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BOC Nº 203. Jueves 14 de Octubre de 2010 - 5657

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V. ANUNCIOS - Administración Local - Cabildo Insular de Lanzarote

5657 ANUNCIO de 20 de septiembre de 2010, sobre notificación de Resolución de recurso extraordinario de revisión recaído en el procedimiento sancionador por infracción a la legislación de transportes por carretera.

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Providencia de 20 de septiembre de 2010, del Consejero de Transportes de este Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, sobre notificación de Resolución de recurso extraordinario de revisión recaído en el procedimiento sancionador por infracción a la legislación de transportes por carretera, que se relaciona.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 59, apartado 4º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificada parcialmente por la Ley 4/1999, de 13 de enero), sobre notificación a interesados intentada y no practicada,

D I S P O N G O:

Notificar al denunciado que se cita, la resolución por la que se inadmite/desestima recurso extraordinario de revisión pero se gradúa la sanción impuesta en la resolución del recurso de reposición planteado en el expediente sancionador por infracción a la legislación de transportes por carretera, que le ha sido instruido por este Cabildo Insular.

Órgano competente para iniciar y resolver y norma que le atribuye competencia: el Consejero de Transportes de esta Corporación por acuerdo del Consejo de Gobierno Insular aquel Órgano de fecha 29 de octubre de 2009; todo ello al amparo de lo dispuesto en la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local.

El artículo 118 de la LRJAP y PAC señala como exclusivo objeto del mismo los siguientes motivos que vician el acto: 1. Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente. 2. Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida. 3. Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución. 4. Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme.

Por otra parte el artículo 119 de la citada Ley procedimental establece que "el órgano competente para la resolución del recurso podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite, sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autonómica, cuando el mismo no se funde en alguna de las causas previstas en el apartado 1 del artº. 118 o en el supuesto de que se hubiesen desestimado en cuanto al fondo otros recursos sustancialmente iguales".

La causa 1ª alegada por el recurrente no se entiende ni se sustenta, dado que en el procedimiento sancionador no existe un error de hecho derivado de los propios documentos incorporados al expediente. Se hacen idénticas alegaciones que las vertidas durante toda la tramitación del expediente sancionador incluido el recurso de reposición, al no ser ciertos los hechos alegados en el boletín de denuncia ni quedar acreditados; alegándose vulneración del principio de presunción de inocencia, caducidad del expediente, no incluidos en la causa 1ª del artº. 118 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (modificada por Ley 4/1999, de 14 de enero); todo lo cual no puede ser motivo de recurso extraordinario de revisión, el cual se ha de presentar por una de las causas legalmente tasadas que nada tienen que ver con lo alegado. Para que se sustente dicha causa, es requisito que los hechos en virtud de los cuales se ha dictado el acto sean inexactos, no respondan a la realidad (Sentencia de 16.7.92: el error de hecho tiene que referirse a los presupuestos fácticos determinantes de la decisión administrativa, excluyendo toda cuestión jurídica en orden a la interpretación y aplicación de la norma que haya servido para dictar la resolución impugnada). La denuncia es lo que da origen al procedimiento sancionador, sin que la misma esté viciada de error alguno, habiendo sido incluso ratificada por el agente denunciante.

Al no justificar la aplicación de cualquiera de los motivos del artículo 118, no procede admitir el presente recurso a trámite. El artº. 108 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante, LRJ-PAC), en la redacción dada al mismo por la Ley 4/1999, de 13 de enero, dispone que contra los actos firmes en vía administrativa sólo procederá el recurso extraordinario de revisión cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 118.1. Por su parte, los artículos 118 y 119 de la citada LRJ-PAC, en la redacción dada a los mismos por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se ocupan de regular el objeto, plazos y resolución del recurso extraordinario de revisión. En dicha regulación legal destacan como aspectos fundamentales: la interposición del recurso ante el órgano administrativo que dictó el acto firme recurrido en vía administrativa; la resolución del recurso por ese mismo órgano administrativo; la necesidad de concurrencia de determinadas circunstancias tasadas para poder interponer el recurso; la fijación de plazos preclusivos para su interposición; la posibilidad de inadmisión del recurso por parte del órgano competente para su resolución; la necesidad de que el órgano al que corresponde conocer del recurso, se pronuncie sobre el fondo de la cuestión resuelta por el acto recurrido, entendiéndose, finalmente, desestimado el recurso por el transcurso de tres meses desde su interposición sin haberse dictado y notificado la resolución del mismo. De esta regulación legal resulta que el recurso administrativo de revisión es extraordinario en un doble sentido: se interpone contra actos firmes en vía administrativa y sólo procede cuando concurren motivos tasados. No puede convertirse, por tanto, en un cauce para recurrir un acto por cualesquiera argumentaciones y motivos, pues ello desnaturalizaría su carácter extraordinario. Constituye, pues, una vía especial para impugnar actos firmes en vía administrativa cuando concurra alguna de las causas taxativamente fijadas en el artº. 118.1 de la LRJ-PAC. Por ello, su interpretación, así como la de los motivos en que procede, han de ser estrictas y restrictivas, para evitar que se convierta en vía ordinaria de impugnar los actos administrativos transcurridos los plazos al efecto establecidos.

Este es, también, el parecer del TS, cuya Sentencia de la Sala 3ª-Sección 3ª, de 9 de junio de 1999 (RJ 1999, 5021), afirma que el recurso extraordinario de revisión del artículo 118 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, Ley 30/1992, de 26 de noviembre, es, como su propio nombre indica, un recurso extraordinario que se da solamente contra resoluciones administrativas firmes o consentidas, pero fundándose en alguno de los motivos tasados y previstos en el artículo 118 de la Ley, en función de los cuales aparece la posibilidad de haberse dictado una resolución errónea e injusta. De otra parte, el carácter extraordinario de este recurso conduce a que su interpretación, en general, así como la de sus motivos, en particular, ha de ser estricta, para evitar que se convierta en vía ordinaria de impugnación de los actos administrativos, transcurridos los plazos al efecto establecidos. Esta es la doctrina del Tribunal Supremo, contenida, entre otras, en la sentencia de 28 de julio de 1995, a cuyo tenor: como ya declararon las Sentencias de este T.S. de 17 de junio de 1981 y 20 de marzo de 1985, tal recurso extraordinario procede exclusivamente contra actos administrativos firmes, cuyo carácter conlleva una motivación tasada y, por consiguiente, limitada rigurosamente al ámbito de los concretos motivos determinantes de su incoación, que, además, han de ser estrictamente interpretados (SS. de 18.2.77 y 18.7.86).

En consecuencia, el recurso extraordinario de revisión aquí examinado resulta improcedente al no concurrir circunstancia alguna de las previstas en el artº. 118.1 de la LRJ-PAC.

Reiterar que para la realización de transporte público discrecional de viajeros o de mercancías, así como la realización de transporte privado complementario, será necesaria la previa obtención por las personas que pretendan llevarlos a cabo, de la correspondiente autorización administrativa que habilite para su prestación (artº. 2 Decreto 6/2002, de 28 de enero, que modifica -aunque no este artº.- el Decreto 53/1999, de 8 de abril). A la vista de la documentación obrante en el expediente de referencia queda acreditado que en la fecha de la inspección (20.10.09 [8,15,00]) el vehículo inspeccionado matrícula 4376-CTJ carecía de la preceptiva autorización para realizar el transporte público de mercancías, siendo responsable de tal infracción conforme al artº. 138.1.b) L.O.T.T. el expedientado.

Para que un transporte se considere de uso privado particular de conformidad con la L.O.T.T. ha de reunir los siguientes requisitos: que se dediquen exclusivamente a satisfacer las necesidades de desplazamiento de carácter personal o doméstico del titular del vehículo y sus allegados (entendiendo que éstos son sus familiares u otras personas que convivan o tengan con aquél una relación de dependencia personal o laboral de carácter doméstico, así como aquéllos cuyo transporte se realice en base a una relación social de amistad o equivalente) y sólo pueden realizarse en vehículos ligeros en caso de mercancías. Todo lo cual llevaría a estar exentos de autorización administrativa de transportes.

En el supuesto que nos ocupa no quedan acreditados tales requisitos pues no se presenta ni factura que acredite la titularidad de la mercancía transportada ni el uso doméstico de la misma. En el vehículo inspeccionado se transportaban agua consumo humano, alga para sushi 1 caja, alga secheg 1 caja, fideos udon fresco 1 caja, para llevarlo al Restaurante Asiático&Buffet Chino sin que el conductor en momento alguno refiriera al agente denunciante o probara la compra de tales mercancías para su uso privado.

Aunque nada se prueba de contrario, destacar que podríamos estar ante un transporte privado complementario -sin autorización administrativa o tarjeta de transporte- que son los que se llevan a cabo, en el marco de su actuación general por empresas o establecimientos, cuyas finalidades principales no son de transporte, como complemento necesario o adecuado para el correcto desarrollo de las actividades principales que dichas empresas o establecimientos realizan. Los transportes privados complementarios deberán cumplir conjuntamente las siguientes condiciones: si se trata de transporte de mercancías, éstas deberán pertenecer a la empresa o establecimiento, o haber sido vendidas, compradas, gestionada su venta o su compra, dadas o tomadas en alquiler, producidas, extraídas, transformadas o reparadas por ellas. El transporte deberá servir: para conducir las mercancías a la empresa o establecimiento; para expedir o enviar las mercancías de la empresa o establecimiento; para desplazar las mercancías, bien en el interior de una empresa o establecimiento, bien fuera de los mismo siempre que se trate de atender a sus propias necesidades internas. Las mercancías tendrán su origen o destino en los establecimientos de la empresa o de sus clientes que intervengan en el proceso comercial o se desplazarán entre puntos exteriores a la misma siempre que, en el último supuesto, se trate de atender sus propias necesidades internas. Si la actividad principal se presta de forma ambulante, el vehículo con el que se practique tendrá la consideración de establecimiento de la empresa. Los vehículos han de ser como regla general, propiedad de las empresas o establecimientos, debiendo estar matriculados a nombre de los mismos. No obstante, se admitirá la utilización de vehículos arrendados cuando dicha posibilidad venga impuesta por Tratados Internacionales, cuando los vehículos no superen la capacidad de carga o se cumplan los requisitos específicos de las empresas que reglamentariamente se determinen, así como en aquellos supuestos de averías de corta duración del vehículo normalmente utilizado o cuando ello resulte necesario por la insuficiencia o inadecuación de la oferta de transporte público para el transporte concreto de que se trate. La empresa deberá disponer de los vehículos en régimen de propiedad, leasing o arrendamiento, en los términos, en este último caso, señalados en este reglamento.

Los vehículos deben ir en todo caso conducidos por el personal propio de la empresa o establecimiento. Los vehículos deberán ser conducidos por el titular de la empresa o por personas de él dependientes, acreditándose esta condición mediante la correspondiente documentación de contratación laboral y de afiliación a la Seguridad Social o, en el caso de empresarios autónomos, mediante la justificación de la relación de parentesco y convivencia con el titular.

El transporte no podrá ser contratado ni facturado de forma independiente. El coste del mismo deberá en todo caso incorporarse al precio de los productos o servicios objeto de la actividad principal que realice la empresa o establecimiento. No obstante, por excepción, la Administración podrá permitir la percepción independiente del precio del transporte, cuando se trate de transporte complementario de viajeros y el precio no exceda del estricto coste del transporte.

Los transportes que no cumplan los requisitos establecidos en el punto 2, habrán de someterse al régimen jurídico del transporte público.

A pesar de lo dicho, decir que atendiendo al caso concreto que se trata "La cuantía de las sanciones se graduará atendiendo a la naturaleza de los derechos personales afectados, al volumen de los tratamientos efectuados, a los beneficios obtenidos, al grado de intencionalidad a la reincidencia, a los daños y perjuicios causados a personas interesadas y a terceras personas, y a cualquier otra circunstancia que sea relevante para determinar el grado de antijuridicidad y de culpabilidad presentes en la concreta actuación infractora." El llamado principio de proporcionalidad -artículo 131.1 de la Ley 30/1992- se incluye en el más general de prohibición de exceso, reconocido por la jurisprudencia como Principio General del Derecho-. Siendo plasmación de tal principio que en casos de cualificada disminución de la culpa o de la antijuridicidad, sea posible disminuir en un grado la sanción aplicable. Ahora bien, la presente regla debe aplicarse con exquisita ponderación y solo en los casos en los que la culpabilidad y la antijuridicidad resulten sustancialmente atenuadas atendidas las circunstancias del caso concreto, de forma que repugne a la sensibilidad jurídica, siempre guiada por el valor justicia, la imposición de la sanción correspondiente al grado."; lo cual puede darse, por excepción, en casos muy extremos y concretos. Si bien la aplicación del principio de proporcionalidad se debe a que se trata de un hecho puntual y de la primera vez; se tendrá en cuenta en el futuro a la hora de seguir produciéndose los hechos denunciado.

El pago de dicha multa se habrá de realizar mediante ingreso en la Caja Insular de Ahorros de Canarias, C./C. nº 2052 8029 23 3500007104, en el que se haga constar el nº de expediente y titular al que corresponde.

Lo que le comunico haciéndole saber que contra dicha Resolución, al ya haberse agotado la vía administrativa, podrá formular recurso contencioso-administrativo, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas o, en su caso, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en la forma y plazos indicados en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (dos meses contados desde el día siguiente a aquel en que se notificó la resolución expresa del recurso potestativo de reposición el 19.5.10).

1.- EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº : GC/30350/P/2009; POBLACIÓN: Tías (Lanzarote); TITULAR/PRESUNTO RESPONSABLE: Poon Wing Luk; N.I.F./C.I.F.: X0118526F; MATRÍCULA DEL VEHÍCULO DENUNCIADO: 4376-CTJ; HECHO INFRACTOR, LUGAR Y FECHA: como consecuencia de la denuncia nº 05702/09, formulada por los Agentes de la Policía Local de Tías nº 13099 y 12285, de fecha 20 de octubre de 2009 [8,15,00] (donde se hacen constar los hechos que se imputan y que motivan la incoación del presente procedimiento), en la Vía calle Reina Sofía, nº 39, dirección LZ-40 y de las actuaciones practicadas se aprecia la comisión de una infracción a la normativa reguladora de los transportes terrestres, consistente en realizar transporte de mercancías careciendo de la autorización administrativa correspondiente. Mercancías transportadas: agua consumo humano, alga para sushi 1 caja, alga secheg 1 caja, fideos udon fresco 1 caja; PRECEPTOS INFRINGIDOS: realizar transporte público de mercancías en vehículo ligero, careciendo de autorización. Artº.105.30, en relación con el artº. 104.1.9 y artº. 60 y siguientes de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias; artº. 141.31, en relación con el artº. 140.1.9, artículos 47 y 90 de la Ley 16/1987, de 30 de julio (modificada parcialmente por la Ley 29/2003, de 8 de octubre); y artº. 198.31, en relación con artº. 197.1.9; y artículos 41 y 109 del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre (modificado parcialmente por el Real Decreto 1225/2006, de 27 de octubre). Artº. 22 de la Orden de 20 de julio de 1995, por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de arrendamiento de vehículos sin conductor (parcialmente derogada por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre) (BOE de 2.8); CUANTÍA DE LA SANCIÓN: seiscientos un euros (601 euros) y precinto del vehículo matrícula 4376-CTJ durante tres meses; PRECEPTO SANCIONADOR: artículos 108.d) y 109.4 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias; artº. 143.1.f) y 143.2, párrafo 5º de la Ley 16/1987, de 30 de julio (modificada parcialmente por la Ley 29/2003, de 8 de octubre); y artº. 201.1.d) y 201.2, párrafo 5º del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre (modificado parcialmente por Real Decreto 1225/2006, de 27 de octubre), que la califica de: grave (multas de 401 euros a 2.000 euros).

Lanzarote, a 20 de septiembre de 2010.- El Consejero de Transportes y Centro de Datos, Ramón Bermúdez Benasco.

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