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BOC-A-2010-080-2336.
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Habiéndose intentado sin éxito la notificación de la Resolución de fecha 23 de julio de 2009, sobre reclamación que formula D. Tomás Reyes González contra EMALSA, y de acuerdo con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, el Director General de Industria, en el ejercicio de sus competencias,
R E S U E L V E:
1º)Notificar a D. Tomás Reyes González, la Resolución que se acompaña como anexo mediante su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
2º) Remitir la citada Resolución al Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, para su inserción en el tablón de edictos del citado municipio.
Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de marzo de 2010.- El Director General de Industria, Carlos González Mata.
A N E X O
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SOBRE LA RECLAMACIÓN QUE FORMULA D. TOMÁS REYES GONZÁLEZ CONTRA EMALSA RELATIVA A AUMENTO EXCESIVO DE CONSUMO.(EXPEDIENTE DA: 02/0126).
Visto el expediente administrativo DA: 02/0126 incoado en esta Dirección General a instancias de D. Tomás Reyes González, y teniendo en cuenta los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Con fecha 4 de marzo de 2002, D. Tomás Reyes González, presenta la documentación mediante la cual solicita la tramitación del citado expediente.
Segundo.- Con fecha 30 de octubre de 2002, y 2 de abril de 2003 y número de registro de salida 347215/CPDI/27650 y 157629/CPDI/9417 se le remite al peticionario escrito donde se le requiere corrección de anomalías, con advertencia de que en el caso de que no cumpla con lo solicitado se procedería a declarar decaídos en su derecho al trámite correspondiente y que se produciría la Caducidad del procedimiento administrativo y el archivo de la actuaciones, una vez transcurrido un período de tres meses con el expediente paralizado por causa imputable al interesado.
Tercero.- El plazo establecido en el citado escrito ha sido superado, sin que haya constancia de la entrada de la documentación solicitada.
Cuarto.- Con fecha 25 de junio de 2009 el Jefe de Área eleva propuesta en el sentido de que se declare la caducidad del procedimiento administrativo concerniente al citado expediente el los términos en ella señalados.
Ante los hechos procede tener en cuenta las siguientes:
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
De conformidad con lo dispuesto en el artº. 76.2 y 76.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común modificada por la Ley 4/199, de 13 de enero, cuando en cualquier momento se considere que algunos de los actos de los interesados no reúne los requisitos necesarios, la Administración lo pondrá en conocimiento de su autor, concediéndole un plaza de 10 días para cumplimentarlo, pudiéndose, en caso de incumplimiento, declarar decaídos en su derecho al trámite correspondiente. Por otro lado, se admitirá la actuación del interesado y producirá sus efectos legales, si se produjera antes o dentro del día que se notifique la resolución en la que se tenga por transcurrido el plazo.
En virtud a lo señalado en el artículo 92.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común modificada por la Ley 4/1999, de 3 de enero, cuyo tenor literal es el siguiente: "En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la administración le advertirá que, transcurrido tres meses se producirá la caducidad del mismo. Consumido este plazo sin que el particular requerido realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, la Administración acordará el archivo de la actuaciones, notificándoselo. Contra la resolución que declare la caducidad procederán los recursos pertinentes."
Teniendo en cuenta que el expediente administrativo citado se dan los supuestos de hecho contemplados en los expresados artículos 76 y 92 de la Ley 30/1992, resulta procedente en este momento declarar decaídos en su derecho al trámite correspondiente, por transcurso del plazo establecido y acordar el archivo de las actuaciones, por caducidad del procedimiento.
Esta Dirección General de Industria en virtud de la competencias otorgadas por el Decreto116/2001, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la antigua Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica, que conserva su vigencia conforme establece la disposición transitoria única del Decreto 178/2003, de 23 de julio, por el se determina la estructura central y periférica de las Consejerías de Presidencia y Justicia y de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias,
R E S U E L V E:
1. Declarar decaídos en su derecho al trámite correspondiente al procedimiento administrativo incoado en el expediente DA-02/126 a instancias de D. Tomás Reyes González, relativo a facturación excesiva, por haber transcurrido el plazo establecido para la finalización del mismo.
2. Declarar la caducidad del procedimiento administrativo citado en el punto anterior, por paralización del mismo por causa imputable al interesado, y acordar el archivo de las actuaciones.
3. Notificar la presente Resolución a los interesados en el expediente.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Industria y Energía, en el plazo de un mes a partir de la notificación de la presente Resolución, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse, conforme a los establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.- Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de julio de 2009.- Carlos González Mata, Director General de Industria.
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