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BOC-A-2010-236-6666.
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No habiéndose podido practicar la notificación a D. Fernando Ramírez Suárez del Oficio de trámite de audiencia, de fecha 11 de noviembre de 2010, en los términos del apartado primero del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; de conformidad con el apartado cuarto del citado artículo,
R E S U E L V O:
Notificar a D. Fernando Ramírez Suárez el oficio de trámite de audiencia de fecha 11 de noviembre de 2010, recaída en el expediente instruido en esta Agencia por infracción a la Ordenación Territorial con referencia I.U. 1398/05 (I.U. 47/05), que dice textualmente:
Se le notifica que en expediente tramitado en esta Agencia, bajo referencia IU 1398/05(IU 47/05), en el encabezamiento referenciado, cuya tramitación le ha sido comunicada y en el que se le ha dado audiencia como posible interesado en lo que a las medidas de restablecimiento del orden jurídico perturbado (legalización y/o demolición) se refiere, ha recaído Resolución final nº 2211, de 11 de noviembre de 2010, del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, y en base a la siguiente fundamentación contenida en su fundamento de derecho VIII:
"De conformidad con lo dispuesto en el artº. 179 del TRLOTC y ENC, dado que nos encontramos en suelo rústico es necesaria calificación territorial y se carece de la misma, y para parte de las obras no consta se haya solicitado legalización y para otra parte, se ha denegado la calificación territorial instada a efectos de legalización, por acuerdo de consejo de gobierno insular correspondiente, adoptado en sesión celebrada el 16 de febrero de 2009 (y si bien, de acuerdo con la documentación que obra en el expediente, aportada por la expedientada ésta ha presentado recurso de reposición, frente al citado acuerdo de denegación de calificación, éste es firme y ejecutivo, y no consta se hayan suspendido sus efectos por impugnación administrativa o judicial en trámite hasta la resolución de la misma, ni por otra circunstancia), procede ordenar a la expedientada restablecer el orden jurídico perturbado por la infracción constada, mediante la reposición a su estado originario de la realidad física alterada por las actuaciones constitutivas de la misma, a través de la demolición de las obras.
A tal efecto ha de requerirse a la expedientada para que en el plazo de un mes presente, ante la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, el correspondiente proyecto de demolición- reposición, como primer trámite de ejecución voluntaria de lo ordenado, advirtiéndose que el incumplimiento de tal requerimiento, dará lugar, a que esta Agencia ejecutara subsidiariamente la orden de demolición-reposición, con cargo al infractor, conforme a lo dispuesto en los artículos 95 y siguientes de la LRJAP y PAC.
De acuerdo con lo dispuesto en el artº. 188.2 del TRLOTC y ENC, en ningún caso podrá la Administración dejar de adoptar las medidas dirigidas a reponer los bienes afectados al estado anterior a la comisión de la infracción.
Pero lo anterior sin perjuicio de la suspensión de ejecutoriedad de tal orden de demolición, previo cumplimiento de los requisitos, en los términos, condiciones y con los efectos previstos en la Disposición Transitoria Duodécima del TRLOTC y ENC, introducida por la Ley 4/2006, de 22 de mayo, conforme a lo expuesto a este respecto en el II fundamento de derecho de esta propuesta."
Se dispuso, lo siguiente:
"Ordenar a Dña. Lidia Esther Valido Suárez, reponer a su estado originario la realidad física alterada por las citadas obras constitutivas de la infracción constatada, a través de su demolición.
A tal efecto se requiere a la expedientada para que en el plazo de un mes presente, ante la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, el correspondiente proyecto de demolición-reposición, como primer trámite de ejecución voluntaria de lo ordenado, advirtiéndose que el incumplimiento de tal requerimiento, dará lugar, a que esta Agencia ejecutara subsidiariamente la orden de demolición-reposición, con cargo al infractor, conforme a lo dispuesto en los artículos 95 y siguientes de la LRJAP y PAC."
Conforme a la Disposición Adicional Octava de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo (BOC nº 89) "contra las resoluciones sancionadoras de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural que pongan fin a los procedimientos, y sin perjuicio del recurso de reposición ante su Director Ejecutivo, se podrán interponer recursos de alzada: 1) ante el Consejero del Gobierno competente por razón de la materia, cuando su importe sea inferior a 300.000 euros, 2) ante el Consejo de Gobierno, cuando su importe supere los 300.000 euros.
Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos."
Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de noviembre de 2010.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.
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