BOC - 2010/133. Jueves 8 de Julio de 2010 - 3940

V. ANUNCIOS - Administración Local - Cabildo Insular de Tenerife

3940 - ANUNCIO de 23 de junio de 2010, sobre notificación de la Resolución de 27 de octubre de 2009, por la que se inadmite el recurso de revisión planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-40450-I-2008.

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Providencia de 23 de junio de 2010, del Jefe de Servicio de Carreteras y Transportes de la Resolución del Sr. Coordinador del Área de Movilidad y Seguridad de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, de fecha 27 de octubre de 2009, resolutoria de recurso de revisión planteado en expediente sancionador de transportes número TF-40450-I-2008.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 59, apartado 5º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, sobre notificación al interesado intentada y no practicada,

D I S P O N G O:

Notificar al recurrente que se cita la Resolución del Sr. Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife de fecha 27 de octubre de 2009, por la que se inadmite el recurso de revisión planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-40450-I-2008.

Contra esta Resolución, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

"Visto escrito presentado por D. Mohamed Mehamed Faouzi, por el que se interpone recurso extraordinario de revisión contra la resolución dictada por el Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad de fecha: 7 de octubre de 2008, recaída en el expediente de referencia, y,

Resultando: que con fecha y hora: 23 de abril de 2008, 8,59, por agente de Inspección de transportes se procedió a inspeccionar el vehículo matrícula: TF-6324-Y, del que es titular: D. Mohamed Mehamed Faouzi, constatándose los siguientes hechos: realizar transporte público de mercancías con vehículo conducido por conductor (Chemlal Abdelaziz) de un país tercero (no de la UE), careciendo del correspondiente certificado. Transporta varios bultos de bolsos, sin documentación alguna de que la mercancía haya sido comprada, vendida o gestionada por la empresa, desde las Chafiras hasta Las Galletas.

Levantándose al efecto la oportuna Acta de Infracción.

Resultando: que el día 18 de junio de 2008, se notificó al interesado la citada Acta y la resolución de incoación del expediente sancionador nº TF-40450-I-2008.

Resultando: que por el expedientado se presentó pliego de alegaciones en descargo alegando lo que entendió conducente a la defensa de sus intereses, en síntesis, que el vehículo fue vendido el 1 de diciembre de 2007 a D. Abdelaziz Chemal, según se documenta en el contrato de venta del mismo aportado en copia simple, habiendo adquirido el comprador el compromiso de regularizar la situación administrativa del vehículo, en el sentido de formalizar el traspaso del mismo. Acompaña copia simple del permiso de residencia del comprador del mismo. Sin embargo, con ocasión de la notificación de la incoación del procedimiento sancionador, ha comprobado que el comprador no ha procedido a modificar la titularidad administrativa del vehículo, lo que ha motivado que el procedimiento sancionador gire a su persona, aunque en modo alguno ha cometido la infracción administrativa denunciada.

Resultando: que por el Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad se dictó resolución, que ahora se impugna, de fecha: 7 de octubre de 2008 que venía a sancionar a: D. Mohamed Mehamed Faouzi con multa que ascendía a: 1.001,00 euros, por infracción de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, artº. 105.19 LOTCC y artº. 198.19 ROTT; artº. 1 O.FOM 3399 de 20.12.02 (BOE de 9.1.03) y en base al artículo artº. 108.e) LOTCC y artº. 201.1.e) ROTT.

Notificándose dicha Resolución en fecha: 14 de octubre de 2008.

Resultando: que con fecha: 15 de octubre de 2009, D. Mohamed Mehamed Faouzi interpuso recurso extraordinario de revisión, en súplica de que se deje sin efecto la Resolución y sanción impuesta, reiterándose en lo ya expuesto en el pliego de alegaciones interpuesto en descargo por la entidad mercantil interesada; aportando como fundamento a sus argumentaciones copias simples de la siguiente documentación: del contrato de venta del vehículo matrícula TF-6324-Y a D. Abdelaziz Chemlal, el 1 de diciembre de 2007, con el sello de presentación en la Administración de Tributos Cedidos de Santa Cruz de Tenerife el 5 de agosto de 2008, del permiso de circulación del mismo vehículo, donde se constata su pertenencia al nuevo titular el 5 de agosto de 2008.

Considerando: el recurso de revisión, previsto en los artículos 118 y 119 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación parcial de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común tiene carácter extraordinario por cuanto que sólo se admite en los supuestos del citado artículo 118 y contra actos firmes, es decir, en principio inatacables, pero que, por la gravedad de las circunstancias concurrentes en su emisión, porque pueda plantearse duda racional acerca de su validez a la vista de los documentos incorporados al expediente, o por acontecimientos acaecidos con posterioridad al acto, la Ley permite su impugnación. Esta naturaleza excepcional se manifiesta en la enumeración taxativa que hace el legislador respecto a las causas en las que únicamente puede fundarse y que precisamente por ese carácter excepcional han de ser interpretadas restrictivamente, por lo que se habla de la imposibilidad de "imprimir a la norma unas directrices más amplias" y de "la necesidad de que se puntualicen los motivos en que se base la pretensión", causas entre las que se encuentra aquella en la que parece fundamentar el recurrente el recurso de revisión interpuesto, artículo 118.1.2ª, "Que aparezcan o se aporten documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida".

Siendo necesario, para que sea admisible el recurso de revisión que los hechos en virtud de los que se ha dictado el acto sean inexactos y el error ha de resultar patente con la simple confrontación con un documento que se aporte al expediente correspondiente, características que concurren en el supuesto analizado, habida cuenta que, según lo dispuesto en el artículo 130.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: "Sólo podrán ser sancionados por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los mismos aún a título de simple inobservancia." Y, concretamente, en referencia al régimen sancionador del transporte por carretera, el artículo 102.1.b) de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias: "La responsabilidad administrativa por las infracciones previstas en la presente Ley, corresponderá: En las infracciones cometidas con ocasión de la realización de transportes o actividades auxiliares o complementarias de éstos llevados a cabo sin la cobertura del preceptivo título administrativo habilitante, o cuya realización se encuentre exenta de la obtención de éste, a la persona física o jurídica propietaria o arrendataria del vehículo o titular de la actividad. A los efectos previstos en este apartado se considera titular del transporte o actividad clandestina de que se trate a la persona física o jurídica que materialmente la lleve a cabo en nombre propio, la organice, o asuma la correspondiente responsabilidad empresarial, así como a todo aquel que no siendo personal asalariado o dependiente colabore en la realización de dicho transporte o actividad", añadiendo el apartado 2º del mismo artículo "La responsabilidad administrativa se exigirá a las personas físicas o jurídicas a que se refiere el apartado 1, independientemente de que las acciones u omisiones de las que dicha responsabilidad derive hayan sido materialmente realizadas por ellas o por el personal de su empresa, sin perjuicio de que puedan deducir las acciones que a su juicio resulten procedentes contra las personas a las que sean materialmente imputables las infracciones."

En el supuesto que analizamos, independientemente de cuando se hubiera realizado la transferencia del vehículo infractor en la Jefatura Provincial de Tráfico, resulta fehacientemente acreditado que el poseedor material del mismo, en la fecha de la inspección, era: D. Abdelaziz Chemlal, resultando acreditado por los datos del Acta de Infracción que originó su incoación, donde, aparece como conductor del vehículo inspeccionado; habiendo sido incoado este expediente sancionador al anterior titular del vehículo inspeccionado, dado que el mismo aún aparecía como tal en el informe sobre antecedentes totales del vehículo procedente de la base de datos de la Jefatura Provincial de Tráfico de Santa Cruz de Tenerife.

Considerando: sin embargo, como establece el artículo 244 del Código de la Circulación y reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, vertida, entre otras, en la sentencia de fecha 5 de mayo de 1982, el Registro de la Jefatura Provincial de Tráfico tiene carácter meramente administrativo, sin que su contenido prejuzgue cuestiones relativas a la propiedad de los vehículos; puesto que el derecho de propiedad puede transferirse mediante cualquiera de las formas que admite el Ordenamiento Jurídico Privado, aunque sea verbalmente.

En el supuesto analizado, a la vista de la documentación aportada en anexo al recurso de alzada interpuesto, la presunción de propiedad que constituye la inscripción del vehículo a nombre de la recurrente en la Jefatura Provincial de Tráfico ha quedado desvirtuada mediante el contrato de venta del vehículo, aportado por la misma, a favor del referido conductor D. Abdelaziz Chemlal, en fecha anterior a la inspección; y que por motivos que no procede entrar a conocer, no se hizo constar esa transferencia en el Registro de la Jefatura de Tráfico.

Considerando: en consecuencia, al desaparecer el presupuesto de hecho determinante de la comisión de la infracción que dio origen a la incoación del expediente sancionador, en evitación de toda posible inseguridad jurídica, resulta procedente revocar la resolución recaída, previa estimación de las argumentaciones esgrimidas por el recurrente.

En ejercicio de las competencias atribuidas por el Estatuto de Autonomía de Canarias, transferidas a esta Corporación por Decreto 159/1994, de 21 de julio, y asignadas a este órgano por el artº. 12.1.o) del Texto Refundido del Reglamento Orgánico del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (BOP nº 97, de 16.6.05), Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de esta Corporación de fecha 6 de julio de 2007 (BOP nº 121, de 27.7.07).

Por la presente, vistos los preceptos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación, en base a lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido en los artículos 118 y 119 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación parcial de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, vengo en estimar el recurso extraordinario de revisión interpuesto por: D. Mohamed Mehamed Faouzi dejando sin efecto la Resolución del Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad, de fecha 7 de octubre de 2008."

Contra esta Resolución, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo".

Santa Cruz de Tenerife, a 23 de junio de 2010.- El Jefe de Servicio, Pedro Luis Campos Albarrán.



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