No habiéndose podido practicar la notificación en el domicilio conocido a D. José Antonio Rodríguez Rodríguez y D. Jerónimo Rodríguez Rodríguez de la Propuesta de Resolución, de fecha 26 de mayo de 2010, procede la notificación por los medios previstos en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En consecuencia, a continuación se transcribe y para que sirva de notificación, extracto de la citada resolución.
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a D. José Antonio Rodríguez Rodríguez y D. Jerónimo Rodríguez Rodríguez, la propuesta de resolución de fecha 26 de mayo de 2010, recaída en el expediente instruido en esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural por infracción del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, con referencia 716/07-U (IU-103/2007) y cuya parte dispositiva dice textualmente:
PROPONGO RESOLVER
"Primero.- Imponer a D. Juan Pedro Rodríguez Rodríguez, la multa de ciento veintiséis mil trescientos ochenta y nueve (126.389) euros, como responsable en calidad de promotor de las obras, de una infracción administrativa muy grave, consistente en una construcción de salón con cuartos anexos, con una superficie aproximada de 110 m2 de uso residencial, cobertizo para animales, depósito de agua y movimientos de tierra, en el lugar denominado "La Ladera-Hoya Verde", en el término municipal de Güímar, en suelo clasificado y categorizado como suelo rústico de protección Paisajística, sin los preceptivos títulos legitimantes necesarios para su ejecución (calificación territorial y licencia urbanística), tipificada en el artículo 202.4.a) del TRLOTCENC y sancionada en el artículo 203.1.c) del mismo texto legal con multa de 150.253,03 a 601.012,10 euros, en función de las circunstancias que concurren en el presente procedimiento.
Segundo.- Procede no notificar este procedimiento a D. Ignacio Hernández Rodríguez, por haberse acreditado debidamente en el expediente, que el mismo no tiene la condición de interesado en este procedimiento de conformidad con lo previsto en el artículo 34 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Tercero.- Ordenar el restablecimiento del orden jurídico infringido mediante la demolición de las obras objeto de este expediente para la reposición del terreno al estado anterior a la comisión de la infracción, afectando dicha medida a todos propietarios del terreno, D. Juan Pedro Rodríguez Rodríguez, D. Jerónimo Rodríguez Rodríguez y D. José Antonio Rodríguez Rodríguez, y es por lo que se les debe notificar a estos dos últimos, dicha propuesta de resolución y concederles un plazo de quince días para que puedan ejercer su derecho de aportar cuantas alegaciones y pruebas estimen oportunas.
A tal efecto se requiere al expedientado para que en el plazo de un mes presente, ante la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, el correspondiente proyecto de restauración/demolición, como primer trámite de la ejecución voluntaria de lo ordenado, advirtiéndole que el incumplimiento de tal requerimiento, dará lugar, a que esta Administración ejecutará subsidiariamente la orden de reposición, con cargo al infractor, conforme a lo dispuesto en los artículos 95 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999.
En los supuestos de ejecución subsidiaria de la reposición de la realidad física alterada a su estado anterior, si los responsables de la alteración ofreciesen su total colaboración en la ejecución, y así constase en el acta levantada a tal efecto por la Administración actuante, el coste de la demolición será repercutido a los responsables obligados con una bonificación del cincuenta por ciento.
Cuarto.- Advertir al interesado que el artículo 182.1 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, dispone que si los responsables de la alteración de la realidad física repusieran ésta por sí mismos a su estado anterior en los términos dispuestos por la Administración, tendrán derecho a la reducción en un noventa por ciento de la multa que se haya impuesto en el procedimiento sancionador, siempre que se solicite con anterioridad a la finalización del correspondiente procedimiento de recaudación, mediante el correspondiente pago.
Conforme el apartado segundo del citado artículo si el restablecimiento del orden jurídico perturbado tuviera lugar mediante la legalización obtenida tras la imposición de la multa, los responsables de la perturbación que hubiesen instado la legalización dentro del plazo habilitado al efecto, tendrán derecho a la reducción en un sesenta por ciento de la multa que se haya impuesto en el procedimiento sancionador, siempre que se solicite con anterioridad a la finalización del procedimiento de recaudación mediante el correspondiente pago.
Quinto.- Notificar la presente Propuesta de Resolución al interesado, poniendo en su conocimiento, de conformidad con el artículo 19 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, lo siguiente:
a) Que frente a esta propuesta de resolución puede presentar alegaciones, documentos e informaciones, en el plazo de quince días, durante los cuales queda de manifiesto el expediente.
b) A esta notificación se acompaña una relación de los documentos obrantes en el expediente a fin de que pueda obtener copia de los que estime convenientes.
c) Una vez evacuado este trámite, y vistas las alegaciones, informaciones y pruebas aportadas, se elevará todo lo actuado al Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, para que resuelva lo que proceda."
Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.
Santa Cruz de Tenerife, a 15 de junio de 2010.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.
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