El segundo hecho infractor consiste en no haber entregado copia del contrato de viaje combinado a la consumidora Dña. Vanessa Pérez Hernández, por no haberse formalizado el mismo en la forma y contenido exigido por la normativa aplicable.

El 29 de septiembre de 2009, el inspector realizó visita de inspección al establecimiento Agencia de viajes La Guagua con el objeto de comprobar los hechos reclamados por Dña. Vanessa Pérez Hernández.

La reclamante contrató el viaje combinado denominado Ciudades Imperiales I, págs. 82-83 del folleto Viajando por el mundo À Circuitos por Europa 2009, del mayorista Travelider, cuya salida era el 8 de junio de 2009 desde Madrid.

También contrató un vuelo Fuerteventura-Madrid.

Teniendo en cuenta la documentación adjunta a la reclamación, se comprueba mediante recibo, que la reclamante procedió al pago del viaje de la cantidad de 1.035 euros con fecha 19 de mayo de 2009 en concepto de reserva, de un total de más de 2.400 euros a que ascendía el viaje.

Este pago se procedió debido a que la agencia de viajes le indicó a la reclamante que debía hacer un depósito para emitir los billetes de avión, tanto los del circuito de viaje combinado (al ser billetes sujetos a condiciones especiales) como el viaje Fuerteventura-Madrid.

Es de significar que, tal y como fue comprobado por el inspector, y esta instructora corrobora, ni en el folleto ni en la condiciones generales del mismo, se hace constar que el viaje combinado estaba sujeto a condiciones especiales de contratación. Sólo en el apartado 6.3 de las condiciones generales se hace referencia en general a viajes sujetos a condiciones especiales, pero sin justificarse en ningún documento que el viaje contratado por la reclamante estaba sujeto a condiciones especiales.

Según se hace constar en el acta de inspección nº 24908/2009 en el punto octavo, no se suscribió contrato de viaje combinado, ya que la suscripción dependía de que Travelider emitiera la documentación y la reclamante abonara el resto de las cantidades hasta alcanzar el total del coste del viaje.

El contrato de viaje combinado se perfecciona por el mero consentimiento, es decir, con el acuerdo de voluntades de las partes. Es preceptivo formalizar por escrito este acuerdo de voluntades entre la oferta del viaje combinado contenida en el programa y la aceptación del consumidor interesado en contratar dicho viaje, mediante el pago realizado el 19 de mayo de 2009.

Se desvirtúa lo alegado por el interesado cuando trata de justificar por qué no se suscribió el contrato de viaje combinado, al indicar que se suscribiría cuando la mayorista emitiera la documentación y la reclamante abonara el resto de las cantidades, toda vez que, teniendo en cuenta que el artº. 154 .1 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, en relación al contenido mínimo del contrato de viaje combinado, en su apartado o) exige que éste contenga el plazo en que el consumidor y usuario podrá exigir la confirmación de sus reservas, además de la exigencia de su formalización en el artº. 152.2 del mismo cuerpo legal.

Por tanto, hay responsabilidad administrativa por infracción del artº. 154 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

El tercer hecho infractor consiste en no haber procedido a la devolución de las cantidades abonadas por la reclamante Dña. Vanessa Pérez Hernández como consecuencia de la cancelación del viaje Ciudades Imperiales I, págs. 82 y 83 del folleto Viajando por El mundo À Circuitos por Europa 2009, por motivos de salud.

Aunque no se formuló por escrito el preceptivo contrato de viajes combinados, existió el acuerdo de voluntades al concurrir la oferta del viaje por la agencia y la aceptación del mismo por la reclamante, Dña.Vanessa Pérez Hernández.

Con fecha 1 de junio de 2009, la reclamante Dña. Vanessa Pérez Hernández fue dada de baja, según parte médico de incapacidad temporal por contingencias comunes de la Seguridad Social, es decir, una semana antes de la salida del viaje contratado.

El artº. 160 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. Establece que en todo momento, el consumidor y usuario podrá dejar sin efecto los servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiese abonado, pero deberá indemnizar al organizador o detallista en las cuantías que se indican en dicho artículo, salvo que tal resolución tenga lugar por causa de fuerza mayor.

No se acredita que se haya procedido a la devolución de las cantidades pagadas por la reclamante, haciéndose constar en la Hoja de Reclamación nº 50396, que desde el 23 de julio de 2009 lleva reclamando la devolución.

Además, es de significar que teniendo en cuenta el parte médico en el que le diagnostican a la reclamante lumbalgia que le impide deambular y que debe guardar reposo y efectuar un tratamiento, se trata de un caso de fuerza mayor, por lo que no estaría obligada a indemnizar al organizador o detallista en los términos expuestos en el artº. 160 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

No obstante, a la hora de ponderar las sanciones, y en aplicación al principio de proporcionalidad que se regula en el artº. 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, las circunstancias que concurren, esto es, la ausencia de antecedentes, comprobada mediante la consulta efectuada a los archivos correspondientes, los criterios del artº. 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, concretamente, la inexistencia de repercusión social de los hechos y la ausencia de reincidencia , así como la posición del infractor en el mercado, se propone atenuar las sanciones iniciales.

Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor del procedimiento con fecha 23 de septiembre de 2010, formuló propuesta de sanción de multa en cuantía dos mil setecientos tres (2.703,00) euros.

Correspondiendo la cantidad por el:

Hecho primero: novecientos un (901,00) euros.

Hecho segundo: novecientos un (901,00) euros.

Hecho tercero: novecientos un (901,00) euros.

4º) No consta en el expediente que se hayan presentado alegaciones a la Propuesta de Resolución.

HECHOS PROBADOS

Se considera probado, en virtud de las inspecciones y actuaciones referidas en los antecedentes, los siguientes hechos

Primero: no haber comunicado del cambio de vuelo Santiago de Compostela-Fuerteventura de la compañía Air Europa el 23 de septiembre de 2008 a los reclamantes D. Marcelo Orea Rodríguez, Dña. Beatriz Prieto Rivera y D. Juan José López Orjales.

Segundo: no haber entregado copia del contrato de viaje combinado, a la consumidora Dña. Vanessa Pérez Hernández, por no haberse formalizado el mismo en la forma y contenido exigido por la normativa aplicable.

Tercero: no haber procedido a la devolución de las cantidades abonadas por la reclamante Dña. Vanessa Pérez Hernández como consecuencia de la cancelación del viaje Ciudades Imperiales I, págs. 82 y 83 del folleto Viajando por el mundo-Circuitos por Europa 2009, por motivos de salud.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera: las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14.1.99), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (BOC nº 103, de 21 de agosto).

Segunda: en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.

Tercera: las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Cuarta: en el momento de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14.1.99), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19.4.95), que se indicarán.

Quinta: debe estimarse la responsabilidad administrativa de la empresa expedientada. Toda vez que no se han aportado documentos nuevos ni se han realizado nuevas alegaciones en el trámite de audiencia que puedan desvirtuar los hechos infractores, se confirma la Propuesta de Resolución evacuada por la instructora.

En este expediente se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que se regula en el artº. 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la ausencia de antecedentes, comprobada mediante la consulta efectuada a los archivos correspondientes, al no haber recaído resolución sancionadora con multa de sanción contra la entidad Viajes La Guagua, S.L. durante los últimos tres años, y los criterios del artº. 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, concretamente, la inexistencia de repercusión social de los hechos, toda vez que no ha tenido ningún impacto en los medios de comunicación, la ausencia de reincidencia, al no haber sido cometida en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así se haya declarado por sentencia firme, según el artº. 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y la posición del infractor en el mercado, debido a que Viajes La Guagua, S.L. es titular de un escaso número de establecimientos turísticos.

Sexta: los hechos imputados, infringen lo preceptuado en las siguientes normas, vienen tipificados como se indica:

Normas: hecho primero: artículo 15 del Decreto 135/2000, de 10 de julio, por el que se regulan las Agencias de Viajes (BOC nº 91, de 24 de julio). Hecho segundo: artículo 154 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (BOE nº 287, de 30.11.07). Hecho tercero: artº. 160 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (BOE nº 287, de 30.11.07).

Tipificación: hecho primero: artículo 76.17 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril), en relación con el artículo 77.7 del mismo cuerpo legal. Hecho segundo: artículo 76.17 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril), en relación con el artículo 77.7 del mismo cuerpo legal. Hecho tercero: artículo 76.17 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril), en relación con el 77.7 del mismo cuerpo legal.

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con el artº. 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril), y el artº. 7.2.B).f) del Decreto 240/2008, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo (BOC nº 3, de 7.1.09) vigente según lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera del Decreto 147/2010, de 25 de octubre, por el que se determina la estructura central y periférica así como las sedes de las consejerías del Gobierno de Canarias (BOC nº 212, de 27.10.10),

R E S U E L V O:

Imponer a Viajes La Guagua, S.L., con C.I.F. B35753037, titular del establecimiento denominado Intermediación Turística La Guagua sanción de multa por cuantía total de 2.703,00 euros, correspondiendo la cantidad por el:

Hecho primero: novecientos un (901,00) euros

Hecho segundo: novecientos un (901,00) euros.

Hecho tercero: novecientos un (901,00) euros.

La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso de alzada, ante el Ilmo Sr. Viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14.1.99), y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

En el caso de que el recurrente sea un representante y no se haya acreditado dicha representación, deberá aportar Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14.1.99).

Con excepción de los supuestos en que concurra el abono anticipado de las sanciones, transcurrido el plazo de interposición del recurso administrativo correspondiente sin que se hubiera interpuesto aquél, o desistido, se emitirá el instrumento cobratorio del importe de la sanción administrativa con mención del lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecho y los recursos procedentes, en razón de lo establecido en la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda, de 12 de julio de 2006, por la que se regulan determinadas actuaciones en relación a la recaudación de los derechos económicos de naturaleza pública exigidos por las diferentes Consejerías integrantes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.- Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de diciembre de 2010.- La Directora General de Ordenación y Promoción Turística, Rita Enma Hernández Callero.



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