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BOC-A-2010-108-3213.
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Habiéndose intentado notificar a D. Cristóbal Ceballos Santana, en la forma prevista en el artº. 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE nº 285, de 27.11.92), la Resolución del Director del Instituto Canario de la Vivienda, de fecha 6 de mayo de 2009, recaída en el expediente de desahucio administrativo DF-280/08, y siendo necesario notificarle dicho trámite, al ser parte interesada, conforme a lo previsto en el apartado 5º del citado artículo y en virtud de lo establecido en el artículo 11.1.B).f) del Decreto 152/2008, de 7 de julio, por el que se aprueban los Estatutos del Instituto Canario de la Vivienda, se hace pública la presente publicación en el BoletínOficial de Canarias, la Resolución dictada por el Director del Instituto Canario de la Vivienda, de fecha 6 de mayo de 2009, recaída en el expediente de desahucio administrativo DF-280/08, que le ha sido instruido por infracción del artº. 68.1.a) de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, y cuya parte dispositiva acuerda textualmente lo siguiente:
"Notificar a D. Cristóbal Ceballos Santana, la Resolución de fecha 6 de mayo de 2009, recaída en el expediente de desahucio administrativo DF-280/08 que le ha sido instruido por infracción del artº. 68.1.a) de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, por falta de pago de las cantidades exigibles por gastos comunes, y cuya parte dispositiva acuerda textualmente lo siguiente:
Desahuciar a D. Cristóbal Ceballos Santana de la vivienda de promoción pública sita en el Grupo Nueva Paterna, calle Manuel de Falla, nº 62, bloque nº 8, piso 9º C, LP-938/602, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria.
Que transcurridos quince (15) días desde la notificación de la resolución, y salvo que por el expedientado se efectúe el pago de cuatrocientos cincuenta y cinco (455,00) euros y de la cantidad devengada con posterioridad a la fecha de la misma, adeudadas a la junta administradora del edificio en que reside, se procederá al lanzamiento del mismo de la vivienda adjudicada, así como de las personas que en ella hubiere y de los muebles y enseres que allí se hallaren.
El lanzamiento será ejecutado por el Instituto Canario de la Vivienda, que designará a las personas que hubieran de llevarlo a efecto, para lo cual se recabará la preceptiva autorización judicial y el auxilio, en su caso, de las Fuerzas de Orden Público.
Contra este acto, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la Excma. Sra. Presidenta del Instituto Canario de la Vivienda en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero."
Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de mayo de 2010.- La Secretaria, María Teresa Larrea Díez.
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