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BOC Nº 233. Jueves 25 de Noviembre de 2010 - 6559

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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Las Palmas de Gran Canaria

6559 EDICTO de 26 de octubre de 2010, relativo al fallo y auto aclaratorio de la sentencia recaída en los autos de juicio ordinario nº 0000760/2006.

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BOC-A-2010-233-6559. Firma electrónica-Descargar

Dña. María Luisa de la Puente Arrate, Secretario Judicial del Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Las Palmas de Gran Canaria y su Partido:

HACE SABER: que en este Juzgado se ha dictado sentencia en los autos que luego se dirá, cuyo encabezamiento y parte dispositiva tienen el siguiente tenor literal: que, igualmente, se ha dictado auto de aclaración de la sentencia, cuya parte dispositiva es como se transcribe:

SENTENCIA

En Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de junio de 2010.

Visto por D. Jesús Ángel Suárez Ramos, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Las Palmas, el juicio ordinario 760/06, seguido por Telefónica de España, S.A.U., representada por el procurador doña Mónica Padrón Fránquiz y defendida por el letrado don José Gerardo Ruiz Pasquau, contra doña María Fernanda Martel Pérez-Alcalde, doña María Dolores García Panasco y Asemas, Mutua de Seguros a Prima Fija, representados por el procurador don Joaquín García Caballero y defendidos por el letrado don José García Cuyás, contra don José Ortiz Marrero, representado por el procurador don Manuel Teixeira Ventura y defendido por el letrado doña Milagrosa Santana Arucas, contra Transportes Juan Álvarez Martín, S.A. y Prefabricados Juan Álvarez Martín, S.A., representados contra doña Inmaculada Hortensia López Vera y defendidos por el letrado don Agustín S. Cruz Santana, contra Banco Vitalicio de España, C.A. de Seguros y Reaseguros, representado por el procurador don Matías Trujillo Perdomo y defendido por el letrado don Jorge Colominas Guadalupe, contra Estudios Técnicos Geológicos, S.A. (Tagsa) y don Luis Bascones Alvira, en rebeldía, sobre reclamación de cantidad.

FALLO

I. Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por Telefónica de España, S.A.U. condeno a doña María Fernanda Martel Pérez-Alcalde, doña María Dolores García Panasco y Asemas, Mutua de Seguros a Prima Fija, Estudios Técnicos Geológicos, S.A. (Tagsa) y don Luis Bascones Alvira:

a) A abonar solidariamente a la actora la suma de veinte mil ochocientos veintisiete euros con sesenta céntimos (20.827,60 euros).

b) Los intereses legales de la cantidad de 65.861,72 euros, teniendo en cuenta los pagos parciales de capital ya realizados durante la tramitación del juicio y los pagos realizados en concepto de intereses.

II. Desestimar la demanda interpuesta por Telefónica de España, S.A.U. contra don José Ortiz Marrero, Transportes Juan Álvarez Martín, S.A. y Prefabricados Juan Álvarez Martín, S.A. y Banco Vitalicio de España, C.A. de Seguros y Reaseguros absolviendo a los demandados de las pretensiones en ella contenidas.

III. Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.

Esta sentencia no es firme, y contra ella cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Las Palmas, que se preparará en este Juzgado en el plazo de cinco días desde su notificación, y se sustanciará con arreglo a lo previsto en el artículo 457 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Para lo que deberá proceder a la consignación de la suma de 50 euros, de conformidad con la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y fimo.

AUTO

En Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de julio de 2010.

Don Jesús Ángel Suárez Ramos, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Las Palmas.

D I S P O N G O:

Procede aclarar la Sentencia dictada el 22 de junio de 2010.

a) Añadiendo un último párrafo al Fundamento de Derecho Cuarto: "Respecto a las codemandadas doña María Fernanda Martel Pérez-Alcalde, doña María Dolores García Panasco los intereses legales se devengarán desde la interpelación judicial, conforme a lo solicitado en la demanda, entiendo como tal la interposición de papeleta de conciliación o, en su defecto, la interposición de la demanda. Dado que la demanda se dirige también contra Asemas, Mutua de Seguros a Prima Fija, a este demandado le resulta aplicable la Ley nº 30/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Ordenación y supervisión de los seguros privados, que en su Disposición adicional sexta realiza modificaciones de la Ley de Contrato de Seguro, concretamente da nueva redacción al artículo 20.3 de la Ley de Contrato de Seguro, en el siguiente sentido: "Se entenderá que el asegurador incurre en mora cuando no hubiere cumplido su prestación en el plazo de tres meses desde la producción del siniestro o no hubiere procedido al pago del importe mínimo de lo que pueda deber dentro de los cuarenta días a partir de la recepción de la declaración del siniestro. 4º La indemnización por mora se impondrá de oficio por el órgano judicial y consistirá en el pago de un interés anual igual al del interés legal del dinero vigente en el momento en que se devengue, incrementado en el 50 por 100; estos intereses se considerarán producidos por días, sin necesidad de reclamación judicial. No obstante, transcurridos dos años desde la producción del siniestro, el interés anual no podrá ser inferior al 20 por 100 [...] 6ª) Será término inicial del cómputo de dichos intereses la fecha del siniestro. No obstante, si por el tomador del seguro, el asegurado o el beneficiario no se ha cumplido el deber de comunicar el siniestro dentro del plazo fijado en la póliza o, subsidiariamente, en el de siete días de haberlo conocido, el término inicial del cómputo será el día de la comunicación del siniestro. Respecto del tercero perjudicado o sus herederos lo dispuesto en el párrafo primero de este número quedará exceptuado cuando el asegurador pruebe que no tuvo conocimiento del siniestro con anterioridad a la reclamación o al ejercicio de la acción directa por el perjudicado o sus herederos, en cuyo caso será término inicial la fecha de dicha reclamación o la del citado ejercicio de la acción directa". Toda vez que no ha abonado las cantidades mínimas que pudiera deber en el plazo legal, debe abonar los intereses del artículo 20 desde la fecha del siniestro.

b) El apartado 1.b) del fallo quedará como sigue: "Los intereses legales que a cada demandado correspondan de la cantidad de 65.861,72 euros, en la forma explicada en el Fundamento de Derecho Cuarto, teniendo en cuenta los pagos parciales de capital ya realizados durante la tramitación del juicio y los pagos realizados en concepto de intereses.

Así por este mi auto lo mando y firmo.

Y para que sirva de notificación a los demandados en paradero desconocido Estudios Técnicos-Geológicos, S.A. (TAGSA) y D. Luis Bascones Alvira, expido y libro el presente en Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de octubre de 2010.- La Secretaria Judicial.

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