Visto el expediente relativo al recurso de alzada interpuesto por D. Higinio Mederos Chocho contra la Resolución del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Agricultura y Ganadería nº 415, de 3 de septiembre de 2009, por la que se deniega conceder la ayuda correspondiente a la medida II.3 del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias "prima en beneficio de los productores de caprino y ovino", y teniendo en cuenta los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Con fecha 29 de febrero de 2008, D. Higinio Mederos Chocho presentó solicitud de ayuda correspondiente a la medida II.3 del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias "prima en beneficio de los productores de caprino y ovino", campaña 2008.
Segundo.- El 20 de mayo de 2008, se presentó el controlador del Organismo Pagador de Fondos Agrícolas Europeos en la explotación E-GC-030-09029, situada en Lezque de Naga-Tuineje, para efectuar la inspección correspondiente a la campaña 2008, no pudiéndose realizar por impedimento de Dña. María Reyes Moseguez.
Tercero.- Con fecha 17 de septiembre de 2008, se remitió a D. Higinio Mederos Chocho el resultado de la inspección realizada en la explotación indicada por el productor en su solicitud de ayuda, siendo recibida por Dña. María Reyes Moseguez, con fecha 14 de octubre de 2008, según consta en el expediente.
Cuarto.- Mediante escrito de 2 de octubre de 2008, se notificó en el domicilio de D. Higinio Mederos Chocho la retirada de 454 derechos de Ovino Caprino, otorgándole un plazo de 15 días para la presentación de alegaciones.
Quinto.- D. Higinio Mederos Chocho presentó sendos escritos de fecha 12 de febrero y 24 de febrero de 2009, en los que solicitaba el pago de la ayuda correspondiente a la campaña 2008 y la no retirada de los derechos a prima de ovino-caprino.
Sexto.- Mediante Resolución del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Agricultura y Ganadería nº 415, de 3 de septiembre de 2009, se denegó a D. Higinio Mederos Chocho la concesión de la ayuda correspondiente a la medida II.3 del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias "prima en beneficio de los productores de caprino y ovino", campaña 2008.
Séptimo.- Con fecha 6 de octubre de 2009, D. Higinio Mederos Chocho interpuso recurso de alzada contra la Resolución nº 415, de 3 de septiembre de 2009, en el que solicitaba que se revisase su expediente, se procediese al pago de la ayuda y que no perdiese los derechos a prima de ovino-caprino.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- Corresponde al titular de esta Consejería la resolución del recurso de referencia, de conformidad con el artículo 114.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al disponer que "las resoluciones y actos a que se refiere el artículo 107.1, cuando no pongan fin a la vía administrativa, podrán ser recurridos en alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó", así como lo dispuesto en el artículo 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, y el artículo 12 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias.
Segundo.- El presente recurso reúne todos los requisitos necesarios para su admisión, esto es, capacidad, legitimación, actividad susceptible de impugnación e interposición en plazo.
Tercero.- En su recurso de alzada de 6 de octubre de 2009, D. Higinio Mederos Chocho indica lo siguiente: que no existe deber de citar al interesado al acto objeto de control. Esta afirmación carece de rigor "en los fundamentos de derecho, deducen ya que volvemos al considerando nº 26 del Reglamento (CE) nº 793/2006 de la Comisión de 12 de abril de 2006, establece que el productor o su representante deben tener la oportunidad de firmar el control y como también se establece en los fundamentos de derecho los controles podrán notificarse al interesado.
No existe en la práctica un caso tan claro donde la administración debe notificar al interesado para estar presente en el control y poder firmarlo, ya que la persona que impidió la inspección y recibió el acta de la misma no es ni la titular de la explotación ni su representante. Bastaba una simple llamada al móvil que se aportaba en la solicitud y que consta en el REGA para salvar el problema (...)".
En respuesta a las alegaciones presentadas y reiterando lo ya expuesto en la Resolución nº 415 de 3 de septiembre de 2009, es preciso indicar que el artículo 31 del Reglamento (CE) nº 793/2006 de la Comisión, de 12 de abril de 2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 247/2006 del Consejo por el que se establecen medidas específicas en el sector agrícola a favor de las regiones ultraperiféricas de la Unión, en sus apartados 1 y 3 dispone: "1. Los controles sobre el terreno se efectuarán de manera inopinada. No obstante, podrán notificarse con una antelación limitada a lo estrictamente necesario, siempre y cuando no se comprometa el propósito del control. Salvo en casos debidamente justificados, esa antelación no excederá de 48 horas".
De lo establecido en este artículo se deduce que no existe el deber de citar al interesado al acto objeto de control, toda vez que se establece como principio general que los controles sobre el terreno se efectuarán de manera inopinada, aún así se recoge la posibilidad de que el interesado sea citado, y es conforme a estos criterios como debe interpretarse el artículo 33.2 del Reglamento 793/2006.
Por tanto, la regla general es el control sin previa citación, y la excepción, la posibilidad de que el interesado sea citado, de forma que cuando dispone que "se brindará al productor o su representante la posibilidad de firmar el informe de control para certificar su presencia en el control y añadir las observaciones que considere oportunas ...", se está refiriendo necesariamente a los supuestos excepcionales en que el productor haya sido citado al control sobre el terreno.
Cuarto.- El acta de inspección fue notificada el 14 de octubre de 2008 en el domicilio que constaba en la solicitud de ayuda para la campaña 2008, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de diciembre, que establece en su apartado 2: "En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará en el lugar que éste haya señalado a tal efecto en la solicitud (...). Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad".
Asimismo, en la misma fecha y en el mismo domicilio se notificó la retirada de 454 derechos de ovino-caprino.
Quinto.- Según establece el apartado primero del artículo 113 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la resolución de un recurso estimará en todo o en parte o desestimará las pretensiones formuladas en el mismo o declarará su inadmisión. De manera que teniendo en cuenta los anteriores fundamentos de derecho, procede, por tanto, la desestimación del recurso de alzada interpuesto.
Por todo lo expuesto, visto el informe del letrado-habilitado,
R E S U E L V O:
Único.- Desestimar el recurso de alzada interpuesto por D. Higinio Mederos Chocho contra la Resolución del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Agricultura y Ganadería nº 415, de 3 de septiembre de 2009, por la que se deniega la concesión de la ayuda correspondiente a la medida II.3 del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias "prima en beneficio de los productores de caprino y ovino", campaña 2008, y se deniega la recuperación de los 454 derechos de ovino-caprino retirados.
Notifíquese la presente Orden al interesado, con indicación de que la misma pone fin a la vía administrativa, y de que podrá interponer contra ella recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponer.
Santa Cruz de Tenerife, a 25 de marzo de 2010.
LA CONSEJERA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN,
María del Pilar Merino Troncoso.
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