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BOC-A-2010-162-4817.
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No pudiéndose practicar la notificación de la referida Resolución a la persona interesada, se procede, según dispone el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, a su notificación a través de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias cuyo tenor literal es el siguiente:
"Resolución de 5 de agosto de 2010, de ejecución de procedimiento desahucio administrativo DA nº 06/09.
Vistas las actuaciones practicadas en el procedimiento de desahucio administrativo, seguido contra D. Thomas Fiedrich Carl Helberger, cuyos datos constan debidamente referenciados en las actuaciones, por la presunta ocupación indebida/no autorizada y sin título bastante/habilitante del dominio público portuario, se formula la siguiente Resolución de Ejecución, con base en los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Que, mediante Resolución del Ilmo. Sr. Director General de Puertos, de fecha 20 de enero de 2009, se resolvió proceder al desahucio administrativo de D. Thomas Fiedrich Carl Helberger del dominio público portuario que, indebidamente y sin título jurídico habilitante, se encuentra ocupando en el puerto de Playa San Juan, sito en el término municipal de Guía de Isora, en la isla de Tenerife, con la embarcación de su propiedad, denominada "Sphinx", y con número de matrícula desconocido.
Segundo.- Asimismo, se le significaba que, transcurrido el plazo señalado en la referida Resolución, la misma devendría firme, iniciándose el correspondiente procedimiento, procediendo, en caso de que no se realizara el desalojo del dominio público ocupado, de forma voluntaria, a su destrucción (de la cual se levantará la correspondiente acta), dado que no se cuenta con espacio suficiente para proceder a su traslado a otra zona habilitada del recinto portuario, ya de por sí limitado, y porque así lo aconseja su precario estado de conservación, al encontrarse, la citada embarcación, en muy mal estado (según se desprende del informe fotográfico obrante en el expediente), no siendo apta para la navegación y suponer un peligro para la seguridad, no sólo de las propias embarcaciones y, por ende, para la instalación portuaria en la que ésta se encuentra, con el consecuente peligro que tal situación conlleva, no sólo para la navegabilidad y/o tráfico portuario, sino también para la seguridad de los propios usuarios, y todo ello, en aras a garantizar la correcta actividad portuaria en cuyo caso, y si fuera necesario, solicitaría el auxilio de la Administración Marítima.
Tercero.- Que, habiendo transcurrido el término/plazo que se señalaba en la citada Resolución sin que contra la misma se haya interpuesto recurso alguno, procede declararla firme y mandar lo procedente para la ejecución del desahucio administrativo acordado.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- Que, la facultad para incoar y resolver los expedientes de desahucio administrativo del dominio público portuario es competencia de este Centro Directivo, conforme establece el artículo 128 de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general, en relación con el artículo único del Decreto 301/2007, de 31 de julio, por el que se modifica el Decreto 172/2007, de 17 de julio, por el que se determina la estructura central y periférica, así como las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias (BOC nº 154, de 1.3.07), y con el Decreto 8/2010, de 4 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias (BOC nº 39, de 25.2.10).
Segundo.- Que, la Dirección General de Puertos podrá proceder, previo apercibimiento, a la ejecución forzosa de los actos administrativos, que se regirá por lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (artículo 128 de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general).
Tercero.- Que, conforme a lo prevenido en el artículo 98 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando se trate de actos que por no ser personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado. En este caso las Administraciones Públicas realizarán el acto, por sí o a través de las personas que determinen, a costa del obligado.
De conformidad con lo señalado, y con base a los antecedentes y documentos que obran en el expediente, así como vista la propuesta realizada por el Jefe de Servicio e Instructor del presente procedimiento, además de los preceptos citados y demás aplicables, es por lo que,
R E S U E L V O:
I. Ejecutar el desahucio administrativo de D. Thomas Fiedrich Carl Helberger del dominio público portuario que, indebidamente y sin título jurídico habilitante, se encuentra ocupando en el puerto de Playa San Juan, sito en el término municipal de Guía de Isora, en la isla de Tenerife, con la embarcación de su propiedad, denominada "Sphinx", y con número de matrícula desconocido, a las 11 horas del día 15 de septiembre de 2010 -fecha esta hasta la que podrá proceder a la ejecución voluntaria del citado acto administrativo-, circunstancia esta de la que se levantará la correspondiente Acta.
II. Notificar/comunicar la presente Resolución de ejecución al interesado, haciéndole saber que los gastos que se ocasionen como consecuencia de la ejecución serán a cuenta del mismo y que de no pagarlos voluntariamente se procederá contra el causante por la vía de apremio prevista en el artículo 96 de la aludida Ley 30/1992, de 26 de noviembre.- Santa Cruz de Tenerife, a 5 de agosto de 2010.- El Director General de Puertos, Juan Manuel Soto Évora."
Santa Cruz de Tenerife, a 5 de agosto de 2010.- El Director General de Puertos, Juan Manuel Soto Évora.
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