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BOC-A-2010-221-6194.
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En aplicación de la legislación vigente, por la presente,
R E S U E L V O:
Ordenar la inserción en el Boletín Oficial de Canarias del Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de fecha 1 de octubre de 2010, relativo a los condicionantes y requisitos exigibles a los Proyectos de Actuación Territorial, en la aplicación de la Directriz 62-3 de las de Ordenación General prevista en la Ley 19/2003, de 14 de abril, cuyo texto figura como anexo.
Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de octubre de 2010.- La Directora General de Ordenación del Territorio, Sulbey González González.
A N E X O
La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el 1 de octubre de 2010 en su sede de Santa Cruz de Tenerife, adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:
Primero.- Visto el informe elaborado por el Jefe de Área de Coordinación de Planeamiento con fecha 28 de septiembre de 2010, asumir, como criterio interpretativo sobre los condicionantes y requisitos exigibles a los Proyectos de Actuación Territorial, en la Aplicación de la Directriz 62-3 de las de Ordenación General prevista en la Ley 19/2003, de 14 de abril, el contenido del siguiente informe:
"I. ANTECEDENTES
Primero.- La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (C.O.T.M.A.C.), en sesión celebrada el 26 de mayo de 2010, adoptó, entre otros, Acuerdo relativo a "criterio interpretativo sobre determinados preceptos de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, relativos a los Proyectos de Actuación Territorial", basándose para ello en un informe de esta Jefatura de Área, del día 26 de abril anterior, con las consideraciones que se introdujeron en las respectivas Ponencias Técnicas territoriales. Tal Acuerdo consta publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº 121/2010, del martes 22 de junio.
Segundo.- En dicho Acuerdo se sustentó la plena vigencia, con algunos matices, de la Directriz de Ordenación General nº 62, en su número 3, que, textualmente, señala lo siguiente:
"Los Proyectos de Actuación Territorial que se emplacen en terrenos categorizados como suelos rústicos de protección agraria, deberán estar vinculados a actuaciones de recuperación agraria y emplazarse en áreas agrícolas degradadas y en los suelos de menor valor agrológico."
Tercero.- Por el Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial se requiere verbalmente de esta Jefatura de Área la emisión de informe sobre el alcance de la determinación contenida en la Directriz de Ordenación General 62.3, y su aplicación a los Proyectos de Actuación Territorial que, sin ser ese su objeto directo, permitan efectuar actuaciones de recuperación agraria.
II. CONSIDERACIONES
Única.- Sobre la regulación establecida en la Directriz de Ordenación General 62.3.
La Directriz de Ordenación General (DOG), nº 62, relativa a las "Actividades agrarias" y con carácter de Norma Directiva (ND), se enmarca dentro del Capítulo IV "Protección del Suelo Rústico", que, a su vez, se integra en el Título IV de las Directrices de Ordenación General (DOG 48 a DOG 80), que regula la "Ordenación Territorial".
Así, la DOG 48 (NAD), en su número 2.c), señala que las intervenciones, públicas o privadas, sobre el territorio canario, "deberán contribuir a la implantación de un modelo territorial integrado y sostenible", determinando, entre otros rasgos fundamentales, "la conservación de los recursos naturales y de los suelos de interés agrario, litorales y de valor paisajístico, considerándolos como recursos estratégicos para el desarrollo económico, la cohesión social y el bienestar de la población".
En concordancia con tal declaración, la DOG 49, tras indicar que la implantación del modelo territorial se realizará, entre otros medios, "mediante la formulación de los diversos instrumentos de planeamiento" (49.1), proclama, en su número 2 (ND), lo siguiente:
"En el marco de esas tareas, las administraciones públicas canarias deberán:
a) Justificar el interés general y la conveniencia y oportunidad de las actuaciones que desarrollen los instrumentos de ordenación.
b) Prestar especial atención a la clasificación de suelo rústico en las periferias urbanas y a la conservación de los suelos rústicos de protección económica, con valores existentes o potenciales."
Y la DOG 62 (ND) añade:
"1. El planeamiento delimitará y preservará de la urbanización y las infraestructuras el suelo rústico de protección agraria, por el carácter estratégico de su valor productivo y paisajístico, y su relevante valor social y cultural, en relación con la población y las estructuras agrarias tradicionales. Como criterio general, se buscarán las alternativas de ubicación que no afecten a los suelos de valor reconocido, estén o no en cultivo.
2. El planeamiento insular delimitará las zonas de interés agrícola, evitando su transformación y estableciendo criterios y determinaciones de protección, en función de su valor edafológico y paisajístico.
3. Los Proyectos de Actuación Territorial que se emplacen en terrenos categorizados como suelos rústicos de protección agraria, deberán estar vinculados a actuaciones de recuperación agraria y emplazarse en áreas agrícolas degradadas y en los suelos de menor valor agrológico."
La DOG 62 constituye una norma de obligado cumplimiento dirigida, fundamentalmente, al Planeamiento y, dentro de éste, en su número 3, específicamente a los Proyectos de Actuación Territorial, siendo el objetivo fundamental de tal apartado, a juicio del que suscribe y en concordancia con el resto del marco normativo en el que se inserta, preservar los suelos a los que el planeamiento ha reconocido valores agrarios, aunque permanezcan temporalmente improductivos, y lograr, en este último caso y a través de actuaciones complementarias, su recuperación y puesta en valor.
Por tanto, frente a la regla general contenida en el número 1 de la DOG 62, de buscar alternativas de ubicación que no afecten a los suelos agrarios de valor reconocido por el planeamiento, se alza la excepción admitida respecto de la figura de los Proyectos de Actuación Territorial (PAT), que serán admisibles en tal categoría de suelo productivo siempre que la actuación pretendida a través del PAT, de forma directa o indirecta, conlleve la recuperación agraria del suelo y, en su caso, preserve los terrenos de mayor valor agrológico.
La "previsión y realización de obras, construcciones e instalaciones precisas para la implantación en suelo rústico" agrario, "de dotaciones, de equipamiento o de actividades industriales, energéticas o turísticas" a través de PAT, es, por tanto, legalmente posible siempre que respete las condiciones establecidas en el nº 3 de la DOG 62, sin perjuicio de cualquier otra que en atención a la concreta actividad o instalación pueda ser exigible.
Ahora bien, sin perjuicio de cualquier otro criterio legalmente establecido, parece evidente deducir que:
A.- Por un lado, la vinculación de la actuación pretendida a través del PAT a la recuperación agraria constituye un requisito necesario de viabilidad jurídica del PAT no sólo para su otorgamiento sino también, y especialmente, para la vigencia y validez de la actividad, instalación u obra autorizada o legitimada por medio del PAT, de tal forma que entre los condicionantes asumidos por el promotor del PAT e incorporados a la resolución que, en su caso, apruebe el PAT, debe estar, inexcusablemente, la vinculación de la actuación autorizada con el mantenimiento de la actividad agraria recuperada, al menos, durante la vida útil de la actividad autorizada por el PAT o, en su caso, la vigencia administrativa de éste.
El elemento teleológico que justifica la excepción establecida en el nº 3 de la DOG 62 es, pura y simplemente, la necesaria puesta en valor de esos suelos, potencialmente productivos pero carentes realmente de explotación agrícola, y tal finalidad no se consume con la puesta en producción del suelo junto con el ejercicio de la actividad amparada en el PAT, sino con el mantenimiento de la actividad agrícola como condición necesaria de pervivencia y validez de la actividad autorizada por el PAT.
De esa forma, si el suelo rústico vinculado al PAT deja de ser explotado, la autorización administrativa otorgada necesariamente debe perder eficacia y decaer. Lo contrario sería alentar aplicaciones fraudulentas de la excepción legal, articulando vinculaciones ficticias que, una vez aprobado el PAT, desaparecerían.
El requisito legal de la vinculación entre el PAT y la recuperación agraria de los terrenos de que se trate se mantiene, consecuentemente, durante toda la vigencia del PAT aprobado y su inobservancia supondría un claro incumplimiento legal que conllevaría la pérdida de la autorización concedida.
Tal condición, evidentemente y en cuanto debe tener acceso registral, es una carga real transmisible a cualquier persona que se subrogue en la posición del promotor del PAT.
B.- Por otro lado, deben preservarse, en su caso, los suelos de mayor valor agrológico ocupando las instalaciones o construcciones autorizadas por el PAT los suelos de menor valor o los degradados. Pero, además y aunque nada se diga en el concreto apartado legal, la Administración deberá aplicar criterios de racionalidad y proporcionalidad en la aplicación de la excepción establecida en la DOG 62.3.
Así, es evidente que la inexistencia de suelos degradados o del mismo valor agrológico, no excluyen la implantación del PAT. Lo que hace la norma es priorizar, de conformidad con su finalidad, el uso agrícola de los mejores terrenos, pero no impide la aplicación de la DOG 62.3 cuando nos encontramos con suelos de igual valor agrológico.
La norma no da, así, ningún parámetro que permita determinar de forma objetiva, como sucede por ejemplo con el artículo 63 del TRLOTENC, los umbrales a partir de los cuales poder autorizar o denegar un determinado PAT. Debemos acudir al resto de la norma y, evidentemente, del resto del Ordenamiento Jurídico, para poder justificar la aprobación o denegación de un PAT en suelos agrícolas cuando, de forma motivada, se determine, respectivamente, su adecuación o no a los fines perseguidos en la DOG 62.3.
Dicho en otras palabras ÀCuánto suelo debe ponerse en explotación real y efectiva para habilitar la implantación de un PAT en suelo agrícola? ÀQué porcentaje de suelo del total de la actuación, incluyendo suelo ocupado por el PAT y suelo agrícola vinculado, debe destinarse a uso agrícola y a PAT?.
La resolución de estas cuestiones debe darse en cada caso concreto, atendiendo al objeto del PAT y al cumplimiento real del objetivo de puesta en valor de suelos agrícolas, aplicando principios de racionalidad y proporcionalidad preconizados no sólo en las Directrices antes referidas sino, fundamentalmente, en los artículos 3, 4 y 5 del TRLOTENC, de tal forma que lo autorizado por el PAT no constituya, en ningún caso, el principal objetivo de la Administración, sino que corresponde a ésta ponderar que la implantación del PAT resulta proporcionada, en cuanto a superficie, actividad, etc., en relación al suelo agrícola recuperable, y racional, en cuanto permita asumir los costes de vinculación entre PAT y recuperación agrícola.
La valoración administrativa de admisión y aprobación del PAT debe estar, en todo caso, referida al objetivo legal, preferente y prevalente, de recuperación real efectiva de suelos agrícolas productivos, estando subordinada la aprobación del PAT a tal finalidad.
III. CONCLUSIONES
Primera.- El requisito de la vinculación exigido en la DOG 62.3 debe entenderse como exigible no sólo para el otorgamiento o aprobación del PAT sino como requisito de validez y vigencia durante la vida útil o, en su caso, vigencia del PAT.
Segunda.- La aprobación del PAT en suelos rústicos categorizados como agrícolas se constituye, en todo caso, como un mecanismo instrumental del objetivo legal, prioritario y preferente, de recuperar la actividad productiva de suelos no cultivados, de tal forma que en la relación entre la actividad pretendida por el PAT y el suelo realmente susceptible de ser recuperado para uso agrícola, la Administración debe ponderar el interés público en base a fundados criterios de racionalidad y proporcionalidad."
Segundo.- El presente Acuerdo se publicará en el Boletín Oficial de Canarias para general conocimiento.
Contra el presente acto, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de reposición, con carácter potestativo, ante este mismo órgano, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, así como el artículo 22.2 del Decreto Territorial 129/2001, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias. O bien, interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que corresponda, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con el artículo 116 de la Ley 30/1992, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
La presente notificación se expide a reserva de los términos exactos que resulten de la ratificación del acta correspondiente, a tenor de lo previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, aprobado por Decreto 129/2001, de 11 de junio.- Belén Díaz Elías, Secretaria de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias.
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