Providencia de 2 de diciembre de 2010, del Jefe de Servicio de Transportes del Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, de fecha 21 de mayo de 2010, resolutorio del recurso de alzada planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-41380-M-2009.
Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 59, apartado 5º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, sobre notificación al interesado intentada y no practicada,
D I S P O N G O:
Notificar al recurrente que se cita el Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife de fecha 31 de marzo de 2010, desestimatorio del recurso de alzada planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-41380-M-2009.
Contra este Decreto, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.
"Visto escrito presentado por D. José Gregorio Luis Hernández, por el que se interpone recurso de alzada contra la resolución dictada por el Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad de fecha: 23 de febrero de 2010, recaída en el expediente de referencia, y,
Resultando: que con fecha y hora: 9 de septiembre de 2009, 4,23, por agente de Fiscalización de Tranvía Tenerife se formuló denuncia contra D. José Gregorio Luis Hernández por: viajar sin título.
Resultando: que el día: 28 de diciembre de 2009 se publicó la resolución de iniciación del expediente sancionador de transportes nº TF-41380-M-2009 en el Boletín Oficial de Canarias nº 2009/252.
Resultando: que por el expedientado no se presentó descargo alguno en defensa de sus intereses.
Resultando: que por el Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad se dictó resolución, que ahora se impugna, de fecha: 23 de febrero de 2010, que venía a sancionar a: D. José Gregorio Luis Hernández con multa que ascendía a: 400,00 euros, por infracción de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, artº. 90.1 de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre; artº. 293.1.11 del ROTT y en base al artº. 295.1 del ROTT.
Notificándose la citada resolución en fecha: 30 de abril de 2010.
Resultando: que con fecha 20 de mayo de 2010, D. José Gregorio Luis Hernández interpuso recurso de alzada, en súplica de que se deje sin efecto la Resolución y sanción impuesta, alegando, en síntesis, que: padece esquizofrenia paranoide, tal como se acredita con la documentación adjunta, lo que le ocasiona un estado en el que no es consciente de sus actos, como el día de la denuncia. Aportando como fundamento a sus argumentaciones copias simples de la siguiente documentación: de solicitud de reconocimiento de minusvalía cursada el 26 de febrero de 2010 por el interesado ante la Dirección General de Bienestar Social del Gobierno de Canarias; de informe médico del interesado suscrito por especialista en psiquiatría del Servicio Canario de Salud el 8 de febrero de 2010 y de partes médicos de ingreso, observación y tratamiento del interesado en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria el 9 de febrero de 2010 y el 10 de febrero de 2010.
Considerando: que el presente recurso observa los requisitos de índole objetiva determinantes de su admisión a trámite, tales como: capacitación, legitimación suficiente, e interposición en plazo.
Considerando: teniendo en cuenta que, según lo dispuesto en el artículo 130.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: "Sólo podrán ser sancionados por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los mismos aún a título de simple inobservancia". Y, concretamente, en referencia al régimen sancionador del transporte en materia ferroviaria, el artículo 85.1 de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario dispone que: "La responsabilidad administrativa derivada de las infracciones tipificadas en este título se exigirá a las personas físicas o jurídicas que realicen las actividades ferroviarias contempladas en esta ley o resulten afectadas por su contenido y, en su caso, a los usuarios de los servicios de transporte ferroviario o a quienes con su conducta perturbaren su normal prestación o la integridad de los bienes afectos a ella. La responsabilidad administrativa establecida en esta ley se entenderá sin perjuicio de la civil, penal o de otro orden, en que puedan incurrir las personas físicas o jurídicas a las que se imputen los comportamientos infractores ...", en este mismo sentido, el artículo 30 del Reglamento de Servicio del Metro Ligero en Tenerife, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº 207, de 23 de noviembre de 2007 establece que "Los viajeros que no tengan en su poder billete o título de transporte válido, serán objeto de la correspondiente denuncia por los agentes actuantes del Metro Ligero, que cursarán la oportuna denuncia a los efectos de la incoación del correspondiente procedimiento sancionador".
Considerando: en el expediente sancionador de referencia TF-41380-M-2009 se ha considerado responsable al usuario D. José Gregorio Luis Hernández, por el hecho infractor cometido por éste, consistente en: viajar sin título de transporte o con título que resulte insuficiente en función de las características del viaje y condiciones de utilización según la tarifa aplicable, al serle notificadas a su nombre, tanto la resolución de iniciación como la sancionadora. Sin embargo, tal como se demuestra en la documentación aportada en anexo al recurso de alzada interpuesto: solicitud de reconocimiento de minusvalía cursada el 26 de febrero de 2010 por el interesado ante la Dirección General de Bienestar Social del Gobierno de Canarias; de informe médico del interesado suscrito por especialista en psiquiatría del Servicio Canario de Salud el 8 de febrero de 2010 y de partes médicos de ingreso, observación y tratamiento del interesado en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria el 9 de febrero de 2010 y el 10 de febrero de 2010, demuestran la incapacidad psíquica del mismo que le impedía tener conciencia de sus actos cuando fue inspeccionado el día de la denuncia; en consecuencia, no se le puede considerar responsable de la ejecución de dicha infracción, procediendo la revocación de la resolución sancionadora impugnada, previa estimación de las argumentaciones esgrimidas por el recurrente.
Por la presente, vistos los preceptos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación, en base a lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido en los artículos 6.1.R) y 61.2 del Reglamento Orgánico de esta Corporación Insular, vengo en estimar el recurso de alzada interpuesto por: D. José Gregorio Luis Hernández, dejando sin efecto la Resolución del Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad, de fecha 23 de febrero de 2010.
Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo."
Lo que se notifica, advirtiendo que contra el anterior Decreto cabe interponer el recurso indicado en el mismo.
Santa Cruz de Tenerife, a 2 de diciembre de 2010.- El Jefe de Servicio, Pedro Luis Campos Albarrán.
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