No habiéndose podido practicar la notificación a D. Juan Alejandro Navarro, de la Resolución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, nº 2046, de fecha 20 de octubre de 2010, en los términos del apartado primero del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; de conformidad con el apartado cuarto del citado artículo,
R E S U E L V O:
Notificar a D. Juan Alejandro Navarro la Resolución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, nº 2046, de fecha 20 de octubre de 2010, recaída en el expediente instruido en esta Agencia por infracción a la Ordenación Territorial con referencia P-1905/2009, que dice textualmente:
"Primero.- Incoar expediente sancionador a Don Juan Alejandro Navarro, como presunto responsable en calidad de promotor, de infracción consistente en la parcelación ilegal en suelo rústico, mediante la venta y arriendo de trozos de terreno de suelo rústico de dimensiones inferiores a la unidad mínima de cultivo, en los lugares denominados "Montaña Las Palmas" y "Los Lomitos", en el término municipal de Telde, en suelo rústico, sin contar con los preceptivos títulos habilitantes (calificación territorial y licencia urbanística) y en contra de la ordenación y del régimen de la unidad mínima de cultivo (10.000 m2), tipificada y clasificada de muy grave en el artículo 202.4.d) del TRLOTC y ENC, y sancionada en el artículo 207 del mismo texto legal, con multa de 60.101,22 a 150.253,03 euros, por lo que se propone imponer una multa de 105.000 euros, correspondientes a su grado medio. Sin perjuicio de la posible aplicación de la regla de la exclusión del beneficio económico prevista en el artículo 195 del Texto Refundido citado, así como otra circunstancia que pueda concurrir en la tramitación del presente expediente.
Segundo.- Nombrar Instructora a Dña. Beatriz Pérez González y suplente Dña. Sonia Gómez Castro y secretarios D. Fernando Cáceres Santana y Dña. María Soledad González Castellano respectivamente, quienes podrán ser recusados en los casos y formas previstos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
a) Al amparo de lo dispuesto en el artº. 3.2 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, los interesados tienen derecho a formular alegaciones y a aportar los documentos que consideren convenientes en cualquier momento del procedimiento a partir de la notificación del presente acuerdo y con anterioridad al trámite de audiencia.
b) Al amparo de lo dispuesto en el artículo 16.1 del citado Reglamento, los interesados disponen de un plazo de quince días, a contar desde la notificación del presente acuerdo, para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, proponer pruebas concretando los medios de que pretendan valerse. De no presentarse alegaciones en dicho plazo, a tenor de lo dispuesto en el artº. 13.2 del mismo Texto Legal, el presente acuerdo de iniciación podrá considerarse como propuesta de resolución, toda vez que contiene un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada.
c) Una vez notificada la propuesta de resolución, los interesados dispondrán de un plazo de audiencia de quince días para formular alegaciones, así como para presentar los documentos e informaciones que estimen pertinentes, según lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento citado.
d) El presente procedimiento sancionador se desarrolla de acuerdo con el principio de acceso permanente, por tanto, el expediente administrativo se encuentra a disposición de los interesados en las oficinas de esta Agencia, sita en la calle Venegas, nº 65, segunda planta, en Las Palmas de Gran Canaria, en horario de 10 a 12 horas, de lunes a viernes.
e) Según preceptúa el artículo 191 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias citado, el plazo máximo para resolver el presente procedimiento es de seis meses, transcurrido el cual se producirá la caducidad del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
f) De conformidad con el artículo 8.1 del Real Decreto 1398/1993, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento, con la imposición de la sanción que proceda, y ello sin perjuicio de la reposición de la realidad física alterada prevista en el artículo 179 del citado Texto Refundido. Asimismo, según dispone el apartado segundo del precitado artículo el pago voluntario por el imputado en cualquier momento anterior a la resolución, podrán implicar igualmente la terminación del procedimiento, sin perjuicio de interponer los recursos procedentes.
Tercero.- Comunicar la presente Resolución a D. Santiago Santana Flores, Dña. María Isabel del Mar Alejandro Navarro, D. Manuel Pérez Suárez, Dña. Carmen Rosa Peña Santana, D. Agustín Santana Morales y Dña. Elena Santana y dar trámite de audiencia para que en el plazo de quince días puedan formular las alegaciones y aportar los documentos y justificantes que estimen pertinentes en lo que a las medidas de restablecimiento se refiere, advirtiéndoles que en el presente proceso puede requerírseles junto con los expedientes para la reagrupación forzosa que en el presente caso exija, en su caso, el restablecimiento del orden jurídico perturbado.
Cuarto.- Comunicar la presente resolución a los nombrados instructor y secretario, dar traslado al Ayuntamiento de Telde y notificar a los interesados."
Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.
Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de noviembre de 2010.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.
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