Se hace saber a D. Carlos Antonio Santana Montes, que se encuentra en ignorado paradero, que con fecha 18 de marzo de 2010, se ha dictado Orden del tenor literal siguiente:
"Orden del Consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad por la que se resuelve el expediente administrativo sancionador nº 50/2009, incoado a D. Carlos Antonio Santana Montes, con DNI 54105241-H, por infracción a la normativa sobre el juego.
Examinado el expediente administrativo sancionador nº 50/2009, en trámite por la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación, incoado a D. Carlos Antonio Santana Montes, con DNI 54105241-H, por presunta infracción a la normativa sobre el juego.
Vista la Propuesta formulada por la Viceconsejería de Administración Pública.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1.- Con fecha 26 de septiembre de 2009, fue levantada Acta sobre Realización de actividad lucrativa e ilegal, por Agente de la Policía Local de Mogán, con número de identificación 6157, haciendo constar los siguientes hechos:
"En Arguineguín (Mogán), siendo las 11,30 horas del día 26 de septiembre de 2009, por los Funcionarios de la Policía Local de Mogán, que al margen se expresan, se formaliza la presente acta sobre realización de actividad de juego lucrativa e ilegal; consistente la misma: en la instalación de una caja y tres medias papas con la finalidad del Juego del Trile.
En consecuencia, se procede por los Funcionarios Actuantes a la identificación que consta al margen, de los presuntos implicados; a la intervención de los objetos propios del ejercicio del juego, así como de la cantidad monetaria obtenida como consecuencia del mismo, ascendiendo a un total en euros de, en cifras: # 05 euros#; en letras: cinco euros.
Todo ello de conformidad con lo preceptuado en la Ley Territorial 6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y Apuestas, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas nº 42, de fecha 7 de abril de 1999, según lo establecido en su artº. 26, apartado a), en relación a "La organización o explotación de juegos o apuestas no catalogados, o sin poseer las correspondientes autorizaciones administrativas, así como la celebración o práctica de los mismos fuera de los establecimientos autorizados".
Para que así conste se extiende la presente acta, la cual es firmada por los funcionarios de la Policía Local actuantes, en el lugar, fecha y hora indicada. no firmando la presente por el denunciado; haciéndole entrega de copia de la presente".
2.- A la vista de los hechos, mediante Resolución nº 1605 del Director General de Administración Territorial y Gobernación de fecha 23 de noviembre de 2009, se ordenó el inicio de expediente administrativo sancionador a D. Carlos Antonio Santana Montes, con DNI 54105241-H, nombrándose instructora del mismo y formulándose los cargos pertinentes.
3.- La Resolución de inicio del expediente sancionador fue notificada mediante publicación en el Boletín Oficial de Canarias nº 252 de fecha 28 de diciembre de 2009 (BOC nº 252, de 28.12.09), sin que se hayan presentado alegaciones en el plazo dispuesto.
4.- Con fecha 27 de enero de 2010, la Instructora del expediente emite Propuesta de Resolución para que por el Consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad, de conformidad con lo establecido en el artículo 33.2.b) de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y Apuestas, en relación con el artículo 16.b) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, aprobado por Decreto 22/2008, de 19 de febrero, se imponga al expedientado una sanción consistente en multa de 60.101,21 euros por infracción muy grave prevista en la letra a) del artículo 26 de la mencionada Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y Apuestas, consistente en "La organización o explotación de juegos o apuestas no catalogados, o sin poseer las correspondientes autorizaciones administrativas, así como la celebración o práctica de los mismos fuera de los establecimientos autorizados".
5.- La Propuesta de Resolución es notificada al interesado mediante publicación en el Boletín Oficial de Canarias nº 25 de fecha 8 de febrero de 2010 (BOC nº 25, de 8.2.10), sin que se hayan presentado alegaciones en el plazo dispuesto.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Las competencias funcionales en esta materia se encuentran reguladas en la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y Apuestas.
Segunda.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33.1 de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, en relación con el artículo 71.c) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, aprobado por Decreto 22/2008, de 19 de febrero, la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación es competente para la incoación e instrucción de los procedimientos sancionadores en materia de casinos, juegos y apuestas.
Tercera.- De conformidad con lo previsto en el artículo 33.2.b) de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, en relación con el artículo 16.b) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, aprobado por Decreto 22/2008, de 19 de febrero, la resolución del expediente corresponderá al Consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad.
Cuarta.- La tramitación del presente expediente sancionador se ajusta por aplicación de lo previsto en el artículo 35 de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y Apuestas, a lo dispuesto en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, procediéndose a resolver el mismo dentro del plazo de seis meses previsto en el artículo 5.1 del Decreto 164/1994, de 29 de julio, por el que se adaptan los procedimientos administrativos en la Comunidad Autónoma de Canarias a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Quinta.- Se ha vulnerado lo establecido por el artículo 4 de la citada Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y Apuestas, que establece que "Queda prohibida la gestión, explotación y práctica de todos los juegos y apuestas que no estén permitidos por esta Ley ni incluidos en el Catálogo de Juegos y Apuestas de Canarias, o la de aquellos que, aun estando permitidos e incluidos, se realicen sin la correspondiente autorización o en forma, lugar o por personas diferentes de las especificadas en esta Ley ...".
Sexta.- De conformidad con lo dispuesto en el apartado a) del artículo 26 de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y Apuestas, se aprecia la comisión de una infracción muy grave, consistente en "La organización o explotación de juegos y apuestas no catalogados, o sin poseer las correspondientes autorizaciones administrativas, así como la celebración o práctica de los mismos fuera de los establecimientos autorizados", concretándose dicha infracción en la organización y práctica del juego del trile, que no se encuentra incluido en el Catálogo de Juegos y Apuestas autorizados, aprobado por Decreto 57/1986, de 4 de abril, modificado por el Decreto 42/2009, de 21 de abril, celebrado en la vía pública del municipio de Mogán, no siendo ésta establecimiento autorizado para el desarrollo del juego en caso de estar el mismo catalogado.
Séptima.- A tenor de lo dispuesto en el artículo 30.1 de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y Apuestas, D. Carlos Antonio Santana Montes, con DNI 54105241-H, resulta responsable de los hechos descritos, aun a título de simple negligencia.
Correspondiendo sancionar la infracción muy grave cometida, en su grado mínimo, con multa de 60.101,21 euros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.1.a) de la Ley mencionada.
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida en materia de casinos, juegos y apuestas,
R E S U E L V O:
Sancionar a D. Carlos Antonio Santana Montes, con DNI 54105241-H, con multa de 60.101,21 euros, como responsable de la comisión de una infracción muy grave prevista en la letra a) del artículo 26 de la mencionada Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y Apuestas, al haber quedado probado que con fecha 26 de septiembre de 2009, a las 11,30 horas en la vía pública de Arguineguín (Mogán), se realiza la actividad prohibida denominada "juego del trile" consistente en la realización de apuestas utilizando para ello dinero en efectivo en plena vía pública careciendo de la correspondiente autorización administrativa.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de su notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a tenor de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, siendo competente conforme al artículo 14.1 de la misma Ley, a elección del demandante, el órgano jurisdiccional en cuya circunscripción tenga éste su domicilio o se halle la sede el órgano que hubiera dictado el acto impugnado, estando fijada la sede de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad en Santa Cruz de Tenerife en virtud del Decreto 172/2007, de 17 de julio, por el que se determina la estructura central y periférica, así como las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias; o bien a criterio del interesado, interponer en vía administrativa el recurso de reposición potestativo ante esta Consejería, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a que tenga lugar su notificación en los términos previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, debiendo notificarse a D. Carlos Antonio Santana Montes, con DNI 54105241.H, como interesado en el procedimiento, mediante publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
La liquidación, en período voluntario, del importe de la mencionada sanción, deberá hacerse efectiva en los lugares, formas y plazos que se detallan a continuación:
LUGAR Y FORMA DE INGRESO:
a) En el Servicio de Caja de los órganos de recaudación de la Consejería de Economía y Hacienda, en metálico o cheque conformado a nombre de la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Canarias.
b) A través de Bancos o Cajas de Ahorros, en los que no se precisa tener cuenta abierta.
c) Por Internet a través del dominio: https://www.gobiernodecanarias.org/tributos.
PLAZOS DE INGRESO:
Según el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, aplicable conforme al artículo 11.3 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria y al artículo 11 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria:
a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
Si vencidos dichos plazos de ingreso, no se hubiera satisfecho la deuda, se iniciará el período ejecutivo y la Administración Tributaria Canaria efectuará la recaudación de las deudas por el procedimiento de apremio sobre el patrimonio del obligado al pago. El inicio del período ejecutivo determinará la exigencia de los intereses de demora y de los recargos del período ejecutivo en los términos previstos en los artículos 26 y 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y, en su caso, de las costas del procedimiento de apremio.
El pago de la deuda podrá aplazarse o fraccionarse previa solicitud del obligado al pago que deberá presentarse en el Servicio de Recaudación de la Administración Tributaria Canaria.
RECURSOS QUE PUEDEN SER EJERCITADOS CONTRA LOS ACTOS DE RECAUDACIÓN:
En el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación, el interesado podrá interponer indistinta, pero no simultáneamente:
- Recurso de reposición: ante el órgano que dictó el acto.
- Reclamación económico-administrativa: ante el Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias. El escrito de interposición de la reclamación económico-administrativa deberá presentarse ante el órgano que dictó el acto (artículo 235.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria).- Santa Cruz de Tenerife, a 18 de marzo de 2010.- El Consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad, José Miguel Ruano León."
Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de marzo de 2010.- El Director General de Administración Territorial y Gobernación, Juan Jesús Ayala Hernández.
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