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BOC-A-2010-136-4053.
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Providencia de 17 de junio de 2010, del Consejero de Transportes de este Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, sobre notificación de Resolución de pago voluntario fuera de plazo recaída en el expediente sancionador por infracción a la legislación de transportes por carretera, que se relaciona.
Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 59, apartado 4º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificada parcialmente por la Ley 4/1999, de 13 de enero), sobre notificación a interesados intentada y no practicada,
D I S P O N G O:
Notificar al denunciado que se cita, la Resolución de pago voluntario fuera de plazo recaída en el expediente sancionador por infracción a la legislación de transportes por carretera que le ha sido instruido por este Cabildo Insular.
Visto el informe/acta/denuncia que dio origen a la incoación del expediente.
Visto el acuerdo de incoación de expediente al que se formuló escrito de descargo en el que efectúa las alegaciones que creyó oportunas en defensa de sus derechos; solicitando por todo ello se deje sin efecto la sanción impuesta.
Una vez el agente denunciante se afirmó y ratificó en los extremos de su denuncia, el Instructor de este procedimiento mantuvo que quedaban desvirtuadas las manifestaciones vertidas por el inculpado y se derivaron los siguientes hechos probados: para la realización de transporte de mercancías o de viajeros por carretera, tanto público como privado, así como de las actividades auxiliares y complementarias del transporte, será necesaria la obtención del correspondiente título administrativo habilitante para el mismo. Para la realización de transportes discrecionales en automóviles de turismo será preciso, como regla general y salvo lo dispuesto en los puntos siguientes, obtener simultáneamente la licencia municipal que habilite para la prestación de servicios urbanos y la autorización que habilite para la prestación de servicios interurbanos, la cual tendrá en todo caso ámbito nacional. Para la realización de transportes discrecionales en automóviles de turismo será preciso, como regla general y salvo lo dispuesto en los puntos siguientes, obtener simultáneamente la licencia municipal que habilite para la prestación de servicios urbanos y la autorización que habilite para la prestación de servicios interurbanos, la cual tendrá en todo caso ámbito nacional.
En el concreto caso que nos ocupa, según datos obrantes en estas dependencias el expedientado tuvo que haber visado su autorización de transporte VT del vehículo inspeccionado GC-5124-BL en el mes de julio/septiembre de 2009. Y, no es hasta el 16 de noviembre de 2009 (y después de ser detenido por la Guardia Civil en carretera el 13 de noviembre de 2009 (18,30,00), cuando se solicita rehabilitación de la tarjeta. A la fecha de la denuncia, la preceptiva autorización se encontraba caducada por falta de visado por lo que el vehículo no se encontraba habilitado para llevar a cabo un transporte de viajero. Se obtiene la autorización de transporte VT el 26 de enero de 2010 acreditando el cumplimiento de todos los requisitos exigidos para su otorgamiento el 17 de noviembre de 2009. Por tanto antes de incoar el presente expediente, la infractora ya había acreditado el cumplimiento de los requisitos y poseía su autorización, lo que lleva a recalificar los hechos como leves conforme al artº. 142.8 y no como graves conforme al 140.1.9 de la L.O.T.T. El vehículo inspeccionado carecía de la preceptiva autorización administrativa, cumpliendo los requisitos para su otorgamiento; siendo ésta obligatoria conforme al artº. 2 del Decreto 53/1999, de 8 de abril (modificado por el 304/1999, de 4 de noviembre y por el 6/2002, de 28 de enero, aunque no en el aspecto que se discute): "Para la realización de transporte público discrecional de viajeros será necesaria la previa obtención por las personas que pretendan llevarlos a cabo, de la correspondiente autorización administrativa que habilite para su prestación".
La presunción de certeza de las denuncias de las fuerzas y cuerpos de seguridad significa que los hechos constatados por las mismas, bajo el cumplimiento de determinados requisitos, tienen valor probatorio, pudiendo ser suficiente esta prueba para sancionar. La denuncia formulada por un agente de la autoridad constituye un primer medio probatorio aportado por la Administración, por lo que no se puede considerar que se produzca una inversión de la carga de la prueba. Así pues, el principio de presunción de inocencia queda indemne. La presunción que se establece es iuris tantum, de manera que el administrado podrá desvirtuarla ejerciendo su derecho a la defensa. En cualquier caso, será el órgano sancionador quien decidirá, a la luz del principio de libre valoración de la prueba, según las reglas de la sana crítica. Los boletines de denuncia deberán contener todos los requisitos mínimos establecidos legalmente. Los hechos reflejados en la denuncia, para que gocen de valor probatorio, deberán haber sido apreciados o comprobados por el agente de la autoridad. En caso contrario, la denuncia solamente será eficaz para incoar el oportuno expediente sancionador. La denuncia posee ab initio valor probatorio, independientemente de que sea sometida a ratificación. Esta únicamente se producirá, en el trámite de informe, en el caso de que el denunciado formule alegaciones e introduzca datos distintos de los alegados por aquél.
Resultando que mediante Resolución se procedió a la incoación del expediente sancionador para determinar la responsabilidad administrativa en que hubiese podido incurrir el inculpado.
Resultando que, nombrado instructor, sin que, notificado, el inculpado promoviese recusación, se instruyó el oportuno expediente para el esclarecimiento de los hechos.
Resultando que, notificada la oportuna resolución de incoación, así como la Propuesta de Resolución, el inculpado abona voluntariamente la sanción inicialmente propuesta.
Considerando que, conforme establece el artº. 112.5 y 6 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias; el artº. 213 del Real Decreto 1225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre y artº. 8.2 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, cuando la sanción tenga carácter pecuniario, el pago voluntario de la misma en cualquier momento anterior a la resolución podrá implicar la terminación del procedimiento.
Considerando que, conforme a lo previsto en los artículos 36.e), 44 y Disposición Adicional 1ª, letra o) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, corresponde a este Cabildo las competencias en materia de transporte, conforme al Decreto 159/1994, de 21 de julio, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos en materia de Transportes Terrestres.
Considerando que en la tramitación de este expediente se han observado las prescripciones legales y, en especial, las prescripciones de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias; el Real Decreto 1225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero) y el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.
Dar por concluido el procedimiento sancionador instruido; estimar cometidos los hechos que se declaran probados y mantener la sanción pecuniaria propuesta que ha sido íntegramente satisfecha por el sancionado; y no derivarse otra responsabilidad del expediente tramitado.
Lo que le comunico haciéndole saber que contra dicha Resolución, de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podrá interponer con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que lo ha dictado, o directamente formular recurso contencioso-administrativo, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas o, en su caso, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de dos meses computados desde la fecha de notificación de la Resolución. Para el supuesto de interposición de recurso de reposición no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta. El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes si el acto fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de tres meses a partir del día en que se produzca el acto presunto. Transcurridos dichos plazos, podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el orden Jurisdiccional Contencioso anteriormente mencionado, sin perjuicio, en su caso, de interponer cualquier otro recurso que estime le asiste en derecho.
1) EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº: GC/30405/O/2009; POBLACIÓN: Tinajo (Lanzarote); TITULAR/PRESUNTO RESPONSABLE: Cabrera Alayón, José L.; N.I.F./C.I.F.: 42907847J; MATRÍCULA DEL VEHÍCULO DENUNCIADO: GC-5124-BL; HECHO INFRACTOR, LUGAR Y FECHA: como consecuencia de la denuncia nº 06907/09 formulada por el Agente de la Guardia Civil de Tráfico nº A19012E, de fecha 13 de noviembre de 2009 (18,30,00) (donde se hacen constar los hechos que se imputan y que motivan la incoación del presente procedimiento), en la Vía LZ-2, km 3,700, dirección Acceso Aeropuerto y de las actuaciones practicadas se aprecia la comisión de una infracción a la normativa reguladora de los transportes terrestres, consistente en realizar un transporte público discrecional de viajeros desde Puerto del Carmen (Tías) hasta el aeropuerto al amparo de una autorización administrativa la cual no ha realizado el visado correspondiente -VT sin visar desde jul/sept. 2009, constando solicitud de rehabilitación en fecha 16 de noviembre de 2009 siempre que la misma se hubiera solicitado acreditando el cumplimiento de todos los requisitos exigidos para su otorgamiento. Transporta dos viajeros durante el transporte; PRECEPTOS INFRINGIDOS: realizar transporte público discrecional de viajeros en vehículos de hasta 9 plazas, careciendo de autorización, siempre que la misma se hubiese solicitado, acreditando el cumplimiento de todos los requisitos exigidos para su otorgamiento, en el plazo máximo de 15 dÍas contados desde la notificación del expediente sancionador artículos 106.8 y 80 y siguientes de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias; artº. 142.8 y artículos 47 y 90 de la Ley 16/1987, de 30 de julio (modificada parcialmente por la Ley 29/2003, de 8.10); artº. 199.8 y artículos 41, 109 y 123 del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre (modificado parcialmente por Real Decreto 1225/2006, de 27 de octubre; CUANTÍA DE LA SANCIÓN: doscientos un (201) euros; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.b) de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias; y artº. 201.1.b) del Real Decreto 1225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la L.O.T.T., aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, que la califica de: leve (multas de hasta 400 euros).
Arrecife, a 17 de junio de 2010.- El Consejero de Transportes y Centro de Datos, Ramón Bermúdez Benasco.
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