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BOC-A-2010-138-4107.
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Habiéndose intentado y no pudiéndose practicar la notificación de la Orden de 20 de mayo de 2010, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por D. Ricardo Ángel Barbato Rotundo contra la Resolución de 10 de julio de 2008, de la Viceconsejería de Pesca, se procede, conforme al artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a su notificación a través de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, cuyo tenor literal es el siguiente:
"Orden de 20 de mayo de 2010, por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por D. Ricardo Ángel Barbato Rotundo contra la Resolución de 10 de julio de 2008, de la Viceconsejería de Pesca, por la que se inadmitió a trámite su solicitud de otorgamiento de una concesión acuícola.
En relación con el recurso de alzada interpuesto por D. Ricardo Ángel Barbato Rotundo, con D.N.I., nº 33.351.617-F, contra la Resolución de 10 de julio de 2008, de la Viceconsejería de Pesca, por la que se inadmitió a trámite su solicitud de otorgamiento de una concesión acuícola, y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Con fecha 31 de agosto de 2005, D. Ricardo Ángel Barbato Rotundo presento solicitud de otorgamiento de una concesión acuícola destinada al engorde de las especies dorada (Sparus aurata) y lubina (Dicentrarchus labrax) a situar en la desembocadura del Barranco de Erques, frente al término municipal de Guía de Isora, isla de Tenerife.
Segundo.- Con fecha 21 de septiembre de 2006, se emite informe técnico en relación con dicha solicitud, en el que se pone de manifiesto que la ubicación propuesta por el interesado está situada fuera de los polígonos propuestos por el Cabildo de Tenerife, solicitándose, posteriormente, informe al citado Cabildo, el cual es emitido en fecha 11 de diciembre de 2007 por el Servicio Técnico de Agricultura y Pesca del Cabildo Insular de Tenerife, en el que se informa desfavorablemente dicha solicitud, al no coincidir la ubicación solicitada con ninguno de los propuestos por el citado Cabildo en su propuesta insular de ordenación para el Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura.
Tercero.- Con fecha 26 de junio de 2008, se emite informe previo a los efectos prevenidos en el artículo 56 del Reglamento de la Ley de Pesca de Canarias, aprobado por Decreto 182/2004, de 21 de diciembre, en el que se informa desfavorablemente la solicitud de concesión formulada por el interesado.
Cuarto.- Posteriormente, por Resolución de 10 de julio de 2008, del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Pesca, se acordó inadmitir a trámite la solicitud de concesión acuícola presentada por D. Ricardo Ángel Barbato Rotundo, al no ser acorde su ubicación con lo establecido en la Propuesta de ordenación del Cabildo de Tenerife del Plan Regional de la Acuicultura.
Quinto.- La anterior Resolución fue notificada al interesado en fecha 30 de julio de 2008, presentando éste recurso de alzada en fecha 1 de agosto de 2008 (RE. nº 1.054.044/48.268), en el que alega el retraso en la petición de informe al Cabildo de Tenerife, así como disconformidad con dicha petición, por cuanto el citado Cabildo carece de competencias traspasadas. Asimismo, alega su desacuerdo en cuanto a la competencia que corresponde a los Cabildos Insulares en relación a la propuesta de ordenación insular del Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura. A ello añade su disconformidad con el informe previo de la Jefa de Sección en cuanto que se haya emitido con carácter desfavorable solo por "mera congruencia" con el emitido por el Cabildo Insular de Tenerife, falta de relevancia social y validez jurídica del informe técnico emitido por el citado Cabildo a efectos de resolver sobre la admisión a trámite de su solicitud e imprecisión en relación a la competencia para el otorgamiento de las concesiones y autorizaciones administrativas para el ejercicio de la actividad acuícola de esta Consejería y del Viceconsejero, señalando por último, en lo que respecta al cuerpo del resuelvo, la falta de preceptos legales que justifiquen la resolución de no admisión a trámite de su solicitud de concesión acuícola.
A los anteriores antecedentes de hecho le son de aplicación las siguientes
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Las competencias para conocer y resolver el recurso de alzada interpuesto corresponden a la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias (BOC nº 96, de 1.8.90) y en el artículo 114 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE nº 285, de 27.11.92, y nº 12, de 14.1.99).
Segunda.- El recurso de alzada interpuesto por D. Ricardo Ángel Barbato Rotundo, reúne los requisitos de forma que deben determinar su viabilidad y admisión a trámite, tales como capacitación, legitimación e interposición dentro de plazo.
Tercera.- En relación a las alegaciones formuladas por el recurrente relativas al retraso en la petición de informe al Cabildo de Tenerife, y su disconformidad con dicha petición, debe señalarse que efectivamente existió dicho retraso, no obstante debe señalarse al respecto que circunstancias de orden interno produjeron una importante acumulación de trabajo que derivó en un retraso en las tramitaciones de las nuevas solicitudes de concesiones de cultivos marinos, a lo que se unió la problemática derivada de las solicitudes a ubicar en la zona de Las Galletas, habiéndose acordado finalmente solicitar parecer técnico al Cabildo de Tenerife para evitar el conflicto surgido con relación con las concesiones de la zona de Las Galletas. Asimismo y, si bien los Cabildos Insulares no tienen efectivamente transferidas las competencias en materia de acuicultura, como alega el recurrente, no resulta menos cierto que, al corresponder a los Cabildos Insulares la propuesta de ordenación insular del Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura, de conformidad con lo establecido en el artículo 20.2 de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias, se consideró conveniente solicitar informe al Cabildo de Tenerife al ubicarse la concesión solicitada por el recurrente fuera de las zonas propuestas por dicho Cabildo. A ello se une lo establecido en la Disposición Transitoria Única del Decreto 182/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Pesca de Canarias, de acuerdo con la cual "los procedimientos de otorgamiento de concesiones y autorizaciones acuícolas, en tanto no sea aprobado el Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura, serán resueltos atendiendo al conjunto de informes emitidos y demás actuaciones practicadas en el procedimiento", así como lo dispuesto en el artículo 82.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en el que se señala expresamente que "a efectos de la resolución del procedimiento, se solicitarán aquellos informes que sean preceptivos por disposiciones legales, y los que se juzguen necesarios para resolver, citándose el precepto que los exija o fundamentando, en su caso, la conveniencia de reclamarlos".
Cuarta.- En lo que respecta a las alegaciones formuladas por el recurrente en relación al Plan Regional de la Acuicultura y las competencia que corresponde a los Cabildos Insulares para hacer la propuesta de ordenación insular de dicho Plan Regional, debe señalarse que el artículo 56 del Decreto 182/2004, exige la emisión preceptiva de informe de compatibilidad de la explotación proyectada con el Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura y demás normativa que resulte de aplicación. En virtud de dicho mandato y al encontrarse en elaboración el mencionado Plan Regional, se optó por solicitar informe al Cabildo de Tenerife, en su calidad de órgano al que le corresponden las competencias para hacer la propuesta de ordenación insular de la isla de Tenerife, de conformidad con lo establecido en el artículo 21.2 de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias, el cual señala que "se solicitará de los cabildos insulares la propuesta de ordenación insular del Plan Regional en su ámbito territorial".
Lo anteriormente expuesto desvirtúa las alegaciones del recurrente en lo relativo a la competencia que corresponde a los cabildos insulares en relación a la propuesta de ordenación insular al Plan Regional, por cuanto nos encontramos ante un mandato legal expreso.
Quinta.- Por otro lado y en lo que se refiere a las alegaciones del recurrente en relación a que el informe previo de la Jefa de Sección del Servicio de Estructuras Pesqueras, sea desfavorable solo por mera congruencia con el informe técnico emitido por el Cabildo de Tenerife, debe señalarse que dicha afirmación no es correcta, ya que quien manifiesta ese parecer es el Cabildo de Tenerife en su informe, y no el informe previo del Servicio de Estructuras Pesqueras. Así, el Cabildo de Tenerife concluye en tal informe que, partiendo de que en su propuesta de ordenación el desarrollo de la actividad acuícola en la isla de Tenerife se focaliza en cinco polígonos y que la ubicación de la concesión solicitada "no coincide con ninguno de los polígonos propuestos", "por mera congruencia, informa desfavorablemente la instalación de dicha concesión, sin entrar en otros aspectos técnicos de la explotación". Por ello, en base al citado informe previo, así como al emitido por el Cabildo de Tenerife y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 57 del Decreto 182/2004, se acordó la inadmisión a trámite de la solicitud del recurrente.
Por otro lado y en lo que se refiere a la importancia y validez jurídica que tiene el informe técnico del Cabildo de Tenerife a la hora de resolver la admisibilidad a trámite de la solicitud del recurrente, debe señalarse que la misma es indudable conforme a lo establecido en la anteriormente citada Disposición Transitoria Única del Decreto 182/2004, por cuanto dispone que los procedimientos de otorgamiento de concesiones y autorizaciones acuícolas, en tanto no sea aprobado el Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura, deben ser resueltos atendiendo al conjunto de informes emitidos y demás actuaciones practicadas en el procedimiento, debiendo destacarse la relevancia social y económica de dicho informe por cuanto en el mismo se encuentra fundamentado en la mencionada propuesta de ordenación del Plan Regional presentada por el Cabildo de Tenerife, en la que intervinieron los agentes sociales y económicos implicados o afectados por la acuicultura.
Sexta.- En cuanto a las alegaciones de falta de precisión en la competencia para otorgar las concesiones que apunta el recurrente, debe señalarse que no existe tal imprecisión, ya que lo se recoge en los fundamentos jurídicos segundo y tercero de la resolución impugnada es que, si bien, de conformidad con el artículo 20.3 de la Ley 17/2003, tal competencia corresponde inicialmente a los cabildos insulares, dichas competencias serán ejercidas por la consejería del Gobierno de Canarias competente en materia de pesca, hasta que no se produzca la efectiva transferencia de competencias en materia de acuicultura a tales entidades locales, tal y como establece la Disposición Adicional Segunda del Decreto 182/2004, no habiéndose producido en la actualidad la transferencia efectiva de tales competencias, por lo que dicha competencia es ejercida en la actualidad por el Viceconsejero de Pesca, de conformidad con lo dispuesto en artículo 11.4 del Decreto 31/2007, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de esta Consejería.
Por último, respecto a la alegación que hace el recurrente sobre la falta de preceptos legales que justifiquen la resolución de no admisión a trámite de su solicitud de concesión acuícola, debe señalarse que los preceptos legales que dan fundamento a dicha inadmisión se encuentran recogidos en la fundamentación jurídica de la resolución impugnada, en la que se citan expresamente, además de los que fundamentan la competencia del Viceconsejero de Pesca, los artículos 21.2 de la Ley 17/2003, y 56 y 57 del Decreto 182/2004, a los que hay que unir la Disposición Transitoria Única del mencionado Decreto, los cuales dan cobertura a la inadmisión de la solicitud del recurrente fundamentada en la no compatibilidad de la ubicación propuesta con la propuesta de ordenación insular formulada por el Cabildo de Tenerife del Plan Regional de la Acuicultura.
Séptima.- En atención a lo expuesto, procede la desestimación de las alegaciones formuladas por el recurrente y, consecuentemente, del recurso de alzada interpuesto, por cuanto la inadmisión a trámite de la solicitud de concesión acuícola formulada se encuentra fundamentada en el hecho de que la misma no es acorde con la propuesta de ordenación insular formulada por el Cabildo de Tenerife, al estar ubicada fuera de los polígonos propuestos.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y preceptiva aplicación, así como el informe emitido por el Letrado Habilitado del Servicio Jurídico, y en uso de las competencias que tengo atribuidas,
R E S U E L V O:
Primero.- Desestimar el recurso de alzada interpuesto por D. Ricardo Ángel Barbato Rotundo, con D.N.I., nº 33.351.617-F, contra la Resolución de 10 de julio de 2008, de la Viceconsejería de Pesca, por la que se inadmitió a trámite su solicitud de otorgamiento de una concesión acuícola, confirmando la misma en todos sus términos, por cuanto la ubicación propuesta por el recurrente no es compatible con la propuesta de ordenación insular formulada por el Cabildo de Tenerife, sin que las alegaciones del recurrente desvirtúen tal circunstancia.
Segundo.- Notificar la presente Orden al interesado, significándole que contra la misma que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de mayo de 2010.- La Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, María del Pilar Merino Troncoso."
Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de junio de 2010.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco Ángel López Sánchez.
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