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BOC Nº 091. Martes 11 de Mayo de 2010 - 2674

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V. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

2674 Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 28 de abril de 2010, del Director Ejecutivo, sobre notificación a Transportes Polígono Industrial El Goro, S.L., de la Resolución de incoación recaída en el expediente de RP 611/09.

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BOC-A-2010-091-2674. Firma electrónica-Descargar

No habiéndose podido practicar la notificación a Transportes Polígono Industrial El Goro, S.L., de la Resolución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, nº 361, de fecha 25 de febrero de 2010, de la incoación, procede la notificación por los medios previstos en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En consecuencia, a continuación se transcribe y para que sirva de notificación, extracto de la citada Resolución.

R E S U E L V O:

Notificar a Transportes Polígono Industrial El Goro, S.L., la Resolución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, nº 361, de fecha 25 de febrero de 2010, recaída en el expediente instruido en esta Agencia, por infracción al Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, con referencia (RP 611/09), y cuya parte dispositiva dice textualmente:

R E S U E L V O:

Primero.- Incoar procedimiento sancionador a la entidad Transportes Polígono Industrial El Goro, S.L. en calidad de productor, como presunto responsable por la comisión de una infracción administrativa consistente en el incumplimiento de las determinaciones legales en la gestión y manejo de residuos peligrosos consistente en el almacenamiento inadecuado de dichos residuos (aceites y filtros usados en envases sin etiquetar, en suelo no impermeabilizado y a la intemperie) y sin acreditar su entrega a gestor autorizado, son presuntamente constitutivos de una infracción medioambiental, clasificada de grave en el artículo 38.3.d), de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias, y artículos 13, 14, 15 y 22 del Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, que modifica el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, y que de conformidad con el artículo 42.2 del mismo Texto Legal, procede la imposición de todas o algunas de las siguientes sanciones: multa de 6010,13 hasta 300.506,05 euros; cese temporal, total o parcial de las actividades y suspensión de la autorización, en su caso; clausura temporal, total o parcial de las instalaciones e inhabilitación profesional temporal como gestor de residuos, siendo en el presente caso la sanción que corresponde de treinta mil (30.000) euros en función de las circunstancias que concurran en el presente expediente, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción.

Segundo.- Incoar procedimiento sancionador a entidad Transportes Polígono Industrial El Goro, S.L., por el abandono de residuos no peligrosos de carácter industrial (neumáticos usados, chatarra, vehículos y maquinaria fuera de uso), tipificada y clasificada de grave en el artículo 38.3.b) del mismo texto legal y que de conformidad con el artículo 42.2 del mismo Texto Legal, procede la imposición de todas o algunas de las siguientes sanciones: multa de hasta 300.506 euros, clausura temporal parcial de instalaciones, siendo en el presente caso la sanción que corresponde de treinta mil (30.000) euros en función de las circunstancias que concurran en el presente expediente, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción.

Tercero.- Incoar procedimiento sancionador a la entidad Transportes Polígono Industrial El Goro, S.L. en calidad de productor, como presunto responsable por la comisión de una infracción administrativa consistente en el ejercicio de una actividad productora de residuos peligrosos (aceites y filtros usados), en sus instalaciones sin estar inscrito en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos, dado que el mismo produce tales residuos en cantidad inferior a 10.000 kilogramos al año, son presuntamente constitutivos de una infracción medioambiental clasificada como leve en el artículo 38.4.a) del mismo texto legal en relación con el Decreto 51/995, de 24 de marzo, y que de conformidad con el artículo 42.2 del mismo Texto Legal, procede la imposición de todas o algunas de las siguientes sanciones: multa de 300 euros a 6010.13, clausura temporal parcial de las instalaciones y apercibimiento público, siendo en el presente caso la sanción que corresponde de tres mil cinco (3.005) euros en función de las circunstancias que concurran en el presente expediente, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción.

Cuarto.- Requerir a la entidad Transportes Polígono Industrial El Goro, S.L. para que, en el plazo de un mes, proceda a corregir la situación ilegal creada como consecuencia de la presunta comisión de la infracción, mediante el almacenamiento y etiquetado correcto y entrega a gestor autorizado e inscripción en el registro de pequeños productores de residuos peligrosos, advirtiéndole que de no cumplimentar el antedicho requerimiento no podrá ser tenida en cuenta como circunstancia atenuante de conformidad con el artículo 43.3 de la Ley de Residuos de Canarias.

Quinto.- Nombrar instructora a Dña. Sonia Gómez Castro y suplente a Dña. María Luisa González Sánchez y secretario a D. Fernando Cáceres Santana, quienes podrán ser recusados en los casos y formas previstos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Sexto.- Al amparo de lo dispuesto en el artículo 3.2 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, los interesados tienen derecho a formular alegaciones y a aportar los documentos que consideren convenientes en cualquier momento del procedimiento a partir de la notificación del presente acuerdo y con anterioridad al trámite de audiencia.

a) Al amparo de lo dispuesto en el artículo 16.1 del citado Reglamento, los interesados disponen de un plazo de quince días, a contar desde la notificación del presente acuerdo, para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, proponer pruebas concretando los medios de que pretendan valerse. De no presentarse alegaciones en dicho plazo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 13.2 del mismo Texto Legal, el presente acuerdo de iniciación podrá considerarse como propuesta de resolución, toda vez que contiene un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada.

b) De conformidad con el artículo 8.1 del Real Decreto 1398/1993, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento, con la imposición de la sanción que proceda, asimismo, según dispone el apartado segundo del precitado artículo, el pago voluntario por el imputado en cualquier momento anterior a la resolución, podrá implicar igualmente la terminación del procedimiento sin perjuicio de interponer los recursos procedentes.

c) Una vez notificada la propuesta de resolución, los interesados dispondrán de un plazo de audiencia de quince días para formular alegaciones, así como para presentar los documentos e informaciones que estimen pertinentes, según lo dispuesto en el artículo 19 del mismo Reglamento.

d) El presente procedimiento sancionador se desarrolla de acuerdo con el principio de acceso permanente. Por tanto, el expediente administrativo se encuentra a disposición de los interesados en las oficinas de esta Agencia, sito en la calle Venegas, nº 65, segunda planta, en Las Palmas de Gran Canaria, en horario de 10 a 12 horas, de lunes a viernes.

e) Según preceptúa el artículo 20.6 del Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora y a tenor de lo dispuesto en el artículo 42.2 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, el plazo máximo para resolver el presente procedimiento y notificar su resolución es de seis meses, transcurrido el cual se producirá la caducidad del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.2 de la precitada Ley.

Comuníquese la presente Resolución a los nombrados instructor y secretario, así como al denunciado, demás interesados y el Ayuntamiento.

Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias y al correspondiente Ayuntamiento, para su inserción en el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de abril de 2010.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

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